América Latina y el Caribe: Divisiones en aumento, consenso erosionado

Caos humanitario y terror estatal en Venezuela; la violenta represión de disturbios en Nicaragua; el retorno de Guatemala y Honduras al status de ‘país bananero’; el ascenso de un extremista y populista de la extrema derecha al cargo de la presidencia brasileña; la continua crisis en Argentina; la incesante espiral de violencia en México; y, por último pero no menos importante, un proceso de frágil paz en Colombia, expuesto al colapso en cualquier momento: las noticias de América Latina y el Caribe durante el período de revisión del BTI 2020 despiertan pocas esperanzas. Estos acontecimientos plantean el interrogante: ¿será que la región está dando la espalda al futuro, al recurrir a tácticas del pasado para enfrentar conflictos políticos?

Tras analizar datos recogidos en su encuesta de 2017, el Latinobarómetro se refirió al “fin de la tercera ola de la democracia”, una declaración también respaldada por los datos actuales del BTI y sus análisis. Tras los retrocesos autoritarios en Guatemala y Honduras, ahora la región tiene seis autocracias, mientras que, a principios de la década de 2000, Cuba era considerada el último bastión tambaleante del autoritarismo.

Las democracias de la región también tienen que lidiar -cada una en su propia manera- con trastornos en sus estructuras políticas, la mayoría de las cuales son los resultados de problemas acumulados, la falta de gestión política acorde y un abundante intercambio de promesas populistas en una cultura política de ‘saturación tuitera’. Este tumulto distrae respecto del hecho de que las elecciones llevadas a cabo en la región durante el período observado -a excepción de Honduras- fueron, en efecto, competitivas e implementadas en relativa libertad y justicia. Este tumulto también distrae del hecho de que, a pesar del incremento en el apoyo a soluciones autoritarias, los golpes militares de otros tiempos son hoy poco probables. Sin embargo, el quid de la cuestión sigue siendo cuán resilientes son las democracias de la región, dado los inmensos desafíos que enfrentan, que incluyen una contrarrevolución conservadora en avanzada, dirigida principalmente por la iglesia evangélica promoviendo posturas fundamentalmente no liberales.

El BTI 2020 también ofrece poco motivo de esperanza en términos de la transformación económica en la región. Por una parte, el declive económico provocado, en gran parte, por la mala gobernanza en Cuba, Nicaragua y Venezuela no sólo ha llevado a un mayor sufrimiento social, sino también una mayor presión migratoria, que luego debe ser asimilada por los países vecinos. Por otra parte, el estancamiento económico y sus síntomas concomitantes de pobreza, el desempleo y una carencia básica de oportunidad económica -en particular, para la generación más joven- persisten. El crecimiento de PBI per cápita promedio de la región sobre el período de dos años fue del 1% (menos Nicaragua y Venezuela), lo cual fue demasiado poco para generar algo de ese impulso tan necesario para el desarrollo y la satisfacción de expectativas de la gente, particularmente en los “tres grandes”: Argentina, Brasil y México.

Por supuesto, este ambiente político y económico –junto con una confianza erosionada en la democracia y la política- hace que la gobernanza sea más complicada. Además, proyectos de transformación capaces de lograr un consenso son cada vez más difíciles de desarrollar, dados los intereses complejos y divergentes en juego. La gobernanza democrática también es asediada por fuerzas iliberales y la continua –y creciente- polarización política que existe en varios países, incluyendo Brasil y Colombia. No obstante, más allá de los regímenes adversos a la transformación, la puntuación en cuanto a gobernanza en América Latina y el Caribe todavía es relativamente estable según los estándares del BTI. 

Una comparación intrarregional muestra la persistente deriva en curso entre esos países –principalmente, en Sudamérica- con instituciones relativamente sólidas, y aquellos países ubicados en el ‘corredor narco’, desde Venezuela hasta México. Por ejemplo, Chile, Uruguay y -aunque con un número creciente de problemas- Costa Rica, están entre los países mejor calificados en el BTI, mientras la región sigue siendo el sitio de varios “peores ejemplos” en las áreas de transformación política (Cuba, Venezuela), transformación económica (Haití, Venezuela) y gobernanza (Nicaragua, Venezuela).

