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Análisis Latino
09-01-2025Descenso generalizado: Venezuela en el BTI 2006-2024
Aunque durante la presidencia de Chávez Venezuela ya era considerada una autocracia moderada (con una puntuación de 5.23), el régimen de Maduro consolidó el sistema autocrático, convirtiendo la nación en una autocracia de línea dura, con una puntuación actual de 3.08. A lo largo del mandato de Nicolás Maduro, Venezuela ha enfrentado la recesión económica más profunda fuera de tiempos de guerra a nivel global, posicionando al país en el puesto 126 de 137 en el ranking del índice económico del BTI.Por Ana Andrade
Venezuela ha experimentado una profunda transformación política bajo el disfraz de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez, la cual ha remodelado radicalmente al país. En los últimos 20 años, la nación latinoamericana, que alguna vez fue una de las más ricas de la región, ha enfrentado niveles sin precedentes de inflación, desempleo, escasez de bienes básicos y criminalidad. El sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, ha continuado un proyecto autoritario que desintegró una de las democracias más largas y estables de América Latina. ¿Cómo puede un país experimentar una metamorfosis en tan solo veinte años? La clave está en analizar cómo los distintos componentes del Estado han cambiado a lo largo del tiempo. El Índice de Transformación Bertelsmann evalúa bienalmente el desempeño de 137 países en desarrollo o en transición en tres áreas principales: transformación política, transformación económica y gobernanza, lo que lo convierte en una herramienta ideal para entender el caso venezolano.
Las categorías del índice se analizan a través de distintos criterios, cinco para las dimensiones de economía y gobernanza, y siete para la dimensión política. Esto culmina en una puntuación por dimensión para cada país del 1 (peor) al 10 (mejor), utilizada para calificar su rendimiento político, económico y de gobernanza. Por ejemplo, en la categoría de transformación política, la escala va desde “autocracias de línea dura” (1–3.99) hasta “democracias consolidadas” (8–10). Con respecto a la transformación económica, las puntuaciones abarcan desde “rudimentario” (1-2.99) hasta “altamente avanzado” (8-10). Finalmente, para el índice de gobernanza las categorizaciones varían desde “fallida” (1-2.99), a “muy buena” (7-10). Este artículo se enfocará en el desempeño de Venezuela desde el 2006 al 2024.
Como se puede observar en el gráfico, el rendimiento de Venezuela en las tres dimensiones ha descendido significativamente en los últimos 18 años. Las tres categorías han seguido una trayectoria similar de deterioro constante, con períodos breves de estabilización y leves recuperaciones (particularmente en 2014 y 2018), pero que finalmente han resultado en niveles considerablemente más bajos. De hecho, en términos políticos, Venezuela, que inicialmente fue evaluada como una “autocracia moderada", ahora se considera una “autocracia de línea dura”.
Por otro lado, el desempeño económico de la nación ha pasado de “muy limitado” a “rudimentario”. Mientras tanto, el índice de gobernanza se ha mantenido en el nivel más bajo, "fallido", desde el inicio del periodo analizado. Por ende, a partir del 2006, el país sudamericano ha sufrido un deterioro que lo ha posicionado en las calificaciones más bajas de las tres dimensiones evaluadas por el BTI.
La Transformación Política
Los informes del Índice de Transformación Bertelsmann abarcan los mandatos presidenciales de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El año 2006 fue el séptimo de Chávez en el poder, mientras que Nicolás Maduro asumió la presidencia en el 2013 tras la muerte de su predecesor. Aunque durante la presidencia de Chávez Venezuela ya era considerada una autocracia moderada (con una puntuación de 5.23), el régimen de Maduro consolidó el sistema autocrático, convirtiendo la nación en una autocracia de línea dura, con una puntuación actual de 3.08.
El marco del BTI para evaluar las transformaciones políticas incluye cinco categorías distintas: estatalidad, participación política, estado de derecho, estabilidad de las instituciones democráticas e integración política y social. Venezuela experimentó una caída significativa en todos estos criterios entre el 2006 y el 2024.
