Entre las 126 recomendaciones, las que más se reiteran apuntan al asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos y hechos de violencia contra las mujeres. Asimismo, se registraron señalamientos que hacen un llamado a la eliminación de la discriminación, la trata de personas, las agresiones contra la población LGBTI, los desplazamientos forzados; pedidos de protección de líderes sociales; y reclamos por el hacinamiento en las cárceles.

Por Stephanía Román

En la actualidad, el poder ejecutivo de Colombia lo ejerce Iván Duque Márquez, quien fue elegido por medio de elecciones libres en junio de 2018 representando al partido Centro Democrático. Según Freedom House, es notable la diversidad de orientaciones políticas en el país y destaca: “existe un sistema de partidos tradicionales (Liberal y Conservador), pero cada vez más se fragmenta en diversos partidos que representan movimientos regionales, grupos ideológicos de derecha y de izquierda, y partidos tecnocráticos u orientados hacia el tema”.

Sin embargo, la pluralidad y heterogeneidad de partidos en la escena política no imposibilitó que en 1964 se conformara la organización guerrillera FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), quienes fueron perpetuadores de múltiples violaciones a los derechos humanos, hasta que en el año 2016, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, firmaron los “Acuerdos de Paz” para la terminación definitiva del conflicto.

En consecuencia, en la primera etapa del posconflicto más de 7000 miembros activos del grupo insurgente se desmovilizaron, entregando aproximadamente 8000 armas en 2016 a los monitores de las Naciones Unidas. En los acuerdos se señalan medidas como la reinserción a la sociedad civil por parte de los actores armados, atención a las víctimas del conflicto, retorno y apoyo a las poblaciones desplazadas, entre otras.

La implementación de las medidas incluidas en los acuerdos de paz presentan diversos retrasos que, según la Defensoría del Pueblo (Órgano constitucional y autónomo encargado de la protección de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas frente a actos, amenazas o acciones ilegales), están generando nuevas violaciones a los derechos humanos como “homicidios por disputas de tierra y protección de recursos naturales, donde los presuntos autores serían el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y aliados del narcotráfico”.

El tercer examen de Colombia en Ginebra

En el tercer Examen Periódico Universal (EPU) de Colombia, realizado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 10 de mayo de 2018, se hizo foco en la serie de asesinatos contra los defensores y líderes de los derechos humanos que crece a un ritmo vertiginoso y que según las cifras recolectadas por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ), entre el 1 de enero de 2016 y el 10 de enero del 2019, ha cobrado la vida de 566 líderes y lideresas.

El último caso registrado es el de Miguel Antonio Gutiérrez (40 años), Presidente de la Junta de Acción Comunal del municipio de Cartagena del Chairá en el Caquetá, quien fue asesinado a manos de dos hombres armados que fueron hasta el lugar donde residía y le dispararon en reiteradas ocasiones. Un crimen más que sucede ante la mirada inerte del gobierno.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), una de las grandes preocupaciones relatadas en su informe para el EPU de Colombia apunta no sólo a la persistencia de hechos violentos, sino a “un alto nivel de impunidad en las agresiones contra los defensores de los derechos humanos”. Del mismo modo, el equipo en el país informó que el incremento de asesinatos de líderes sociales se relacionaba con la falta de presencia estatal y la violencia derivada de economías ilícitas.

Otro de los hechos subrayados en reiteradas ocasiones en el EPU de Colombia destaca la prevalencia de actos de violencia contra la mujer. En relación a este tema, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer expresó su preocupación por los actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, cometidos por los diferentes actores involucrados en el conflicto armado y por nuevos grupos guerrilleros que surgieron después de la desmovilización. A este tipo de violencia el comité la calificó como “endémica”.

Como reflejo de lo anterior, según cifras de la Fiscalía General de la Nación (FGN), en Colombia entre el 2016 y 2018 cada 12 minutos una mujer fue víctima de delitos contra la integridad sexual. Entre las mismas fechas, en materia de acceso a la justicia la FGN reportó que 87% de los casos aún se encontraban sin avance o en etapa de indagación.

