Casi cuatro años después del segundo Examen Periódico Universal, las recomendaciones hechas a Honduras no se han hecho efectivas. Hoy en día continúan los hostigamientos a los defensores de derechos humanos, los ataques y asesinatos siguen impunes, la violencia está en aumento y el silenciamiento de periodistas y activistas no se detiene.

Por Stephanía Román

Honduras vive tiempos de anormalidad democrática y una violencia casi pandémica que se reproduce a lo largo y ancho del país. Pocas son las noticias que llegan de este territorio con más de nueve millones de habitantes y que hoy en día recorre un camino semejante al de Venezuela y Nicaragua, pero desde la derecha.

La fragilidad actual del estado de derecho en Honduras se remonta a varios rompimientos del orden constitucional. El primero de ellos en 2009 con la controvertida destitución del presidente de aquel momento, Manuel Zelaya, alineado a Hugo Chávez y que venía produciendo una erosión del estado de derecho en el país. Luego, en el 2012 se destituyen a cuatro de los cinco magistrados de La Sala Constitucional por parte del Congreso Nacional (a pesar de que no tenían la facultad de hacerlo); y después, en 2015, la nueva Sala Constitucional aprueba la reelección presidencial derogando el artículo 239 de la Constitución Nacional que prohibía la reelección desde 1982; y finalmente, en 2017 las elecciones presidenciales se ven envueltas en un “clima confuso” según la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, quienes por medio de un comunicado oficial declararon: “hay una falta de garantías y transparencia, así como un cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos han rodeado este proceso”. Debido a esto último, invitaron al país a celebrar de nuevo las elecciones, evento que nunca sucedió.

En estos cuatro quiebres democráticos siempre surge como autor y beneficiario el presidente actual del territorio hondureño, Juan Orlando Hernández, quien se encuentra en el poder desde 2014. En 2009 era líder de oposición de su partido en el Congreso Nacional, en 2012 fue presidente del Congreso Nacional, después en 2015 presidente del poder ejecutivo y en 2017 candidato a presidente.

Según el abogado y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, el régimen autoritario de JOH se sostiene sobre varios factores como: “el militarismo y la creciente fuerza de las armas con un fuerte rasgo dictatorial, la estigmatización de la oposición en alianza con los grandes medios de comunicación que han creado un cerco mediático, la alianza con las élites más ricas del país y el capital de las transnacionales que está implementando un modelo extractivista y la eliminación de casi todas las políticas públicas en materia social que han creado una red clientelar de asistencialismo que manipula a la población empobrecida en momentos de elecciones”.

Este cóctel de anormalidad democrática y represión ha dado como resultado diferentes violaciones a los derechos humanos. Según Human Rights Watch “la impunidad por los abusos a los derechos humanos sigue siendo la norma en Honduras” sin contar que hoy en día la “tasa de homicidios se encuentra entre las más altas del mundo”. Asimismo, las detenciones injustificadas a detractores del gobierno de Hernández cada vez toman más fuerza. Dos casos que encarnan esta situación son los de los periodistas David Romero y Jairo López, el primero detenido en las instalaciones de Radio Globo y el segundo mientras cubría las protestas contra el presidente el pasado 27 de enero, a quien trasladaron a una comisaria sin informarle el hecho del que se le acusaba.

Varios organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales se han pronunciado respecto a la situación que atraviesa el país. Freedom House en su última medición calificó a Honduras como un país “parcialmente libre” puntuándolo con un 46 sobre 100.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) durante el Examen Periódico Universal (EPU) que se dio el 8 de mayo de 2015 y que tuvo como relatores a Namibia, Paraguay y República de Corea, encontró que desde el primer ciclo (2010), el país evaluado había ratificado “seis instrumentos internacionales de derechos humanos”. No obstante, este avance contrasta con varias de las preocupaciones manifestadas por países como Polonia y Noruega por “casos de violencia contra periodistas y activistas de derechos humanos” y por la “destitución de cuatro jueces por el Congreso”.

Si bien el país en materia de derechos humanos ha creado varios instrumentos para contrarrestar los ataques a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, como el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, según Amnistía Internacional “los esfuerzos siguen siendo insuficientes para garantizar la protección integral de estas personas”. Del mismo modo, como narra Vanessa Siliezar, abogada y defensora de los derechos humanos en Honduras, “hay muchas defensoras corriendo peligro, tuvimos el asesinato de Berta Cáceres, ambientalista reconocida, y el resultado es el miedo”.

Otro de los problemas en ascenso señalados por el EPU refiere a la “militarización cada vez mayor del país” y “la falta de independencia del sistema de justicia y la impunidad generalizada”, subrayados respectivamente por Suiza y Bélgica.

Estos señalamientos fueron los más fuertes y reiterativos durante el segundo ciclo del EPU, dando lugar a una serie de recomendaciones que coincidieron principalmente en “establecer mecanismos efectivos que permitan garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos, los jueces, fiscales y periodistas, y evitar que los casos de violencia con resultado de muerte, se mantengan en la impunidad”; asimismo, “reforzar el poder judicial y garantizar su autonomía, independencia e imparcialidad”, “respetar y proteger el derecho a la libertad de expresión”, entre otros.

Casi cuatro años después del segundo Examen Periódico Universal, las recomendaciones hechas a Honduras no se han hecho efectivas. Hoy en día continúan los hostigamientos a los defensores de derechos humanos, los ataques y asesinatos siguen impunes, la violencia está en aumento y el silenciamiento de periodistas y activistas no se detiene. Estos hechos hacen parte de las consecuencias que genera un estado de derecho en declive donde la corrupción se configura como una política de gobierno.

Stephanía Román

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (Universidad de Buenos Aires). Produjo el documental "Ni Una Menos en las tres Américas". Trabajó como coordinadora de marketing en Huawei, asistente de marketing en Comcel y D.O Marketing. Participó como coordinadora de voluntarios en Ingeniería Sin Fronteras Argentina y como redactora en Nuestras Huellas. Realizó cursos en Gestión de Proyectos (Universidad Tecnológica Nacional) y en Marketing Digital (IAB Spain).