La estrategia de Suu Kyi fracasó rotundamente en la madrugada del primero de febrero, cuando el proceso de democratización volvió a foja cero en tan solo unos minutos. Sin una respuesta coordinada de la comunidad internacional democrática que apunte a desgastar el poder de los militares y sus benefactores en los gobiernos autoritarios de otros países, los incentivos para una nueva transición son bastante magros, máxime cuando la economía del país está controlada en gran parte por la elite militar.

Por Max Povse

La madrugada del pasado 1 de febrero, gran parte de la cúpula de los civiles gobernantes en Myanmar fueron arrestados mientras dormían en la víspera de la asunción del nuevo gobierno elegido democráticamente. Los birmanos amanecieron horrorizados ante los sucesos, mientras el mundo miraba con incredulidad y se publicaban condenas que, en su mayoría, fueron tardías y vagas.

A menos de cinco horas de iniciadas las redadas, casi todo el país se encontraba incomunicado, y el jefe de las Fuerzas Armadas invocaba la figura del estado de emergencia, contemplada en la Constitución que los mismos militares redactaron, para hacerse de la suma del poder público. Ante la inminencia del golpe —con el que los militares amenazaban desde antes de las elecciones, conscientes de sus magras posibilidades de triunfar en los comicios—, Aung San Suu Kyi, la consejera de Estado y virtual líder civil del país, difundió a través de las redes de su partido, la Liga Nacional por la Democracia, un comunicado urgiendo a los ciudadanos a ejercer la desobediencia civil.

En los primeros días luego de estos sucesos, no se atestiguaron manifestaciones masivas, mientras el fantasma de la represión que acabó con la vida de miles de personas tan recientemente como en 2007, durante la Revolución de Azafrán, permanece presente en la memoria colectiva. En cambio, los ciudadanos de las principales ciudades del país han recurrido al repiqueteo de cacerolas, caravanas de automóviles, encendido de velas y entonamientos del himno nacional, esperando llamar la atención tanto de los militares blindados en la capital —la virtualmente vacía Naipyidó—, como también de la comunidad internacional, con la fe de que las presiones externas podrían doblegar a la dictadura militar.

Ante el silencio con el que se encontraron las protestas por parte de estos actores, durante el fin de semana siguiente la población se volcó a las calles de a decenas de miles, mientras que las redes fueron inundadas de expresiones artísticas condenando el golpe, siempre con el denominador común de la presencia patente de la bandera de la Liga, tanto online como offline. Dadas las amenazas con las que estas movilizaciones pacíficas se encontraron por parte de los militares, es difícil pronosticar cómo continuarán o si efectivamente lograrán torcer el brazo de la dictadura; hoy, a una semana del golpe, Myanmar nos muestra más interrogantes que certezas sobre su futuro.

Por su parte, todavía sin tener certeza sobre el paradero de Suu Kyi y gran parte de la dirigencia civil legítima del país, los Estados democráticos representados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impulsaron sin éxito una resolución buscando condenar el accionar de los militares birmanos. Estos, blindados por la protección de China y Rusia, se han garantizado el apoyo de una —lamentablemente— creciente porción de los países en los organismos internacionales, toda vez que las instituciones democráticas están siendo golpeadas a nivel global, y cada vez son más los países que caen en las garras de populistas y uniformados que acaparan los organismos estatales buscando perpetuarse en el poder y sofocar la participación ciudadana en la política.

En este contexto, el gobierno democrático de Myanmar tuvo que enfrentarse constantemente desde su asunción en 2016 con el dilema de tener que cogobernar con las instituciones militares que continuaron cometiendo flagrantes delitos de lesa humanidad contra las minorías étnicas del país, cuyo paradigma ha sido el genocidio llevado a cabo contra la etnia rohinyá. La alternativa, consistía en enfrentar a los militares y salvar su reputación de defensor de los derechos humanos; sin embargo, esta posibilidad fue descartada por la Liga y Suu Kyi, con la esperanza de que un proceso largo de democratización sin confrontación con las Fuerzas Armadas conduciría eventualmente a la consolidación del gobierno civil y de la democracia como método de acceso y ejercicio del poder político.

La estrategia de Suu Kyi fracasó rotundamente esa madrugada del lunes, cuando el proceso de democratización volvió a foja cero en tan solo unos minutos. Con la emergencia declarada por un año, los gobiernos vecinos abogando solo por la «pacífica resolución de la disputa», y Estados Unidos y Europa evaluando establecer sanciones totales sobre el país, los birmanos vislumbran su futuro de manera mucho más pesimista de lo que lo hacían al concurrir a las urnas hace menos de tres meses, probablemente la última vez que lo harán en mucho tiempo.

Sin una respuesta coordinada de la comunidad internacional democrática que apunte a desgastar el poder de los militares y sus benefactores en los gobiernos autoritarios de otros países, los incentivos para una nueva transición son bastante magros, máxime cuando la economía del país está controlada en gran parte por la elite militar. El golpe de Estado es solo el comienzo de un largo proceso cuyo resultado solo podrá ser favorable a los más de cincuenta millones de birmanos si la amenaza de la autocratización es tomada en serio por los gobiernos democráticos no solo en sus propios países, sino también en el resto del mundo.

Max Povše es politólogo, Docente investigador en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina, Buenos Aires, Argentina.

Max Povse