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Defensa de la Libertad de Expresión Artística
30-10-2021Alarman los asesinatos de artistas y referentes de la cultura en Colombia
(Infobae) Durante 2021, CADAL ha documentado un total de diez asesinatos de artistas y referentes de la cultura en Colombia, nueve a manos de organizaciones criminales y una a mano de las fuerzas de seguridad. Ocho de las nueve víctimas de la violencia criminal fueron asesinatos premeditados que responden a un perfil claro. Se trata de artistas, principalmente músicos, que realizan tareas comunitarias en diferentes ámbitos: la defensa de derechos ambientales, culturales y sociales, trabajo contra la violencia y las drogas que pueden incluir proyectos de rehabilitación.Por Cecilia Noce
(Infobae) El pasado 19 de octubre en la ciudad de San Rafael en Antioquia, Colombia, cuatro jóvenes raperos fueron brutalmente asesinados: Estiven Quintero Hernández (26), Santiago Cobo Arcila (18), Santiago Guarín (21) y Elkin Emilio Gil Jiménez (16). Se encontraban rimando, en vistas a una participación del festival local en el parque principal de la ciudad. Según testimonios de gente del lugar, las improvisaciones fueron detenidas abruptamente por una ráfaga de disparos. Los responsables no fueron aún identificados.
La violencia no es un fenómeno nuevo en Colombia. En enero de 2020, Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, expresaba la preocupación del Alto Comisionado a través de números concretos: al menos 107 activistas defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2019 y en los primeros 13 días de 2020 se habían registrado otras 10 víctimas. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en la primera mitad de 2021, al menos 108 activistas y líderes comunitarios fueron asesinados.
Durante 2021, CADAL ha documentado un total de diez asesinatos de artistas y referentes de la cultura en Colombia, nueve a manos de organizaciones criminales y una a mano de las fuerzas de seguridad. Ocho de las nueve víctimas de la violencia criminal fueron asesinatos premeditados que responden a un perfil claro. Se trata de artistas, principalmente músicos, que realizan tareas comunitarias en diferentes ámbitos: la defensa de derechos ambientales, culturales y sociales, trabajo contra la violencia y las drogas que pueden incluir proyectos de rehabilitación.
El 23 de enero, Julián Sneider Múñoz Silva, conocido como “JS”, de 25 años, fue asesinado en la localidad de Buenaventura. Julián era cantante de rap y hip hop y realizaba tareas en la comunidad con un grupo llamado “Prisioneros de la Esperanza”. Su objetivo era mantener a los jóvenes alejados de las drogas y del narcotráfico.
El 6 de abril fue asesinado Rafael Domicó Carupia. Un grupo de hombres ingresaron a su casa en Amparradó Popalito, dentro de un territorio que es reserva cultural del pueblo originario Embera. Rafael, líder cultural y comunitario, fue salvajemente acuchillado y baleado frente a su familia. El territorio que le corresponde al pueblo Emberá es disputado por carteles narcos, entre ellos el Clan del Golfo. Rafael había denunciado amenazas contra él y su familia.
El 13 de junio, el reconocido cantante de salsa choke, Junior Jein, fue asesinado cuando ingresaba a un local para realizar una presentación. Los asesinos, mercenarios relacionados con el narcotráfico, fueron identificados esa misma noche. Junior también era un músico activo en sus denuncias contra la violencia estatal y criminal.
El 23 de agosto, tres individuos asesinaron al joven músico y estudiante Esteban Mosquera en la ciudad de Popoyán en el Valle de Cauca. Mosquera se había convertido en un icono del activismo social y un líder del movimiento estudiantil luego de perder un ojo en 2018, en las protestas contra el gobierno nacional, tras recibir un disparo de oficiales de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad). A través de su trabajo como fotógrafo, denunciaba la violencia en el Valle, tanto a mano de organizaciones criminales como del estado. Las cámaras de seguridad muestran que el asesinato de Esteban fue planificado. De hecho, llevaban días vigilándolo. La fiscalía identificó a dos hombres y un menor relacionados con la organización criminal Los Ovejos.
A ellos se suma el asesinato del artista urbano Nicolás Guerrero el 2 de mayo, durante las protestas nacionales contra la reforma impositiva. Al momento del disparo, los intentos de socorrerlo quedaron registrados en la cuenta de un usuario de Instagram (Dj Juan de Leon) que realizaba en ese momento una transmisión en vivo de lo que sucedía en las calles. Los principales sospechosos del asesinato son oficiales de la Esmad.
La masacre del 19 de octubre se encuentra aún bajo investigación. Las hipótesis son varias: la presencia de diferentes grupos narcos que combaten por el territorio usando a los civiles de fusibles, la intención de asesinar a uno de los jóvenes por su activismo ambiental, la búsqueda de amedrentar a la población civil, el arreglo de cuentas por consumo de drogas. Como fuere, el asesinato de los jóvenes ha impactado en la comunidad. El miedo ya se ha apoderado de San Rafael y de Antioquia.
Resulta imperioso que el gobierno colombiano implemente las medidas necesarias para resolver la creciente violencia contra la sociedad civil. Los habitantes de Colombia no pueden quedar a merced de organizaciones criminales. La seguridad, el correcto funcionamiento de la justicia y de las fuerzas de seguridad interior son también condiciones necesarias para el pleno ejercicio de la libertad de expresión artística y los derechos culturales. En memoria de los asesinados, Colombia debe cambiar.
