Este hecho se ha venido gestando desde hace algún tiempo y los gobiernos de la región y las instituciones multilaterales se han sentado a los costados. Su reacción actual – si bien es correcta – subraya su pasividad previa, y transforma en una víctima innecesaria a un presidente que se había empeñado en aplastar los pesos y contrapesos del poder para asegurarse la reelección.

Por Christopher Sabatini

Permítanme decirlo al inicio, inequívocamente: lo sucedido el 28 de junio de 2009 en Honduras fue un golpe y debería ser condenado por la violación de la regla constitucional y democrática que representa. Y a diferencia de los golpes callejeros que removieron a los presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia) o Lucio Gutiérrez (Ecuador), éste fue claramente un golpe retrógrado al estilo de los 70: la marcha de oficiales militares en la residencia del presidente José Manuel Zelaya Rosales, su remoción forzada (o secuestro como él lo consideró) a punta de pistola, el que fuera llevado por fuerzas militares a un avión para sacarlo del país, y el juramento de un nuevo presidente, Roberto Micheletti - el vocero del Congreso hondureño. Pero seamos claros: este hecho se ha venido gestando desde hace algún tiempo y los gobiernos de la región y las instituciones multilaterales se han sentado a los costados. Su reacción actual - si bien es correcta - subraya su pasividad previa, y transforma en una víctima innecesaria a un presidente que se había empeñado en aplastar los pesos y contrapesos del poder para asegurarse la reelección.

A pesar de los esfuerzos superficiales del Congreso hondureño y de la Corte Suprema de tapar esto constitucionalmente, la expulsión del Presidente Zelaya representa una genuina amenaza a la visión democrática compartida y al sistema de gobernabilidad que la mayor parte de la región ha disfrutado por más de dos décadas y viola el cuerpo del derecho y los precedentes regionales que defienden a los gobiernos democráticos de la "interrupción del orden constitucional". De a uno, como debían hacer, los gobiernos de la región denunciaron la remoción del presidente Zelaya y llamaron a la restauración del gobierno democrático.

La Organización de Estados Americanos (OEA) también se sumó  a la lista, llevando a cabo una reunión especial del Consejo Permanente por pedido del Secretario General José Miguel Insulza, denunciando el golpe y llamando a una reunión ad-hoc de la Asamblea General para el 30 de junio de 2009 en Washington, DC. En un comunicado de prensa, el Consejo Permanente citó la Carta Democrática de 2001 de la OEA.

Desde 1991 y la Declaración de Santiago de la OEA, el cuerpo regional hemisférico ha estado comprometido con defender la gobernabilidad democrática. Y la declaración ha funcionado; en países como Guatemala, Haití, Perú y Paraguay, la OEA se puso en acción cuando gobiernos constitucionales se vieron forzados a interrumpir sus mandatos.

Pero entonces, en respuesta a la falta de compromiso de la OEA en la desinstitucionalización en cámara lenta del Perú bajo el presidente Alberto Fujimori en 1999 y 2000, la reunión de la Asamblea General de la OEA en Lima, Perú, aprobó lo que se conoció como la Carta Democrática, el 11 de septiembre de 2001. La flamante carta se suponía que brindaría los medios para que la OEA sopesara y protegiera a los gobiernos, instituciones y derechos democráticos cuando estuviesen amenazados de erosión, detallando y comprometiendo a la OEA a defender los pesos y contrapesos de la democracia representativa y los derechos de las minorías.

Pero en casos como el de Venezuela, y ahora Honduras, se prueba desdentada. En el caso de Honduras, el Presidente Zelaya pasó por alto al titular del Congreso para llamar a elecciones el 28 de junio que habrían permitido un referendo nacional en octubre sobre una serie de reformas constitucionales no especificadas, incluyendo la eliminación de los límites que le habría permitido postularse para una reelección. El plan del presidente Zelaya era constitucionalmente discutible desde el comienzo, sobrepasando al Congreso y haciendo frente a la Corte Suprema. Cuando el titular del ejército expresó su desaprobación, fue despedido, aunque la Corte Suprema pidió su restitución.

Cada una de estas acciones para demoler los pesos y contrapesos y consolidar el poder ejecutivo deberían - en teoría - haber disparado la consideración de la OEA bajo la Carta Democrática. Peor no lo hicieron. Y ahora, tenemos una OEA que - con justicia - condena un golpe que quizás podría haberse evitado y está obligada a pedir por el regreso de un presidente que ha hecho poco por el respeto a su propia constitución.

 

Christopher Sabatini

Consejero Consultivo

Tiene un doctorado en Gobierno de la Universidad de Virginia. Es investigador principal para América Latina en Chatham House, y anteriormente fue profesor en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA) de la Universidad de Columbia.

Forma parte de los consejos asesores de la Universidad de Harvard, de la División de las Américas del Comité Asesor de Human Rights Watch y de la Fundación Interamericana. También es un HFX Fellow en el Foro de Seguridad Internacional de Halifax.

Es un colaborador frecuente de revistas y periódicos de política y aparece en los medios de comunicación y en paneles sobre cuestiones relacionadas con América Latina y la política exterior. Ha testificado en múltiples ocasiones ante el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

En 2015 fundó y dirigió una nueva organización de investigación sin fines de lucro, Global Americas, y editó su sitio web de noticias y opinión. De 2005 a 2014 fue director superior de política de la Sociedad y el Consejo de las Américas (AS/COA) y fundador y editor jefe de la revista de política hemisférica Americas Quarterly (AQ). En la AS/COA presidió los grupos de trabajo de la organización sobre el estado de derecho y Cuba.

Anteriormente, fue director para América Latina y el Caribe del National Endowment for Democracy, y becario de diplomacia de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, trabajando en el Centro para la Democracia y la Gobernanza de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.