Los crímenes menores organizados en asociación con el narcotráfico continúan siendo un problema central. Salvo por las zonas en guerra, no hay región en el mundo más violenta que América Latina y el Caribe. En base a estadísticas oficiales relacionadas a la tasa de homicidios de cada país, más de un cuarto de millón de personas resultó asesinado durante el período de dos años que culminó en enero de 2019, con las cifras más altas correspondientes a los países más poblados, como son Brasil y México. Crecientes niveles de criminalidad han captado a la opinión pública, incluso en países relativamente pacíficos, como Uruguay. Sin embargo, ninguna solución de cuajo ha sido presentada a nivel nacional –menos aún en lo regional- ante el incremento de la violencia y el crimen.

Reincidencia y resiliencia

Déficits de representación, la influencia creciente de la ultra-conservadora iglesia evangélica y la tasa de aprobación de la democracia en declive: una gran variedad de acontecimientos en la región alimenta tendencias autoritarias. A pesar de esto, se aprecia un progreso considerable.

Por sexta vez consecutiva, la calidad promedio de la democracia en países de América Latina y el Caribe ha decrecido. Si excluimos la robusta y recientemente añadida democracia de Trinidad y Tobago, vemos un descenso de 0,48 puntos en la calidad de democracia desde la edición del BTI 2008. Además, dos países, Guatemala y Honduras, recayeron en sistemas autoritarios. Como resultado, el BTI 2020 registra seis autocracias en la región —un nuevo piso-.

Lo que es aún más desconcertante es la falta de reclamo internacional contra el desmantelamiento de la democracia en Honduras y Guatemala, y el hecho de que los presidentes Juan Orlando Hernández y Jimmy Morales son bienvenidos en círculos diplomáticos, en lugar de ser aislados.

Por ejemplo, mientras los gobiernos de EE.UU., Canadá y México reconocieron la victoria reñida de Hernández en las elecciones presidenciales de Honduras del 17 de diciembre 2017, y mientras la UE esencialmente aceptó la narrativa oficial de un “error técnico” en el sospechoso fracaso de un servidor particular en el centro de datos electorales, la Organización de los Estados Americanos (OEA) habló de irregularidades amplias, cuestionó la validez de los resultados oficiales y concluyó que nuevas elecciones serían necesarias. Fue esta respuesta cautelosa de parte de la mayoría de países socios internacionales que envalentonó al gobierno hondureño a reprimir violentamente las manifestaciones tras las elecciones. Además, el Poder Ejecutivo y la Legislatura controlada por el Partido Nacional (PN) de Hernández en gran parte eliminaron controles y equilibrios a costa de la judicatura —una medida que casi evitó la atención-.

Mientras tanto, Guatemala experimentó lo que un observador acertadamente llamó un “golpe de estado en cámara lenta” —uno que casi completamente erosionó la separación de poderes de ese país-. Esa erosión puede ser vista en la neutralización de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), respaldada por la ONU, la cual desde 2006 había generado logros espectaculares en la lucha contra la corrupción e impunidad. Por esa razón, la comisión provocó duras críticas de las élites guatemaltecas —especialmente, en la órbita del presidente plagado de escándalo-.

En enero de 2019, el gobierno unilateralmente puso fin a su cooperación con la CICIG. Eso, en consecuencia, llevó a la CICIG a terminar su trabajo en septiembre de 2019.

La tendencia negativa de la región es exacerbada aún más por un aumento considerable de represión y violación de derechos humanos en Nicaragua y Venezuela. Las manifestaciones en Nicaragua —las cuales inicialmente fueron encendidas por la reforma a las pensiones anunciada por el presidente Daniel Ortega, pero luego expandidas en manifestaciones más amplias que fueron críticas al régimen— fueron reprimidas con un nivel de severidad poco visto en América Latina desde la época de las dictaduras militares.

Asimismo, la radicalización intensificada del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela llevó a más manifestaciones activas contra el régimen que fueron, a su vez, enfrentadas con más dura represión.

