Varias de las críticas del Examen en la ONU se dirigieron más a la sociedad que al estado. Pero al igual que con muchos otros países de Latinoamérica, Uruguay fue advertido por las condiciones que hay en sus cárceles. También la situación de pobreza que enfrentan muchos ciudadanos, y algunos aspectos de su gestión ambiental.

Por Alejandro Di Franco

No cabe duda que Uruguay es uno de los países mejor posicionados de América en materia de democracia y derechos humanos. Catalogado como un “democracia plena” según The Economist, tiene una excelente reputación por su sistema político multipartidario y competitivo, su transparencia gubernamental y su respeto hacia las libertades civiles y políticas. Sin embargo, en el tercer Examen Periódico Universal de la ONU recibió algunas críticas y observaciones en el informe con la recopilación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, demostrando que no basta con tener una democracia vigorosa: una vez alcanzada, son muchas las medidas necesarias para fortalecer la calidad del ejercicio de un gobierno que aspira a contar con altos estándares de libertad e inclusión social de sus ciudadanos.

Varias de las críticas del Examen se dirigieron más a la sociedad que al estado en sí: las situaciones de discriminación persisten aún con los esfuerzos del gobierno para combatirlas. Siguen habiendo estereotipos de género que continúan con un cierto grado de influencia para encasillar a los hombres y a las mujeres en determinados roles; estigmas hacia las personas con discapacidades, que dificultan su acceso al empleo; marginación de la población afro-descendiente, que lleva a condiciones de desigualdad estructural; y discriminación en los ámbitos educativo, sanitario, laboral y de trabajo informal hacia los migrantes.

Estos estereotipos tienen su peor expresión cuando llevan a actos violentos como femicidios (situación empeorada por la dificultad de las víctimas para acceder a la justicia y el bajo número de enjuiciamiento y condenas en los casos de violencia contra la mujer). Las mujeres no son el único grupo vulnerable: el informe también expresó preocupación por la violencia que sufren los niños, en particular explotación y abusos sexuales.

Otros llamados de atención y recomendaciones son por errores causados por omisión del Estado: por ejemplo, las ideas de la superioridad y odio racial no están incorporadas como actos punibles en el Código Penal, o el hecho de que el derecho a la educación no está consagrado en la Constitución de 1967.

Pasando a las críticas que recibieron algunas políticas concretas, uno de los hechos recientes que el informe más enfatizó fue la sentencia 20/2013 de la Corte Suprema de Justicia, que falló negando la aplicación retroactiva de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Uruguay (que duró de 1973 a 1985), como actos de tortura y desapariciones forzadas.

Las observaciones no se limitaron a eso y el tercer Examen Periódico Universal puso el ojo sobre algunas situaciones generales que aquejan a sus ciudadanos: Uruguay, al igual que con muchos otros países de Latinoamérica, fue advertido por las condiciones que hay en sus cárceles: en varios centros existen condiciones de hacinamiento, encierro prolongado y confinamiento en solitario así como episodios violentos entre los reclusos. Además de los malos tratos hacia adolescentes y gente en situación de calle y la falta de datos sobre la cantidad de denuncias de tortura, pueden llegar a haber deficiencias en la atención médica, el abastecimiento de agua y saneamiento.

También como otros países de la región, la situación de pobreza que enfrentan muchos ciudadanos crea condiciones de desigualdad que impiden el pleno disfrute de algunos derechos: el informe remarca específicamente los problemas en el sistema educativo que, a pesar de tener una cobertura universal en la enseñanza primaria, presenta peores indicadores de matriculación y deserción escolar entre los grupos más vulnerables.

Por otra parte, a pesar de ser un país que está concentrando muchos esfuerzos en proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático (las energías renovables representan un 62% de la matriz energética del país, por ejemplo), fue criticado por el informe por algunos aspectos de su gestión ambiental. El informe señaló que el desarrollo económico “seguía basándose en el uso intensivo de los recursos naturales, que conllevaba impactos negativos, incluyendo la concentración en la tenencia de la tierra, la migración de la población rural, el deterioro de la calidad ambiental, la pérdida de ecosistemas y paisajes naturales y la contaminación del agua por el uso de grandes cantidades de agroquímicos”.

Más allá de todas las observaciones y recomendaciones que presenta el tercer Examen Periódico Universal en su informe, cabe recordar que Uruguay sigue siendo un país modelo para la región en materia de derechos humanos. Justamente, el hecho de que organismos internacionales sigan prestando atención a la situación en el país no solo es necesario para mantener vivo el compromiso con estos ideales sino que también debe ser tomado como un diálogo constructivo en el que se presentan oportunidades de mejora para la calidad democrática que el país luego pueda adoptar y fortalecerse aún más.

Alejandro Di Franco

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Ha participado en varios seminarios y foros con personalidades nacionales e internacionales de la política y la academia.