El pasado 5 de noviembre de 2020, el mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (EPU) consideró por tercera vez la situación de derechos humanos en Honduras. A pesar de la pandemia del COVID-19 y a la circunstancia de que, en la semana previa a la realización de su revisión, Honduras se encontraba sufriendo los efectos devastadores del huracán Eta, las innovaciones tecnológicas y el uso de reuniones virtuales permitieron que el mundo tenga la posibilidad de conocer lo que el país está haciendo para mejorar la protección de los derechos humanos.

Por Roxana Perel

Honduras presentó su informe nacional haciendo uso de todo el tiempo asignado al estado bajo revisión al comienzo de la sesión. Debe destacarse un aspecto expuesto por la designada presidencial y Ministra encargada de Desarrollo Económico, María Antonia Rivera, y es la apertura de Honduras con respecto al sistema universal de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Se trata de un Estado que tiene una invitación abierta a los procedimientos especiales desde mayo de 2010, y que ha recibido en los últimos cinco años la visita de 5 Relatores Especiales (RE) y 2 Grupos de Trabajo (GT) de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Ellos son el RE sobre los pueblos indígenas, el RE sobre los desplazados internos, el RE sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el RE sobre los defensores de derechos humanos, el  RE sobre la independencia de los magistrados, el GT sobre la discriminación contra la mujer y el GT sobre empresas y derechos humanos. 

La apertura hacia estas visitas de los procedimientos especiales, elemento básico del mecanismo de protección de las Naciones Unidas, abarcador de todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, es una evidente muestra de la importancia que le concede el país a la colaboración con los mecanismos de las Naciones Unidas.

Honduras informó en el transcurso de su presentación que, bajo la pandemia, mantuvo reuniones virtuales con el RE sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos y el RE sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que se encuentra con un cero por ciento de mora en las presentaciones de los informes del estado ante los órganos de tratados. Destacó asimismo el apoyo prestado por la comunidad internacional a través de las iniciativas de cooperación técnica bilateral y multilateral, que le permitieron fortalecer las políticas de derechos humanos, la institucionalidad y los mecanismos de rendición de cuentas.

Entre sus principales logros refirió la instalación, en 2016, de una Oficina de país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la firma en 2018 de un acuerdo entre la Secretaría de Derechos Humanos y ACNUDH para la instalación de 5 mesas de trabajo, sobre políticas públicas, educación en derechos humanos, armonización legislativa, defensores de derechos humanos y personas desplazadas por la violencia.

Lo antedicho no quiere decir que no existan retos para Honduras en la esfera de protección de los derechos humanos. Los hay, y muchos, y fueron puestos de manifiesto durante el diálogo interactivo. Tienen que ver, entre otros, con la violencia contra las mujeres y las niñas, con la falta de un entorno seguro para que los defensores de derechos humanos puedan desarrollar sus tareas, con el acceso a la salud y a la educación por amplios grupos de la sociedad, con la discriminación y la estigmatización, debido a la falta de conocimiento por parte de la población, de la comunidad LGBTI y la población afro hondureña, o con la corrupción y la impunidad.

Pero con miras a evaluar los progresos alcanzados en la esfera de los derechos humanos, además de señalar los desafíos pendientes, también debe considerarse la posición asumida por parte del Estado frente a las críticas constructivas del resto de la comunidad internacional.

Honduras es un país donde los delitos violentos son un problema generalizado y que posee una de las tasas de homicidio más altas del mundo, tal como surge del Informe Mundial 2020 de HUMAN RIGHTS WATCH (HRW).

También lo afirma el RE sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Señor Michel Forst, en el informe que se hizo público en enero de 2019, después de la visita que efectuó a Honduras entre abril y mayo de 2018.

Sostiene el RE en su informe que “el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia de las pandillas y la corrupción son las causas de fondo de los altos índices de violencia en Honduras. Una combinación de esfuerzos concertados ha reducido a la mitad la tasa de homicidios en los últimos seis años. No obstante, el nivel de violencia, amenazas y extorsión sigue siendo alarmantemente alto y afecta a las personas defensoras de los derechos humanos que han de realizar su trabajo en este difícil contexto. El 95 % de los feminicidios y alrededor del 97 % de los homicidios quedan impunes. El índice global de impunidad ubica a Honduras entre los 13 países con mayor impunidad. Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos en América Latina para los defensores de derechos humanos”.

Por otra parte, debe decirse que Honduras cuenta desde el año 2015 con una ley que establece un mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, y que según el Informe Nacional presentado en el marco de este 3° EPU, el país recibió el reconocimiento internacional por ser uno de los 9 países en contar con un Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos.

