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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
04-05-2021Bangladesh: La libertad de expresión digital en jaque
Las plataformas digitales son en esencia libres y han colaborado con el avance y fortalecimiento de la democracia en el mundo, mostrándose como una herramienta útil para la movilización cívica y difusión de información y es por este potencial innegable que son objeto de censura y control para gobiernos no democráticos. En Bangladesh, la ley de Seguridad Digital da cuenta de esto.Por Pilar Martínez Otero
La policía escolta al periodista Shafiqul Islam Kajol hacia un tribunal
Las plataformas digitales actuales son recursos útiles para la expansión de la democracia. Un clic puede movilizar a una sociedad completa, abrir debates, impulsar opiniones y difundir información sobre cualquier asunto en forma libre, rápida y con alcance global. Por eso, según señala Freedom House, son objetos de censura, control y explotación por fuerzas antidemocráticas. En particular, la Ley de Seguridad Digital en Bangladesh es un instrumento útil para impedir el derecho humano a la libertad de expresión en el entorno virtual, que se suma a una tendencia regional de control sobre redes sociales y medios digitales.
Según menciona Amnistía Internacional, tras el examen periódico universal (UPR según sus siglas en inglés) de mayo de 2018, Bangladesh aceptó las recomendaciones para garantizar la libertad de expresión en el país, lo que implicaba dar marcha atrás en la aplicación de la ley draconiana de Tecnología de la Información y Comunicación de 2013 (ICT según sus siglas en inglés). Sin embargo, no sólo continuó siendo aplicada, sino que además en septiembre de 2018 fue reemplazada por la Ley de Seguridad Digital más represiva y coercitiva respecto a la libertad de expresión que, en definitiva, garantiza la Constitución de la Nación.
El análisis de Amnistía Internacional observa que la ley posee un articulado cuya redacción es vaga y difusa, lo que facilita su aplicabilidad arbitraria contra periodistas, activistas y opositores del gobierno; garantiza poderes amplios a instituciones poco definidas; permite el bloqueo y la remoción de información en la red sin adecuadas salvaguardias judiciales.
Respecto a la redacción poco precisa y amplia, la ley criminaliza la publicación o difusión de cualquier información que dañe sentimientos o valores religiosos (sección 28), que obstaculice la armonía comunal, incite al odio o perjudique la ley y el orden (sección 31); cualquier propaganda o campaña que se difunda en contra de las narrativas nacionales sobre la guerra de liberación, el espíritu de la nación, el padre de la patria o la bandera (sección 21); la difusión de información sobre el estado calificada como invasiva, intimidante, falsa, con la intención de molestar, insultar y humillar (sección 25); la recolección o guardado de información clasificada de cualquier Gobierno por medio de ordenadores o dispositivos digitales (sección 19) y el ciberterrorismo descripto como restringir el acceso legítimo o ayudar a ingresar ilegalmente a cualquier persona desde cualquier computadora o red para poner fin a la integridad, seguridad y soberanía del estado, y crear temor en la comunidad (sección 27). Las penas son de 3 a 14 años de prisión o incluso contemplan altas fianzas.
Respecto a las instituciones y sus amplios poderes, la sección 8 crea The Digital Security Agency (Agencia de Seguridad Digital) que puede bloquear o remover toda aquella información diseminada en la red que considere una amenaza a la seguridad digital, viola la soberanía del país o cualquier parte de él, tiene efectos adversos en la actividad económica, seguridad, defensa valores religiosos u orden público, y/o impulsa odio racial. Sin ningún control judicial o posibilidad de apelar. Asimismo, puede iniciar investigaciones sobre aquellas personas que consideren un daño o amenaza a estructuras de información importantes (sección 15). También pueden iniciar investigaciones oficiales cuyo cargo no sea inferior a subinspector (sección 41), y confiscar computadoras, programas, sistemas, información, entre otros. Estas investigaciones pueden implicar hasta 14 años de prisión o costosas fianzas.
