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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
05-05-2018La autocracia de Nguesso en República del Congo
Abusos, torturas, desapariciones y asesinatos. Los delitos más desgarradores que fracturan la vigencia de los derechos humanos. La violencia contra las mujeres y niños se manifiesta en acoso sexual, violación, trata de personas, trabajo y prostitución forzados. ¿Qué expectativas de cambio pueden tener las víctimas si el único promotor de estos derechos, el Observatoire Congolais des Droits del´ Homme (OCDH), también es blanco del hostigamiento del régimen?Por Ludmila González Cerulli
En el 34° aniversario del régimen personalizado de Devis Sassou Nguesso se celebró la falsa democracia, fruto de la cosecha de semillas de corrupción que han sido diseminadas en la sucesión de procesos electorales desde 1979. Con tan sólo un receso de cinco años (1992-1997), cuando Lissouba lo desplazó al banco de suplentes, su permanencia en el poder ha vencido siempre. Y ahora la supervivencia del gobierno recae en la violencia. La pérdida de legitimidad amenaza la estabilidad del presidente, mientras que el costo de trasfondo tiene otros protagonistas: quienes se sublevan y protestan- justamente- y reciben el castigo de las fuerzas de seguridad, lo cual trae aparejado la encarcelación de varias figuras opositoras, periodistas y activistas civiles e, incluso, ejecuciones extrajudiciales. El soborno es moneda corriente, las redes clientelistas encabezan los ingresos del petróleo y el hostigamiento sistemático es la técnica para disuadir cualquier atisbo de oposición.
República del Congo vive en una encrucijada de conflictos que atentan contra la seguridad en tres áreas: la región de Pool, la frontera con la República Centroafricana y las ciudades tanto de Brazzaville como Pointe-Nore. Cada escenario es testigo del monopolio del gobierno sobre el uso excesivo de la fuerza, de las rivalidades étnicas y la fragmentación derivada de la discriminación a la comunidad de pigmeos, de la falta de condiciones propicias de saneamiento. El saldo de estos enfrentamientos arroja un déficit humanitario para los 4.900.000 habitantes y, tal cual concluye Freedom House, el ex Congo francés es un estado despojado hasta de la última nano partícula de su libertad.
En las elecciones de marzo de 2016, Nguesso triunfó con un 60% a pesar de las acusaciones de fraude, pero a las dos semanas, un grupo de jóvenes rebeldes partidarios de la milicia los Ninjas- cuyo líder es Frédéric Bintsanzou, mejor conocido como Pastor Ntumi- intentaron desencadenar una revolución al provocar el incendio de la sede administrativa del gobierno en Makélékélé (distrito de Brazzaville). Automáticamente, Nguesso lanzó una campaña militar contra el reverendo y justificó la represión contra los adversarios del régimen a partir de dicho incidente- más allá de que el grupo figuraba inexistente hace más de una década-. Durante cuatro meses se rechazó el acceso de ONGs dentro de un estado de emergencia, se buscó sofocar las protestas y las fuerzas de seguridad realizaron ataques aéreos que, según el último informe de Bertelsmann Stiftung, causaron cientos de víctimas civiles y 100.000 personas desplazadas en Pool en ese año. A esto se suma el dato de Amnistía Internacional, la tasa de desnutrición aguda alcanzó niveles alarmantes y, sobre la base de las declaraciones de la ONU, 138.000 personas necesitaban asistencia humanitaria y más de la mitad de las familias se encontraban en inseguridad alimentaria.
La situación en la frontera es el efecto colateral de los conflictos violentos en República Centroafricana desde 2013, tanto refugiados civiles como milicias y grupos armados cruzaron los límites territoriales sin distinciones. Estas circunstancias fomentaron el incremento del clima de tensión e inseguridad en la región noroeste de República del Congo. Aunque el ejército y la policía congoleños lucharon por restaurar el poder del gobierno, la volatilidad primó en el tablero. En el mismo sentido, estos hechos se replicaron en gran parte de Brazzaville y Pointe-Noire como resultado de la irrupción planificada de bandas armadas, cuya misión asignada por el régimen consistió en intimidar a la población.
