El pasado 19 de octubre, Human Rights Watch (HRW) presentó un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Corea del Norte tan estremecedor como su título: “‘Valíamos menos que un animal’: Abusos y violaciones del debido proceso durante la detención preventiva en Corea del Norte”. Fue realizado a partir de investigaciones y entrevistas a cuarenta y seis norcoreanos de los cuales veintidós estuvieron en centros de detención y de interrogación después de 2011 -cuando Kim Jong Un llegó al poder- mientras que ocho fueron funcionarios que lograron huir del país.

Por Agustín Menéndez

Corea del Norte es el estado policial más restrictivo del mundo. El Partido de los Trabajadores de Corea conformó a lo largo de décadas un sistema totalitario de vigilancia y castigo complejo, altamente desarrollado, que emplea un control estricto, violento, coercitivo y atemorizante para silenciar cualquier tipo de disidencia ideológica que no tiene parangón en el mundo contemporáneo.

Todos los organismos del Estado norcoreano funcionan como un panóptico y son parte de la maquinaria de propaganda con un único objetivo: el adoctrinamiento. Hay redes de informantes y delatores en todas las esferas sociales a través de un sistema de vigilancia vecinal (llamado inminban). La censura y control sobre la población norcoreana abarca todos los aspectos de la vida cotidiana a tal punto que el acceso a cualquier información no oficial está penado con temporadas de trabajo forzoso en campos de concentración.

El pasado 19 de octubre, Human Rights Watch (HRW) presentó un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Corea del Norte tan estremecedor como su título: “‘Valíamos menos que un animal’: Abusos y violaciones del debido proceso durante la detención preventiva en Corea del Norte”. Fue realizado a partir de investigaciones y entrevistas a cuarenta y seis norcoreanos de los cuales veintidós estuvieron en centros de detención y de interrogación después de 2011 -cuando Kim Jong Un llegó al poder- mientras que ocho fueron funcionarios que lograron huir del país.

Este informe arroja luz sobre el funcionamiento del Estado norcoreano estructurado como un sistema de violación de Derechos Humanos, principalmente sostenido desde la esfera judicial y el régimen penitenciario. El Ministerio de Seguridad Social es la institución responsable de mantener el orden público y el control social, investigar los delitos comunes, detener e interrogar a los infractores e imponer sanciones por mala conducta en tanto no se consideran lo suficientemente graves para ser tratadas como delitos penales.

En base a las entrevistas, todos los detenidos aseguraron haber sido obligados a permanecer sentados en el suelo, arrodillados o con las piernas cruzadas, los puños o las manos sobre el regazo, con la cabeza gacha y la vista dirigida al suelo durante 7-8 horas o, en algunos casos, de 13 a 16 horas al día. Si el detenido se movía, era sometido a golpizas por parte de los guardias y numerosas veces se imponían castigos colectivos. Para los agentes del Partido, los detenidos son considerados seres humanos inferiores y es por ello que ni siquiera tienen permitido levantar la vista.

Asimismo, los detenidos son identificados por un número quitando cualquier referencia a su nombre propio. En definitiva, se borra sin más su identidad, se los despersonaliza y se los priva de este derecho personalísimo. La tortura, los abusos sexuales y las vejaciones son herramientas con las cuales logran que los detenidos confiesen los delitos por los cuales fueron imputados. Los campos de detención (kuryujang) carecen de condiciones mínimas de higiene, existe hacinamiento y someten a los detenidos a dietas que consisten en unos 80 a 200 gramos de maíz hervido, sopa con verduras silvestres o rábanos tres veces al día.

Los guardias son dueños de la vida y del destino de los detenidos. Luego de los interrogatorios y las confesiones obtenidas se permiten visitas de familiares previo pago de sobornos. A través del pago de coimas, los detenidos consiguen mejorar sus condiciones en las prisiones del régimen y hasta pueden llegar a obtener la anulación de la detención.

El debido proceso es inexistente, los juicios son sumarísimos y la culpabilidad se presume. Los imputados están obligados a declarar, el derecho a no autoincriminarse no existe y, en los hechos, tampoco pueden contar con un abogado que los asista en el proceso acusatorio, puesto que los letrados trabajan siempre a favor del Estado. La opacidad del sistema judicial es notoria: muchas leyes, reglamentos internos y decretos norcoreanos que pueden ser relevantes para conocer el proceso de prisión preventiva y de procedimiento penal no están disponibles públicamente o, cuando son accesibles, pueden estar desactualizados.

El sistema se estructura con un Tribunal Popular con jurisdicción a nivel ciudad y de condado que funciona como órgano de primera instancia y en instancia de apelación interviene el Tribunal Provincial. Es el Tribunal Popular el que entiende en la mayoría de los casos, pero sin embargo, para las causas relacionadas con delitos políticos contra el estado y la nación o cuando existe la posibilidad de aplicarse la pena de muerte o una condena a perpetuidad, el Tribunal Provincial se transforma en el órgano de primera instancia. Por otro lado, la misma Audiencia Provincial también se reserva la facultad discrecional de intervenir en un caso cuya competencia originaria sea del Tribunal Popular o también puede transferir una causa de un Tribunal Popular a otro.

No existe una separación concreta del Poder Judicial del Poder Legislativo y de éstos dos del Poder Ejecutivo. Sin ir más lejos, el Tribunal Supremo, que es el máximo órgano judicial de Corea del Norte, rinde cuentas a la Asamblea Popular Suprema y si ésta no está en sesión, la rendición la hace a su Presidium.

El régimen norcoreano niega la existencia de prisiones y sostiene que los condenados están recluidos en instituciones donde el objetivo de la pena es "reformarse a través del trabajo" (rodong kyohwa). Estas “reformas” a través de los centros laborales (rodong kyohwaso), son en realidad campos de prisioneros obligados a trabajos forzosos a largo plazo. Están a cargo de la policía para concentrar a los autores de delitos comunes graves y delitos políticos menores con sentencias de "pena laboral" cuyo término puede ser de 5 a 15 años e inclusive de por vida.

El gobierno de Corea del Norte también niega enérgicamente la existencia de colonias penales de trabajos forzosos por delitos políticos graves —en efecto, campos de prisioneros políticos— llamados en coreano kwanliso, literalmente "centros de control", que se consideran un secreto de estado.

El Régimen sigue negando los crímenes de lesa humanidad que lleva adelante desde todas sus instituciones y continúa burlándose de las sanciones implementadas por las Naciones Unidas en materia financiera para frenar su plan de desarrollo nuclear. Esta situación viene desarrollándose desde la existencia misma del estado norcoreano en 1948 y no se observan cambios sustanciales que permitan suponer el fin del régimen. Por lo pronto, las organizaciones de Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil de varios países siguen brindando, a través de las entrevistas e informes, testimonios claros del abismo al cual puede caer la condición humana.

Agustín Menéndez

Investigador Asociado

Licenciado en Ciencia Política y Abogado (UBA). Cursó estudios de Maestría en Historia (UTDT). Becario KGIP (Korean Government Invitation Program). Especializado en temas de la Península Coreana y la violación de Derechos Humanos en Corea del Norte. Actualmente trabaja en la Unidad de Información Financiera en el área de Coordinación Internacional en materia de lavado de activos. financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Colabora en distintos medios gráficos y radiales.

 

Corea del Norte bajo la lupa