Junto con Uruguay y Costa Rica, Chile es uno de los países con mayor reconocimiento en materia de derechos humanos en Latinoamérica. Sin embargo, en su tercer examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Chile recibió críticas por excesos por parte de las fuerzas de seguridad, la situación de los pueblos originarios, la política educativa y el cuidado de niños privados del entorno familiar.

Por Alejandro Di Franco

Chile, junto con Uruguay y Costa Rica, es uno de los países con mayor reconocimiento en materia de derechos humanos en Latinoamérica. Después de 1990, con el fin de la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet, el país vivió una transición democrática que eventualmente se consolidó hasta llegar al estatus que tiene ahora. Además del índice de Freedom House que lo cataloga con la mejor puntuación como un país libre y del informe de Human Rights Watch que destacó sus avances, la recopilación del grupo de trabajo del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas da un buen panorama de su situación en derechos civiles y políticos. Después de los dos primeros ciclos de examinación, en 2009 y 2014, Chile tomó nota de las críticas hechas y pudo implementar algunas de las recomendaciones que le formularon (como la ratificación del Convenio sobre Trabajadores y Trabajadoras Domésticos o la adhesión al Convenio sobre el Estatus de los Apátridas), algo reconocido por el tercer ciclo de examinación realizado este año. Más allá de esto, la recopilación advierte sobre algunas situaciones que podrían ser materia de reforma para el momento en que se realice el próximo examen en el 2024.

Al igual que muchos países latinoamericanos, en su tercer examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Chile recibió críticas por episodios de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, así como malos tratos hacia detenidos. También se le reprochó abusos policiales contra comunidades mapuches durante allanamientos. Situaciones como esta se dan también en parte por la ley antiterrorista vigente (muy criticada por otros organismos de derechos humanos). Esta ley, con una definición amplia de terrorismo, limita, según el grupo de trabajo, “las salvaguardias fundamentales y las garantías procesales”, y se advirtió que se aplicaba en su mayoría contra los mapuches.

Estas no son las únicas circunstancias que afectan a los pueblos originarios: la recopilación del grupo de trabajo advirtió sobre la pobreza que enfrentan y su poca representación en la política, así como la falta de un mecanismo legal para garantizar el consentimiento de estos pueblos a la hora de tomar decisiones.

Otras observaciones se refirieron a la pobreza y su impacto, particularmente en la educación: el grupo de trabajo recomendó que se avanzara hacia una política de educación inclusiva, ya que en la actualidad hay desigualdades según el nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes. La UNESCO, por ejemplo, recomendó que se abandonaran los criterios arbitrarios de selección que utilizaban las instituciones de enseñanza pública y privada basadas en el nivel socioeconómico y que se proporcionaran “servicios educativos de calidad a los grupos minoritarios y los pueblos indígenas”.

Chile además recibió duras críticas respecto del cuidado de niños privados del entorno familiar que se encuentran bajo el control del Servicio Nacional de Menores: el Comité de los derechos del niño expresó que el país era “responsable de graves y sistemáticas violaciones de los derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño” debido a una visión tutelar de la infancia, una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado, la excesiva judicialización del sistema y su falta de recursos.

Más allá de esto, también se llamó la atención sobre ciertas actitudes en la sociedad, como estereotipos arraigados, que conllevan desventajas, particularmente en grupos minoritarios. Se remarcaron los estereotipos de género y la situación de las mujeres en la sociedad chilena: hay un bajo porcentaje de su participación en el mercado laboral y la tasa de desocupación entre ellas sigue siendo mayor que la de los hombres. Por otra parte, como muchas de ellas trabajan en el sector informal, reciben salarios irregulares y se ven desfavorecidas en el sistema de pensiones. Además, pese a los programas y medidas tomadas, se mantiene la violencia contra la mujer.

Las observaciones en el Tercer Examen Periódico Universal reflejan que más allá de la impresionante transición democrática y políticas de inclusión chilenas, todavía falta implementar algunas reformas para consolidar esta trayectoria. Algunas medidas tomadas en los últimos años hacen pensar que se está avanzando en este sentido, como con la despenalización del aborto en ciertas circunstancias o la posibilidad a personas transgénero a cambiar su nombre y género en el registro civil, demostrando que es posible fortelecer la inclusión a 30 años de su transición democrática.

Alejandro Di Franco

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Ha participado en varios seminarios y foros con personalidades nacionales e internacionales de la política y la academia.