Según el informe Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2020, los periodistas y medios aplican autocensura para evitar las consecuencias de la aplicación de la ley, pues los medios de comunicación no están habilitados para publicar críticas al gobierno. De hecho, en mayo de 2020, el escritor Mushtaq Ahmed fue arrestado por sus comentarios críticos en Facebook respecto a la respuesta del gobierno frente a la pandemia de COVID-19, y murió de forma repentina e incierta estando bajo arresto preventivo.
Ante esta situación, la sociedad civil y la comunidad internacional han hecho oír sus reclamos. La primera responde con movilizaciones en las calles, declaraciones conjuntas de actores de la sociedad civil, sobre todo para la liberación de aquellos en prisión bajo los cargos que la ley establece, e intentan manifestar su franco desacuerdo. Respecto a la segunda, figuras como Michelle Bachelet (ACNUDH, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos) ha invitado a Bangladesh a revisar la Ley de Seguridad Digital y liberar del arresto al amparo de esta ley a todos aquellos que buscaban ejercer su derecho humano a la libertad de expresión y opinión.
Ahora bien, Bangladesh no es un caso aislado en la región ni en el mundo. Según el informe Freedom on the net de Freedom House (2018), que clasifica a los países como no libres o parcialmente según los obstáculos para el acceso a internet, la limitación de los contenidos y la violación a los derechos del usuario, existe un aumento del autoritarismo digital, del control gubernamental sobre la información y los medios digitales: internet es menos libre mundialmente. En la región, Myanmar, Tailandia, Vietnam, China, Camboya, Laos son clasificados como no libres. La potencia regional, China, se muestra como el ejemplo extremo de control y censura por ejemplo, señala Freedom House, la Comisión Central de Asuntos del Ciberespacio creada en 2018, dirigida por Xi Jingping, supervisa el sector de las telecomunicaciones y regula el contenido de internet.
En definitiva, la región sufre un franco deterioro en lo que a libertad en línea respecta, con la potencia regional como ejemplo límite. Son múltiples los ejemplos de instrumentos legales, agencias burocráticas con amplios poderes, investigaciones y penas arbitrarias contra cualquier tipo de oposición.
Las plataformas digitales son en esencia libres y han colaborado con el avance y fortalecimiento de la democracia en el mundo, mostrándose como una herramienta útil para la movilización cívica y difusión de información y es por este potencial innegable que son objeto de censura y control para gobiernos no democráticos. En Bangladesh, la ley de Seguridad Digital da cuenta de esto.
Pilar Martínez OteroVoluntaria de CADALVoluntaria de CADAL
La policía escolta al periodista Shafiqul Islam Kajol hacia un tribunal
Las plataformas digitales actuales son recursos útiles para la expansión de la democracia. Un clic puede movilizar a una sociedad completa, abrir debates, impulsar opiniones y difundir información sobre cualquier asunto en forma libre, rápida y con alcance global. Por eso, según señala Freedom House, son objetos de censura, control y explotación por fuerzas antidemocráticas. En particular, la Ley de Seguridad Digital en Bangladesh es un instrumento útil para impedir el derecho humano a la libertad de expresión en el entorno virtual, que se suma a una tendencia regional de control sobre redes sociales y medios digitales.
Según menciona Amnistía Internacional, tras el examen periódico universal (UPR según sus siglas en inglés) de mayo de 2018, Bangladesh aceptó las recomendaciones para garantizar la libertad de expresión en el país, lo que implicaba dar marcha atrás en la aplicación de la ley draconiana de Tecnología de la Información y Comunicación de 2013 (ICT según sus siglas en inglés). Sin embargo, no sólo continuó siendo aplicada, sino que además en septiembre de 2018 fue reemplazada por la Ley de Seguridad Digital más represiva y coercitiva respecto a la libertad de expresión que, en definitiva, garantiza la Constitución de la Nación.
El análisis de Amnistía Internacional observa que la ley posee un articulado cuya redacción es vaga y difusa, lo que facilita su aplicabilidad arbitraria contra periodistas, activistas y opositores del gobierno; garantiza poderes amplios a instituciones poco definidas; permite el bloqueo y la remoción de información en la red sin adecuadas salvaguardias judiciales.