Cecilia NoceInvestigadora AsociadaDoctoranda en Ciencias Sociales Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, beca UBACyT (Universidad de Buenos Aires); Maestría en Sociología de la cultura y análisis cultural, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín, Argentina- Año 2014; Postgrado Internacional “Gestión y Política en la comunicación y cultura”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Año 2005; Licenciada en Letras, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires; e Investigadora del Grupo de Estudios de Asia y América Latina, Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
(Infobae) El pasado 19 de octubre en la ciudad de San Rafael en Antioquia, Colombia, cuatro jóvenes raperos fueron brutalmente asesinados: Estiven Quintero Hernández (26), Santiago Cobo Arcila (18), Santiago Guarín (21) y Elkin Emilio Gil Jiménez (16). Se encontraban rimando, en vistas a una participación del festival local en el parque principal de la ciudad. Según testimonios de gente del lugar, las improvisaciones fueron detenidas abruptamente por una ráfaga de disparos. Los responsables no fueron aún identificados.
La violencia no es un fenómeno nuevo en Colombia. En enero de 2020, Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, expresaba la preocupación del Alto Comisionado a través de números concretos: al menos 107 activistas defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2019 y en los primeros 13 días de 2020 se habían registrado otras 10 víctimas. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en la primera mitad de 2021, al menos 108 activistas y líderes comunitarios fueron asesinados.
Durante 2021, CADAL ha documentado un total de diez asesinatos de artistas y referentes de la cultura en Colombia, nueve a manos de organizaciones criminales y una a mano de las fuerzas de seguridad. Ocho de las nueve víctimas de la violencia criminal fueron asesinatos premeditados que responden a un perfil claro. Se trata de artistas, principalmente músicos, que realizan tareas comunitarias en diferentes ámbitos: la defensa de derechos ambientales, culturales y sociales, trabajo contra la violencia y las drogas que pueden incluir proyectos de rehabilitación.
El 23 de enero, Julián Sneider Múñoz Silva, conocido como “JS”, de 25 años, fue asesinado en la localidad de Buenaventura. Julián era cantante de rap y hip hop y realizaba tareas en la comunidad con un grupo llamado “Prisioneros de la Esperanza”. Su objetivo era mantener a los jóvenes alejados de las drogas y del narcotráfico.
El 6 de abril fue asesinado Rafael Domicó Carupia. Un grupo de hombres ingresaron a su casa en Amparradó Popalito, dentro de un territorio que es reserva cultural del pueblo originario Embera. Rafael, líder cultural y comunitario, fue salvajemente acuchillado y baleado frente a su familia. El territorio que le corresponde al pueblo Emberá es disputado por carteles narcos, entre ellos el Clan del Golfo. Rafael había denunciado amenazas contra él y su familia.
El 13 de junio, el reconocido cantante de salsa choke, Junior Jein, fue asesinado cuando ingresaba a un local para realizar una presentación. Los asesinos, mercenarios relacionados con el narcotráfico, fueron identificados esa misma noche. Junior también era un músico activo en sus denuncias contra la violencia estatal y criminal.
El 23 de agosto, tres individuos asesinaron al joven músico y estudiante Esteban Mosquera en la ciudad de Popoyán en el Valle de Cauca. Mosquera se había convertido en un icono del activismo social y un líder del movimiento estudiantil luego de perder un ojo en 2018, en las protestas contra el gobierno nacional, tras recibir un disparo de oficiales de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad). A través de su trabajo como fotógrafo, denunciaba la violencia en el Valle, tanto a mano de organizaciones criminales como del estado. Las cámaras de seguridad muestran que el asesinato de Esteban fue planificado. De hecho, llevaban días vigilándolo. La fiscalía identificó a dos hombres y un menor relacionados con la organización criminal Los Ovejos.
A ellos se suma el asesinato del artista urbano Nicolás Guerrero el 2 de mayo, durante las protestas nacionales contra la reforma impositiva. Al momento del disparo, los intentos de socorrerlo quedaron registrados en la cuenta de un usuario de Instagram (Dj Juan de Leon) que realizaba en ese momento una transmisión en vivo de lo que sucedía en las calles. Los principales sospechosos del asesinato son oficiales de la Esmad.
La masacre del 19 de octubre se encuentra aún bajo investigación. Las hipótesis son varias: la presencia de diferentes grupos narcos que combaten por el territorio usando a los civiles de fusibles, la intención de asesinar a uno de los jóvenes por su activismo ambiental, la búsqueda de amedrentar a la población civil, el arreglo de cuentas por consumo de drogas. Como fuere, el asesinato de los jóvenes ha impactado en la comunidad. El miedo ya se ha apoderado de San Rafael y de Antioquia.
Resulta imperioso que el gobierno colombiano implemente las medidas necesarias para resolver la creciente violencia contra la sociedad civil. Los habitantes de Colombia no pueden quedar a merced de organizaciones criminales. La seguridad, el correcto funcionamiento de la justicia y de las fuerzas de seguridad interior son también condiciones necesarias para el pleno ejercicio de la libertad de expresión artística y los derechos culturales. En memoria de los asesinados, Colombia debe cambiar.
