Diálogo Latino Cubano
Promoción de la Apertura Política en Cuba
Perú vota, Cuba no se lo agradece
Detrás de una decisión diplomática, el mensaje político: A Perú no le interesan los derechos humanos como agenda de política exterior. ¿A cuál?, podría preguntar su cancillería. Su caso me parece revelador, sin embargo, para ilustrar la diferencia entre países cuyas políticas exteriores en esta materia se basan en una percepción de los valores en juego y aquellos que la basan en la estricta y fría relación diplomática en la que solo importan los intereses medianos de los Estados.Por Manuel Cuesta Morúa
En días recientes, el gobierno de Perú dejó clara su intención de votar a favor de la elección por quinta vez del gobierno cubano al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las razones aducidas por su canciller Mario López Chávarri para emitir un voto favorable tienen poco que ver con los derechos humanos, y sí mucho con el intercambio de favores diplomáticos en el tablero de los organismos multilaterales como práctica consuetudinaria de Estados, más burocráticos que políticos.
Dijo López Chávarri, citado por la agencia Apnoticias.pe, que la posición de Perú responde a un compromiso adquirido por el anterior gobierno en 2016, cuando el gobierno cubano votó apoyando la candidatura de su país para la Comisión de Derecho Internacional. Quiso matizar diciendo que la acción de reciprocidad no significa que su gobierno guarde coincidencia alguna con las posiciones de Cuba en diferentes foros.
La helada sinceridad del gobierno de Perú es un hecho importante. Al tiempo que diluye un tema que debería ser fundamental como política de Estado para un país democrático en las diferencias manejables entre países en el ámbito global, transparenta uno de los mayores déficits en América Latina: la política exterior carece en nuestra región de diseño y sentido estratégicos, y abunda en formalidades diplomáticas que no valoran los daños de determinadas decisiones a otras estrategias que la región o un país determinando impulsan. Algo así como una desconexión departamental dentro de un mismo edificio político que mina la consistencia de las posiciones de un mismo Estado dentro de la comunidad internacional.
Es la típica diplomacia de aristócratas donde se intercambian valores estratégicos por posiciones de prestigio. De poca influencia en sí mismas. Ese voto por Cuba es un voto contra el Grupo de Lima desde Lima, que coloca al gobierno cubano como decisor en el mismo campo en el que Perú da la espalda ostentosamente a Venezuela. El resultado es palpable: indirectamente prolonga su problema estratégico con Venezuela al votar por su mayor benefactor regional en un ámbito que compromete los valores propios. Perú no se hace un favor a sí mismo, tanto en su posición regional como en sus intereses específicos, al votar por el gobierno cubano para el Consejo de Derechos Humanos a cambio de un voto favorable en un organismo internacional de dudosa eficacia. Esta es la misma debilidad de diseño y compromiso políticos que informa al mayor fracaso de integración en América Latina: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Detrás de una decisión diplomática, el mensaje político: A Perú no le interesan los derechos humanos como agenda de política exterior. ¿A cuál?, podría preguntar su cancillería. Su caso me parece revelador, sin embargo, para ilustrar la diferencia entre países cuyas políticas exteriores en esta materia se basan en una percepción de los valores en juego y aquellos que la basan en la estricta y fría relación diplomática en la que solo importan los intereses medianos de los Estados.
Aquí viene a la mente la diferencia entre el Grupo de Contadora, creado para resolver el prolongado conflicto en Centroamérica, y la actitud de algunos países en el Grupo de Lima. Mientras que en el primero los intereses de Estado se vincularon a los valores en una simbiosis estratégica de largo alcance, con su positivo impacto duradero en la democracia y los derechos humanos en su región, en el segundo las veleidades políticas de incluir en la solución estratégica al principal artífice regional (Cuba) del problema estratégico que se intenta resolver ha traído como resultado un enquistamiento del dilema, la entrada de actores extra regionales de mayor peso global y la conversión de un problema de derechos humanos en un conflicto humanitario que afecta, también, a Perú: el de la Comunidad del Pacífico.
Las malas decisiones funcionan como efecto mariposa y sobre todo debilitan la agenda regional de los derechos humanos, que debería ser una política de Estado en todo el hemisferio.
El gobierno cubano no merece sentarse con impunidad, por quinta vez, en el Consejo de Derechos Humanos. Hay una diferencia entre el diálogo político y el diálogo de derechos humanos entre Estados. El primero pasa por la realpolitik, los intereses en juego, el peso estratégico de las naciones, el vínculo entre países y el posicionamiento común en asuntos de interés global o regional; el segundo tiene que ver con la Resolución 60 del Consejo de Derechos Humanos, que detalla con puntualidad los estándares para el comportamiento de los gobiernos hacia su propia ciudadanía.
Perú está colocando al gobierno cubano por encima de Cuba, que son sus ciudadanos y ciudadanas.