La continuidad de Nguesso en el poder es reflejo de la desobediencia a las limitaciones establecidas en la Constitución (2002) que le implicaba renunciar a su cargo en 2016 y, como antídoto, el mandatario impulsó un referéndum en octubre de 2015 para “legitimar” una nueva constitución que le permitiera volver a postularse en las elecciones. Esta decisión es el caballo de la discordia que desató una ola de manifestaciones en las principales ciudades y culminó en los conflictos mencionados. Otras consecuencias fueron los arrestos de los opositores Ghys Fortuné Dombé Bemba, Paulin Makaya, André Okombi Salissa y el general Jean-Marie Michel Mokoko; de hecho, según Amnistía Internacional, el bloque adversario Iniciativa por la Democracia en el Congo-Frente Republicano por el Respeto del Orden Constitucional y la Alternancia Democrática (FROCAD-IDC) sostuvo que a fines de ese año hubo más de 100 encarcelaciones por motivos políticos en la prisión central de la capital.
El nivel de participación política está subordinado al fraude masivo y la represión brutal. Ninguna oposición se mostró lo suficientemente empoderada para hacer frente a Nguesso y su Parti Congolais du Travail (PCT). En un sistema multipartidista débil, ni el órgano responsable de organizar las elecciones, la Commission Nationale Electorale Indépendante (CNEI) garantiza la transparencia. Esos partidos tienen prohibida la recaudación de fondos privados, su única “fuente” es la financiación pública a cifras insignificantes y en pagos extraordinarios. Además, reciben poca cobertura mediática porque la prensa local es de propiedad del régimen y la autocensura es habitual. Según Bertelsmann Stiftung, las tasas de participación real oscilan entre el 10% y el 15%. En el caso de los derechos de reunión pacífica y asociación, sólo obtienen permiso aquellos encuentros alineados con los intereses del presidente, por el contrario, la respuesta es la dupla de la intimidación y los arrestos a trabajadores.
La nulidad del control y del equilibrio de poderes sumerge el rule of law a favor de Nguesso y sus aliados. Dominan todos los sectores políticos, el ámbito judicial, la mayoría de los medios de comunicación y ambas cámaras del Parlamento Nacional. El estado de derecho está manchado por la impunidad, el lavado de dinero, la apropiación indebida de fondos estatales y la falta de libertad de prensa.
El Conseil Supérieur de la Liberté de Communication (CSLC) tampoco puede respaldar la libertad de expresión, estos son derechos coartados. En comparación a períodos anteriores, las restricciones a los medios han aumentado al igual que la intimidación a periodistas, la autocensura y la suspensión de diarios como La Voix du Peuple, Talassa, La Griffe, Le Nouveau Regard, La Verité. Ahora bien, Dépêches de Brazzaville, el periódico más importante, es de propiedad de la familia Nguesso y, por tanto, sirve como canal de propaganda. El gobierno controla las transmisiones de Radiodiffusion Télévision Congolaise (RTC) y los miembros de su agrupación operan las principales estaciones de televisión en el país. Este mapa denota el mejoramiento de la capacidad de vigilancia del PCT.
Abusos, torturas, desapariciones y asesinatos. Los delitos más desgarradores que fracturan la vigencia de los derechos humanos. La violencia contra las mujeres y niños se manifiesta en acoso sexual, violación, trata de personas, trabajo y prostitución forzados. ¿Qué expectativas de cambio pueden tener las víctimas si el único promotor de estos derechos, el Observatoire Congolais des Droits del´ Homme (OCDH), también es blanco del hostigamiento del régimen?