La disminución más notable se observó en la participación política, donde el desempeño del país cayó 3.3 puntos, ubicándose en 2.5 en el BTI 2024. Este descenso no sorprende considerando el deterioro de la calidad de las elecciones, ya que las elecciones nacionales de 2018 y 2020 fueron ampliamente percibidas como fraudulentas, y la creación de una asamblea constituyente en 2018 como inconstitucional e ilegítima. Además, la condición de los derechos políticos ha disminuido a un estado alarmante, con la violación sistemática de la libertad de asociación y expresión. Esto se evidencia en la represión violenta y, en ocasiones, letal, de manifestantes tanto bajo Chávez como bajo Maduro, así como en las detenciones masivas de opositores, activistas y civiles. Los líderes de la oposición son frecuentemente descalificados para postularse a cargos públicos, siendo un ejemplo notorio el de la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado en enero del 2024. En respecto a la libertad de expresión, desde el mandato de Chávez, se ha violado la libertad de prensa, incluyendo el cierre o cooptación de canales de televisión y periódicos, y la persecución de periodistas.
Es importante resaltar, que la ya baja puntuación de la participación política no refleja las elecciones presidenciales fraudulentas de julio 28 del 2024, y la consecuente represión, ya que el Índice de Transformación de Bertelsmann de este año analiza el periodo bienal anterior, que termina en enero 2023.
La categoría de estatalidad, la cual observa el monopolio del uso de la fuerza y la identidad de la nación, también ha disminuido por 2.3 puntos. La caída en este indicador se da a la falta de autoridad gubernamental sobre el uso legítimo de la fuerza. El crimen organizado tiene una fuerte presencia en el país, protagonizado por colectivos paramilitares afiliados al régimen, que participan en la supresión violenta de la disidencia. Además, los colectivos, y otros grupos criminales también están involucrados en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, secuestros y asesinatos. A estas facciones se les permite operar con impunidad si se mantienen en zonas determinadas, en particular en barrios específicos de la ciudad capital. Por otra parte, en la Amazonia venezolana actúan guerrillas como el ELN y las FARC de Colombia y organizaciones mineras ilegales brasileñas.
El estado de derecho ha sufrido un descenso similar de 2.2 puntos, en gran medida debido a la falta de separación de poderes. Todas las ramas del gobierno están subordinadas al poder ejecutivo y no existe un poder judicial independiente o transparente, demostrado por el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia anuló el principio de separación de poderes en 2017. Además, los autores de violaciones de los derechos humanos quedan impunes, principalmente si forman parte de las agencias de inteligencia del Estado.
Si Nicolás Maduro logra consolidar su poder al mantener su de facto presidencia, es de esperar que el desempeñó de Venezuela en las áreas del BTI de participación política y Estado de derecho continúe en declive.
La Transformación Económica
A lo largo del mandato de Nicolás Maduro, Venezuela ha enfrentado la recesión económica más profunda fuera de tiempos de guerra a nivel global, posicionando al país en el puesto 126 de 137 en el ranking del índice económico del BTI. Este indicador evalúa la capacidad de los países para transformar sus economías hacia un modelo de libre mercado, tomando en cuenta el estado de la inclusión social. Este análisis se fundamenta en los siguientes parámetros: nivel de desarrollo socioeconómico, organización del mercado y competencia, estabilidad monetaria y fiscal, propiedad privada, régimen de bienestar, desempeño económico y sostenibilidad. Actualmente, Venezuela tiene una puntuación de 2.39, señalando que la economía se encuentra en un estado rudimentario.
