Más allá del impacto del grave fenómeno de la violencia y las mafias, la calidad de la institucionalidad mexicana está también bajo presión por la original relación que mantiene el presidente López Obrador con el orden jurídico. La prueba de fuego para el presidente mexicano vendrá cuando los efectos de la crisis del coronavirus se dejen sentir con fuerza en la economía mexicana y en la supervivencia de millones de mexicanos.

Por Raúl Ferro

A fines de marzo del 2020, el gobierno mexicano organizó una consulta popular en Mexicali, localidad mexicana cercana a la frontera con Estados Unidos, en la que más del 70% de los votantes rechazó la construcción de una planta cervecera de la empresa estadounidense Constellation Brands, un proyecto de US$1.400 millones que al momento de la elección tenía un avance del 70% y que contaba con todos los permisos requeridos por las autoridades mexicanas. Parte de la población de Mexicali se opone a su construcción debido a baja disponibilidad de agua en esta zona desértica de Baja California. Esa fue la razón que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a organizar la consulta, en la que, sin embargo, participó menos del 4% del padrón electoral de la ciudad y el valle de Mexicali.

Más allá de la solidez o no de las objeciones de los opositores al proyecto, esta consulta popular es una nueva muestra de la “democracia participativa” que el presidente mexicano está aplicando aun desde antes de haber asumido el poder en diciembre del 2018. Tras resultar electo en julio de ese año, López Obrador convocó una consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se realizó el 25 de octubre. La consulta fue organizada al margen de las disposiciones de la Constitución para este tipo de actos y fue coordinada por una serie de organizaciones no gubernamentales. Participaron poco más de 1 millón se ciudadanos mexicanos, sobre una base de votantes de casi 90 millones. El proyecto, de US$13.000 millones y que tenía un avance del 30% en el momento de la consulta, fue rechazado por el 70% de quienes participaron en la consulta. Curiosamente, los proyectos favorecidos por el presidente –como el proyecto del Tren Maya, la refinería de petróleo de Dos Bocas o la termoeléctrica de Huexca— han sido aprobados en estas consultas, que se caracterizan por una participación minoritaria y supervisión laxa que, dicen sus críticos, facilita la manipulación.

Este tipo de “democracia participativa” viene a debilitar más la institucionalidad de México, que ha venido mostrando un descenso sostenido en los indicadores de institucionalidad democrática, economía de mercado y gestión de la gobernanza en el Berterlsmann Transformation Index (BTI) desde el año 2006. Es un deterioro que tiene varias raíces, pero las dos más importantes –y que están ligadas entre sí—son la corrupción, un mal endémico en el país y que se disparó durante la gestión del anterior presidente Enrique Peña Nieto, y el explosivo aumento de la violencia y el crimen, relacionadas con mafias ancladas en el narcotráfico.

Una nueva democracia

México entró en las ligas democráticas en la segunda mitad de la década de los 90, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo consolidó una serie de reformas que permitieron poner fin a los 70 años del monopolio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder. De especial importancia fue la reforma electoral, que garantizó la independencia del Instituto Federal Electoral, y la creación de la Fiscalía especial contra Delitos Electorales. El resultado fue la elección del primer presidente que no era del PRI desde la Revolución Mexicana, Vicente Fox, en el 2000.

El BTI comenzó a calcularse en el 2006, cuando asumió Felipe Calderón, del PAN, el mismo partido de Fox. Durante el gobierno de Fox la democracia mexicana continuó su proceso de consolidación, con defectos y limitaciones, es verdad. Para cuando asumió Calderón el principal desafío era combatir el aumento de la delincuencia y del poder y accionar del narcotráfico, que estaba impulsando una ola creciente e imparable de violencia. La estrategia del presidente Calderón de desatar una guerra frontal contra el narcotráfico y las mafias, involucrando a las fuerzas armadas, fue, sin embargo, contraproducente. Las muertes por homicidio en México pasaron de alrededor de 10.000 en el 2016 a casi 35.000 en el 2019. El campo de acción de las mafias del narcotráfico se ha extendido a los secuestros, la extorsión y la explotación y comercialización de recursos naturales. Las mafias también han cooptado a un importante número de autoridades políticas y mantienen fuera del control del Estado a importantes zonas geográficas del país, además de alimentar el monstruo de la corrupción y desatar una matanza sistemática de líderes sociales y periodistas.

