Estos posicionamientos resultan inentendibles. La grave situación de violaciones de derechos humanos en Nicaragua no está en duda y ha sido reflejada en informes de la CIDH, de la Alta Comisionada Bachelet y de numerosas organizaciones de la sociedad civil. El derecho internacional de los derechos humanos se basa en cierta cesión de soberanía por parte de los estados en favor del interés superior de la protección de los derechos fundamentales de las personas. Lo que justamente corresponde es intervenir en los casos de dictaduras que cometen graves violaciones.

Por Brian Schapira

Nuevamente la política exterior del gobierno argentino muestra una actitud de complicidad con las violaciones a los derechos humanos. Otra vez más se abstuvo de votar una resolución en el Consejo Permanente de la OEA que aborda la situación en Nicaragua.

En esta resolución se afirma que Nicaragua está incumpliendo la Carta Democrática Interamericana, y se abordan la necesidad de urgentemente poner en libertad a todos los presos políticos y de acordar reformas electorales abriendo el dialogo con los partidos para celebrar elecciones libres. También se la insta a Nicaragua en revocar las leyes que restrinjan la participación política y limiten los derechos humanos y a permitir el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

Esta resolución es la continuación y consecuencia de una resolución previa de la Asamblea de la OEA aprobada el 12 de noviembre pasado. Resulta grotesco y contradictorio que en dicha oportunidad el gobierno argentino votó en favor de la aprobación de la resolución, mientras que en el marco del Consejo Permanente, tanto esta semana como en junio y octubre pasados se abstuvo a la hora de señalar a Nicaragua.

En oportunidad del voto favorable argentino en la Asamblea, el Vicecanciller Pablo Tettamanti tuvo un discurso extremadamente tibio, casi culposo, en el que prácticamente se excusó del sentido de la posición argentina. Además, no perdió oportunidad de mencionar el reiterado argumento de la “no intervención”, en el que el gobierno siempre se ampara indebidamente.

Volviendo a lo ocurrido al reciente debate en el Consejo Permanente, el Embajador Carlos Raimundi, al justificar su abstención, esgrimió argumentos desubicados diciendo que Argentina “está convencida que los informes del lugar son mucho más completos y precisos que los que se realizan desde fuera de la situación” y que rechazaba “la aplicación de sanciones o cualquier otra medida que pudiera exacerbar el conflicto o agravar la situación” de los nicaragüenses “generando tensiones que pueden ser utilizadas para justificar una mayor intervención externa”.

¿A qué informes se refería, a los del régimen? ¿Quiso decir que los informes de la ONU y la CIDH, mencionados en la resolución previa de la Asamblea, que Argentina sí votó, no son legítimos? ¿Esto cambia la posición en la que se venía amparando el gobierno argentino de acompañar lo que diga Michelle Bachelet? ¿Está el gobierno argentino cuestionando los informes de la CIDH? ¿A cuál tipo de sanción e intervención se refería Raimundi, si la resolución no hace mención al respecto? Preguntas sin respuestas, que el gobierno no aclara, porque oscurecería.

Estos posicionamientos resultan inentendibles. La grave situación de violaciones de derechos humanos en Nicaragua no está en duda y ha sido reflejada en informes de la CIDH, de la Alta Comisionada Bachelet y de numerosas organizaciones de la sociedad civil.

Es penoso que al día siguiente de haber sido elegida la Argentina para presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se cometa otra de las tantas actitudes cómplices con distintas dictaduras a las que nos tiene acostumbrado este gobierno, y que sólo excepcionalmente zigzaguea cuando apoya alguna resolución contra las dictaduras de la región en la ONU o en la OEA.

Esta complicidad y zigzagueo también se refleja con las posturas sobre Venezuela en la OEA, donde el Embajador Raimundi ha sido fervientemente condescendiente con la dictadura de Maduro, poco antes de que en la ONU -en octubre de 2020- Argentina votara a favor de la prórroga de la “Misión de determinación de hechos” que concluyó que en Venezuela se estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad.

A esto se suman el vergonzoso episodio de marzo de 2021 ante la Corte Penal Internacional. Esa vez, el gobierno de Fernandez pretendió retirar tanto la denuncia por la situación en Venezuela presentada por los países del Grupo de Lima, como el informe aportado a esa Corte con testimonios de víctimas venezolanas residentes en nuestro país que había sido aportado durante el gobierno del Presidente Macri.

En cuanto a la grave situación en Cuba, el Presidente Fernández quedó en ridículo cuando dijo desconocer “la dimensión del problema”, luego de las protestas del 11 de julio pasado que dispararon una ola represiva y persecutoria de activistas democráticos independientes, artistas y ciudadanos comunes que demandaban por sus libertades.

Todo esto se da en un contexto en que, como se ha dicho, la Argentina ocupará durante 2022 la Presidencia del Consejo de derechos humanos de ONU. Sería lamentable que nuestro país continúe sosteniendo estas posiciones y este mal uso del principio de “no injerencia”, desde un lugar de tan importante valor simbólico y de influencia real.

Estas posturas que intentan ampararse bajo el pretexto de la “no injerencia” son inaplicables para casos de graves y sistemáticas violaciones como las constatadas en los casos antedichos. El derecho internacional de los derechos humanos se basa en cierta cesión de soberanía por parte de los estados en favor del interés superior de la protección de los derechos fundamentales de las personas. Lo que justamente corresponde es intervenir en los casos de dictaduras que cometen graves violaciones. Este tipo de intervención no debe confundirse con intervenciones armadas, ni sanciones extremas, las que de todos modos –fracasadas otras instancias- sí pueden ser aplicables en otros casos más extremos en aplicación de la doctrina que sostiene la “responsabilidad de proteger”.

Frente a las dictaduras, en lugar del principio de “no injerencia” lo que debe primar para las naciones comprometidas con una verdadera solidaridad democrática y los derechos humanos, es el principio de “no indiferencia” invocado en los debates en ONU sobre la situación en Venezuela por el Embajador Carlos Foradori en 2019, cuando Argentina ocupaba la vicepresidencia del Consejo de derechos humanos.

Mientras el gobierno sobreactúa falsamente la celebración del 10 de diciembre pretendiendo apropiarse de una causa que no le pertenece, en los foros internacionales es cómplice de dictaduras.

Brian Schapira

Investigador Asociado

Abogado (Universidad de Buenos Aires), con un Master en Derecho Internacional y Comparado (Southern Methodist University - Dedman School of Law, Dallas – Texas – EE.UU.) y un Posgrado en Derecho del Petróleo y Gas (Universidad de Buenos Aires). Fue pasante del International Clerkship Program ante la Justicia Federal de Estados Unidos (Dallas – Texas). Fue Subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Nación de la República Argentina entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Trabajó como Abogado Senior Asociado del Estudio Bunge, Smith y Lucchia Puig; Asesor Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Asesor Legal en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Responsable del Departamento Legal de la Fundación Tzedaká; y Abogado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).