El nivel de desarrollo socioeconómico ha disminuido tres puntos desde 2006, alcanzando una puntuación de 2.0. La crisis socioeconómica ha ocasionado un éxodo masivo, con 7.7 millones de venezolanos emigrando en búsqueda de mejores condiciones de vida. Aunque el nivel de pobreza ha bajado desde el 90,9% en 2020, sigue siendo alarmante con el 81,5% de la población en una situación de carencia extrema. Además, Venezuela es el país con más desigualdad económica de la región con la mayoría de la riqueza del país acumulada en Caracas.
Con respecto al criterio de organización del mercado y la competencia, la puntuación actual de 2.8, refleja el carácter centralizado de la economía venezolana. El gobierno de Maduro controla las decisiones económicas a través de decretos como la Ley Antimonopolio implementada en el 2014 con el supuesto objetivo de promover la igualdad social. Sin embargo, los críticos argumentan que esta ley es utilizada para fundamentar el control estatal de la economía y limitar la libre competencia. La política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela bajo la administración de Donald Trump tuvo un impacto negativo significativo en la apertura comercial del país. Estas políticas de ‘máxima presión’ fueron suavizadas bajo Joe Biden. No obstante, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, medidas más extremas podrían ser implementadas de nuevo.
La estabilidad monetaria y fiscal lleva años en deterioro, desde 3.5 puntos en el BTI 2006, a 1.5 este año. Tanto el régimen de Hugo Chávez como el de Nicolas Maduro dejaron a la economía a merced de las fluctuaciones en los precios del petróleo, aunque el país depende de este recurso natural. Desde el 2016 la economía venezolana ha sufrido de recesión, y desde el 2020, de hiperinflación con el bolívar perdiendo todo su valor adquisitivo, obligando a la población a usar el dólar como moneda alternativa.
La protección de la propiedad privada es deficiente, con ocupaciones respaldadas por el gobierno siendo un problema generalizado en el país. Durante el gobierno de Chávez, las expropiaciones arbitrarias se convirtieron en costumbre, con el exmandatario interviniendo en más de 5000 empresas y propiedades. Muchas de estas empresas fueron mal dirigidas por los administradores estatales, perdiendo su valor y contribuyendo a la crisis económica. En los últimos años, Maduro ha dado pasos hacia la privatización, como lo ejemplifica el hecho de que, a principios de este año, su gobierno otorgó una licencia a la petrolera estadounidense Chevron para operar en territorio venezolano. Los resultados de este nuevo enfoque hacia la privatización están por verse.
El régimen de bienestar en Venezuela ha sufrido una caída de 2.5 puntos en los últimos 18 años, situándose actualmente en 4 puntos. Durante el gobierno de Chávez, las “misiones bolivarianas” ofrecían servicios sociales, en las áreas de educación, salud, empleo, y alimentación. Aunque estos programas eran populares con las clases bajas, no lograron cumplir con los objetivos de bienestar social sostenible a largo plazo. En la actualidad, las pensiones distribuidas por El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales son de 7 dólares mensuales (equivalentes al salario mínimo), muy por debajo del costo promedio mensual de 166 dólares para la canasta básica familiar de bienes y servicios esenciales.
Finalmente, el desempeño económico ha sufrido la caída más significativa, bajando 4 puntos desde el BTI 2006, hasta la puntuación más baja posible del indicador: 1. Sin embargo, en los últimos tres años, la economía venezolana ha mostrado algunos signos de recuperación, dado a medidas neoliberales aplicadas por el gobierno de Maduro como la eliminación del control cambiario y la apertura al capital privado. No obstante, persisten desafíos significantes como la dependencia del petróleo y la debilidad institucional.
El Índice de Gobernanza
La dimensión de gobernanza del BTI refleja que, desde el 2006 Venezuela ha estado bajo una gobernanza fallida. El índice de gobernanza se evalúa según varios indicadores. En primer lugar, se analiza el nivel de dificultad que enfrenta el ejecutivo al gobernar, para así abordar el hecho de que la capacidad de gobernar de manera efectiva está influenciada por limitaciones estructurales. El índice también observa el rendimiento de los actores gubernamentales respecto a factores como la capacidad de dirección, la eficiencia en uso de recursos, la creación de consenso, y la cooperación internacional.