Pero incluso en las democracias de la región, gran parte de la población está considerando cada vez más al sistema como una suerte de proyecto de élite. ¿Se está consumiendo la democracia, o hay esfuerzos en desarrollo para contrarrestar esa tendencia? Ciertamente, la puntuación de transformación decreciente en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela tiende a ocultar el hecho de que oposiciones activas se están movilizando contra tendencias autoritarias “en casa” y han ganado fuerza renovada en Nicaragua y Venezuela, en particular. Por fin, movimientos locales de la oposición en esos países están finalmente recibiendo apoyo regional e internacional más sólido. Por otro lado, las cuatro autocracias previamente mencionadas son los principales países responsables por los marcados descensos en la calidad de democracia de la región. Sólo México —un país devastado por guerras contra la droga y corrupción desde hace mucho tiempo— ha visto una caída igual en la calidad de democracia a largo plazo. En otras palabras, las 15 democracias disponibles a la cronología BTI han mostrado —en promedio— un nivel extraordinario de estabilidad desde 2006, a pesar de fluctuaciones.

Entre las democracias de la región, observamos sustancial progreso en el enjuiciamiento legal de corrupción (+0,73 puntos desde el BTI 2006), a pesar del hecho de que estas medidas frecuentemente provocaron acusaciones de politización judicial. El caso de Lula contra Moro en Brasil es sólo lo más destacado de muchos episodios del estilo. Aún más ambivalentes fueron los hallazgos del indicador de “grupos de interés” (+0,47 puntos), ya que esta cifra contrasta con el descenso en sistemas de partido (-0,47) — el reflejo de puntajes que muestran que se están dando patrones más frágiles de representación y que pueden ser más volátiles, particularistas y desequilibrados. Cambios profundos en el agregado y la articulación de intereses también se reflejan en la influencia creciente de dogma religioso: en las 15 democracias de la región, había sido un descenso de 0,87 puntos en este indicador desde la edición 2006 del BTI, un descenso que ha sido particularmente fuerte en los últimos dos años.

La influencia creciente de las iglesias evangélicas, junta con el alcance actual de la —en algunos países— muy conservadora Iglesia católica, explica estos acontecimientos. Las iglesias evangélicas están fomentando un tipo de revolución conservadora en la cual esencialmente afirman defender y fortalecer valores de familia cristiana. La mitad de los informes del BTI 2020 se refiere a la influencia creciente de estas iglesias sobre la política. Por ejemplo, en Costa Rica, el predicador laico Fabricio Alvarado casi que logró convertir las elecciones presidenciales de 2018 en un referéndum sobre derechos homosexuales. Ya que el debate acerca de los valores —tal como lo propagan los evangélicos— fomenta polarización dentro de la sociedad, algunos observadores ya están hablando de una renaciente línea de conflicto entre fuerzas conservadoras y anticlericales, como la que no se ha visto desde el siglo XIX. Al mismo tiempo, la tasa de aprobación de la democracia en los países democráticos de la región se ha desplomado durante la última década (-1,07 puntos). Más que nada, las culturas políticas en la región son cada vez más marcadas por el iliberalismo y la polarización, que amenazan con alimentar tendencias autoritarias.

Informal sobre innovador

El boom de recursos ha pasado desde hace mucho y los problemas económicos estructurales son cada vez más evidentes. El núcleo central es una falta de  productividad, y políticas de modernización fallidas solo han ayudado a sostener un sector informal que obstruye el desarrollo.

Provocado por un boom de recursos que empezó en los años 2000, América Latina y el Caribe alcanzó su nivel máximo de transformación económica en 2010. Sin embargo, la situación ha declinado desde entonces, una tendencia largamente determinada por un indicador: desempeño económico. La estabilidad fiscal también fue afectada en forma severa por la fuerte caída en ingresos de exportación desde finales de 2014, con muchos gobiernos luchando por asegurar una política fiscal y de deuda equilibrada en un ambiente global desfavorable.

