El mecanismo más potente del activismo internacional es la presión que apunta a avergonzar a los regímenes que irrespetan los derechos de sus ciudadanos. En ocasiones, la presión social se ve aumentada por la presión hecha por los gobiernos que condiciona la ayuda económica o militar. Cuando la denuncia y el avergonzamiento que provoca el activismo internacional cala hondo, entran en juego las democracias europeas, el Departamento de Estado norteamericano, Canadá y otros, que pueden llegar a sancionar a personeros de una dictadura.

Por Hugo Machín Fajardo

Personas e instituciones que defienden los derechos humanos reclaman a los países que votan en la Asamblea General de Naciones Unidas que no le concedan a una dictadura una silla en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH).

El CDH sustituyó a la Comisión de DDHH de la ONU, que databa de 1947, y cuando se votó su creación e integración con 47 países en 2006, se abstuvieron Bielorrusia, Irán y Venezuela. 

Cuba ha integrado el flamante CDH durante cuatro períodos y aspira a ocupar una silla nuevamente por otros tres años a partir de 2021.

En el último tiempo se ha dicho y repetido que ese régimen violatorio de los derechos humanos, que no ha suscrito protocolos básicos en la materia, nada tiene que hacer ocupando un puesto en un ámbito donde debe velarse por el respeto a los DDHH. El régimen cubano no ha ratificado el protocolo contra la tortura y penas crueles, ni el de la abolición de la pena de muerte; tampoco el procedimiento de protección contra la desaparición forzada; ni el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; o la convención que protege a los trabajadores migrantes y a sus familiares. Tampoco ha aceptado el procedimiento de comunicaciones individuales sobre los protocolos mencionados y otros más y así mismo sistemáticamente rechaza los procedimientos de la ONU para investigar in situ.

Hay quienes sostienen que solamente se reclama sabiendo que es en vano —pues La Habana va a obtener esa silla en la ONU ya que los miembros son elegidos por mayoría absoluta de la Asamblea General de la organización de países— y que las denuncias solamente se hacen para darle una razón de ser a ONGs, o a individuos que dicen defender los DDHH, pero que en realidad viven de lucrar con ellos.

Hay que diferenciar las opiniones.

Están aquellos a los que les viene muy bien esa deslegitimación del CDH de la ONU, porque son regímenes autoritarios y como tal actúan. Así se constató en la votación realizada el martes 6 de octubre en el CDH, manifestándose en contra o absteniéndose en la votación para que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU prolongue por dos años su vigilancia sobre la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. [*]

Están quienes teniendo como referencia a personalidades vinculadas a los derechos humanos como Premios Nobel de la Paz, o dirigentes políticos que en su plataforma incluyen la defensa de los derechos, siguen a dichas personas que no solo no cuestionan a la dictadura cubana, sino que la reivindican.

Están quienes tienen una postura de defensa de los derechos humanos pero que no se explican por qué ocurren estas incongruencias en el terreno diplomático.

Lo primero es distinguir la percepción que se tenga de cómo deberían defenderse los DDHH y cuál ha sido el desarrollo durante décadas del régimen internacional de estos derechos humanos.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) fue creado por países con democracias de diferente densidad, e incluso con regímenes autoritarios. El CDH forma parte de una serie de tratados, organismos y facultades generados durante los últimos 70 años. Es un sistema internacional que tiene normas y delegaciones. Las normas, cuando son ratificadas por los Estados, pasan a ser parte de su ordenamiento jurídico interno; pero si no es así, no tienen vigencia para el Estado que no lo ha ratificado.

“Hay un desarrollo de menos a más llevado por los propios Estados que han ido fortaleciendo cada vez más el régimen de desarrollo internacional de derechos humanos”, sostiene el experto mexicano Alejandro Anaya Muñoz. Es un proceso que tiene sus altibajos desde 1946 a la fecha.  “Actualmente China, Rusia y Estados Unidos quieren debilitar al Consejo de Derechos Humanos de ONU, siempre hay tira y afloje, pero en el largo plazo se avanza”, agrega el internacionalista de Guadalajara.

EEUU y China son países con bajísimo límite de ratificación de los tratados internacionales y Washington no se los toma en serio llegando a boicotear al CDH en 2006. Durante la administración Obama, EEUU ingresó, pero volvió a salirse con el argumento de que a EEUU le alcanza con las libertades civiles consagradas en su Constitución y que, en todo caso, la observancia y monitoreo de los DDHH podrá ser efectiva para el resto del mundo.

“Todos los gobiernos del mundo violan a los derechos humanos”, sostiene Anaya Muñoz y agrega: “hasta Noruega… serán 10 o 15 los países que violan poquito a los derechos humanos …nos quedamos con 150 países que violan mucho los derechos humanos …es inevitable que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU —que es un órgano de Estados— lo integren países como China, Cuba y otros que desconocen los derechos humanos e igualmente estén en el Consejo de Derechos Humanos”.

Los teóricos de la defensa de los DDHH sostienen que pese a este panorama desalentador respecto a la vigencia de tales derechos en el mundo, hay un “efecto bumerán” como resultado del activismo transnacional en defensa de los derechos humanos.

Ese activismo consiste en implementar un conjunto de procesos de interacción entre actores no gubernamentales, organismos internacionales y gobiernos de democracias desarrolladas, que busca promover y proteger los DDHH a través de las fronteras y/o influir en el comportamiento de los gobiernos.

El mecanismo más potente del activismo internacional es la presión que apunta a avergonzar a los regímenes que irrespetan los derechos de sus ciudadanos. En ocasiones, la presión social se ve aumentada por la presión hecha por los gobiernos que condiciona la ayuda económica o militar. Cuando la denuncia y el avergonzamiento que provoca el activismo internacional cala hondo, entran en juego las democracias europeas, el Departamento de Estado norteamericano, Canadá y otros, que pueden llegar a sancionar a personeros de una dictadura.

Última prueba al canto se constató el martes 6 de octubre cuando Argentina votó en contra de la dictadura chavista más allá de que el ultrakirchnerismo proteste. O el fracaso de la elección preparada para el 6 de diciembre por Maduro desde que la Unión Europea la deslegitima ante la ausencia de garantías y libertades y la ratificación de numerosas violaciones a los derechos humanos. Y mantiene el apoyo de medio centenar de países al presidente electo Juan Guaidó.

O, la creciente aparición en redes sociales de opositores cubanos detenidos decenas de veces, y periodistas independientes, que denuncian las trabas con que la seguridad del Estado cubano les dificulta su labor; el eco que eso tiene en Reporteros Sin Fronteras (RSF), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), y muchas otras organizaciones, así como en dirigentes políticos y periodistas latinoamericanos que informan u opinan sobre la ausencia de libertades básicas en la isla caribeña. Difícil imaginar este contexto hace una década cuando era casi total la cerrazón sobre lo que ocurría al interior de Cuba.

El impacto que puede lograrse es un trayecto cuesta arriba, limitado y difícil. La solución última no viene de los órganos internacionales, ni de las ONGs externas a los regímenes despóticos. Las soluciones tienen que venir de adentro, de la propia ciudadanía oprimida, pero todos los actores conjugados en la formación, la denuncia, el reclamo y la persistencia en colocar el tema en las agendas de los Estados, ayudan muchísimo.

[*] La votación formó parte de la sesión regular número 45 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y contó con 22 votos favorables, 22 abstenciones y 3 votos en contra (Eritrea, Filipinas, y la propia Venezuela).

Hugo Machín Fajardo

Redactor Especial del Portal Análisis Latino

Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.