La gran falla en el proceso de transformación de Singapur, tan abierto en lo económico y comercial, es que no ha llevado a cabo una apertura en lo político. Si en el Bertelsmann Transformation Index (BTI) ranquea sexto en transformación económica, en cuanto a la política tiene el puesto número 74. Singapur está lejos de reconocer los derechos civiles y las libertades políticas de sus ciudadanos. Sus elecciones no son libres o justas. Otros derechos de su población se han visto igualmente limitados, como los de expresión y asociación. Los mecanismos de accountability se ven muy limitados, debido a la falta de independencia del poder judicial y al extenso control del gobierno sobre los medios de comunicación.

Por Alejandro Di Franco

A pesar de su pequeña extensión, el desarrollo económico de la ciudad-estado de Singapur puede servir de ejemplo para muchos países en vías de desarrollo. Cuando Singapur se separó de la Federación Malaya -de la cual formó parte entre 1963 y 1965- su situación política y económica era frágil. Sin embargo, en los años siguientes tomó una serie de medidas que la llevaron a experimentar un crecimiento productivo acelerado.

Es justamente en el área de transformación económica donde Singapur presenta los mejores puntajes en el Bertelsmann Transformation Index (BTI): teniendo en 5 indicadores una puntuación de 10 puntos, y posicionándose en la sexta posición mundial de los países que monitorea el BTI. Se trata del Estado con el mejor índice de desarrollo humano de Asia -y el noveno más alto del mundo- con una economía libre que sigue las reglas del mercado, un sector informal muy pequeño y en donde establecer un negocio es relativamente fácil -de hecho, según el informe “Doing Business” del Banco Mundial, ranquea segunda sólo después de Nueva Zelanda.

En cuanto a resultados económicos, este pequeño país asiático es también ejemplar: su inflación es casi nula, siendo solo de un 0,6% en 2017, aunque en algunos años ha llegado a tener deflación, como fue el caso del 2016. Su responsabilidad fiscal llevó a que en 2017 lejos de tener un déficit, haya tenido un superávit del 2,1% del PBI. Sus sobresalientes tasas de crecimiento hacen que el propio BTI califique el período monitoreado como uno de “crecimiento débil”, a pesar de tener un aumento del PBI del 3,6% en 2017 y uno entre el 3 y 3,5% en 2018 (para comparar con países de nuestra región, Brasil creció un 1,1%, al igual que Chile; y Uruguay un 0,2% el año pasado). Por otra parte, su tasa de desempleo ha declinado entre 2016 y 2018, ubicándose en alrededor del 3,8%.

Otro aspecto para destacar de Singapur es su apertura comercial, siendo un fuerte partidario del sistema multilateral de comercio. Además de ser uno de los miembros fundadores de la ASEAN, en 2018 ratificó el Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership y firmó un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. El BTI señala también la existencia de acuerdos de este tipo con otros 14 países, algunos de ellos latinoamericanos, como es el caso de Costa Rica, Panamá y Perú.

Esto lo lleva en parte a tener buenos puntajes en cuanto a su cooperación y credibilidad internacional. Singapur además busca activamente construir y expandir relaciones cooperativas con sus países vecinos. Sin embargo, un obstáculo que evita que tenga una puntuación perfecta es su falta de ratificación de tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

La gran falla en el proceso de transformación de Singapur, tan abierto en lo económico y comercial, es que no ha llevado a cabo una apertura en lo político. Si en el BTI ranquea sexto en transformación económica, en cuanto a la política tiene el puesto número 74.

Si bien no hay actores que discutan la identidad estatal o su monopolio sobre el uso de la fuerza, Singapur está lejos de reconocer los derechos civiles y las libertades políticas de sus ciudadanos. Sus elecciones no son libres o justas: el Partido de Acción Popular ha dominado la política desde la independencia del país; y en 2017, por ejemplo, solo un candidato se pudo postular para presidente. Tácticas tales como el gerrymandering, el acceso desigual a los medios o un período de campaña de tan solo 9 días, benefician al partido oficialista. Otros derechos de su población se han visto igualmente limitados, como los de expresión y asociación.

Los mecanismos de accountability se ven muy limitados, debido a la falta de independencia del poder judicial; a la dominación del Partido de Acción Popular en la legislatura; a los escasos desafíos al gobierno del otro partido existente, el Partido de los Trabajadores; y al extenso control del gobierno sobre los medios de comunicación. Ante este panorama, resulta preocupante que una gran proporción de la población no crea -como señala el informe- que las elecciones o el derecho a criticar al gobierno sean esenciales en una democracia. Esto hace que a pesar de estas prácticas, un 84,6% de los singapurenses esté “muy o bastante satisfecho con la manera en que la democracia funciona en su país”, mientras que solo el 3,8% piensa que su país no es una democracia.

El caso singapurense nos muestra que, si bien el área económica es esencial en el proceso de transformación de un país, no lo es todo. Para que éste sea integral, es necesario también que la apertura se traslade al plano político y al respeto por los derechos civiles. El desafío ahora para la elite política es implementar reformas que permitan una genuina participación de la oposición en las elecciones y la manifestación de reclamos por parte de la sociedad.

Alejandro Di Franco

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Ha participado en varios seminarios y foros con personalidades nacionales e internacionales de la política y la academia.