Uruguay, Costa Rica y Honduras fueron los 3 países latinoamericanos en pedir la abolición completa de la pena de muerte en Tayikistán. A su vez, Brasil, Costa Rica y Honduras hicieron hincapié en la permanencia de la práctica de la tortura en el país. México, Paraguay y Costa Rica mencionaron el bajo nivel de participación y representación de las mujeres en la vida política y pública. Argentina y Honduras subrayaron la necesidad de garantizar la tolerancia religiosa.

Por Justine Vieira

El EPU se realizó entre el 2 y el 13 de mayo de 2016, en el 25° periodo de sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con participación de la troika compuesta por Arabia Saudita, Argelia y Alemania. Los temas considerados fueron: igualdad y no discriminación; derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona; administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado de derecho; derecho al matrimonio y a la vida familiar; libertad de religión o de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacifica, y derecho a participar en la vida pública y política; derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado; derecho a la salud; derecho a la educación; migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

Respecto a la discriminación de género, se criticó la persistencia de normas y tradiciones culturales adversas, de actitudes patriarcales y estereotipos arraigados en relación con las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad. Esa discriminación se observaba particularmente en el sector laboral (diferencia salarial, concentración de las mujeres en trabajos mal remunerados, etc.) y en la educación. Además, las mujeres sufrían restricciones particulares a la libertad de expresión y de religión (interdicción de asistir y orar en las mezquitas, etc.).

Asimismo, la incitación a la discriminación racial y los actos de violencia por motivos racistas no estaban tipificados como delito. Y por otra parte, existe estigmatización y discriminación asociadas con las personas que vivían con la tuberculosis y por la coinfección VIH/tuberculosis, así como las personas que vivían con enfermedades mentales.

En cuanto al Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, se deploró la lentitud del proceso para abolir la pena de muerte. La tortura y los malos tratos seguían siendo un problema que se producía especialmente durante las primeras horas de la detención y los interrogatorios. Se registran casos persistentes de violencia contra la mujer (todavía no tipificada como delito) incluida la violencia doméstica. También se denunció la falta de legislación que prohibiera el castigo corporal de los niños, pese a las denuncias de su uso generalizado, así como la persistencia del trabajo infantil. Además se señaló que Tayikistán era un país de origen y tránsito de mujeres y niñas objeto de trata.

Sobre la administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado de derecho, se señaló que la independencia e imparcialidad del poder judicial no estaban garantizadas de manera eficaz. La corrupción en el sector público era generalizada y sistemática en el poder judicial y en los niveles superiores de las autoridades penitenciarias.

Al mismo tiempo, los tribunales militares todavía son competentes para juzgar a civiles en ciertos casos y los abogados eran vulnerables a la injerencia del poder ejecutivo (objetos de amenazas, represalias por su trabajo, etc.).

Por su parte, las personas recluidas sufrían detenciones abusivas y malas condiciones de vida (tortura, enfermedades, etc.). Se deploraba que el acceso a los centros de privación de libertad sea denegado a ONG como la Cruz Roja, etc. Las víctimas y los testigos de torturas y malos tratos no presentaban denuncias a las autoridades por temor a las represalias.

En el caso de la libertad de religión o de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacifica, y derecho a participar en la vida pública y política, se expresó la preocupación por las restricciones a la libertad de religión y la prohibición de varias denominaciones religiosas (Testigos de Jehová, grupos musulmanes y cristianos). Se deploró que la libertad de expresión seguía siendo limitada y que los medios de comunicación eran supervisados por el Gobierno. Los periodistas eran objeto de amenazas y agresiones, y existe la práctica de bloquear sitios de Internet y redes sociales.

Por su parte, la ley de asociaciones públicas dificultaba la creación administrativa de organizaciones de la sociedad civil. Varias ONG que se ocupaban de los derechos humanos sufrieron clausuras arbitrarias.

También se manifestó preocupación acerca del acoso con motivaciones políticas de los dirigentes políticos de la oposición, con miras a disuadirlos de participar en futuras elecciones. Por ejemplo, en septiembre de 2015, 13 miembros del Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán fueron detenidos arbitrariamente, unos días tras una campaña de represión del partido del gobierno, y finalmente su suspensión.

