Más allá de las diferentes trayectorias de vida, todas las expositoras estuvieron de acuerdo en resaltar un fenómeno de particular importancia que está ocurriendo en medio de la represión militar, y que muchos medios de comunicación y analistas han dejado de lado: el uso de la violencia sexual como arma de guerra. ¿Por qué los militares se ensañan tanto con los civiles, en especial las mujeres y los niños?

Por Max Povse

El pasado lunes 29 de marzo la ONG birmana Women’s Peace Network (Red de Mujeres por la Paz) inauguró una serie de conferencias denominada Myanmar Insights (Perspectivas sobre Myanmar) en la que activistas de diferentes trasfondos étnicos, sociales y políticos convergieron para discutir la situación del movimiento de desobediencia civil contra el golpe de Estado del 1 de febrero, así como las estrategias que se están implementando en los diferentes niveles de la resistencia al régimen militar, para defenderse de sus cada vez más sangrientas embestidas.

En esta edición de Myanmar Insights, titulada «Violencia contra las mujeres en medio del golpe», expusieron mujeres que lideran los esfuerzos de la resistencia contra la junta militar desde diversas posiciones en la vida pública, tanto en Myanmar como en el exterior. Entre ellas, se destacan dos activistas de la etnia kachin, Esther Ze Naw y Moon Nay Li, ambas de larga trayectoria en la lucha por los derechos humanos y en la asistencia humanitaria: la primera basada en los estados étnicos del este del país, y la segunda en Tailandia. También participaron dos activistas de la etnia mayoritaria bamar, Khin Omar —una veterana de las protestas 8888 de 1988, las primeras manifestaciones multitudinarias prodemocracia del país— y una activista de incógnito con el seudónimo AMT, siglas que utiliza para identificarse debido al riesgo que supone usar su nombre real en internet, dado que los servicios de inteligencia podrían ubicar su dirección de IP y arrestarla.

Más allá de las diferentes trayectorias de vida, todas las expositoras estuvieron de acuerdo en resaltar un fenómeno de particular importancia que está ocurriendo en medio de la represión militar, y que muchos medios de comunicación y analistas han dejado de lado: el uso de la violencia sexual como arma de guerra. De acuerdo al testimonio de Moon Nay Li, «los soldados están violando a las hijas delante de sus padres, y si la familia no tiene hijas, violan a la esposa delante de su marido. Además, lo gritan en las calles de Yangon para asustar a la población».

Tampoco es poco común que los militares secuestren a las madres y a sus hijos, que permanecen en paraderos desconocidos por días y hasta semanas, de acuerdo con AMT. Ella, además, agregó que en numerosas ocasiones los niños son especialmente seleccionados como objetivos de los ataques, lo que explica la alarmante cifra de que 46 menores han sido asesinados por las fuerzas armadas desde el 1 de febrero, casi el diez por ciento del total, de acuerdo con los datos de UNICEF.

No obstante, este fenómeno no es nuevo, sino que ahora ha cobrado relevancia debido a que sucede de manera generalizada, y en particular, contra la población urbana bamar. «Las violaciones por parte del Tatmadaw (nombre bamar de las fuerzas armadas) han estado ocurriendo durante mucho tiempo, pero en áreas donde son difícil de mostrar debido a las falencias en la conectividad. Ahora están sucediendo en todas partes, así que es más fácil mostrarlas» indica AMT desde su refugio. Y es que, por ejemplo, en el estado Kachin, en el norte del país, las violaciones comenzaron en 2011, cuando el Tatmadaw rompió unilateralmente el acuerdo de cese el fuego con los grupos étnicos armados. «Al comienzo lo hacían de noche, pero hoy no hay diferencia entre el día y la noche, los soldados asaltan las casas de civiles a cualquier hora» atestiguó Moon Lay Ni.

De estos testimonios surge la pregunta: ¿por qué los militares se ensañan tanto con los civiles, en especial las mujeres y los niños? Khin Omar ensaya una respuesta desde sus décadas de experiencia enfrentando a las fuerzas armadas: «estamos lidiando con la fragante impunidad del Tatmadaw. Por décadas los mismos patrones de comportamiento barbárico se han transmitido sin rendir cuentas en ningún caso. La única salida es cortar con la impunidad de los militares». Sin embargo, no es optimista en su pronóstico: «las declaraciones de condena internacional no hacen ningún bien a la gente que está en las calles; necesitamos acción. Es frustrante ver que otra generación se enfrenta a la misma bota opresora, porque en 1988 nadie vio lo que nos hacían en las calles y ahora que todo el mundo puede ver, no hace nada al respecto».

En un tono similar, Esther Ze Naw hizo un particular pedido de ayuda: «además de que se pronuncien los activistas en otros países, lo que necesitamos es más equipo de protección para protegernos de las balas vivas, como calzado industrial y cascos». Es que, en el recrudecimiento de la represión militar, los soldados ya no usan solo gas lacrimógeno o balas de goma, sino que las balas de plomo se han convertido en la norma, y son generalmente dirigidas a las piernas de los manifestantes, para lisiarlos, pero también a sus cabezas. No obstante, aun ante tanta desesperación, los objetivos siguen firmes: «debemos continuar con las huelgas por lo menos por dos o tres meses más, sino nos distraeremos de nuestra meta», insiste Esther.

En un tono también esperanzador sumó su pronóstico Karen Smith, la Consejera Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Responsabilidad de Proteger: «debemos saber que los autores de estas atrocidades serán responsables. En ausencia de la remisión de estos casos por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la Corte Penal Internacional, la promoción de juicios en otros Estados, amparados en el derecho humanitario universal, es un recordatorio de que la junta no puede refugiarse en el Consejo de Seguridad para siempre», sentenció. La responsabilidad de proteger alude al principio acordado en la Cumbre Mundial de 2005 de la ONU, según el cual los países miembro reconocen que la soberanía no solo es un derecho, sino también una responsabilidad que los compromete a proteger a sus ciudadanos de delitos de lesa humanidad. De esta forma, ante la clara violación de este principio del derecho internacional por parte de la junta militar, cualquier país miembro de la ONU está en condiciones de iniciar acciones legales contra ella.

Las redes y organizaciones que agrupan a defensores de los derechos humanos de todo el globo han cobrado una particular relevancia en el caso de Myanmar. Women’s Peace Network es solo una de ellas, pero es un espacio vital en la coordinación de acciones y en la comunicación de las situaciones que viven los protagonistas de estos tiempos violentos que las fuerzas armadas birmanas han traído a su población. Escuchar y poder reportar lo que estas valientes activistas enfrentan a diario es esperanzador en tanto demuestran el ahínco con el que se mantienen al frente de comunidades enteras de personas particularmente vulnerables, como lo están siendo las mujeres frente a las fuerzas armadas. La defensa de los derechos humanos nunca está completa sin la defensa de los derechos de las mujeres, y los testimonios de estas activistas muestran a paladines que persisten en la lucha, a pesar de las balas.

Max Povse