Manuel Cuesta Morúa es historiador cubano, Premio Ion Ratiu 2016 y autor del libro “Ensayos progresistas desde Cuba” (CADAL, 2014).
Manuel Cuesta MorúaHistoriador, politólogo y ensayista. Portavoz del Partido Arco Progresista, Ha escrito numerosos ensayos y artículos, y publicado en varias revistas cubanas y extranjeras, además de participar en eventos nacionales e internacionales. En 2016 recibió el Premio Ion Ratiu que otorga el Woodrow Wilson Center.
En días recientes, el gobierno de Perú dejó clara su intención de votar a favor de la elección por quinta vez del gobierno cubano al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las razones aducidas por su canciller Mario López Chávarri para emitir un voto favorable tienen poco que ver con los derechos humanos, y sí mucho con el intercambio de favores diplomáticos en el tablero de los organismos multilaterales como práctica consuetudinaria de Estados, más burocráticos que políticos.
Dijo López Chávarri, citado por la agencia Apnoticias.pe, que la posición de Perú responde a un compromiso adquirido por el anterior gobierno en 2016, cuando el gobierno cubano votó apoyando la candidatura de su país para la Comisión de Derecho Internacional. Quiso matizar diciendo que la acción de reciprocidad no significa que su gobierno guarde coincidencia alguna con las posiciones de Cuba en diferentes foros.
La helada sinceridad del gobierno de Perú es un hecho importante. Al tiempo que diluye un tema que debería ser fundamental como política de Estado para un país democrático en las diferencias manejables entre países en el ámbito global, transparenta uno de los mayores déficits en América Latina: la política exterior carece en nuestra región de diseño y sentido estratégicos, y abunda en formalidades diplomáticas que no valoran los daños de determinadas decisiones a otras estrategias que la región o un país determinando impulsan. Algo así como una desconexión departamental dentro de un mismo edificio político que mina la consistencia de las posiciones de un mismo Estado dentro de la comunidad internacional.
Es la típica diplomacia de aristócratas donde se intercambian valores estratégicos por posiciones de prestigio. De poca influencia en sí mismas. Ese voto por Cuba es un voto contra el Grupo de Lima desde Lima, que coloca al gobierno cubano como decisor en el mismo campo en el que Perú da la espalda ostentosamente a Venezuela. El resultado es palpable: indirectamente prolonga su problema estratégico con Venezuela al votar por su mayor benefactor regional en un ámbito que compromete los valores propios. Perú no se hace un favor a sí mismo, tanto en su posición regional como en sus intereses específicos, al votar por el gobierno cubano para el Consejo de Derechos Humanos a cambio de un voto favorable en un organismo internacional de dudosa eficacia. Esta es la misma debilidad de diseño y compromiso políticos que informa al mayor fracaso de integración en América Latina: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Detrás de una decisión diplomática, el mensaje político: A Perú no le interesan los derechos humanos como agenda de política exterior. ¿A cuál?, podría preguntar su cancillería. Su caso me parece revelador, sin embargo, para ilustrar la diferencia entre países cuyas políticas exteriores en esta materia se basan en una percepción de los valores en juego y aquellos que la basan en la estricta y fría relación diplomática en la que solo importan los intereses medianos de los Estados.
Aquí viene a la mente la diferencia entre el Grupo de Contadora, creado para resolver el prolongado conflicto en Centroamérica, y la actitud de algunos países en el Grupo de Lima. Mientras que en el primero los intereses de Estado se vincularon a los valores en una simbiosis estratégica de largo alcance, con su positivo impacto duradero en la democracia y los derechos humanos en su región, en el segundo las veleidades políticas de incluir en la solución estratégica al principal artífice regional (Cuba) del problema estratégico que se intenta resolver ha traído como resultado un enquistamiento del dilema, la entrada de actores extra regionales de mayor peso global y la conversión de un problema de derechos humanos en un conflicto humanitario que afecta, también, a Perú: el de la Comunidad del Pacífico.
Las malas decisiones funcionan como efecto mariposa y sobre todo debilitan la agenda regional de los derechos humanos, que debería ser una política de Estado en todo el hemisferio.
El gobierno cubano no merece sentarse con impunidad, por quinta vez, en el Consejo de Derechos Humanos. Hay una diferencia entre el diálogo político y el diálogo de derechos humanos entre Estados. El primero pasa por la realpolitik, los intereses en juego, el peso estratégico de las naciones, el vínculo entre países y el posicionamiento común en asuntos de interés global o regional; el segundo tiene que ver con la Resolución 60 del Consejo de Derechos Humanos, que detalla con puntualidad los estándares para el comportamiento de los gobiernos hacia su propia ciudadanía.
Perú está colocando al gobierno cubano por encima de Cuba, que son sus ciudadanos y ciudadanas.
Manuel Cuesta Morúa es historiador cubano, Premio Ion Ratiu 2016 y autor del libro “Ensayos progresistas desde Cuba” (CADAL, 2014).