Reseñas
Análisis Latino
LA CORRUPCIÓN COMO FACTOR CORROSIVO EN LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS.
CANACHE, Damarys; y ALLISON, Michael (2003): Corrupted Perceptions: the Effect of Corruption on Political Support in Latin America Democracies.
Por CADAL
CANACHE, Damarys; y ALLISON, Michael (2003): Corrupted Perceptions: the Effect of Corruption on Political Support in Latin America Democracies. Preparado para la reunión anual de Latin American Studies Association de marzo de 2003 (Dallas, Texas).
En los últimos años, las demandas de transparencia institucional ganaron un espacio muy importante en la agenda pública, quizás como consecuencia del incremento real (o de sólo la percepción) de la corrupción en la dirigencia política. En este asunto, las perspectivas desde las cuales los analistas han estudiado esta materia ha cambiado en los últimos años. Mientras que tradicionalmente las investigaciones ponían el acento en el propio funcionamiento y rendimiento de las instituciones afectados por la ocurrencia de la corrupción, la investigación realizada por D. Canache y M. Allison establece su foco de análisis a partir del vínculo entre la corrupción y las percepciones y actitudes de los ciudadanos. El objetivo central planteado en este trabajo por Canache y Allison es revisar si este tipo de ejercicio de la responsabilidad efectivamente tiene lugar y, secundariamente, si las percepciones de corrupción conducen a los ciudadanos a mirar en términos críticos a la democracia en todos sus aspectos, contribuyendo a erosionar las bases de apoyo de la democracia como forma de gobierno.
En esta dirección, Canache y Allison se sirven del concepto de vertical accountability elaborado por G. O’Donnell. En primer lugar, para que los ciudadanos puedan hacer valer tal responsabilidad deben estar en condiciones de controlar a los dirigentes políticos en función de ciertas normas (standards) y castigarlos cuando ellos las infringen. Pero además, otros dos requisitos deben ser reunidos. Por un lado, los ciudadanos deben percibir con precisión la existencia de corrupción cuando efectivamente es así, y no simplemente creer que todos los funcionarios constituyen una categoría por completo homogénea, en la que todos son igualmente corruptos o ninguno lo es. En segundo lugar, los ciudadanos deben ajustar sus opiniones respecto de dirigentes o instituciones en forma acorde, evitando responsabilizar a todo el sistema político de la corrupción de dirigentes o instituciones en particular (por ejemplo, considerando la corrupción como un elemento inherente a la misma democracia), porque ello tiende a debilitar todo el sistema.
En vistas de los objetivos planteados y a partir del concepto teórico de vertical accountability, la investigación presenta una serie de relaciones empíricas a través de los resultados arrojados por el Índice de Percepción de Corrupción (CPI) elaborado por Transparency International y de la base de datos surgidas de la Encuesta Mundial de Valores (WVS). El primer hallazgo de los investigadores es que existe un alto nivel de correspondencia entre los niveles de corrupción registrados a través de un mecanismo cualitativo, como el usado por el CPI, y los percibidos por la opinión pública en general. En segundo lugar, verificaron que el impacto de las percepciones de corrupción sobre el apoyo político impacta en forma diferenciada, erosionando la base de apoyo de políticos de turno y del sistema político, pero no de la democracia como forma de gobierno.
Globalmente, los hallazgos de Canache y Allison sugieren que los ingredientes mínimos para el ejercicio de la responsabilidad gubernamental están presentes en América Latina, aunque sea aun cuestionable si la opinión pública por sí sola es capaz de brindar los controles suficientes sobre la corrupción. Sin embargo, si bien el impacto que tienen las percepciones de corrupción no afecta seriamente a la legitimidad democrática sino a gobiernos e instituciones específicos, esta situación no puede asumirse como invariable a lo largo del tiempo y, en este contexto, los investigadores especulan que no existe ningún obstáculo para que, en caso de perdurar la corrupción a lo largo del tiempo, los ciudadanos la vinculen no sólo con la legitimidad de los gobiernos sino también con la propia democracia.
