Comunicados
Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
CADAL condena el asesinato de Alekséi Navalni
La muerte en prisión de un ex candidato político dedicado a denunciar la corrupción del gobierno de Vladimir Putin es un claro ejemplo del creciente nivel de persecución contra toda disidencia en Rusia, particularmente a partir de la invasión a gran escala a Ucrania en febrero de 2022.
El representante de la oposición en Rusia había sido detenido en una prisión de máxima seguridad desde enero de 2021. A lo largo de los últimos 3 años, el abogado, bloguero y creador de la ONG Fundación Anticorrupción había sufrido abusos que fueron calificados como una forma de tortura por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH). El mismo organismo había solicitado en reiteradas oportunidades al gobierno ruso poner fin a las condiciones punitivas en las que se encontraba retenido Navalni y realizar una investigación respecto a las “acusaciones creíbles de tortura” a las que había sido sometido. También se reclamó para que recibiera tratamiento y atención médica acordes a su estado de salud, pero estos reclamos fueron desoídos por las autoridades del Kremlin. Entre otros maltratos, diversas organizaciones registraron que se lo sometió a privación del sueño y confinamiento solitario en duras condiciones durante un período de siete meses.
Mariana Katzarova, relatora especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos en la Federación de Rusia, comunicó a fines del año pasado que “los malos tratos persistentes durante la detención y la falta de acceso a atención médica adecuada causarán más daños a su salud y conducirán a grandes riesgos para su vida”.
Navalni había regresado a Rusia el 17 de enero de 2021 después de pasar cinco meses en Alemania. Había sido trasladado a un hospital de Berlín luego de ser envenenado cinco meses antes, según el gobierno alemán, con Novichok, un agente químico nervioso desarrollado en la Unión Soviética. El Kremlin negó cualquier relación con el atentado e incluso el presidente ruso dijo en diciembre que, si hubiera querido matarlo, el político opositor estaría muerto.
Al aterrizar en Moscú, el oriundo de la región de Moscú, fue detenido acusado de haber infringido los términos de libertad condicional impuestos en una condena de 2013 por malversación de fondos: no se presentó en forma regular ante la corte mientras se encontraba en tratamiento en Alemania. Pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que el juicio no había sido justo, que había tenido motivaciones políticas, y ordenó anular la sentencia, la corte rusa sostuvo la pena de 5 años de prisión en suspenso en 2017.
En 2022, fue declarado culpable de desacato y malversación de fondos y condenado a nueve años de prisión. Y, al año siguiente, fue sentenciado a 19 años adicionales por cargos que incluían “la incitación y financiación de actividades extremistas y la creación de una organización extremista” y “rehabilitar la ideología nazi”. Entonces Amnistía Internacional calificó al juicio de “farsa” y definió a Navalni como prisionero de conciencia. “Es un siniestro acto de venganza política que no sólo apunta personalmente a Navalni sino que sirve como advertencia para los críticos del Estado en todo el país”, publicó la organización.
A partir de diciembre pasado, se encontraba recluido en una prisión de máxima seguridad al norte del Círculo Polar Ártico, a casi 2000 kilómetros de Moscú y en una de las colonias penales más duras del país.
La muerte en prisión de un ex candidato político dedicado a denunciar la corrupción del gobierno de Vladimir Putin es un claro ejemplo del creciente nivel de persecución contra toda disidencia en Rusia, particularmente a partir de la invasión a gran escala a Ucrania en febrero de 2022. La intolerancia, la violencia, la represión y el autoritarismo se han convertido en elementos característicos de un régimen que se prepara para las próximas elecciones presidenciales en marzo, comicios que muy probablemente carezcan de legitimidad democrática.
Desde CADAL, condenamos esta grave situación y nos solidarizamos con los presos de conciencia, exiliados políticos, perseguidos y con todos aquellos que sufren las consecuencias de la autocracia de Moscú.
El representante de la oposición en Rusia había sido detenido en una prisión de máxima seguridad desde enero de 2021. A lo largo de los últimos 3 años, el abogado, bloguero y creador de la ONG Fundación Anticorrupción había sufrido abusos que fueron calificados como una forma de tortura por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH). El mismo organismo había solicitado en reiteradas oportunidades al gobierno ruso poner fin a las condiciones punitivas en las que se encontraba retenido Navalni y realizar una investigación respecto a las “acusaciones creíbles de tortura” a las que había sido sometido. También se reclamó para que recibiera tratamiento y atención médica acordes a su estado de salud, pero estos reclamos fueron desoídos por las autoridades del Kremlin. Entre otros maltratos, diversas organizaciones registraron que se lo sometió a privación del sueño y confinamiento solitario en duras condiciones durante un período de siete meses.
Mariana Katzarova, relatora especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos en la Federación de Rusia, comunicó a fines del año pasado que “los malos tratos persistentes durante la detención y la falta de acceso a atención médica adecuada causarán más daños a su salud y conducirán a grandes riesgos para su vida”.
Navalni había regresado a Rusia el 17 de enero de 2021 después de pasar cinco meses en Alemania. Había sido trasladado a un hospital de Berlín luego de ser envenenado cinco meses antes, según el gobierno alemán, con Novichok, un agente químico nervioso desarrollado en la Unión Soviética. El Kremlin negó cualquier relación con el atentado e incluso el presidente ruso dijo en diciembre que, si hubiera querido matarlo, el político opositor estaría muerto.
Al aterrizar en Moscú, el oriundo de la región de Moscú, fue detenido acusado de haber infringido los términos de libertad condicional impuestos en una condena de 2013 por malversación de fondos: no se presentó en forma regular ante la corte mientras se encontraba en tratamiento en Alemania. Pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que el juicio no había sido justo, que había tenido motivaciones políticas, y ordenó anular la sentencia, la corte rusa sostuvo la pena de 5 años de prisión en suspenso en 2017.
En 2022, fue declarado culpable de desacato y malversación de fondos y condenado a nueve años de prisión. Y, al año siguiente, fue sentenciado a 19 años adicionales por cargos que incluían “la incitación y financiación de actividades extremistas y la creación de una organización extremista” y “rehabilitar la ideología nazi”. Entonces Amnistía Internacional calificó al juicio de “farsa” y definió a Navalni como prisionero de conciencia. “Es un siniestro acto de venganza política que no sólo apunta personalmente a Navalni sino que sirve como advertencia para los críticos del Estado en todo el país”, publicó la organización.
A partir de diciembre pasado, se encontraba recluido en una prisión de máxima seguridad al norte del Círculo Polar Ártico, a casi 2000 kilómetros de Moscú y en una de las colonias penales más duras del país.
La muerte en prisión de un ex candidato político dedicado a denunciar la corrupción del gobierno de Vladimir Putin es un claro ejemplo del creciente nivel de persecución contra toda disidencia en Rusia, particularmente a partir de la invasión a gran escala a Ucrania en febrero de 2022. La intolerancia, la violencia, la represión y el autoritarismo se han convertido en elementos característicos de un régimen que se prepara para las próximas elecciones presidenciales en marzo, comicios que muy probablemente carezcan de legitimidad democrática.
Desde CADAL, condenamos esta grave situación y nos solidarizamos con los presos de conciencia, exiliados políticos, perseguidos y con todos aquellos que sufren las consecuencias de la autocracia de Moscú.