(Clarín) Las limitaciones del modelo se comenzaron a ver hace varios años y fueron calando paulatinamente en la población a medida que más y más gente se pensionaba. Jubilados con ingresos insuficientes e hijos y nietos obligados a complementar los ingresos de sus padres y abuelos han sido el caldo de malestar frente a un sistema que no ha entregado lo que prometía.

Por Raúl Ferro

(Clarín) La aprobación por parte de la Cámara de diputados de legislar para permitir a los ciudadanos retirar hasta el 10% de sus ahorros previsionales es un duro golpe a uno de los pilares del modelo económico chileno. Chile fue el primer país en el mundo en implementar un sistema de ahorro previsional individual obligatorio, creando un sistema de Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) supervisadas por el gobierno. El sistema fue implantado durante la dictadura de Pinochet y ha sido replicado en varios países, desde México a Nigeria.

El sistema ha sido fundamental para el crecimiento del ahorro, el desarrollo del mercado de capitales y el financiamiento de la inversión en Chile, y ha sido uno de los pilares del modelo de crecimiento del país. Tanto, que fue mantenido por los gobiernos de centro-izquierda tras el retorno de la democracia. Y sigue siéndolo. Hoy las AFP administran activos por unos US$200.000 millones (alrededor del 80% del PIB de Chile)

Sin embargo, algunos de los supuestos teóricos sobre los que se diseñó el sistema han resultado muy distintos en la realidad. Bajos salarios iniciales, periodos de inactividad sin cotizar, un importante número de trabajadores independientes en la fuerza laboral y el aumento en la expectativa de vida de la población han hecho que las pensiones que entrega el sistema no estén a la altura de lo planificado para un segmento importante de la población, principalmente la clase media.

Las limitaciones del modelo se comenzaron a ver hace varios años y fueron calando paulatinamente en la población a medida que más y más gente se pensionaba. Jubilados con ingresos insuficientes e hijos y nietos obligados a complementar los ingresos de sus padres y abuelos han sido el caldo de malestar frente a un sistema que no ha entregado lo que prometía.

Si bien se han hecho algunas reformas al sistema, han sido limitadas y la clase política no ha estado a la altura de la gravedad del problema. La discusión se empantanó entre quienes quieren avanzar hacia un sistema mixto y quienes defienden el sistema individual a capa y espada.

Entre tanto, grupos radicales supieron tomar ventaja de la frustración de la gente respecto al sistema previsional y han convertido este malestar en uno de los principales fuegos que alimentan la protesta social iniciada en octubre del año pasado.

El avance de la propuesta para retirar parte de los fondos de pensión, aunque en etapa inicial de trámite parlamentario, está alimentando expectativas en una ciudadanía que ya simpatizaba con la idea (83% de aprobación, según la última encuesta de Cadem). Este apoyo masivo es el que explica, entre otras cosas, los votos a favor de la iniciativa de un importante número de diputados de la coalición del gobierno.

La popularidad de la idea trae un considerable riesgo político. Si el gobierno es capaz de desactivar la iniciativa, como planea, estará entregando combustible a los grupos que quieren retomar las protestas en cuanto lo permita la pandemia.

Pero lo más importante es que, a la vista del proceso constituyente que se avecina, el rumbo que ha tomado el debate previsional amenaza con minar uno de los pilares fundamentales del exitoso modelo económico chileno. Es un pilar que, sin duda, necesita cambios profundos, pero no demolerse. Esperemos que no suceda.

Raúl Ferro

Consejero Consultivo

Analista de economía y negocios especializado en América Latina. Fue corresponsal en Sudamérica de distintos medios económicos de EE.UU. y el Reino Unido, director editorial de la revista AméricaEconomía y director de estudios de BNamericas. Es Director del Consejo Consultivo de CADAL.