La ayuda debe llegar urgente. Esta realidad no tiene que prolongarse bajo ninguna condición ni salvedad. La autocracia ha echado raíces y si optamos por el silencio o la indiferencia, en 2019 volveremos a celebrar el aniversario de Nguesso. Como miembros de una comunidad internacional nos une el principio de la solidaridad con los estados vecinos y no vecinos, con todos los que formamos parte de la humanidad. Ningún ciudadano de República del Congo merece su presente y es indiscutible revertir la situación con el simple primer paso de la denuncia.
Ludmila González Cerulli
En el 34° aniversario del régimen personalizado de Devis Sassou Nguesso se celebró la falsa democracia, fruto de la cosecha de semillas de corrupción que han sido diseminadas en la sucesión de procesos electorales desde 1979. Con tan sólo un receso de cinco años (1992-1997), cuando Lissouba lo desplazó al banco de suplentes, su permanencia en el poder ha vencido siempre. Y ahora la supervivencia del gobierno recae en la violencia. La pérdida de legitimidad amenaza la estabilidad del presidente, mientras que el costo de trasfondo tiene otros protagonistas: quienes se sublevan y protestan- justamente- y reciben el castigo de las fuerzas de seguridad, lo cual trae aparejado la encarcelación de varias figuras opositoras, periodistas y activistas civiles e, incluso, ejecuciones extrajudiciales. El soborno es moneda corriente, las redes clientelistas encabezan los ingresos del petróleo y el hostigamiento sistemático es la técnica para disuadir cualquier atisbo de oposición.
República del Congo vive en una encrucijada de conflictos que atentan contra la seguridad en tres áreas: la región de Pool, la frontera con la República Centroafricana y las ciudades tanto de Brazzaville como Pointe-Nore. Cada escenario es testigo del monopolio del gobierno sobre el uso excesivo de la fuerza, de las rivalidades étnicas y la fragmentación derivada de la discriminación a la comunidad de pigmeos, de la falta de condiciones propicias de saneamiento. El saldo de estos enfrentamientos arroja un déficit humanitario para los 4.900.000 habitantes y, tal cual concluye Freedom House, el ex Congo francés es un estado despojado hasta de la última nano partícula de su libertad.
En las elecciones de marzo de 2016, Nguesso triunfó con un 60% a pesar de las acusaciones de fraude, pero a las dos semanas, un grupo de jóvenes rebeldes partidarios de la milicia los Ninjas- cuyo líder es Frédéric Bintsanzou, mejor conocido como Pastor Ntumi- intentaron desencadenar una revolución al provocar el incendio de la sede administrativa del gobierno en Makélékélé (distrito de Brazzaville). Automáticamente, Nguesso lanzó una campaña militar contra el reverendo y justificó la represión contra los adversarios del régimen a partir de dicho incidente- más allá de que el grupo figuraba inexistente hace más de una década-. Durante cuatro meses se rechazó el acceso de ONGs dentro de un estado de emergencia, se buscó sofocar las protestas y las fuerzas de seguridad realizaron ataques aéreos que, según el último informe de Bertelsmann Stiftung, causaron cientos de víctimas civiles y 100.000 personas desplazadas en Pool en ese año. A esto se suma el dato de Amnistía Internacional, la tasa de desnutrición aguda alcanzó niveles alarmantes y, sobre la base de las declaraciones de la ONU, 138.000 personas necesitaban asistencia humanitaria y más de la mitad de las familias se encontraban en inseguridad alimentaria.
La situación en la frontera es el efecto colateral de los conflictos violentos en República Centroafricana desde 2013, tanto refugiados civiles como milicias y grupos armados cruzaron los límites territoriales sin distinciones. Estas circunstancias fomentaron el incremento del clima de tensión e inseguridad en la región noroeste de República del Congo. Aunque el ejército y la policía congoleños lucharon por restaurar el poder del gobierno, la volatilidad primó en el tablero. En el mismo sentido, estos hechos se replicaron en gran parte de Brazzaville y Pointe-Noire como resultado de la irrupción planificada de bandas armadas, cuya misión asignada por el régimen consistió en intimidar a la población.
