(Infobae) Un caso muy emblemático, que incluso es previo al 11J, es el del joven Luis Robles, de 29 años. El régimen lo acusa de los delitos de «Propaganda Enemiga» y «Desacato». Otro caso es el de la joven Daniela Rojo, de 25 años, y madre de dos niños pequeños. Por manifestarse el 11J, el régimen la acusa de desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir. El Fiscal ha solicitado que se le aplique una pena de 5 años de cárcel. Finalmente, otro caso que casi no ha tomado notoriedad pública, es el de la joven Yanilys Sariego, de 35 años, madre de un niño celíaco, y residente en Cárdenas. Se le imputan los delitos de desobediencia y resistencia. Los tres casos expuestos –que representan otros cientos y miles- son la imagen viva e individual, la historia concreta de jóvenes que padecen un régimen autoritario de partido único.

Por Brian Schapira

(Infobae) Las protestas del pasado 11 de julio (11J) en Cuba dejaron un tendal de arbitrariedades cometidas por el régimen cubano. Conforme los últimos registros de la organización de defensa de los Derechos Humanos Cubalex, de un total de 1.314 personas detenidas en relación con las protestas del 11J al menos 696 continúan presas. De las 570 personas que fueron liberadas de la prisión, muchas están a la espera de sus juicios en libertad bajo fianza o prisión domiciliaria.

Con posterioridad al 11J, la sociedad civil independiente de Cuba convocó a una nueva protesta pacífica para el pasado 20 de noviembre en las principales ciudades de todo el país. Las  consignas de la convocatoria eran la no violencia, el respeto de  los derechos de toda la población, la liberación de los presos políticos, y la solución de las diferencias con el gobierno por vías pacíficas y democráticas. Las autoridades declararon ilegal la convocatoria bajo la justificación de que contradice la Constitución Política de Cuba que define el “sistema socialista como irrevocable” y aduciendo que se trata de una estrategia apoyada por “gobiernos extranjeros que buscan un cambio de régimen en el país”. La respuesta negativa además ha ido acompañada de actos de hostigamiento y persecución contra aquellas personas que firmaron escritos solicitando permiso a manifestarse y contra quienes expresaron su intención de participar en la convocatoria.

Como parte de esta estrategia de intimidación, las autoridades cubanas decidieron llevar a cabo una serie de movilizaciones y ejercicios militares, denominados “Ejercicio Moncada” que culminarían el día 20 de noviembre, mismo día de la marcha cívica declarada ilegal. A pesar de este anuncio, amplios sectores de la sociedad civil independiente mantuvieron su propósito de manifestarse y decidieron adelantar la fecha de la protesta para el día 15 de noviembre (15N).

Ante esto, el gobierno cubano desplegó su aparato represivo amedrentando, persiguiendo y encarcelando a los convocantes, y tomando control del espacio público, particularmente rodeando con fuerzas de seguridad las viviendas de los convocantes más reconocidos.  Al respecto, también Cubalex informó que de las 91 personas detenidas en relación a la convocatoria del 15N, 9 continúan detenidas en prisión.

Las cifras referidas de perseguidos, encarcelados y juzgados arbitrariamente impacta. Sin embargo detrás de esas cifras hay personas de carne y hueso.

Por esto resulta valioso referirse a apenas tres de estos casos individuales, con nombre y apellido, para tomar mayor conciencia del drama que significa semejante arbitrariedad contra ciudadanos que solo pretenden ejercer el derecho humano a expresarse y manifestarse libre y pacíficamente en favor de un cambio democrático.

Un caso muy emblemático, que incluso es previo al 11J, es el del joven Luis Robles, de 29 años. El 4 de diciembre de 2020, hace ya más de un año, Luis decidió expresarse en una calle céntrica de la Habana con un cartel que reclamaba por la liberación del rapero Denis Solís, quien estaba preso por sus canciones contestarías y hoy se encuentra exiliado con su familia. El cartel simplemente decía “Libertad. No + Represión. Free Denis”. Tan solo eso significó que Luis fuera detenido de inmediato por la Policía Nacional Revolucionaria sin ofrecer resistencia. Hoy vive un calvario. Lleva más de un año preso. Ha denunciado torturas y malos tratos. El régimen lo acusa de los delitos de “Propaganda Enemiga” y “Desacato”. Su juicio se ha ido postergando hasta el pasado 16 de diciembre y está a la espera de la sentencia. El Fiscal pidió que se le apliquen 6 años de prisión. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU calificó su detención como arbitraria. El régimen cubano, miembro casi permanente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, desoye por completo la opinión de este Grupo.

