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Defensa de la Libertad de Expresión Artística
28-06-2023Monopolios e intolerancia: las disputas en el espacio público
Los ataques documentados en 2022 no se produjeron en contextos de protestas, ni se encuadran en fervientes disputas narrativas. Son actos de simples silenciamiento de voces en un contexto latinoamericano de creciente intolerancia hacia el otro, principalmente en términos de identidad de género o postura política.Por Cecilia Noce
Según el monitoreo realizado por CADAL, la forma más extendida de ataque a la libertad de expresión artística en 2022 en América Latina ha sido el daño y destrucción parcial o total de obras en el espacio público, incluidos estatuas, murales, monumentos con más de setenta casos. El fenómeno no es nuevo. Desde #blacklivesmatter y el #metoo, los movimientos sociales llevaron sus disputas contra las narrativas estatales al ámbito del espacio público y del patrimonio cultural.
En Chile, las protestas de 2019 y 2020 dejaron un saldo de más de 300 obras dañadas, destruida o intervenidas. Frente a la magnitud del fenómeno, el Estado ensayó varias respuestas. Desde el Consejo de Monumentos Nacionales, se realizó un castrato georreferenciado de las obras afectadas que se encontraban protegidas por la Ley de Patrimonio (Ley 17.288) que mostró cómo la violencia sobre el espacio público incluyó narrativas históricas, espacios culturales y obras de arte sin distinción, ni sutilezas.
El proyecto “Antes del olvido” de la Escuela de Arte Felipe Baeza y Cristóbal Cea, en cambio, fue un intento de comprender la disputa pública. A partir de registros tridimensionales, se documentaron y contextualizaron las intervenciones sobre monumentos en diferentes zonas del país lo cual significó, al mismo tiempo, un acto de escucha que permitió dar entidad a las voces y discursos que se oponían a la narrativa del Estado-nación, y un menosprecio a las pérdidas y los daños ocasionados por los manifestantes.
En 2021, las protestas en Colombia reactualizaron las prácticas chilenas, con un énfasis en el muralismo, como forma de expresión. El recurso ya había generado debates y disputas, en especial a partir de la controversia y el accionar judicial en torno al mural “Quién dio la orden” sobre el juicio a militares acusados de ejecuciones extrajudiciales.
En el contexto de una práctica extendida, las protestas trajeron más voces al debate a través de murales y “contra-murales”. La mayoría de las intervenciones se enfocaron, en un primer momento, en la oposición a las reformas planteadas por el gobierno de Duque; a medida que el conflicto se agudizaba, el foco giró hacia la violencia de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.
Sin embargo, poco a poco, fueron surgiendo voces normalmente ajenas a estos debates. Grupos de ciudadanos salieron a borrar, limpiar o contestar las consignas que se repetían en paredes y muros de diferentes ciudades. Aunque en muchas ocasiones las intervenciones fueron sentidas e interpretadas como actos de censura, los “contra-murales” también implicaron una ampliación de las voces y la discusión pública por medios pacíficos.
Los ataques documentados en 2022 no se produjeron en contextos de protestas, ni se encuadran en fervientes disputas narrativas. Son actos de simples silenciamiento de voces en un contexto latinoamericano de creciente intolerancia hacia el otro, principalmente en términos de identidad de género o postura política.
En la región, siguen siendo constantes los intentos de obliterar las representaciones de la lucha por la ampliación de derechos sociales y políticos de la comunidad LGTBI y de la mujer. A pesar de los avances legislativos en este sentido, su representación continúa siendo foco de disputa: podemos ampliar, pero mejor no mostrarlo.
Por otro lado, la intolerancia política, sin que medien contextos de crisis, ha ido en aumento. Especialmente en Argentina, murales, estatuas, monumentos cuya temática gira en torno a la historia reciente, los derechos humanos y la memoria han sido sistemáticamente dañados a través de sobreescrituras, destrucción parcial o total. Los casos documentados muestran las dos caras de un mismo fenómeno. Por un lado, los gobiernos, nacional y locales, intervienen de forma monopólica sobre el espacio público a través de la homogeneización discursiva sobre temas que, en democracia, deberían responder a una lógica universal y plural. Por otro lado, la pulsión por imponer una sola narrativa genera continuos rechazos. Como consecuencia, una cantidad creciente de bustos, estatuas y murales han sido dañados a pesar de haber sido inaugurados pocas horas antes con bombos y platillos; o justamente, por ello.