Desde el primer registro, el nivel de dificultad ha aumentado debido a la gestión ineficaz del régimen bolivariano y a las consecuencias de la crisis socioeconómica. Entre estas repercusiones destacan los altísimos niveles de pobreza, el desplazamiento masivo de la población y por ende la fuga de talento, el deterioro de la infraestructura nacional, los bajos niveles de educación, y la virtual aniquilación del sector privado.
La capacidad de dirección nacional se ha reducido casi a la mitad, pasando de 3.0 a 1.7. La prioridad estratégica de Maduro es su supervivencia política, en vez de la implementación de medidas que incrementen el bienestar de la población. El régimen ha logrado mantenerse en el poder, pero los planes gubernamentales como los objetivos de reducir la pobreza extrema al 1.5% en 2022 (estimaciones independientes la sitúan en 53.3% en ese año) o incrementar la población estudiantil a 13.8 millones en el 2025 están lejos de materializarse.
Por otro lado, la eficiencia en el uso de los recursos ha sido evaluada con una baja puntuación de 1.3, adicionalmente impactante dada la vasta disponibilidad de recursos en el país. Muchas de las empresas nacionalizadas, como Petróleos de Venezuela (PDVSA) son dirigidas por funcionarios leales al régimen, pero poco calificados para las tareas que abordan. Lo mismo se puede ver en el manejo de las instituciones gubernamentales. Otro factor que contribuye al ineficiente uso de recursos es la corrupción institucionalizada, utilizada para comprar la lealtad de las elites y así mantener el poder del régimen. Por ende, el indicador de política anticorrupción del BTI calificó a Venezuela con un 1.0, la puntuación más baja posible.
Existe una clara desconexión entre las medidas adoptadas por el régimen y los deseos de la sociedad civil, lo que se refleja en la puntuación de 1.8 puntos otorgada a la nación en la categoría de creación de consenso. Según el BTI, la población prefiere un sistema de democracia representativa y una economía social de mercado, pero el sistema controlado por el régimen es contrario a estos principios. Además, el gobierno expresa desinterés por la consulta pública, implementando la represión y el hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad civil. La indiferencia del gobierno hacia la voluntad popular quedó nuevamente evidenciada en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, por lo que se espera la continuación de la tendencia descendiente de las puntuaciones de Venezuela en el área de creación de consenso.
La cooperación internacional del régimen, con una puntuación de 2.7, es vista en respecto a sus alianzas con China y Rusia y, desde 2022, con Irán y Turquía. Las sanciones estadounidenses y el reconocimiento internacional del gobierno interino de Juan Guaidó en el 2019 debilitó los vínculos del régimen con los países occidentales. Sin embargo, los dos principales socios comerciales de Venezuela en el 2022 continuaron siendo los Estados Unidos y la Unión Europea. Venezuela es el aliado principal de Rusia en Sudamérica, y desde los tiempos de Chávez, Rusia es el principal proveedor de armas del país. Por su lado, Irán y Venezuela mantienen un acuerdo de cooperación desde el 2020 y Turquía es un socio comercial importante, con cálidas relaciones entre Maduro y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Venezuela está bajo investigación por parte de varias instituciones internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y las Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad.
Hoy, el gobierno autocrático de Venezuela se encuentra más aislado que nunca. Las recientes elecciones resultaron en la ruptura diplomática con varios países de la región, incluidos Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. La tensión entre el régimen de Maduro y otros países de la comunidad latinoamericana también se debe al éxodo masivo de venezolanos, que se espera aumente tras los acontecimientos de julio. La comunidad internacional, incluida la Unión Europea y los Estados Unidos, también se han pronunciado en contra de Maduro, brindando su apoyo al opositor Edmundo González al reconocerlo como presidente electo de Venezuela. Por otro lado, la oposición venezolana ha reiterado en sus discursos públicos su compromiso con la asunción de González a la presidencia el próximo 10 de enero. Sin embargo, dado que Maduro ha demostrado que no está dispuesto a ceder su mandato, el camino de la oposición hacia el poder permanece incierto.