Las fortalezas e inmensos déficits estructurales dentro de la mayoría de las economías de la región están reflejados en los datos del BTI 2020. Por ejemplo, la mayoría de estas economías funcionan en gran parte dentro de un orden de mercado, tienen instituciones económicas bastante sólidas y están orientadas a proveer mecanismos sociopolíticos correctivos. Carecen, sin embargo, de una estrategia económica sólida y comprehensiva que pueda sacarlas del dilema causado por su falta de productividad. Como resultado, esencialmente la situación en la mayoría de países sigue siendo la misma. Se encuentran atrapados en la denominada “trampa de ingresos medios”, caracterizada por baja productividad y otros déficits, como un bajo nivel de inversión, crecimiento lento del sector secundario, diversificación industrial limitada y condiciones desfavorables del mercado laboral. Los “tres grandes” de la región —Argentina, Brasil y México— no han sido capaces de salir de sus propias crisis. Sin embargo, por otro lado, los acontecimientos claramente negativos durante el período enmarcado están limitados a tres países —Cuba, Nicaragua y Venezuela— donde la lógica de los regímenes de estos países sigue teniendo un impacto profundo en la forma del funcionamiento de su economía doméstica.

Una cosa permaneció igual en casi todos los países: en general, dependen del crecimiento basado en recursos, lo cual, a su vez, depende de mano de obra barata y capital, y raramente tiene que ver con cualquier esfuerzo a fomentar alta productividad e innovación. Los datos del BTI sugieren que los sistemas educativos, en particular, casi nunca cubren estas demandas: sólo Brasil, Costa Rica, Cuba y Uruguay logran un estándar potable de 7 puntos cada uno, en términos del indicador de “política educativa / investigación y desarrollo”.

El estado debilitado de este modelo de desarrollo por recursos y su débil desempeño económico actual, combinado con la pobreza, desigualdad y una falta de oportunidad educativa constituyen un círculo vicioso que puede estar aliviado aparentemente sólo durante fases económicas favorables. Un aspecto de este estancamiento —que está estructuralmente ligado a éste— es el alcance del sector informal, que, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto del empleo informal en el sector no agrícola, está entre 23,6% (Uruguay) y 77,3% (Bolivia). Aproximadamente 140 millones de personas en América Latina —o sea, 53% de la población activa— se ganan la vida en la economía informal. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2017, el trabajo informal del subcontinente superó por primera vez al de África subsahariana.

Los informes BTI muestran que el sector informal tiene un impacto importante sobre la forma del funcionamiento de las economías latinoamericanas y caribeñas, y sobre su nivel de producción, los cuales están reflejados en varios indicadores BTI. Esto aplica a la organización del mercado y a las políticas de competencia, pero también al desempeño económico, la política fiscal y los indicadores sociales. Por ejemplo, ningún país con una tasa de empleo informal de más que 40% en el sector no agrícola logra una puntuación de 8 o más puntos en las categorías BTI “mercado” y “asistencia social”. En cambio, los ocho países en los cuales más del 60% de sus ciudadanos empleados están en la economía informal casi sistemáticamente quedan debajo de la puntuación BTI moderada de 6 puntos en ambas categorías.

Contra este telón de fondo del inmenso sector informal, cualquier esfuerzo dirigido a un medio sistemático de protección social —al punto de que tales esfuerzos son parte del arsenal político de un gobierno— en gran parte han quedado fragmentados. Sólo Chile, Costa Rica y Uruguay tienen sistemas de bienestar social relativamente consistentes. Los otros países han sido más o menos exitosos en establecer un mosaico de medidas hacia el bienestar social: programas tradicionales de bienestar social van dirigidos al sector formal pero están acompañados por una gama de otras medidas, como apoyo estatal básico y programas dirigidos a personas que están empleadas informalmente, los desocupados y otros grupos de sondeo. Algunos gobiernos han sido capaces de mantener e inclusive ampliar los sistemas de asistencia social establecidos durante los años de apogeo; en efecto, el promedio regional relacionado ha aumentado desde 5,19 puntos a 5,62 puntos desde el BTI 2006. Aun así, la alta porción de trabajadores marginalizados es un persistente y grave problema estructural en la mayoría de los países.

