Los vínculos de una intelectualidad complaciente con el poder son de larga data en América Latina. Como ciudadanos urge la demanda activa, si no de cierta honestidad intelectual por parte de personajes como Ramonet, sí al menos de la verificación periodística de datos al momento de publicar información que tiene un impacto feroz en la vida de millones de personas. Hacemos un llamado a medios como La Jornada y Página 12 a respetar las pautas de profesionalismo periodístico que son, precisamente, las que fortalecen la democracia.

Por Magdalena López y Margarita López Maya

En tiempos en que la labor periodística parece acorralada por una política de la posverdad, es relevante insistir en la necesidad de desmontar las fake news. Es lo que proponemos al revisar las afirmaciones publicadas en una reciente entrevista realizada por el periodista español Ignacio Ramonet al jefe del gobierno venezolano Nicolás Maduro. La entrevista, publicada en La Jornada de México y Página 12 de Argentina, difunde información falsa como propaganda de un régimen cívico-militar implicado en crímenes de lesa humanidad. Ramonet se limita a formular postulados del discurso oficial, que son expandidos por el entrevistado.

A continuación destacamos las principales aseveraciones del entrevistador, junto con la verificación de los hechos:

Covid-19: “Las cifras que presenta Venezuela son muy alentadoras, muy positivas, se sitúan entre las mejores del mundo”. FALSO. Las cifras y proyecciones reales sobre los efectos de la pandemia están lejos de los números de la propaganda oficial, de acuerdo a instancias internacionales y la academia venezolana. La Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales publicó un informe en mayo donde concluía que las cifras oficiales de la Covid-19 no son confiables por la falta de pruebas PCR en el país, la escasez de insumos sanitarios y medicamentos, y la frecuente estigmatización de los que padecen el virus, quienes prefieren no reportar los síntomas y permanecer en casa hasta sanarse o morir. En septiembre la Academia estimaba que habrían más de 7.000 casos diarios, es decir, siete veces más que la cifra oficial.

Según informes de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, la infraestructura de la salud pública está en ruinas por falta de inversión y mantenimiento desde hace años. Más del 70 % del sistema hospitalario carece de electricidad y agua corriente continua, y buena parte del sector profesional de la salud ha tenido que emigrar. Para peor, la Covid-19 compite con las cifras de malaria, sarampión y tuberculosis que han resurgido en los últimos años por falta de vacunas y medicamentos. El ejemplo más reciente es el preso político de la etnia pemón Salvador Franco, quien murió de tuberculosis y desnutrición el pasado 3 de enero por no recibir asistencia médica (y alimenticia) en un centro penitenciario.

Hay que tener en cuenta que el régimen venezolano ejerce la hegemonía mediática a través de un complejo aparato de propaganda que controla directa o indirectamente todas las televisoras del país y más del 90% de emisoras de radio. Los medios impresos independientes son casi inexistentes. Sumado a esto, en el 2016 se dejaron de publicar los informes estadísticos y epidemiológicos oficiales. Las noticias sobre la pandemia han sido fuertemente centralizadas y censuradas. Los médicos son amedrentados para no reportar la epidemia como causa de defunción y los informes de la  citada Academia han suscitado constantes amenazas por parte del gobierno. La hegemonía comunicacional le permite al régimen además, reforzar su retórica belicista al tiempo que estigmatiza a los contagiados. Maduro llegó a declarar que la Covid-19 es un resultado de laboratorio de los “núcleos del poder imperial”, y el secretario de gobierno del Estado Zulia declaró que los venezolanos retornados al país son “armas biológicas” enviadas por Colombia para contaminar al país.

Elecciones y oposición: “Las elecciones legislativas del 6 de diciembre pasado le dieron una nueva y contundente victoria al chavismo”. FALSO. En la “contundente victoria” a la que alude Ramonet, sólo acudió a votar un 30% de la población según cifras oficiales. Se trata del nivel más bajo de participación de la historia venezolana en unas elecciones parlamentarias. De acuerdo con el Observatorio Electoral Venezolano se violaron los procesos de designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, se despojó a partidos opositores de sus siglas, se intervinieron sus directivas para designar otras afines al régimen, se inhabilitó a dirigentes parlamentarios de la oposición y se despojó a los indígenas de su derecho al sufragio directo y secreto. Todo esto ha venido acompañado por una sistemática represión en la que la mayoría de los principales dirigentes de la oposición están detenidos, inhabilitados o en exilio. Fue precisamente esta falta de condiciones democráticas lo que suscitó la decisión de la oposición de no participar en la elección. En su respuesta, Maduro no sólo miente en relación a unas elecciones desprovistas de toda legitimidad, sino que lo hace también al culpabilizar a la oposición por la falta de diálogo. De hecho, en la última mesa de negociación en Barbados (2019), se logró una serie de acuerdos políticos, pero cuando arribaron al tema de las elecciones, el gobierno pateó la mesa con la excusa de que así protestaba contra las sanciones estadounidenses.