Ana AndradePasante InternacionalAna Andrade cursa ciencias políticas en la Universidad de Amsterdam y es voluntaria de CADAL.
Venezuela ha experimentado una profunda transformación política bajo el disfraz de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez, la cual ha remodelado radicalmente al país. En los últimos 20 años, la nación latinoamericana, que alguna vez fue una de las más ricas de la región, ha enfrentado niveles sin precedentes de inflación, desempleo, escasez de bienes básicos y criminalidad. El sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, ha continuado un proyecto autoritario que desintegró una de las democracias más largas y estables de América Latina. ¿Cómo puede un país experimentar una metamorfosis en tan solo veinte años? La clave está en analizar cómo los distintos componentes del Estado han cambiado a lo largo del tiempo. El Índice de Transformación Bertelsmann evalúa bienalmente el desempeño de 137 países en desarrollo o en transición en tres áreas principales: transformación política, transformación económica y gobernanza, lo que lo convierte en una herramienta ideal para entender el caso venezolano.
Las categorías del índice se analizan a través de distintos criterios, cinco para las dimensiones de economía y gobernanza, y siete para la dimensión política. Esto culmina en una puntuación por dimensión para cada país del 1 (peor) al 10 (mejor), utilizada para calificar su rendimiento político, económico y de gobernanza. Por ejemplo, en la categoría de transformación política, la escala va desde “autocracias de línea dura” (1–3.99) hasta “democracias consolidadas” (8–10). Con respecto a la transformación económica, las puntuaciones abarcan desde “rudimentario” (1-2.99) hasta “altamente avanzado” (8-10). Finalmente, para el índice de gobernanza las categorizaciones varían desde “fallida” (1-2.99), a “muy buena” (7-10). Este artículo se enfocará en el desempeño de Venezuela desde el 2006 al 2024.
Como se puede observar en el gráfico, el rendimiento de Venezuela en las tres dimensiones ha descendido significativamente en los últimos 18 años. Las tres categorías han seguido una trayectoria similar de deterioro constante, con períodos breves de estabilización y leves recuperaciones (particularmente en 2014 y 2018), pero que finalmente han resultado en niveles considerablemente más bajos. De hecho, en términos políticos, Venezuela, que inicialmente fue evaluada como una “autocracia moderada", ahora se considera una “autocracia de línea dura”.
Por otro lado, el desempeño económico de la nación ha pasado de “muy limitado” a “rudimentario”. Mientras tanto, el índice de gobernanza se ha mantenido en el nivel más bajo, "fallido", desde el inicio del periodo analizado. Por ende, a partir del 2006, el país sudamericano ha sufrido un deterioro que lo ha posicionado en las calificaciones más bajas de las tres dimensiones evaluadas por el BTI.
La Transformación Política
Los informes del Índice de Transformación Bertelsmann abarcan los mandatos presidenciales de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El año 2006 fue el séptimo de Chávez en el poder, mientras que Nicolás Maduro asumió la presidencia en el 2013 tras la muerte de su predecesor. Aunque durante la presidencia de Chávez Venezuela ya era considerada una autocracia moderada (con una puntuación de 5.23), el régimen de Maduro consolidó el sistema autocrático, convirtiendo la nación en una autocracia de línea dura, con una puntuación actual de 3.08.
El marco del BTI para evaluar las transformaciones políticas incluye cinco categorías distintas: estatalidad, participación política, estado de derecho, estabilidad de las instituciones democráticas e integración política y social. Venezuela experimentó una caída significativa en todos estos criterios entre el 2006 y el 2024.