Otro caso es el de la joven Daniela Rojo, de 25 años, y madre de dos niños pequeños. Daniela se manifestó el 11J y luego participó activamente en las convocatorias para el 15N como miembro del grupo “Archipiélago” liderado por el dramaturgo Yunior Garcia (hoy exiliado en España). Previo al 15N, Daniela estuvo detenida desaparecida por unos días y luego liberada. Por manifestarse el 11J, el régimen la acusa de desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir. El Fiscal ha solicitado que se le aplique una pena de 5 años de cárcel.

Finalmente, otro caso que casi no ha tomado notoriedad pública, es el de la joven Yanilys Sariego, de 35 años, madre de un niño celíaco, y residente en Cárdenas, Provincia de Matanzas. Yanilys es una persona activa en redes sociales, en donde expresa sus posiciones contra el régimen y particularmente manifiesta allí sus reclamos por el indebido acceso a los alimentos especiales que requiere su hijo. También se ha expresado en favor de la convocatoria al 15N. En el marco de un asedio y acoso permanente en la puerta de su casa por parte de agentes uniformados y no uniformados, había presentado una queja ante la Fiscalía cuestionando “citaciones” irregulares a comparecer a declarar ante la Seguridad del Estado. El 10 de noviembre pasado, a los pocos días de la presentación de esta queja (que además el personal de la Fiscalía intentó por todos los medios que no se le recibiera), fue abordada en su domicilio por policías que expresaron que debían llevarla para notificarle la resolución de su queja (lo cual resultaba totalmente ilegal e inverosímil). Ante la resistencia de Yanilys, ella fue arrestada por la fuerza y estuvo detenida ilegalmente por 8 días en la Unidad de Seguridad del Estado de la ciudad de Matanzas. Allí fue interrogada ilegalmente y amenazada en varias oportunidades durante ese lapso. En ningún momento durante su detención se le informó de los cargos en su contra, ni se le permitió el acceso a un defensor oficial. Actualmente se encuentra bajo reclusión domiciliaria, en un proceso donde se le imputan los delitos de desobediencia y resistencia, ambos con máximos de prisión de un año. Todo por haber hecho nada más que expresarse.

Los tres casos expuestos –que representan otros cientos y miles- son la imagen viva e individual, la historia concreta de jóvenes que padecen un régimen autoritario de partido único que cumplirá 63 años el 1 de enero de 2022 (a los que podríamos sumar los padecimientos de otros 7 de la previa dictadura de Batista) y ha impedido sistemáticamente cualquier expresión o manifestación que lo cuestione. Estas tres caras, son las caras de una nueva generación que se rebela reclamando libertad y progreso. Paradójicamente para muchos, son jóvenes que desde el arte y el activismo pro democrático, con un compromiso fresco y sanamente rebelde cuestionan poniendo el cuerpo a un régimen vetusto, ultraconservador, pacato y reaccionario.

Estos jóvenes merecen toda la admiración y solidaridad.

Brian Schapira

Investigador Asociado

Abogado (Universidad de Buenos Aires), con un Master en Derecho Internacional y Comparado (Southern Methodist University - Dedman School of Law, Dallas – Texas – EE.UU.) y un Posgrado en Derecho del Petróleo y Gas (Universidad de Buenos Aires). Fue pasante del International Clerkship Program ante la Justicia Federal de Estados Unidos (Dallas – Texas). Fue Subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Nación de la República Argentina entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Trabajó como Abogado Senior Asociado del Estudio Bunge, Smith y Lucchia Puig; Asesor Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Asesor Legal en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Responsable del Departamento Legal de la Fundación Tzedaká; y Abogado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).