Las acciones irresponsables del gobierno ecuatoriano minan una de las pocas figuras a la que pueden apelar quienes sufren de una persecución política. Si el precio a pagar por castigar las felonías por Jorge Glas es debilitar el asilo diplomático, se trata de un precio muy oneroso para la defensa de la democracia y de los derechos humanos en América Latina.

Por Ignacio Labaqui

La irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de México para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas es una evidencia más del mal momento que atraviesa la democracia en América Latina. Las democracias no prosperan, más bien tienden a debilitarse. Asimismo, los autoritarismos, independientemente de la ideología que ostentan, se consolidan. Y como para empeorar las cosas, hay una clara fragmentación a nivel regional que poco contribuye a fortalecer la democracia y el respeto a los derechos humanos. Más bien lo contrario.

En este contexto la decisión del gobierno de Daniel Noboa de irrumpir por la fuerza en la embajada de México es un acto de suma gravedad, no solo porque constituye una flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, sino porque sienta un peligrosísimo precedente que podría ser aprovechado por algunos gobiernos de la región cuyo registro en materia de respeto de los derechos humanos deja bastante que desear y que han hecho de la persecución y encarcelamiento de dirigentes opositores una práctica habitual.

Como es sabido, la irrupción por la fuerza en la embajada mexicana en Quito fue precedida por una escalada verbal entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Daniel Noboa. AMLO sugirió que Noboa llegó a la presidencia gracias al asesinato de Fernando Villavicencio, fallido candidato presidencial en las elecciones de octubre de 2023. Acto seguido, concedió el asilo diplomático al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción y liberado a fines de 2023 y sobre quien pesaba una nueva acusación por corrupción.

Los arrebatos verbales de López Obrador son ya moneda corriente. Su caso no es excepcional con todo. Los exabruptos verbales por parte de algunos jefes de estado latinoamericanos se han vuelto una práctica habitual de la cual AMLO no es el único exponente como bien se sabe.

Por muy graves que hayan sido las palabras de López Obrador y por muy corrupto que fuera Glas, violentar una sede diplomática es un acto inaceptable, propio de autocracias como Cuba o Irán que en 1981 y 1979 irrumpieron en las embajadas de Ecuador y Estados Unidos respectivamente. La inviolabilidad de la sede diplomática está consagrada en la ya mencionada Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. A su vez, la figura del asilo diplomático se encuentra normada en la región por la Convención de Caracas de 1954.

Más allá de las acusaciones que pesen sobre Glas, no corresponde al Ecuador determinar si éste es o no un perseguido político, sino a México, en cuya embajada el exvicepresidente se encontraba refugiado.  Cabe recordar que la Convención de Caracas justamente se firmó luego de la controversia suscitada por el pedido de asilo de Víctor Haya de la Torre en la embajada de Colombia en 1948. Haya de la Torre permaneció 4 años en la sede diplomática colombiana debido a la negativa del gobierno peruano a otorgarle el salvoconducto. Colombia y Perú llevaron el caso a la Corte Internacional de Justicia que, si bien le dio la razón a este último, no dispuso la entrega de Haya de la Torre al gobierno peruano. La firma de la Convención de Caracas le dio mayor estabilidad a lo que era una costumbre regional latinoamericana. Ello, sin embargo, no impidió que la última dictadura militar argentina se negara a concederle el salvoconducto a Héctor J. Cámpora y a Juan Manuel Abal Medina, quienes permanecieron 3 años y 7 meses y 6 años respectivamente en la embajada de México. Cámpora solo fue liberado cuando la ya grave enfermedad que lo aquejaba era terminal.

Noboa, quien goza de altos niveles de popularidad, tiene la mente puesta en la consulta popular del 21 de abril, la cual podría darle un fuerte impulso a sus chances de lograr la reelección en las elecciones de febrero de 2025. En un fenómeno que no es inusual en América Latina, decisiones importantes de política exterior se adoptan en base a consideraciones mezquinas de política doméstica, ignorando las consecuencias que ello puede acarrear y los precedentes que sientan. Lo más suave que puede decirse de la violenta irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la embajada de México, es que se trata de un acto que aparte de ser ilegal, es sumamente irresponsable.

Noboa ha abierto la puerta para que otros gobiernos de la región se comporten de la misma manera en un momento en que regímenes como el venezolano y nicaragüense persiguen abiertamente a dirigentes opositores. ¿Qué tal si el gobierno de Nicolás Maduro decidiera proceder como Noboa e irrumpir en la embajada argentina en la que varios colaboradores de María Corina Machado se encuentran refugiados? ¿Acaso no podría ampararse en la puerta que torpemente ha abierto Daniel Noboa? ¿Y por qué no haría lo propio el brutal gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo?

Las malas prácticas hacen escuela en una región en la que, al calor de un legítimo descontento de parte de la ciudadanía, llegan al poder verdaderos vendedores de espejitos de colores cuyo compromiso con la democracia es dudoso. La violación de la sede diplomática de México en Ecuador no ocurre en el vacío. 

Mientras la democracia -de acuerdo a diversos estudios como por ejemplo el reporte de V-Dem que publica anualmente la Universidad de Gotemburgo- se estanca y deteriora en América Latina, en un momento en el que diversos gobiernos violan sistemáticamente los derechos humanos y persiguen a opositores incluso más allá de sus fronteras, en el que líderes personalistas buscan debilitar las instituciones electorales y la independencia del Poder Judicial, las acciones irresponsables del gobierno ecuatoriano minan una de las pocas figuras a la que pueden apelar quienes sufren de una persecución política. Si el precio a pagar por castigar las felonías por Jorge Glas es debilitar el asilo diplomático, se trata de un precio muy oneroso para la defensa de la democracia y de los derechos humanos en América Latina. 

Ignacio Labaqui

Consejero Académico

Profesor de Política Latinoamericana y Teoría de las Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA), y de Gobernanza Regional Comparada en el Máster de Estudios Internacionales en la Universidad del CEMA. Al mismo tiempo, se desempeña como analista senior en Medley Global Advisors. Labaqui es Magister of Science in Sociology de la London School of Economics and Political Science; y licenciado en Ciencias Políticas, con especialización en Relaciones Internacionales de la UCA. Es Consejero Académico de CADAL.