En los casos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, se dieron situaciones de expulsión y extradición ilícitas, incluso de personas procedentes de un país donde corrieran el riesgo de sufrir torturas o malos tratos. Se expresó preocupación por las denuncias de secuestro y devolución ilegal de ciudadanos tayikos de países vecinos a Tayikistán, actos que al parecer iban seguidos de reclusión en régimen de incomunicación y otros malos tratos

En el dialogo interactivo participaron 71 delegaciones que hicieron declaraciones y recomendaciones, entre ellos 11 de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Uruguay, Costa Rica y Honduras fueron los 3 países latinoamericanos en pedir la abolición completa de la pena de muerte en Tayikistán. A su vez, Brasil, Costa Rica y Honduras hicieron hincapié en la permanencia de la práctica de la tortura en el país. México se expresó sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos para garantizar la participación independiente y segura de las organizaciones de la sociedad civil en los debates sobre

derechos humanos en el país. Y Colombia pidió garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en particular mediante el acceso a Internet y a las redes sociales sin restricciones indebidas, mientras Costa Rica señaló la violencia utilizada en respuesta a protestas públicas.

México, Paraguay y Costa Rica mencionaron el bajo nivel de participación y representación de las mujeres en la vida política y pública en los puestos directivos. Honduras alentó a adoptar medidas para erradicar la discriminación de género en la sociedad, en la familia y en el mercado de trabajo, y Brasil enfatizó en la necesidad de fortalecer las medidas destinadas a prevenir y combatir la violencia contra la mujer, igual que México y Paraguay que insistía particularmente en la violencia doméstica.

Argentina y Honduras subrayaron la necesidad de garantizar la tolerancia religiosa. Colombia hizo hincapié en la necesidad de adoptar medidas para luchar contra el estigma y la discriminación de las personas que viven con el VIH y/o tuberculosis.

Por su parte, entre las democracias desarrollas se destacaron las participaciones de: Francia, los Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Italia, Australia, Bélgica, España y Alemania.

Alemania, Australia, Bélgica, España, Francia, Italia y Portugal exigieron la abolición total de la pena de muerte; mientras que Suecia, Francia y Australia deploraron que el uso de la tortura siguiese siendo generalizado y pidieron la adopción de medidas necesarias para luchar eficazmente contra la tortura y los malos tratos, en el sistema de justicia penal y en particular en los lugares de detención.

Suecia pidió hacer cumplir la prohibición de todos los castigos corporales a los niños en todos los entornos, y Francia y el Reino Unido reclamaron adoptar medidas para reforzar la independencia del poder judicial, garantizando que los juicios sean libres, imparciales y públicos.

Bélgica llamó a respetar la independencia de los abogados, en paralelo con las medidas de promoción de la independencia de los jueces, y Noruega denunció las detenciones de abogados.

El Reino Unido deploró que Tayikistán no pusiera en práctica las recomendaciones sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Francia y Suiza instaron al país a respetar y garantizar la libertad de expresión, de reunión y de asociación.

Bélgica se preocupó por la independencia de los defensores de los derechos humanos. Al respecto, los Estados Unidos hizo hincapié en el aumento de las detenciones y los encarcelamientos de defensores de los derechos humanos y de figuras de la oposición por motivos políticos, en nombre de la seguridad nacional.

Noruega observó con preocupación la represión contra los grupos y los partidos de la oposición, y Canadá lamentó la prohibición por el Tribunal Supremo del Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán. Los Estados Unidos pidieron el respecto del derecho de las figuras políticas detenidas por sus actividades políticas, a un juicio imparcial, público y transparente. A su vez, Bélgica, Francia y los Países Bajos expresaron su preocupación por la independencia de la prensa (obstáculos económicos y financieros, inseguridad de los periodistas, etc.).

En sus últimos informes (2016/2017), Amnistía Internacional y Human Rights Watch realizaron observaciones y críticas en línea a lo expresado por algunos países en el segundo Examen Periódico Universal de Tayikistán. Amnistía Internacional recuerda que la pena de muerte no existe más en la práctica (no hubo ejecuciones desde 10 años), pero si en la ley, y HRW afirma que Tayikistán está actualmente conociendo su mayor crisis respecto a los derechos humanos en 20 años.

HRW recuerda que las autoridades del país siguen pisoteando el derecho a la libertad de expresión así como el principio de independencia de la justicia. Amnistía Internacional explica que el gobierno controla casi todos los medios de comunicación del país y seguía procesando a opositores políticos de manera abusiva y arbitraria. También, se tipificó en septiembre, el delito de “injurias al líder de la nación”.

Además, HRW subraya la persistencia de la práctica de la tortura y de los malos tratos, particularmente en el ámbito carcelario. Amnistía Internacional también revela que las autoridades de Tayikistán rechazaron las recomendaciones del EPU de 2016 de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención.

El próximo EPU de Tayikistán está previsto para mayo de 2021.

Justine Vieira