Cecilia NoceInvestigadora AsociadaDoctoranda en Ciencias Sociales Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, beca UBACyT (Universidad de Buenos Aires); Maestría en Sociología de la cultura y análisis cultural, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín, Argentina- Año 2014; Postgrado Internacional “Gestión y Política en la comunicación y cultura”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Año 2005; Licenciada en Letras, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires; e Investigadora del Grupo de Estudios de Asia y América Latina, Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Según el monitoreo realizado por CADAL, la forma más extendida de ataque a la libertad de expresión artística en 2022 en América Latina ha sido el daño y destrucción parcial o total de obras en el espacio público, incluidos estatuas, murales, monumentos con más de setenta casos. El fenómeno no es nuevo. Desde #blacklivesmatter y el #metoo, los movimientos sociales llevaron sus disputas contra las narrativas estatales al ámbito del espacio público y del patrimonio cultural.
En Chile, las protestas de 2019 y 2020 dejaron un saldo de más de 300 obras dañadas, destruida o intervenidas. Frente a la magnitud del fenómeno, el Estado ensayó varias respuestas. Desde el Consejo de Monumentos Nacionales, se realizó un castrato georreferenciado de las obras afectadas que se encontraban protegidas por la Ley de Patrimonio (Ley 17.288) que mostró cómo la violencia sobre el espacio público incluyó narrativas históricas, espacios culturales y obras de arte sin distinción, ni sutilezas.
El proyecto “Antes del olvido” de la Escuela de Arte Felipe Baeza y Cristóbal Cea, en cambio, fue un intento de comprender la disputa pública. A partir de registros tridimensionales, se documentaron y contextualizaron las intervenciones sobre monumentos en diferentes zonas del país lo cual significó, al mismo tiempo, un acto de escucha que permitió dar entidad a las voces y discursos que se oponían a la narrativa del Estado-nación, y un menosprecio a las pérdidas y los daños ocasionados por los manifestantes.
En 2021, las protestas en Colombia reactualizaron las prácticas chilenas, con un énfasis en el muralismo, como forma de expresión. El recurso ya había generado debates y disputas, en especial a partir de la controversia y el accionar judicial en torno al mural “Quién dio la orden” sobre el juicio a militares acusados de ejecuciones extrajudiciales.
En el contexto de una práctica extendida, las protestas trajeron más voces al debate a través de murales y “contra-murales”. La mayoría de las intervenciones se enfocaron, en un primer momento, en la oposición a las reformas planteadas por el gobierno de Duque; a medida que el conflicto se agudizaba, el foco giró hacia la violencia de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.
Sin embargo, poco a poco, fueron surgiendo voces normalmente ajenas a estos debates. Grupos de ciudadanos salieron a borrar, limpiar o contestar las consignas que se repetían en paredes y muros de diferentes ciudades. Aunque en muchas ocasiones las intervenciones fueron sentidas e interpretadas como actos de censura, los “contra-murales” también implicaron una ampliación de las voces y la discusión pública por medios pacíficos.
Los ataques documentados en 2022 no se produjeron en contextos de protestas, ni se encuadran en fervientes disputas narrativas. Son actos de simples silenciamiento de voces en un contexto latinoamericano de creciente intolerancia hacia el otro, principalmente en términos de identidad de género o postura política.
En la región, siguen siendo constantes los intentos de obliterar las representaciones de la lucha por la ampliación de derechos sociales y políticos de la comunidad LGTBI y de la mujer. A pesar de los avances legislativos en este sentido, su representación continúa siendo foco de disputa: podemos ampliar, pero mejor no mostrarlo.
Por otro lado, la intolerancia política, sin que medien contextos de crisis, ha ido en aumento. Especialmente en Argentina, murales, estatuas, monumentos cuya temática gira en torno a la historia reciente, los derechos humanos y la memoria han sido sistemáticamente dañados a través de sobreescrituras, destrucción parcial o total. Los casos documentados muestran las dos caras de un mismo fenómeno. Por un lado, los gobiernos, nacional y locales, intervienen de forma monopólica sobre el espacio público a través de la homogeneización discursiva sobre temas que, en democracia, deberían responder a una lógica universal y plural. Por otro lado, la pulsión por imponer una sola narrativa genera continuos rechazos. Como consecuencia, una cantidad creciente de bustos, estatuas y murales han sido dañados a pesar de haber sido inaugurados pocas horas antes con bombos y platillos; o justamente, por ello.