Economía: “la economía por su parte, en circunstancias muy difíciles, conoce un espectacular repunte. Con un aumento inaudito de la producción agropecuaria y de las actividades comerciales”. FALSO. El PIB de Venezuela es sólo el 25% de lo que fue hace cuatro años cuando ya la economía estaba en crisis y, actualmente, es similar al de las primeras décadas del siglo XX. Como resultado de esta contracción, Venezuela es, junto con Haití y Honduras, uno de los países más pobres de América Latina de acuerdo a las últimas cifras presentadas por Encovi. En 2019 esta encuesta estimó que 96% de los hogares era pobre. El régimen de Maduro no sólo produjo miseria, sino que convirtió a Venezuela en uno de los países más desiguales de la región. Esta desigualdad se expresa entre los que tienen acceso a dólares y los que no. El salario mínimo mensual en Venezuela no alcanza el dólar mientras una caja de aspirinas ronda los 6 dólares.

La mayoría de los economistas coinciden en afirmar que la dolarización venezolana de la que se ufana Maduro, ha venido ocurriendo como un fenómeno espontáneo producto de la hiperinflación –la peor en la historia latinoamericana—que ha pulverizado la capacidad adquisitiva de la población, cuyos salarios no están dolarizados. La dolarización espontánea sólo beneficia a la cúpula de familiares, militares y empresarios vinculados al régimen. Es visible a través de los llamados bodegones: unas tiendas ubicadas en zonas residenciales de clase alta a donde acuden militares y civiles del entorno del gobierno para comprar todo tipo de exquisiteces en dólares. A esto es, en realidad, a lo que hace referencia Maduro cuando habla del auge comercial. Huelga decir que se trata de mercancías importadas porque el aparato productivo nacional está en ruinas.

En esas precarias condiciones resulta difícil creer, como afirma Maduro, que Venezuela se dirige hacia una economía digitalizada. El servicio de internet es uno de los peores de la región y la intervención del régimen sobre las redes sociales es cada vez mayor. Igualmente la vivienda y la educación pública han ido colapsando tal como documentan diversas instancias internaciones y ONG nacionales como la Oficina del Alto Comisionado y Provea. Hay que recordar que esta catástrofe económica, identificada desde el 2016 por la ONU como una “crisis humanitaria compleja”, precede a las sanciones impuestas por la administración de Trump. Argumentar lo contrario, como sostiene Maduro y repiten intelectuales como Ramonet, es parte del libreto de teorías conspirativas que busca exculpar a un régimen que ha tenido el control de la renta petrolera y de todas las actividades económicas del país. Cínicas son las afirmaciones oficiales sobre la imposibilidad de vender petróleo a causa de las sanciones, cuando lo cierto es que de los 3 millones y medio de barriles diarios que se producían cuando Hugo Chávez llegó al poder, hoy no se alcanzan a producir más de 400.000 barriles. Ha sido un deterioro largo y sostenido al final del cual, el chavismo acabó con la industria petrolera.

Los vínculos de una intelectualidad complaciente con el poder son de larga data en América Latina. Como ciudadanos urge la demanda activa, si no de cierta honestidad intelectual por parte de personajes como Ramonet, sí al menos de la verificación periodística de datos al momento de publicar información que tiene un impacto feroz en la vida de millones de personas. El pasado 6 de enero constatamos en Washington cómo la combinación de posverdad e ideologización ciega tiene efectos letales para la democracia. Hacemos un llamado a medios como La Jornada y Página 12 a respetar las pautas de profesionalismo periodístico que son, precisamente, las que fortalecen la democracia. Se lo debemos a las víctimas venezolanas; se lo debemos a los pobres, presos políticos, exiliados, inmigrantes, asesinados, torturados e indígenas que no tuvieron ni tienen el privilegio de gozar de una prensa libre. 

Magdalena López y Margarita López Maya