El desarrollo estancado es un factor clave que explica el amplio descontento en sociedades latinoamericanas con respecto a la gobernanza. También potencia la ambivalencia creciente en lo referido a la democracia. A raíz del boom de exportaciones de los años 2000, una nueva –pero algo “precaria”- clase media emergió, lo cual contribuyó al crecimiento al estimular la demanda doméstica; en años recientes, sin embargo, este acontecimiento ha evidentemente flaqueado. Aunque Bolivia, Ecuador y Perú han mejorado un poco en términos de su desarrollo socioeconómico, aproximadamente un tercio de países, y Cuba y Venezuela, en particular, han sufrido un empeoramiento del estado de cosas.

Perdiendo el control

Crecientes demandas sociales y conflictos cada vez más agudos están complicando la gobernanza en las democracias de América Latina y el Caribe. No obstante, en la mayoría de los casos mantienen una línea de base estable, mientras los seis países autoritarios de la región están cada vez más caracterizados por mala gobernanza.

La gobernanza en América Latina y el Caribe está cada vez más influida por tendencias iliberales. Acciones tomadas por gobiernos a costa de la creación de consensos están cada vez más justificadas por afirmaciones de permanecer firmes y mejorar la eficacia. Igualmente, muchos gobiernos están subrayando intereses nacionales a expensas de la cooperación internacional. Como era de esperar, el historial de gobernanza del BTI 2020 es, una vez más, negativo, ya que varias tendencias en baja de años anteriores han continuado durante este período estudiado, mientras la gobernanza en democracias en funcionamiento se volvió más difícil en un contexto de crecientes demandas sociales y conflictos agravados. Pero también aquí se requiere examinar el asunto con más detenimiento.

El hecho de que la mala gobernanza sea un elemento prominente entre las autocracias no sorprende. Sin embargo, existen diferencias considerables que son evidentes. Por ejemplo, la gobernanza en Cuba, particularmente cuando se la compara con la de la época de Fidel Castro, ha hecho algún progreso en términos de la habilidad de manejarse y la cooperación internacional. Entre las autocracias, Cuba tiene la capacidad más grande de reforma, aunque ciertamente no se da esto al punto de llegar a poner en duda al propio sistema.

En términos de la calidad de la gobernanza, los países democráticos de la región significativamente sobresalen en comparación con los seis países autoritarios, aunque los dos pesos pesados regionales de Brasil (-1,30 puntos desde el BTI 2006) y México (-0,98 puntos) han perdido terreno considerable en este aspecto. Además, vemos fuerzas iliberales —y la polarización asociada a ellas— ganando tracción en años recientes, un acontecimiento con consecuencias negativas para la construcción de consenso.

En la mayoría de los países, el consenso entre las élites sigue sólido, con un consenso básico relativamente fuerte (7 a 10 puntos), en 13 de las 16 democracias de la región (incluso la recientemente añadida Trinidad y Tobago); sólo en Bolivia, Brasil y Ecuador es menos marcado. Sin embargo, una mirada a los países con relativamente buenas puntuaciones de gobernanza también sugiere que, dado los crecientes desafíos sociales y políticos que esos países enfrentan, podemos anticipar escepticismo entre observadores e interesados con respecto a medidas y estrategias de transformación de avanzada. También podemos anticipar un clima de escepticismo en lo que respecta al liderazgo político confiable. La situación actual en Argentina es especialmente precaria, con el gobierno de Mauricio Macri gozando sólo de un éxito moderado en cuanto a sus esfuerzos para lograr condiciones económicas y sociales más estables después de que la economía nacional fuera deteriorada por su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner. Sobre todo, el gobierno de Macri de ninguna manera ha podido abordar la siempre explosiva “cuestión social”—un tema aprovechado, una vez más, por el peronismo, para su ganancia política.

