(Clarín) Si, como muchos creen, el Congreso se empeña en sacar a Castillo del gobierno, se desatará una crisis de gobernabilidad de proporciones. Por el contrario, si el gobierno del presidente Castillo logra superar la amenaza de un Congreso hostil y se consolida, el Perú corre el riesgo serio de entrar en un proceso de deterioro de sus libertades sin contar con mecanismos suficientemente sólidos para proteger la institucionalidad democrática de eventuales excesos autoritarios, como hemos visto en muchos países latinoamericanos.

Por Raúl Ferro

(Clarín) Es una buena costumbre otorgar el beneficio de la duda a todo nuevo gobierno, especialmente si no se comparten las ideas con las que llega al poder. Esta actitud ha sido especialmente cierta en el caso peruano, donde una buena colección de presidentes –desde Alejandro Toledo a Ollanta Humala, pasando por el fallecido Alan García—generaron temores y desconfianzas al ganar las elecciones, pero que finalmente mantuvieron las reglas del juego democrático y las libertades, aún dentro de las dificultades que significa gobernar un país complejo como el Perú.

Desafortunadamente, en el caso del nuevo presidente Pedro Castillo, este beneficio de la duda comenzó a esfumar antes de que asumiera el mando el 28 de julio debido a sus contradictorios mensajes y a su incapacidad para armar un gabinete ministerial antes de convertirse en Presidente de la República. Ya cuando juramentó a sus ministros, al día siguiente de asumir, el beneficio de la duda se convirtió en inquietud y temor.

Primero por la forma rocambolesca en que juró el gabinete y después por el perfil de sus ministros y los nombramientos que estos hicieron en sus carteras, muchos de los cuáles debieron ser removidos a las pocas horas.

La presencia de Pedro Francke, un economista de izquierda relativamente moderado reconocido por su capacidad profesional, en la cartera de Economía y Finanzas, no es suficiente para contrarrestar las débiles credenciales y la orientación de la mayor parte de los otros ministros. Es un gabinete liderado por Guido Bellido --hombre del presidente del partido, Vladimir Cerrón, admirador del gobierno cubano-- y que en conjunto tiene un fuerte aroma a naftalina revolucionaria de medio siglo atrás. Salvo algunas excepciones, hay dudas sobre su real capacidad técnica –en un país duramente golpeado en lo social y en lo económico por la pandemia—y algunos de sus colaboradores tienen procesos judiciales o investigaciones abiertas a cargo de la fiscalía (algo que afecta al propio primer ministro Bellido y a Cerrón).

La orientación política del gabinete promete un camino de colisión con un Congreso fragmentado, en el que ningún grupo tiene mayoría. Es la peor combinación para un país polarizado y de golpeada institucionalidad. Los mecanismos para balancear los poderes en el Perú y limitar los excesos antidemocráticos son débiles. Es más, los más utilizados en los últimos años –la potestad del presidente de disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones de congresistas si su gabinete no es investido en dos intentos y la potestad del Congreso de vacar al presidente por un ambiguo concepto de “incapacidad moral”— son una fórmula segura contra la gobernabilidad.

¿Qué sucederá en el futuro? Si, como muchos creen, el Congreso se empeña en sacar a Castillo del gobierno, se desatará una crisis de gobernabilidad de proporciones.

Por el contrario, si el gobierno del presidente Castillo logra superar la amenaza de un Congreso hostil y se consolida, el Perú corre el riesgo serio de entrar en un proceso de deterioro de sus libertades sin contar con mecanismos suficientemente sólidos para proteger la institucionalidad democrática de eventuales excesos autoritarios, como hemos visto en muchos países latinoamericanos.

Es lamentable que un proceso de recuperación democrática como el peruano, con todos sus errores y falencias, se enfrente a este horizonte.

Raúl Ferro

Consejero Consultivo

Analista de economía y negocios especializado en América Latina. Fue corresponsal en Sudamérica de distintos medios económicos de EE.UU. y el Reino Unido, director editorial de la revista AméricaEconomía y director de estudios de BNamericas. Es Director del Consejo Consultivo de CADAL.