El RE sobre la situación de los defensores de derechos humanos destacó los importantes esfuerzos realizados para mejorar el marco jurídico con vistas a facilitar un entorno seguro para la defensa y promoción de los derechos humanos, calificando a la ley y al mecanismo creado por ella como un “hito importante”, pero a pesar de ello, el Gobierno no ha adoptado una política pública integral con el debido presupuesto para la protección de los defensores. Eso implica que, a pesar de los esfuerzos hechos para la puesta en marcha del mecanismo nacional de protección, la gran mayoría de las personas defensoras en Honduras aun no pueden trabajar en un entorno seguro.

Es por eso que en la reciente sesión del EPU fueron numerosos los países que incluyeron entre sus recomendaciones el tema del mecanismo de protección adecuado para las personas que defienden los derechos civiles y políticos, los derechos humanos de las personas LGTBI y de los pueblos indígenas, las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, los periodistas y los defensores de los migrantes.

Por cierto que se felicitó reiteradamente a Honduras por haber establecido este mecanismo, pero también lo es que se le recomendó que garantice su buen funcionamiento, ya sea redoblando los esfuerzos, o bien destinando los fondos necesarios para que el mecanismo pueda realizar su labor (Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Portugal y España, entre otros).

Entre los problemas más graves de Honduras se encuentra la violencia basada en la identidad de género o por la orientación sexual. Al respecto hubo reiteradas recomendaciones sobre la necesidad de implementar medidas concretas y efectivas para combatir la discriminación por motivos de género (Francia, Australia, Austria, Canadá y República Checa, entre otros).

En el informe sobre su Misión a Honduras, el RE sobre la situación de los defensores de derechos humanos manifiesta que comprobó personalmente durante su visita, la forma en que los “medios de comunicación televisivos y periodísticos a nivel nacional, generaron o transmitieron mensajes de odio, discriminación y amenazas en línea y en las redes sociales en contra del colectivo LGTBI y sus defensores”.  

Idéntica preocupación ya había sido expuesta por la RE sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Señora Rashida Manjoo, que visitó Honduras a mediados de 2014 y dejó plasmada su inquietud en el Informe elaborado con posterioridad a la visita, observando que las lesbianas y otras mujeres que no se ciñen a los cánones heterosexuales suelen ser víctimas de violencia, violación y otras formas de discriminación.

Atendiendo a las recomendaciones efectuadas a Honduras durante el 3° ciclo del EPU, se comprueba la estrecha correlación entre varios de los problemas que afectan al país. Se observa que las mujeres y las niñas, o comunidades enteras, o personas del colectivo LGBTI, son víctimas de la violencia generalizada y de las pandillas organizadas, las denominadas maras, viéndose obligadas a dejar sus hogares en una crisis de “desplazamiento interno” que ha sido reconocida por el Gobierno. Las mujeres y niñas desplazadas, en particular y careciendo de recursos, son más vulnerables a ser víctimas de abusos, violencia sexual y trata.

Es así que al problema de la violencia generalizada contra las mujeres se le suma la cuestión del crimen organizado, la de la trata de personas y la crisis de los desplazados. Honduras recibió en este 3° Ciclo del EPU numerosas recomendaciones en el sentido de incrementar las medidas destinadas a combatir estos flagelos (Bahamas, Indonesia, Polonia, Panamá).

El reporte de HUMAN RIGHTS WATCH ya citado refiere que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) ha informado que el reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de pandillas o grupos delictivos es la quinta razón más frecuente por la cual los hondureños se desplazaron internamente en el primer semestre de 2019.

La cuestión temática de los desplazados internos, que surgió durante el diálogo interactivo, fue abordada por el RE sobre los derechos humanos de los desplazados internos, ya que también él  visitó Honduras en noviembre de 2015 como parte de las misiones de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.  

El RE sobre los derechos humanos de los desplazados internos expuso en su informe que es necesario reconocer las dimensiones regionales del problema de la violencia y de los desplazamientos internos, prestándole un apoyo internacional adecuado al Gobierno de Honduras, que está lidiando con los efectos de problemas cuyas causas fundamentales son factores tales como el tráfico internacional de estupefacientes, la delincuencia regional y las redes de trata de personas.

Esto guarda una íntima conexión con otro de los graves problemas a los que se enfrenta Honduras, como es la lucha contra la impunidad, con el fortalecimiento del poder judicial, ya que la ausencia de una investigación adecuada de los delitos ha generado el quiebre de confianza en el sistema judicial.