CANACHE, Damarys; y ALLISON, Michael (2003): Corrupted Perceptions: the Effect of Corruption on Political Support in Latin America Democracies. Preparado para la reunión anual de Latin American Studies Association de marzo de 2003 (Dallas, Texas).
En los últimos años, las demandas de transparencia institucional ganaron un espacio muy importante en la agenda pública, quizás como consecuencia del incremento real (o de sólo la percepción) de la corrupción en la dirigencia política. En este asunto, las perspectivas desde las cuales los analistas han estudiado esta materia ha cambiado en los últimos años. Mientras que tradicionalmente las investigaciones ponían el acento en el propio funcionamiento y rendimiento de las instituciones afectados por la ocurrencia de la corrupción, la investigación realizada por D. Canache y M. Allison establece su foco de análisis a partir del vínculo entre la corrupción y las percepciones y actitudes de los ciudadanos. El objetivo central planteado en este trabajo por Canache y Allison es revisar si este tipo de ejercicio de la responsabilidad efectivamente tiene lugar y, secundariamente, si las percepciones de corrupción conducen a los ciudadanos a mirar en términos críticos a la democracia en todos sus aspectos, contribuyendo a erosionar las bases de apoyo de la democracia como forma de gobierno.
En esta dirección, Canache y Allison se sirven del concepto de vertical accountability elaborado por G. O’Donnell. En primer lugar, para que los ciudadanos puedan hacer valer tal responsabilidad deben estar en condiciones de controlar a los dirigentes políticos en función de ciertas normas (standards) y castigarlos cuando ellos las infringen. Pero además, otros dos requisitos deben ser reunidos. Por un lado, los ciudadanos deben percibir con precisión la existencia de corrupción cuando efectivamente es así, y no simplemente creer que todos los funcionarios constituyen una categoría por completo homogénea, en la que todos son igualmente corruptos o ninguno lo es. En segundo lugar, los ciudadanos deben ajustar sus opiniones respecto de dirigentes o instituciones en forma acorde, evitando responsabilizar a todo el sistema político de la corrupción de dirigentes o instituciones en particular (por ejemplo, considerando la corrupción como un elemento inherente a la misma democracia), porque ello tiende a debilitar todo el sistema.
En vistas de los objetivos planteados y a partir del concepto teórico de vertical accountability, la investigación presenta una serie de relaciones empíricas a través de los resultados arrojados por el Índice de Percepción de Corrupción (CPI) elaborado por Transparency International y de la base de datos surgidas de la Encuesta Mundial de Valores (WVS). El primer hallazgo de los investigadores es que existe un alto nivel de correspondencia entre los niveles de corrupción registrados a través de un mecanismo cualitativo, como el usado por el CPI, y los percibidos por la opinión pública en general. En segundo lugar, verificaron que el impacto de las percepciones de corrupción sobre el apoyo político impacta en forma diferenciada, erosionando la base de apoyo de políticos de turno y del sistema político, pero no de la democracia como forma de gobierno.
Globalmente, los hallazgos de Canache y Allison sugieren que los ingredientes mínimos para el ejercicio de la responsabilidad gubernamental están presentes en América Latina, aunque sea aun cuestionable si la opinión pública por sí sola es capaz de brindar los controles suficientes sobre la corrupción. Sin embargo, si bien el impacto que tienen las percepciones de corrupción no afecta seriamente a la legitimidad democrática sino a gobiernos e instituciones específicos, esta situación no puede asumirse como invariable a lo largo del tiempo y, en este contexto, los investigadores especulan que no existe ningún obstáculo para que, en caso de perdurar la corrupción a lo largo del tiempo, los ciudadanos la vinculen no sólo con la legitimidad de los gobiernos sino también con la propia democracia.