Asimismo, el EPU en su tercer ciclo destacó que se habían realizado algunos avances a través de la Ley de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, pero no obstante manifestó que hay una brecha entre la regulación de esta ley y su implementación efectiva.

Por otra parte, el ACNUDH indicó que la desigualdad persiste en el territorio y se manifiesta en la disparidad en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Es así que Colombia ocupa, según el reporte, uno de los cinco lugares de países más desiguales de la región.

Diálogo interactivo

El Examen Periódico Universal contó con la participación de 86 delegaciones, en el cual el Consejo de  Derechos Humanos eligió como grupo de relatores (troika) a Australia, Panamá y Qatar.

Entre las participaciones más destacadas por las democracias desarrolladas, se encuentra la de Reino Unido, expresando su preocupación por la violencia contra líderes de derechos humanos y por el elevado nivel de impunidad en los casos de violencia sexual relacionados con el conflicto. Asimismo pidió aumentar los enjuiciamientos, disminuir la impunidad y poner en marcha un sistema de protección integral  para los defensores de los derechos humanos.

Del mismo modo, Francia coincidió con Reino Unido en la necesidad de combatir la impunidad de delitos cometidos contra los líderes de derechos humanos, protegerlos y agregó la urgencia de combatir la violencia sexual y de género.

Por otra parte, Estados Unidos de América manifestó firmemente la necesidad de exigir cuentas sin demora a los responsables de agresiones a los defensores de derechos humanos y miembros de grupos vulnerables.

Dinamarca se encargó de felicitar a Colombia por el acuerdo de paz y las medidas positivas que estaba adoptando en pro de la reconciliación, sin dejar a un lado la  recomendación de reforzar y examinar los mecanismos para un intercambio de información eficaz para garantizar la investigación de los asesinatos de líderes sociales. De igual forma, Australia valoró los esfuerzos de Colombia relacionados con el establecimiento de la Unidad de Restitución de Tierras, pero señaló duramente los constantes asesinatos y hostigamiento contra líderes.

En cuanto a la participación de los países Latinoamericanos, las intervenciones tuvieron una mayor cuota de felicitaciones y exaltación de los esfuerzos realizados por el país evaluado en la etapa de posconflicto. Uno de ellos fue Uruguay, elogiando el acuerdo de paz y resaltando la necesidad de velar por la aplicación efectiva del mismo.

En la misma línea, México y Argentina se encargaron de resaltar el logro del acuerdo de paz; aunque este último pidió redoblar los esfuerzos para castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, la República Bolivariana de Venezuela exhortó al país a cumplir con el acuerdo de paz, pidió redoblar los esfuerzos para castigar delitos políticos y enfatizó en la urgencia de avanzar contra la erradicación de la violencia contra las mujeres.

En respuesta a las observaciones anteriores, Colombia teniendo a la cabeza de su comisión al Ministro del Interior, Guillermo Rivera Flores, expresó que de las 261 denuncias que había recibido la Fiscalía General de la Nación por asesinatos a líderes sociales entre 2016 y 2018, el 41% habían sido resueltas. Asimismo, destacó el aumento de la presencia de la Fiscalía en varios municipios y la realización de un informe especializado sobre víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado.

Sin embargo, cabe destacar que las cifras dadas no coinciden con los altos niveles de impunidad manifestados por diversos organismos de derechos humanos y que la aplicación de las medidas dispuestas en los acuerdos de paz después de su ratificación, hace más de dos años, aún no se hacen efectivas, convirtiéndose así en tierra fértil para reproducir nuevas formas de violencia.

Stephanía Román

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (Universidad de Buenos Aires). Produjo el documental "Ni Una Menos en las tres Américas". Trabajó como coordinadora de marketing en Huawei, asistente de marketing en Comcel y D.O Marketing. Participó como coordinadora de voluntarios en Ingeniería Sin Fronteras Argentina y como redactora en Nuestras Huellas. Realizó cursos en Gestión de Proyectos (Universidad Tecnológica Nacional) y en Marketing Digital (IAB Spain).