Actualmente, Argentina encarna la tendencia hacia la polarización que se ha apoderado también de otras democracias: Bolivia (la renovada y controversial nominación de Evo Morales), Brasil y México (fuerte polarización de la izquierda/derecha), Colombia (proceso de paz en disputa) y Perú (pro/anti-fujimorismo). Incluso dos de las democracias más fuertes de la región —Chile y Costa Rica— están expuestas a fuerzas polarizadoras. Si bien los conflictos que tuvieron lugar en Costa Rica antes de las elecciones presidenciales demostraron una brecha marcada entre valores liberales y profundamente conservadores, la despedida gradual a la época pos-Pinochet ha estado bien encaminada durante muchos años en Chile, empezando por las manifestaciones estudiantiles de 2011. El énfasis en soluciones conducidas por consenso, promovido por el modelo anteriormente prevalente de “democracia de los acuerdos” se ha desvanecido, al difuminarse la época de Pinochet y al surgir una generación más joven con más confianza. Esto es particularmente evidente en los esfuerzos para formular una nueva constitución, los cuales está sujetos a debates acalorados, al estar la cuestión vinculada al tema de un nuevo orden social.

Además de la situación tan polarizada en Brasil, Colombia sigue siendo una causa de preocupación. El proceso de reconciliación activamente buscada con los guerrilleros de las FARC le brindó al gobierno de Juan Manuel Santos considerable reconocimiento internacional. Sin embargo, en el período previo a las elecciones de 2018 y también desde la asunción del nuevo presidente Iván Duque, llegó a ser cada vez más evidente que las fuerzas políticas alrededor del expresidente Uribe —un opositor firme del acuerdo— están estirando sus esfuerzos para implementar el acuerdo. Aunque Duque prometió mantener el acuerdo de paz, también insistió en varios cambios, sin presentar ideas claras ni concretas con respecto a cuáles artículos del acuerdo deben ser revisados. Además, no hay ningún plan para abordar el vacío de poder dejado por las FARC, lo cual ha llevado a violencia continua en varias zonas del país. Finalmente, varios proyectos y medidas dirigidos a la reintegración de los excombatientes a la sociedad, estipulados por el acuerdo de paz, no han recibido fondos ni recursos suficientes para ser exitosos. En resumen, el proceso de paz, en su conjunto, está en peligro.

Sin embargo, a pesar de todos de estos contratiempos, la gobernanza sigue siendo razonablemente sólida en las 15 democracias de la región. Las puntuaciones promedio en los criterios relevantes para estos países son relativamente estables —con ligeras fluctuaciones— aunque no son especialmente altos. Esto puede ser un indicador de que, a pesar de varios déficits, las fortalezas de la gobernanza democrática de la región se están consolidando. Además de un leve aumento de la eficacia de recursos; evidencia de tal consolidación es registrada, en particular, por los niveles de la construcción de consenso, los cuales siguen siendo sólidos en comparación interregional. Para este criterio, las 15 democracias de la región registran un promedio de 7,23 puntos, lo cual significa que no están lejos del promedio de 7,36 puntos de Europa central y sudeste. Si tenemos en cuenta el hecho de que las grandes tendencias negativas en Brasil y México están arrastrando hacia el fondo las puntuaciones de gobernanza en democracias latinoamericanas y caribeñas, podemos concluir que los gobiernos democráticos no están funcionando tan mal, a pesar de los crecientes desafíos económicos y sociales que enfrentan.

El panorama

Retroceso y adaptación

El hecho que Brasil —en otro tiempo alabado por Stefan Zweig como “la tierra del futuro”— y la mayoría del subcontinente de América Latina nunca hayan cumplido con su potencial político y económico sigue siendo un tema de interés. Hoy, del BTI 2020 queda claro que la región —alguna vez celebrada como la pionera de la “tercera ola de democratización”— se ha metido a sí misma en aguas turbulentas; una situación que, en gran medida, se debió al fracaso en formular e implementar políticas y agendas de desarrollo.