La disminución más notable se observó en la participación política, donde el desempeño del país cayó 3.3 puntos, ubicándose en 2.5 en el BTI 2024. Este descenso no sorprende considerando el deterioro de la calidad de las elecciones, ya que las elecciones nacionales de 2018 y 2020 fueron ampliamente percibidas como fraudulentas, y la creación de una asamblea constituyente en 2018 como inconstitucional e ilegítima. Además, la condición de los derechos políticos ha disminuido a un estado alarmante, con la violación sistemática de la libertad de asociación y expresión. Esto se evidencia en la represión violenta y, en ocasiones, letal, de manifestantes tanto bajo Chávez como bajo Maduro, así como en las detenciones masivas de opositores, activistas y civiles. Los líderes de la oposición son frecuentemente descalificados para postularse a cargos públicos, siendo un ejemplo notorio el de la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado en enero del 2024. En respecto a la libertad de expresión, desde el mandato de Chávez, se ha violado la libertad de prensa, incluyendo el cierre o cooptación de canales de televisión y periódicos, y la persecución de periodistas.
Es importante resaltar, que la ya baja puntuación de la participación política no refleja las elecciones presidenciales fraudulentas de julio 28 del 2024, y la consecuente represión, ya que el Índice de Transformación de Bertelsmann de este año analiza el periodo bienal anterior, que termina en enero 2023.
La categoría de estatalidad, la cual observa el monopolio del uso de la fuerza y la identidad de la nación, también ha disminuido por 2.3 puntos. La caída en este indicador se da a la falta de autoridad gubernamental sobre el uso legítimo de la fuerza. El crimen organizado tiene una fuerte presencia en el país, protagonizado por colectivos paramilitares afiliados al régimen, que participan en la supresión violenta de la disidencia. Además, los colectivos, y otros grupos criminales también están involucrados en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, secuestros y asesinatos. A estas facciones se les permite operar con impunidad si se mantienen en zonas determinadas, en particular en barrios específicos de la ciudad capital. Por otra parte, en la Amazonia venezolana actúan guerrillas como el ELN y las FARC de Colombia y organizaciones mineras ilegales brasileñas.
El estado de derecho ha sufrido un descenso similar de 2.2 puntos, en gran medida debido a la falta de separación de poderes. Todas las ramas del gobierno están subordinadas al poder ejecutivo y no existe un poder judicial independiente o transparente, demostrado por el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia anuló el principio de separación de poderes en 2017. Además, los autores de violaciones de los derechos humanos quedan impunes, principalmente si forman parte de las agencias de inteligencia del Estado.
Si Nicolás Maduro logra consolidar su poder al mantener su de facto presidencia, es de esperar que el desempeñó de Venezuela en las áreas del BTI de participación política y Estado de derecho continúe en declive.
La Transformación Económica
A lo largo del mandato de Nicolás Maduro, Venezuela ha enfrentado la recesión económica más profunda fuera de tiempos de guerra a nivel global, posicionando al país en el puesto 126 de 137 en el ranking del índice económico del BTI. Este indicador evalúa la capacidad de los países para transformar sus economías hacia un modelo de libre mercado, tomando en cuenta el estado de la inclusión social. Este análisis se fundamenta en los siguientes parámetros: nivel de desarrollo socioeconómico, organización del mercado y competencia, estabilidad monetaria y fiscal, propiedad privada, régimen de bienestar, desempeño económico y sostenibilidad. Actualmente, Venezuela tiene una puntuación de 2.39, señalando que la economía se encuentra en un estado rudimentario.
El nivel de desarrollo socioeconómico ha disminuido tres puntos desde 2006, alcanzando una puntuación de 2.0. La crisis socioeconómica ha ocasionado un éxodo masivo, con 7.7 millones de venezolanos emigrando en búsqueda de mejores condiciones de vida. Aunque el nivel de pobreza ha bajado desde el 90,9% en 2020, sigue siendo alarmante con el 81,5% de la población en una situación de carencia extrema. Además, Venezuela es el país con más desigualdad económica de la región con la mayoría de la riqueza del país acumulada en Caracas.