El BTI refleja claramente el impacto que el aumento del poder de las mafias ha tenido en la institucionalidad democrática en México y, especialmente, en la gestión de la gobernanza. México cayó de 7,55 en el índice para el estado de la democracia en el 2006 a 6,05 en el 2020, mientras que el índice que mide la gestión de la gobernanza descendió de 6 a 5,02.

Durante el gobierno del sucesor de Calderón, Peña Nieto, no se implementaron mayores cambios en la estrategia contra el crimen organizado y las muertes violentas siguieron en ascenso, incluyendo la matanza de 43 estudiantes en la localidad de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que sigue sin resolverse.

El presidente López Obrador, en cambio, ha implementado una estrategia ambivalente para combatir la violencia y las mafias. Por un lado, está intentando implementar medidas tendientes a atacar las causas sociales que están detrás del auge del crimen y la violencia. En paralelo, creó una Guardia Nacional fuertemente militarizada para enfrentar el problema. Los resultados de esta estrategia han sido decepcionantes en su primer año de gobierno. La violencia sigue, al igual que el deterioro institucional que genera.

Derecho y mercado

Más allá del impacto del grave fenómeno de la violencia y las mafias, la calidad de la institucionalidad mexicana está también bajo presión por la original relación que mantiene el presidente López Obrador con el orden jurídico.

En un reciente ensayo, el ex ministro de la Corte Suprema y Premio Nacional de Ciencias y Artes, José Ramón Cossio Díaz, señala que la forma en que López Obrador se ha relacionado con el derecho permite vislumbrar que las formas jurídicas prevalecerán durante su gobierno, pero que no será la base de la acción pública. “El derecho será invocado y seguido con normalidad, salvo en aquellos casos donde se pretenda dar soluciones rápidas a los problemas. Habrá Constitución sin constitucionalismo, leyes sin legalidad, y habrá derecho sin las especificidades que se han construido desde la experiencia mexicana y la de otros países. Las formas jurídicas serán llenadas por contenidos nuevos, por las nociones que estarán impulsando el presidente y sus colaboradores”, señala el abogado en su ensayo.

Un ejemplo práctico de esta visión fue la anulación del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. López Obrador canceló su construcción apoyado en la “voluntad popular” expresada en la consulta que convocó, pese a que el proyecto contaba con todas las autorizaciones pertinentes. Pero en paralelo a su decisión, instruyó a su equipo a prepararse para asumir las consecuencias jurídicas y financieras de la cancelación, incluyendo el pago de los bonos emitidos para su financiamiento.

Esta visión también impactará en la calidad del entorno para el mercado en México. López Obrador ha mantenido la apertura del mercado mexicano y su gobierno defendió con firmeza las bases del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la renegociación del mismo impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. También respeta la autonomía del Banco de México y los equilibrios macroeconómicos. Pero su estrategia de consultas populares y la antipatía que siente por la inversión privada en el sector energético –posible gracias a la reforma aprobada en el gobierno de su antecesor, Peña Nieto—deja en evidencia un rasgo discrecional que introduce un factor de incertidumbre jurídica para las empresas privadas en México.

Estas sombras son preocupantes, pero están muy lejos de las burdas manipulaciones de la institucionalidad que se han observado en otros países de la región, como Venezuela, pero tensionan la institucionalidad. El país, pese a todos sus problemas, ha podido construir una institucionalidad con bases sólidas desde los años 90. Hay separación de poderes, un organismo electoral independiente, libertad de expresión –a pesar de la poca tolerancia a las críticas que muestra López Obrador—y un sistema federal real, bajo el cual las autoridades locales tienen autonomía y poder frente al gobierno central.

La prueba de fuego para el presidente mexicano vendrá cuando los efectos de la crisis del coronavirus se dejen sentir con fuerza en la economía mexicana y en la supervivencia de millones de mexicanos. El impacto, como en todo el mundo, será muy profundo y los desafíos muy serios. Cómo reaccionará ante este escenario un político como López Obrador, voluntarista y poco amigo del lucro y el mercado y con una visión mesiánica de su presidencia, es la pregunta clave para el 2020 y el futuro de la institucionalidad de México.

Raúl Ferro

Consejero Consultivo

Analista de economía y negocios especializado en América Latina. Fue corresponsal en Sudamérica de distintos medios económicos de EE.UU. y el Reino Unido, director editorial de la revista AméricaEconomía y director de estudios de BNamericas. Es Director del Consejo Consultivo de CADAL.