Sin embargo, el futuro no es completamente desolador, y, mientras los resultados del BTI muestran un retroceso en algunos países, también subrayan la capacidad de adaptación que existe en la mayoría de los países de la región. Si bien la transformación política ha tocado un punto bajo como resultado de las recaídas autoritarias en Guatemala y Honduras, poco parece indicar que haya futuras regresiones autoritarias en el horizonte. Las instituciones de las democracias se muestran bastante resistentes a tal retroceso, aunque es evidente que no son inmunes a experimentos mayormente populistas. En los meses y años venideros, Brasil y México son los que estarán llamando más la atención en este aspecto, ya que sus relativamente nuevos presidentes, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador, llegaron al poder con promesas belicosas de un enfoque fundamentalmente nuevo, pero ahora enfrentan una fuerte resistencia de estructuras establecidas y, hasta ahora, no han demostrado ser capaces de lograr un concepto coherente de transformación política.

A mediano plazo, es probable que la “contrarrevolución conservadora”, fomentada por las sectas evangélicas cada vez más influyentes y movilizadas, tenga un impacto duradero en la fundación sociopolítica de estructuras democráticas en la mayoría de los países. Estos movimientos ofrecen a los partidos conservadores —que rara vez tienen una gran base en América Latina— una oportunidad para ampliar su electorado y ganar mayorías. Lo que puede ser visto, en una manera, como un acontecimiento que permite la inclusión de partes de la población –hasta el momento, excluidas- también puede ser visto como una forma de potenciar el desgaste de los fundamentos liberales de la democracia. El hecho que muchos políticos —desde el presidente chileno Sebastián Piñera, hasta su homólogo mexicano, López Obrador— activamente estén cortejando estos grupos y partidos parecería ser la mayor evidencia de un cambio de paradigma político-cultural.

La máxima fortaleza de este cambio de paradigma en gran parte dependerá en gran medida de la naturaleza del desarrollo económico. Ciertamente, objetivos de la política económica en toda la región principalmente siguen principios económicos basados en el mercado, y van dirigidos a la equidad social. Al mismo tiempo, la mayoría de las instituciones económicas de la región se han vuelto cada vez más estables. Sin embargo, las tasas de crecimiento todavía son demasiado bajas como para proveer suficientes puestos de trabajo y sostener la esperanza de oportunidad económica, motivo por el cual muchos en la región suelen ver al sector informal o la migración como su única opción. Cualquier tipo de iniciativa tangible hacia la modernización pensada para aumentar la competitividad internacional a través de políticas estructurales (por ejemplo, en educación, tecnología, infraestructura y política industrial) ha fracasado en su materialización. Dadas las incertidumbres que vienen con la economía global, que, en combinación con los problemas de cada nación, continuarán llevando a déficits de inversión, es poco probable que veamos a mediano plazo cualquier superación del estancamiento actual.

Por supuesto, esfuerzos para moverse hacia el progreso transformacional en las seis autocracias requerirían un cambio de régimen, lo cual parece improbable en la actualidad. En el resto de los países, la gobernanza y capacidad de dirección están afectadas por factores internos y externos, cada una con distintos grados. Iniciativas como el Grupo de Lima, que trabaja para defender la democracia en Venezuela (y, por lo tanto, implícitamente en América Latina) y la consolidación de la Alianza del Pacífico, sugieren que al menos algunos países han reconocido la necesidad de presentar una imagen más cohesionada en la arena política y económica global. El acuerdo de comercio libre entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur es, en principio, un paso adelante, pero todavía quedan varios detalles sujetos a negociación y no queda claro qué grupos de veto últimamente van a competir para llegar en posición. Al mismo tiempo, la guerra comercial actual entre los Estados Unidos, China y la UE está causando desastres en la estructura internacional de la que la región latinoamericana y caribeña tan dependiente, a raíz de su modelo de desarrollo basado en exportación. Esta problemática situación es tan preocupante como las políticas erráticas de la administración Trump, muchas de las cuales parecen dogmáticamente centradas en detener la migración. Las políticas y acciones de la administración Trump —desde los esfuerzos de Trump por cultivar una alianza cercana con el populista derechista Bolsonaro de Brasil, hasta sus medidas extraordinarias contra México y los estados centroamericanos con respeto a asuntos migratorios— demuestran lo poco que entiende acerca de los desafíos de transformación que enfrenta la región.