Las personas defensoras de los derechos humanos son fundamentales para la implantación universal de derechos y libertades, la existencia de una democracia plena, duradera, y la consolidación del Estado de Derecho.

Por Hugo Machín Fajardo

Foto: Diócesis de Matagalpa

El pasado miércoles 27 de junio fue una jornada especialmente removedora para los defensores de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que 33 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Latinoamérica en lo que va del 2023.  

Por otra parte, un misil crucero lanzado por el ejército ruso contra una pizzería en la ciudad de Kramatorsk, Ucrania, de milagro no mató al ex comisionado de paz colombiano Sergio Jaramillo, impulsor de la campaña «¡Aguanta, Ucrania!», igual que al escritor Abad Faciolince, y a la corresponsal Catalina Gómez, también colombianos. Grave permanece la escritora ucraniana Victoria Amelina, quien compartía la misma mesa.

El mismo miércoles 27 se conoció que la Corte Penal Internacional (CPI) proseguirá las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el chavismo en Venezuela.

También ese día la CIDH ordenó al Estado de Nicaragua liberar inmediatamente a monseñor Rolando José Álvarez Lagos, sentenciado a 26 años de prisión sin que hubiera cometido delito alguno, sino por ser un defensor de los derechos de los nicaragüenses.

¿Qué reflexiones merecen estos acontecimientos que se dieron al unísono?

En primer lugar, las personas defensoras de los derechos humanos son fundamentales para la implantación universal de derechos y libertades, la existencia de una democracia plena, duradera, y la consolidación del Estado de Derecho.

La labor de los defensores es un pilar indispensable del control ciudadano sobre funcionarios públicos y las instituciones democráticas.

¿Pero quiénes son los defensores de derechos humanos? Individuos, grupos u organizaciones que bregan por eliminar las violaciones de los DDHH y de las libertades fundamentales, mediante la divulgación, educación, denuncia, monitoreo, documentación, promoción, defensa, protección y desarrollo de los derechos humanos, sea en el plano local, regional, nacional o internacional.

Cualquier persona puede ser defensora de derechos humanos. De cualquier género, de diferentes edades, provenientes de cualquier parte del mundo, con cualquier experiencia profesional o del tipo que sea.

Desarrollan sus funciones en ONG, organizaciones intergubernamentales o desde el ámbito público como funcionarios estatales o privados.

Su defensa de los DDHH es hecha en forma pacífica, no se limitan a denunciar las violaciones de los DDHH, sino que le señalan a las autoridades las consecuencias de sus acciones u omisiones y también contribuyen a la elaboración de políticas públicas facilitadoras del cumplimento de las obligaciones del Estado para con sus ciudadanos.

La razón por las que hoy se elimina a los defensores de DDHH es porque ellos son los representantes o voceros de un sector, organización, comunidad o grupo humano cuyos derechos son afectados por el Estado o por particulares. Esa afección puede ser en diversos planos: libertades individuales, derechos de primera, segunda o tercera generación, derechos ambientales, corrupción que afecta el mejor desarrollo comunitario.

El trabajo de los defensores de DDHH es visto como un obstáculo por quienes detentan intereses espurios quienes, en muchos casos, atentan contra la vida de esas personas. En otros contextos, vulneran o amenazan a partir de excluir por cuestiones de orientación sexual, étnica, ciclo vital, origen nacional o discapacidades.

Jaramillo es impulsor de la campaña «¡Aguanta Ucrania!» dirigida a lograr que Latinoamérica se solidarice con la ciudadanía ucraniana atropellada por Rusia. El obispo nicaragüense Álvarez levantó su voz contra la dictadura sandinista de Daniel Ortega y por eso fue sentenciado. La investigación de la CPI contra la dictadura de Maduro obedece a las múltiples denuncias de muertes, torturas y prisiones a que han sido y son sometidos durante años los opositores al régimen.

Los ocho casos documentados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) —e informados por la CIDH— en Brasil, tienen como víctimas a defensores indígenas de la tierra. En Colombia, los 13 casos consignados corresponden a defensores comunitarios afrodescendientes, y líderes indígenas. En Honduras, los seis asesinados eran defensores de la tierra y de campesinos. En México, siete defensores de DDHH fueron asesinados o desparecidos, entre ellos un líder ambiental y otro de la colectividad LGTBI. Dos defensores de la tierra fueron asesinados en Perú.

Varias de estas víctimas mortales vivían y defendían derechos en países que desforestan. Defendían los derechos de su comunidad y del continente latinoamericano. De los 4,1 millones de hectáreas de bosque tropical perdidos en el mundo durante 2022 por minería ilegal y comercio ilícito de madera; un 43,1% corresponda a Brasil; un 3,9% a Perú y un 3,1% a Colombia. Según la plataforma Global Forest Watch del World Research Institute (WRI).

Son los Estados los que deben proteger los derechos de las personas, organizaciones no gubernamentales y colectivos que defienden derechos. Las currículas escolares deben incorporar como materia trasversal a la enseñanza de todos los temas educativos la formación en la defensa de los DDHH. Es la herramienta que debería proporcionársele a cada ciudadano en su formación cívica. A ellos les corresponderá la defensa del futuro seriamente amenazado en la región, no solo por los autoritarios que ven en China y Rusia a los «hermanos mayores», sino por la voracidad de un sistema económico que ha hecho costumbre contaminar y expoliar el Sur.

Hugo Machín Fajardo

Redactor Especial del Portal Análisis Latino

Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.