(Clarín) Las actitudes cómplices, justificadoras o indiferentes de muchos sectores políticos y gobiernos de la región y el mundo (incluido el argentino, que además, preside el Consejo de Derechos Humanos de la ONU), deben contrastarse con aquello sobre lo que los propios sistemas internacionales de protección de derechos humanos han dicho en los últimos meses.

Por Brian Schapira

Calle de La Habana, 12/7/2021. Las calles de la capital cubana permanecen en calma un día después de las grandes manifestaciones realizadas en contra del gobierno. Foto: CLARIN - EFE/Ernesto Mastrascusa

(Clarín) Este 11 de julio (11J) se cumple un año de las espontáneas y masivas protestas pacíficas en Cuba. Miles de cubanos en ciudades y pueblos de toda la isla salieron a las calles a reclamar por las graves carencias que padecen y por las severas restricciones que sufren a sus derechos civiles y políticos.

El grito que prevaleció en las protestas fue el de “¡Libertad!”.  La respuesta del gobierno cubano fue una dura represión y una ola posterior de persecución y encarcelamientos que se mantiene y que recrudece contra ciudadanos comunes que han alzado su voz, y particularmente contra defensores de derechos humanos, periodistas, artistas y activistas pro democráticos. Según las organizaciones Cubalex y Justicia 11J, actualmente hay más de 701 detenidos por las protestas.

Las actitudes cómplices, justificadoras o indiferentes de muchos sectores políticos y gobiernos de la región y el mundo (incluido el argentino, que además, preside el Consejo de Derechos Humanos de la ONU), deben contrastarse con aquello sobre lo que los propios sistemas internacionales de protección de derechos humanos han dicho en los últimos meses.

Recientemente Cuba fue examinada ante dos de los Comités de Naciones Unidas, encargados de evaluar el cumplimiento de las disposiciones de los principales tratados de derechos humanos por los países signatarios de estos.

Dichos Comités que están conformados por expertos independientes, tienen entre otras funciones, cada aproximadamente 4 años, mantener un dialogo presencial con autoridades de los gobiernos para realizar tal evaluación.

Finalizado el diálogo estos Comités emiten observaciones y recomendaciones a los países evaluados Es así que en junio pasado el Comité de los Derechos del Niño (encargado de velar por la observancia de la Convención en esa materia), emitió sus observaciones finales sobre Cuba.

Al referirse a los sucesos y consecuencias del 11J, fue categórico en señalar su preocupación por las alegaciones de abuso y mal trato durante los arrestos de niños y adolescentes. Instó a las autoridades a investigar los reportes de detenciones arbitrarias, detenciones bajo régimen de incomunicación, desapariciones forzadas, malos tratos y torturas de niños, para identificar y juzgar y castigar a los responsables y reparar a las víctimas.

El informe menciona alegaciones de que niños de incluso 13 años fueron detenidos violentamente, otros llevados de sus casas por la noche sin que sus familias fueran informadas de su destino y mantenidos incomunicados, y transferidos a diferentes lugares para interrogarlos por largas horas, con un número de ellos que aún continúan privados de la libertad.

También este Comité se expresó como altamente preocupado por la persecución penal de niños, algunos de los cuales fueron sentenciados con penas de 5 a 10 años, como resultado de ejercitar su derecho a la reunión pacífica el 11J.

Por otra parte, en mayo pasado Cuba fue examinada también por los expertos del Comité contra la Tortura – que supervisa el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes En su informe final, del pasado 9 de junio, dicho Comité fue contundente con relación a las consecuencias del 11J.

Allí expresó su preocupación por informaciones propias de las Naciones Unidas que dan cuenta de presuntas detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y malos tratos ocurridos en el marco de dichas protestas.

Agregó que le preocupan los actos de represión denunciados en contra de defensores de derechos humanos, artistas y periodistas; y que los informes recibidos documentan malos tratos como golpizas, insultos, amenazas de carácter sexual, registros corporales integrales, aislamiento en celdas oscuras, uso de gas pimienta, exposición a altas temperaturas dentro de vehículos policiales y abandono de personas retenidas en zonas remotas.

También se refirió a denuncias de juicios sumarios sin garantías del debido proceso, restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a Internet y actos de repudio.

A lo largo del resto del informe las observaciones son contundentes en cuanto a un sistema judicial completamente viciado y carente de la más mínima independencia. Cuestiona no solo la falta de independencia de jueces y fiscales sino hasta la propia imposibilidad del ejercicio de la abogacía en forma libre.

Señala la aplicación en ciertos casos de jurisdicción militar a civiles; el irrespeto permanente a las más mínimas garantías del debido proceso; las detenciones arbitrarias seguidas de malos tratos y torturas; las figuras penales vagas basadas en conceptos subjetivos; las malísimas condiciones de detención en cárceles dónde también hay denuncias de torturas y malos tratos; y el uso prolongado de la prisión preventiva.

También, el Comité dedicó un párrafo especial a resaltar que estas faltas de garantías, arbitrariedades, hostigamientos, represalias y malas condiciones de detención se ven agravadas cuando se trata de defensores de derechos humanos, periodistas y artistas considerados opositores.

Estos informes contrastan con la ausencia casi absoluta de declaraciones públicas de la saliente Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien sólo se pronunció tibiamente unos días después del 11J y no se ha hecho eco del posterior endurecimiento de la represión, reflejado por ejemplo en los referidos informes.

La omisión de Bachelet contrasta con el importante trabajo que viene realizando –incluso desde antes de las protestas- la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya en febrero de 2020 presentó un informe extenso sobre la situación en la isla y se ha pronunciado públicamente a lo largo de este año en varios comunicados, y mantiene un dialogo permanente con la sociedad civil de seguimiento de la situación.

Lo deseable de aquí en más es que los países democráticos aumenten su presión sobre el régimen cubano con acciones concretas como declaraciones y pedidos de resoluciones que aborden la situación en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde increíblemente Cuba es casi un miembro permanente.

Asimismo, deben exigir a Cuba alguna forma de amnistía -o figura similar- que deje sin efecto las condenas así como los antecedentes penales de los manifestantes perseguidos penalmente. El derecho a manifestarse pacíficamente es un derecho humano, pero en una dictadura como la cubana se castiga como un grave crimen.

Brian Schapira

Investigador Asociado

Abogado (Universidad de Buenos Aires), con un Master en Derecho Internacional y Comparado (Southern Methodist University - Dedman School of Law, Dallas – Texas – EE.UU.) y un Posgrado en Derecho del Petróleo y Gas (Universidad de Buenos Aires). Fue pasante del International Clerkship Program ante la Justicia Federal de Estados Unidos (Dallas – Texas). Fue Subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Nación de la República Argentina entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Trabajó como Abogado Senior Asociado del Estudio Bunge, Smith y Lucchia Puig; Asesor Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Asesor Legal en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Responsable del Departamento Legal de la Fundación Tzedaká; y Abogado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).