Respecto a la redacción poco precisa y amplia, la ley criminaliza la publicación o difusión de cualquier información que dañe sentimientos o valores religiosos (sección 28), que obstaculice la armonía comunal, incite al odio o perjudique la ley y el orden (sección 31); cualquier propaganda o campaña que se difunda en contra de las narrativas nacionales sobre la guerra de liberación, el espíritu de la nación, el padre de la patria o la bandera (sección 21); la difusión de información sobre el estado calificada como invasiva, intimidante, falsa, con la intención de molestar, insultar y humillar (sección 25); la recolección o guardado de información clasificada de cualquier Gobierno por medio de ordenadores o dispositivos digitales (sección 19) y el ciberterrorismo descripto como restringir el acceso legítimo o ayudar a ingresar ilegalmente a cualquier persona desde cualquier computadora o red para poner fin a la integridad, seguridad y soberanía del estado, y crear temor en la comunidad (sección 27). Las penas son de 3 a 14 años de prisión o incluso contemplan altas fianzas.
Respecto a las instituciones y sus amplios poderes, la sección 8 crea The Digital Security Agency (Agencia de Seguridad Digital) que puede bloquear o remover toda aquella información diseminada en la red que considere una amenaza a la seguridad digital, viola la soberanía del país o cualquier parte de él, tiene efectos adversos en la actividad económica, seguridad, defensa valores religiosos u orden público, y/o impulsa odio racial. Sin ningún control judicial o posibilidad de apelar. Asimismo, puede iniciar investigaciones sobre aquellas personas que consideren un daño o amenaza a estructuras de información importantes (sección 15). También pueden iniciar investigaciones oficiales cuyo cargo no sea inferior a subinspector (sección 41), y confiscar computadoras, programas, sistemas, información, entre otros. Estas investigaciones pueden implicar hasta 14 años de prisión o costosas fianzas.
Según el informe Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2020, los periodistas y medios aplican autocensura para evitar las consecuencias de la aplicación de la ley, pues los medios de comunicación no están habilitados para publicar críticas al gobierno. De hecho, en mayo de 2020, el escritor Mushtaq Ahmed fue arrestado por sus comentarios críticos en Facebook respecto a la respuesta del gobierno frente a la pandemia de COVID-19, y murió de forma repentina e incierta estando bajo arresto preventivo.
Ante esta situación, la sociedad civil y la comunidad internacional han hecho oír sus reclamos. La primera responde con movilizaciones en las calles, declaraciones conjuntas de actores de la sociedad civil, sobre todo para la liberación de aquellos en prisión bajo los cargos que la ley establece, e intentan manifestar su franco desacuerdo. Respecto a la segunda, figuras como Michelle Bachelet (ACNUDH, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos) ha invitado a Bangladesh a revisar la Ley de Seguridad Digital y liberar del arresto al amparo de esta ley a todos aquellos que buscaban ejercer su derecho humano a la libertad de expresión y opinión.
Ahora bien, Bangladesh no es un caso aislado en la región ni en el mundo. Según el informe Freedom on the net de Freedom House (2018), que clasifica a los países como no libres o parcialmente según los obstáculos para el acceso a internet, la limitación de los contenidos y la violación a los derechos del usuario, existe un aumento del autoritarismo digital, del control gubernamental sobre la información y los medios digitales: internet es menos libre mundialmente. En la región, Myanmar, Tailandia, Vietnam, China, Camboya, Laos son clasificados como no libres. La potencia regional, China, se muestra como el ejemplo extremo de control y censura por ejemplo, señala Freedom House, la Comisión Central de Asuntos del Ciberespacio creada en 2018, dirigida por Xi Jingping, supervisa el sector de las telecomunicaciones y regula el contenido de internet.
En definitiva, la región sufre un franco deterioro en lo que a libertad en línea respecta, con la potencia regional como ejemplo límite. Son múltiples los ejemplos de instrumentos legales, agencias burocráticas con amplios poderes, investigaciones y penas arbitrarias contra cualquier tipo de oposición.
Las plataformas digitales son en esencia libres y han colaborado con el avance y fortalecimiento de la democracia en el mundo, mostrándose como una herramienta útil para la movilización cívica y difusión de información y es por este potencial innegable que son objeto de censura y control para gobiernos no democráticos. En Bangladesh, la ley de Seguridad Digital da cuenta de esto.