La continuidad de Nguesso en el poder es reflejo de la desobediencia a las limitaciones establecidas en la Constitución (2002) que le implicaba renunciar a su cargo en 2016 y, como antídoto, el mandatario impulsó un referéndum en octubre de 2015 para “legitimar” una nueva constitución que le permitiera volver a postularse en las elecciones. Esta decisión es el caballo de la discordia que desató una ola de manifestaciones en las principales ciudades y culminó en los conflictos mencionados. Otras consecuencias fueron los arrestos de los opositores Ghys Fortuné Dombé Bemba, Paulin Makaya, André Okombi Salissa y el general Jean-Marie Michel Mokoko; de hecho, según Amnistía Internacional, el bloque adversario Iniciativa por la Democracia en el Congo-Frente Republicano por el Respeto del Orden Constitucional y la Alternancia Democrática (FROCAD-IDC) sostuvo que a fines de ese año hubo más de 100 encarcelaciones por motivos políticos en la prisión central de la capital.
El nivel de participación política está subordinado al fraude masivo y la represión brutal. Ninguna oposición se mostró lo suficientemente empoderada para hacer frente a Nguesso y su Parti Congolais du Travail (PCT). En un sistema multipartidista débil, ni el órgano responsable de organizar las elecciones, la Commission Nationale Electorale Indépendante (CNEI) garantiza la transparencia. Esos partidos tienen prohibida la recaudación de fondos privados, su única “fuente” es la financiación pública a cifras insignificantes y en pagos extraordinarios. Además, reciben poca cobertura mediática porque la prensa local es de propiedad del régimen y la autocensura es habitual. Según Bertelsmann Stiftung, las tasas de participación real oscilan entre el 10% y el 15%. En el caso de los derechos de reunión pacífica y asociación, sólo obtienen permiso aquellos encuentros alineados con los intereses del presidente, por el contrario, la respuesta es la dupla de la intimidación y los arrestos a trabajadores.
La nulidad del control y del equilibrio de poderes sumerge el rule of law a favor de Nguesso y sus aliados. Dominan todos los sectores políticos, el ámbito judicial, la mayoría de los medios de comunicación y ambas cámaras del Parlamento Nacional. El estado de derecho está manchado por la impunidad, el lavado de dinero, la apropiación indebida de fondos estatales y la falta de libertad de prensa.
El Conseil Supérieur de la Liberté de Communication (CSLC) tampoco puede respaldar la libertad de expresión, estos son derechos coartados. En comparación a períodos anteriores, las restricciones a los medios han aumentado al igual que la intimidación a periodistas, la autocensura y la suspensión de diarios como La Voix du Peuple, Talassa, La Griffe, Le Nouveau Regard, La Verité. Ahora bien, Dépêches de Brazzaville, el periódico más importante, es de propiedad de la familia Nguesso y, por tanto, sirve como canal de propaganda. El gobierno controla las transmisiones de Radiodiffusion Télévision Congolaise (RTC) y los miembros de su agrupación operan las principales estaciones de televisión en el país. Este mapa denota el mejoramiento de la capacidad de vigilancia del PCT.
Abusos, torturas, desapariciones y asesinatos. Los delitos más desgarradores que fracturan la vigencia de los derechos humanos. La violencia contra las mujeres y niños se manifiesta en acoso sexual, violación, trata de personas, trabajo y prostitución forzados. ¿Qué expectativas de cambio pueden tener las víctimas si el único promotor de estos derechos, el Observatoire Congolais des Droits del´ Homme (OCDH), también es blanco del hostigamiento del régimen?
La ayuda debe llegar urgente. Esta realidad no tiene que prolongarse bajo ninguna condición ni salvedad. La autocracia ha echado raíces y si optamos por el silencio o la indiferencia, en 2019 volveremos a celebrar el aniversario de Nguesso. Como miembros de una comunidad internacional nos une el principio de la solidaridad con los estados vecinos y no vecinos, con todos los que formamos parte de la humanidad. Ningún ciudadano de República del Congo merece su presente y es indiscutible revertir la situación con el simple primer paso de la denuncia.
