El Consultor en Proyectos Globales de CADAL participó en la Sesión extraordinaria de la CAJP sobre lecciones aprendidas e intercambio de buenas prácticas en materia de libertad de reunión pacífica y de asociación, del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Fue el único representante de la sociedad civil en señalar la situación de Cuba. Reclamó por colegas del Movimiento San Isidro (Cuba) y de La Corriente Feminista (Nicaragua), organizaciones integrantes de la Coalición por la Libertad de Asociación.

Por Carlos Lauría

En el sistema interamericano, el derecho a la libertad de asociación se encuentra previsto en el artículo 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igualmente, con alcance universal, este derecho está incorporado en el artículo 20 (1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 22 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y en prácticamente todos los principales tratados internacionales de derechos humanos conforme la especificidad temática de cada uno de ellos.

Pero en las Américas, el serio deterioro democrático se ha traducido en una notoria reducción del espacio cívico en distintos países del hemisferio. Al mismo tiempo, las organizaciones de la sociedad civil se desempeñan en contextos con prácticas represivas donde regulaciones existentes y otras recientes no les permiten registrarse o son directamente ilegalizadas y encuentran cada vez más dificultades para participar de reuniones multilaterales en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos.

De acuerdo a la herramienta que utiliza la organización internacional CIVICUS para clasificar el espacio cívico de un país, de los 34 estados que componen la OEA -incluyendo a Cuba -, el 70 por ciento de las naciones del hemisferio occidental (24 países) tienen un espacio cívico reducido, incluyendo en ese grupo casos más graves que CIVICUS categoriza como obstrucción, represión y espacio cerrado. 

La herramienta, conocida como CIVICUS Monitor, considera que un total de 9 países cuentan en la actualidad con espacios cívicos “obstruidos”, mientras otros 5 son clasificados como reprimidos y uno cerrado. Todos éstos corresponden a naciones en América del Norte, América Central, el Caribe y América del Sur. En ellos habita buena parte de la población de las Américas lo que implica que la mayoría de los habitantes de región viven en contextos con espacios cívicos “obstruidos”, “reprimidos” o “cerrados”, en el que las organizaciones de la sociedad civil tienen sus derechos de libertad de asociación y de reunión pacífica seriamente limitados. 

CADAL es integrante de una Coalición por la Libertad de Asociación, conformada en la actualidad por más de 20 organizaciones internacionales de la sociedad civil, con el propósito de ejercer la solidaridad democrática entre colegas de la sociedad civil, reclamando de manera coordinada por el reconocimiento del derecho a la libertad de asociación en países donde se registran severas restricciones.

Algunos ejemplos recientes son ilustrativos de la situación cada vez más restrictiva en la que desarrollan su tarea las organizaciones de la sociedad civil. Entre los grupos de la mencionada coalición figura el Movimiento San Isidro de Cuba, uno de cuyos integrantes, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, fue condenado en junio a cinco años de prisión al ser considerado por un tribunal de La Habana culpable de los supuestos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desorden público en "actos denigrantes acompañados de expresiones notoriamente ofensivas e irrespetuosas" que luego divulgó en redes sociales, según señaló la sentencia. El artista de 34 años es l uno de los más destacados disidentes en los últimos años en Cuba, es conocido por sus obras y performances de contenido político.

En Nicaragua, el cierre de organizaciones de la sociedad civil se ha sido acelerando desde 2018 y se ha precipitado ya sin control con dos leyes recientes. En total se ha contabilizado el cierre de más de 700 organizaciones de la sociedad civil, 487 de ellas sólo en junio. Entre ellas figura la Corriente Feminista, también integrante de la coalición.  Frente a esta situación resulta imprescindible que los estados miembros de la OEA que gozan de espacios cívicos abiertos y tienen estándares avanzados para el ejercicio de la libertad de asociación y de reunión pacífica asuman el compromiso para reclamar a que se respete el espacio cívico y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en los países donde se verifican serias restricciones y que, a través de sus representaciones diplomáticas en esos países, expresen solidaridad y apoyo a los representantes de estas organizaciones que son encarcelados, amenazados y hostigados.     

Al mismo tiempo, CADAL en representación de la coalición, ha destacado ante distintas delegaciones diplomáticas de la OEA que numerosas organizaciones de la sociedad civil en países con contextos restrictivos se ven inhabilitadas de lograr el registro ante la organización y quedan impedidas de contar con una participación plena en reuniones multilaterales.

Si bien somos conscientes del firme compromiso de la OEA para con la sociedad civil, sería significativo que la organización acreciente aún más este compromiso y amplíe la posibilidad de participación de la sociedad civil, considerando aquellas situaciones que han sido referidas, permitiendo así un marco normativo excepcional más flexible y permisivo. Ese esfuerzo de inclusión por parte de la OEA tiene como objetivo lograr una más plena y accesible participación de las organizaciones a quienes les está siendo vulnerado su derecho a la libertad de asociación por razones políticas por parte de sus Estados.

No se trata de una cuestión trivial. Cuando excluyen a la sociedad civil, las instituciones de la OEA corren el riesgo de quedar desconectadas de quienes están más cerca de los principales problemas que la organización debe abordar. Y esto también debe incluir a la situación de Cuba, aun cuando se encuentre con un estatus particular ante la OEA. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha interpretado y reafirmado en forma consistente que posee competencia para examinar la situación en dicho país sosteniendo que “la exclusión del sistema interamericano ocurrió respecto del Gobierno de Cuba, y no del Estado” y que “las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Cuba han legitimado la competencia de la CIDH”.

Muchas gracias. 

Carlos Lauría

Periodista y experto internacional sobre libertad de prensa. Desde septiembre desde 2017 hasta noviembre de 2021, encabezó el área de libertad de expresión del programa de periodismo independiente de la Fundación Open Society, liderando actividades globales sobre seguridad y protección de periodistas. Previamente, durante 15 años, se desempeñó como director de programas regionales y responsable del programa de las Americas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en ingles). En el CPJ lideró campañas para combatir la censura, luchar contra la impunidad y asistir a periodistas bajo amenaza. Es autor de numerosos informes y artículos sobre el estado de la libertad de prensa en el mundo. Fue convocado para brindar testimonio como experto en audiencias ante el congreso estadounidense, en conferencias y seminarios internacionales. Comenzó a trabajar como periodista en Buenos Aires en 1986. En 1994 se radicó en Nueva York como corresponsal jefe de la Editorial Perfil. Integró hasta 2020 el jurado de los Premios Maria Moors Cabot, administrados por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. Es graduado en periodismo de la Universidad Católica Argentina.