Comunicados
Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
Se impone una mayor solidaridad democrática internacional frente al fraude electoral de la dictadura venezolana
Es hora de demandar de manera enérgica un mayor compromiso con la democracia y su defensa a escala internacional. Por lo tanto, no alcanza con denunciar lo que sucede en Venezuela sin hacer extensiva esa denuncia a los países que se pronunciaron reconociendo el triunfo fraudulento de Nicolás Maduro.
Luego del fraude electoral perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro, quien había advertido que ganaría “por las buenas o por las malas”, queda poco que agregar a las denuncias sobre la alteración de la voluntad popular y la posterior represión de la protesta social que ya incluye víctimas fatales.
Cabe recordar que desde la asunción del militar Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela el 2 de febrero de 1999, luego de haber competido en las elecciones libres del 6 de diciembre de 1998, se inició en este país un proceso de progresiva erosión del estado de derecho sostenido en un manejo discrecional y corrupto de los fondos públicos, a la vez que con una ostensible voluntad de perpetuación en el poder a cualquier precio.
Lo cierto es que esta película de muerte lenta de la democracia en Venezuela se produjo a la vista de todos y contó con la complicidad de muchos países de la región, cuyos gobernantes y funcionarios contribuyeron, por acción u omisión, a legitimar a una dictadura que forzó el exilio de millones de venezolanos.
Por tal motivo, es hora de demandar de manera enérgica un mayor compromiso con la democracia y su defensa a escala internacional. Por lo tanto, no alcanza con denunciar lo que sucede en Venezuela sin hacer extensiva esa denuncia a los países que se pronunciaron reconociendo el triunfo fraudulento de Nicolás Maduro como es el caso de las dictaduras de China, Rusia, Irán, Siria, Bielorrusia, Qatar, Cuba y Nicaragua.
Es hora de demandar que los países con gobiernos democráticos implementen una política exterior que denuncie activamente a los Estados autoritarios que criminalizan la disidencia. Los intereses económicos y comerciales no pueden estar por encima de la defensa de los derechos humanos y la dignidad humana. Ese es el compromiso que la comunidad internacional asumió el 10 de diciembre de 1948.
Si las democracias no asumen su responsabilidad de defender esta forma de gobierno para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y fomentar la paz mundial, casos como el de Venezuela se seguirán repitiendo y las dictaduras seguirán gozando de impunidad.
Luego del fraude electoral perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro, quien había advertido que ganaría “por las buenas o por las malas”, queda poco que agregar a las denuncias sobre la alteración de la voluntad popular y la posterior represión de la protesta social que ya incluye víctimas fatales.
Cabe recordar que desde la asunción del militar Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela el 2 de febrero de 1999, luego de haber competido en las elecciones libres del 6 de diciembre de 1998, se inició en este país un proceso de progresiva erosión del estado de derecho sostenido en un manejo discrecional y corrupto de los fondos públicos, a la vez que con una ostensible voluntad de perpetuación en el poder a cualquier precio.
Lo cierto es que esta película de muerte lenta de la democracia en Venezuela se produjo a la vista de todos y contó con la complicidad de muchos países de la región, cuyos gobernantes y funcionarios contribuyeron, por acción u omisión, a legitimar a una dictadura que forzó el exilio de millones de venezolanos.
Por tal motivo, es hora de demandar de manera enérgica un mayor compromiso con la democracia y su defensa a escala internacional. Por lo tanto, no alcanza con denunciar lo que sucede en Venezuela sin hacer extensiva esa denuncia a los países que se pronunciaron reconociendo el triunfo fraudulento de Nicolás Maduro como es el caso de las dictaduras de China, Rusia, Irán, Siria, Bielorrusia, Qatar, Cuba y Nicaragua.
Es hora de demandar que los países con gobiernos democráticos implementen una política exterior que denuncie activamente a los Estados autoritarios que criminalizan la disidencia. Los intereses económicos y comerciales no pueden estar por encima de la defensa de los derechos humanos y la dignidad humana. Ese es el compromiso que la comunidad internacional asumió el 10 de diciembre de 1948.
Si las democracias no asumen su responsabilidad de defender esta forma de gobierno para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y fomentar la paz mundial, casos como el de Venezuela se seguirán repitiendo y las dictaduras seguirán gozando de impunidad.
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