Las recomendaciones efectuadas en el sentido de continuar con los esfuerzos destinados a combatir la trata de personas estuvieron presentes en la voz de los representantes de Bahamas, Colombia, Guyana, Israel, Trinidad y Tobago y Túnez, entre otros países.

Argentina, Eslovaquia, Austria, Chile y Dinamarca, entre otros países, se manifestaron en el sentido de recomendar a Honduras la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; así como recomendando la adopción de medidas destinadas a impedir el reclutamiento de niños por las maras y los grupos delictivos y protegerlos de la violencia armada, y reforzar y garantizar la independencia del Poder Judicial, se expresaron entre otros Maldivas, Marruecos, Panamá, República de Corea, Suiza, Timor Leste, Turquía, Bahréin y Costa Rica.

Otro motivo de preocupación que quedó expuesto durante la revisión de Honduras, fue la falta de una debida rendición de cuentas por parte de las fuerzas de seguridad en lo que respecta a la actuación de las mismas durante las protestas posteriores a las elecciones generales de 2017. Varios países, entre ellos México, Noruega, Estados Unidos de América y Canadá recomendaron la adopción de una legislación adecuada sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, como así también la capacitación de las mismas.

Se ha dejado adrede para referir como último tema, al que sin duda estará presente en la mayor cantidad de las 223 recomendaciones que se le han hecho a Honduras, por ser transversal a otras muchas cuestiones. Se trata de las manifestaciones de violencia de todo tipo contra la mujer. 

Fue notable el número de países que, entre otras cosas, recomendaron adoptar todas las medidas necesarias para reducir el alto nivel de violencia por actos cometidos contra las mujeres, incluso a nivel familiar y por ataques sexuales, y asegurar el acceso a la justicia de estas víctimas; intensificar las medidas existentes o hacerlas más efectivas; ratificar el protocolo facultativo para la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres; mejorar las condiciones laborales de la mujer; eliminar la prohibición de uso de pastillas anti-conceptivas, que se encuentran prohibidas aun en casos de violación; adoptar medidas referidas a la descriminalización del aborto y asegurar el acceso adecuado de mujeres y niñas a salud sexual y reproductiva; continuar implementando, y ampliándolo en lo posible, el Programa Ciudad Mujer que contribuye a la prevención de la violencia y la atención de las víctimas; mejorar la condición de la mujer en general y especialmente la indígena y la afro hondureña; o continuar los esfuerzos por aumentar los derechos económicos, sociales y culturales de mujeres, niños y personas con discapacidad.

El citado informe de la RE sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, sostiene que la violencia contra la mujer en Honduras es “generalizada y sistemática y afecta a las mujeres y las niñas de numerosas maneras. El miedo, tanto en la esfera pública como privada, y la falta de responsabilidad jurídica por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres son la norma general, a pesar de los adelantos legislativos e institucionales”.

Será necesario en consecuencia, tal fue una de las enfáticas recomendaciones de la RE, encarar una tarea integral de transformación social, de toma de conciencia y cambio de mentalidad a fin de cambiar las creencias y actitudes sociales y culturales predominantes que son perjudiciales para las mujeres.

Cabe comentar, para concluir, una buena práctica desarrollada por Honduras, derivada del cumplimiento de las recomendaciones del Segundo Ciclo del EPU, que ha sido el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMOREH).

En la sesión de adopción del EPU de Honduras, el pasado 10 de noviembre, el Representante Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas, Embajador Giampaolo Rizzo Alvarado, en sus comentarios finales, reforzó el compromiso a seguir trabajando en las recomendaciones con el acompañamiento de la sociedad civil, de la comunidad internacional y del sistema de las Naciones Unidas, de cara a las próximas sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Explicó en tal sentido que el sistema de seguimiento de recomendaciones hondureño SIMOREH, siendo un sistema abierto al uso público, sirve también como medio de rendición de cuentas a la sociedad hondureña en general.

Roxana Perel

Investigadora Asociada

Abogada y escribana egresada de la Universidad de Buenos Aires, posee estudios de posgrado en Mediación y Resolución de Conflictos (Fundación LIBRA). Se especializó en el funcionamiento de los organismos con alcance internacional del sistema universal de protección de los Derechos Humanos; en la presentación y el seguimiento de informes ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal y ante los órganos basados en la Carta de las Naciones Unidas. Trabajó en la capacitación para el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. Fue asesora legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante diez años, desempeñándose en el Área Jurídica Internacional.