Con respecto al criterio de organización del mercado y la competencia, la puntuación actual de 2.8, refleja el carácter centralizado de la economía venezolana. El gobierno de Maduro controla las decisiones económicas a través de decretos como la Ley Antimonopolio implementada en el 2014 con el supuesto objetivo de promover la igualdad social. Sin embargo, los críticos argumentan que esta ley es utilizada para fundamentar el control estatal de la economía y limitar la libre competencia. La política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela bajo la administración de Donald Trump tuvo un impacto negativo significativo en la apertura comercial del país. Estas políticas de ‘máxima presión’ fueron suavizadas bajo Joe Biden. No obstante, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, medidas más extremas podrían ser implementadas de nuevo.
La estabilidad monetaria y fiscal lleva años en deterioro, desde 3.5 puntos en el BTI 2006, a 1.5 este año. Tanto el régimen de Hugo Chávez como el de Nicolas Maduro dejaron a la economía a merced de las fluctuaciones en los precios del petróleo, aunque el país depende de este recurso natural. Desde el 2016 la economía venezolana ha sufrido de recesión, y desde el 2020, de hiperinflación con el bolívar perdiendo todo su valor adquisitivo, obligando a la población a usar el dólar como moneda alternativa.
La protección de la propiedad privada es deficiente, con ocupaciones respaldadas por el gobierno siendo un problema generalizado en el país. Durante el gobierno de Chávez, las expropiaciones arbitrarias se convirtieron en costumbre, con el exmandatario interviniendo en más de 5000 empresas y propiedades. Muchas de estas empresas fueron mal dirigidas por los administradores estatales, perdiendo su valor y contribuyendo a la crisis económica. En los últimos años, Maduro ha dado pasos hacia la privatización, como lo ejemplifica el hecho de que, a principios de este año, su gobierno otorgó una licencia a la petrolera estadounidense Chevron para operar en territorio venezolano. Los resultados de este nuevo enfoque hacia la privatización están por verse.
El régimen de bienestar en Venezuela ha sufrido una caída de 2.5 puntos en los últimos 18 años, situándose actualmente en 4 puntos. Durante el gobierno de Chávez, las “misiones bolivarianas” ofrecían servicios sociales, en las áreas de educación, salud, empleo, y alimentación. Aunque estos programas eran populares con las clases bajas, no lograron cumplir con los objetivos de bienestar social sostenible a largo plazo. En la actualidad, las pensiones distribuidas por El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales son de 7 dólares mensuales (equivalentes al salario mínimo), muy por debajo del costo promedio mensual de 166 dólares para la canasta básica familiar de bienes y servicios esenciales.
Finalmente, el desempeño económico ha sufrido la caída más significativa, bajando 4 puntos desde el BTI 2006, hasta la puntuación más baja posible del indicador: 1. Sin embargo, en los últimos tres años, la economía venezolana ha mostrado algunos signos de recuperación, dado a medidas neoliberales aplicadas por el gobierno de Maduro como la eliminación del control cambiario y la apertura al capital privado. No obstante, persisten desafíos significantes como la dependencia del petróleo y la debilidad institucional.
El Índice de Gobernanza
La dimensión de gobernanza del BTI refleja que, desde el 2006 Venezuela ha estado bajo una gobernanza fallida. El índice de gobernanza se evalúa según varios indicadores. En primer lugar, se analiza el nivel de dificultad que enfrenta el ejecutivo al gobernar, para así abordar el hecho de que la capacidad de gobernar de manera efectiva está influenciada por limitaciones estructurales. El índice también observa el rendimiento de los actores gubernamentales respecto a factores como la capacidad de dirección, la eficiencia en uso de recursos, la creación de consenso, y la cooperación internacional.
Desde el primer registro, el nivel de dificultad ha aumentado debido a la gestión ineficaz del régimen bolivariano y a las consecuencias de la crisis socioeconómica. Entre estas repercusiones destacan los altísimos niveles de pobreza, el desplazamiento masivo de la población y por ende la fuga de talento, el deterioro de la infraestructura nacional, los bajos niveles de educación, y la virtual aniquilación del sector privado.
La capacidad de dirección nacional se ha reducido casi a la mitad, pasando de 3.0 a 1.7. La prioridad estratégica de Maduro es su supervivencia política, en vez de la implementación de medidas que incrementen el bienestar de la población. El régimen ha logrado mantenerse en el poder, pero los planes gubernamentales como los objetivos de reducir la pobreza extrema al 1.5% en 2022 (estimaciones independientes la sitúan en 53.3% en ese año) o incrementar la población estudiantil a 13.8 millones en el 2025 están lejos de materializarse.
Por otro lado, la eficiencia en el uso de los recursos ha sido evaluada con una baja puntuación de 1.3, adicionalmente impactante dada la vasta disponibilidad de recursos en el país. Muchas de las empresas nacionalizadas, como Petróleos de Venezuela (PDVSA) son dirigidas por funcionarios leales al régimen, pero poco calificados para las tareas que abordan. Lo mismo se puede ver en el manejo de las instituciones gubernamentales. Otro factor que contribuye al ineficiente uso de recursos es la corrupción institucionalizada, utilizada para comprar la lealtad de las elites y así mantener el poder del régimen. Por ende, el indicador de política anticorrupción del BTI calificó a Venezuela con un 1.0, la puntuación más baja posible.
Existe una clara desconexión entre las medidas adoptadas por el régimen y los deseos de la sociedad civil, lo que se refleja en la puntuación de 1.8 puntos otorgada a la nación en la categoría de creación de consenso. Según el BTI, la población prefiere un sistema de democracia representativa y una economía social de mercado, pero el sistema controlado por el régimen es contrario a estos principios. Además, el gobierno expresa desinterés por la consulta pública, implementando la represión y el hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad civil. La indiferencia del gobierno hacia la voluntad popular quedó nuevamente evidenciada en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, por lo que se espera la continuación de la tendencia descendiente de las puntuaciones de Venezuela en el área de creación de consenso.
La cooperación internacional del régimen, con una puntuación de 2.7, es vista en respecto a sus alianzas con China y Rusia y, desde 2022, con Irán y Turquía. Las sanciones estadounidenses y el reconocimiento internacional del gobierno interino de Juan Guaidó en el 2019 debilitó los vínculos del régimen con los países occidentales. Sin embargo, los dos principales socios comerciales de Venezuela en el 2022 continuaron siendo los Estados Unidos y la Unión Europea. Venezuela es el aliado principal de Rusia en Sudamérica, y desde los tiempos de Chávez, Rusia es el principal proveedor de armas del país. Por su lado, Irán y Venezuela mantienen un acuerdo de cooperación desde el 2020 y Turquía es un socio comercial importante, con cálidas relaciones entre Maduro y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Venezuela está bajo investigación por parte de varias instituciones internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y las Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad.
Hoy, el gobierno autocrático de Venezuela se encuentra más aislado que nunca. Las recientes elecciones resultaron en la ruptura diplomática con varios países de la región, incluidos Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. La tensión entre el régimen de Maduro y otros países de la comunidad latinoamericana también se debe al éxodo masivo de venezolanos, que se espera aumente tras los acontecimientos de julio. La comunidad internacional, incluida la Unión Europea y los Estados Unidos, también se han pronunciado en contra de Maduro, brindando su apoyo al opositor Edmundo González al reconocerlo como presidente electo de Venezuela. Por otro lado, la oposición venezolana ha reiterado en sus discursos públicos su compromiso con la asunción de González a la presidencia el próximo 10 de enero. Sin embargo, dado que Maduro ha demostrado que no está dispuesto a ceder su mandato, el camino de la oposición hacia el poder permanece incierto.
