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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
02-11-2020La situación de la mujer y la ayuda humanitaria en la crisis de Venezuela
El colapso económico crea una sociedad más inestable, empujando al régimen de Maduro hacia mayor represión y abuso de los derechos humanos para mantenerse en el poder. Sin la renovación democrática, existe poca probabilidad de un mejoramiento de las condiciones en Venezuela. Una asistencia internacional más eficaz debe entender los distintos efectos de la crisis sobre varios aspectos, especialmente con respecto al género. La ayuda humanitaria dirigida a grupos socioeconómicos vulnerables requiere más coordinación y mejor utilización de la infraestructura existente.Por Greg Ross
En septiembre pasado, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de las Naciones Unidas publicó un reporte de 411 páginas que detalla las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y la tortura por parte del gobierno venezolano. Los hechos muestran una gama amplia de violaciones de derechos humanos cometida por autoridades estatales y grupos asociados al gobierno de Nicolás Maduro.
El reporte, accesible aquí, fue destacado durante un webinar el 30 de octubre por panelistas del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), International Service for Human Rights (ISHR), Human Rights Watch (HRW) y Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P). Los panelistas dieron visibilidad a la importancia de la ayuda humanitaria que responde a las dimensiones de género en la crisis venezolana.
Beatriz Borges de Cepaz, una ONG venezolana, dijo que las mujeres venezolanas “llevan el peso de la crisis sobre los hombros”. Borges afirmó que en Venezuela, la incidencia aumentada de malnutrición, violencia doméstica, embarazos de adolescentes y el feminicidio demuestra la necesidad de mayor ayuda humanitaria sensitiva a la cuestión del género. Particularmente preocupante es el sistema de salud en Venezuela, lo cual estaba a punto de romperse aun antes de la pandemia COVID-19, enfrentando un aumento en la tasa de mortalidad materna. El cierre de fronteras venezolanas durante la pandemia creó una situación precaria para las mujeres que buscan mejor atención médica o dar a luz en el exterior.
Elisabeth Pramendorfer del Global Centre for the Responsibility to Protect exigió la priorización de “una inclusión sistemática” de consideraciones sobre el género en la ayuda humanitaria. Como nota en el reporte de la misión ONU, “Organizaciones de los derechos de la mujer han denunciado la carencia de estadísticas oficiales y datos desagregados, la cual limita la posibilidad de analizar tendencias de violencia contra las mujeres”.
Sin embargo, existe una carencia de datos que demuestran la gravedad de la crisis humanitaria venezolana. La pandemia exacerba un colapso económico que agrava la represión y el abuso de los derechos humanos por el régimen de Nicolás Maduro. El Fondo Monetario Internacional espera una contracción de 25 por ciento de la economía venezolana en 2020 y una contracción de 10 por ciento en 2021, los descensos más grandes del hemisferio y que siguen una contracción de 35 por ciento en 2019. Entre los años de 2013 y 2020, el PIB real de Venezuela cayó 65 por ciento, el descenso más grande de cualquier país no en guerra desde 1975.
El colapso económico tiene repercusiones directas, con la caída de la clase media venezolana de 62 por ciento de la población en 2010 a sólo 15 por ciento en 2020. El año pasado, 78 por ciento de venezolanos vivió en condiciones de pobreza extrema, ganando menos de 3,10 dólares por día. Un reporte del Programa Mundial de Alimentos de la ONU indica que 65 por ciento de familias no puede comprar productos de higiene y otros artículos básicos como la ropa, y uno de cada tres venezolanos se enfrenta a la inseguridad alimentaria.
En medio de tales condiciones, más de 5 millones de venezolanos —una sexta parte de la población— emigraron del país en años recientes. Las mujeres migrantes enfrentan riesgos elevados, como afirman reportes pasados de Cepaz. Además, la pandemia lleva impactos desproporcionados sobre la economía informal en destinos como Colombia, amenazando puestos de trabajo y programas sociales vulnerables que sostengan a esos migrantes.
Hay poca esperanza de que se mejoren las condiciones en Venezuela en el futuro cercano. Aun cuando pase la pandemia, la economía venezolana tendrá que manejarse sin la gran parte de su base, el petróleo. Hace una década, las exportaciones de petróleo generaron $90 mil millones por año para Venezuela. Para el fin de este año, se prevén exportaciones de sólo $2,3 mil millones. Sin ingresos de petróleo, el gobierno no puede importar alimentos e insumos médicos. Como un indicador de su desesperación, este año el régimen de Maduro importó gasolina de Irán.
El colapso económico crea una sociedad más inestable, empujando al régimen de Maduro hacia mayor represión y abuso de los derechos humanos para mantenerse en el poder. Este diciembre, Venezuela celebrará elecciones legislativas, pero la preocupación de ilegitimidad y división entre la oposición amenaza lo que queda del poder de la Asamblea Nacional. Sin la renovación democrática, existe poca probabilidad de un mejoramiento de las condiciones en Venezuela.
Como dejaron claro los panelistas del webinar, una asistencia internacional más eficaz debe entender los distintos efectos de la crisis sobre varios aspectos, especialmente con respecto al género. La ayuda humanitaria dirigida a grupos socioeconómicos vulnerables requiere más coordinación y mejor utilización de la infraestructura existente. Louis Charbonneau de Human Rights Watch insistió en una amplia respuesta internacional que incluye cuerpos de la ONU como el Consejo de Derechos Humanos a pesar de sus incongruencias, como la reciente elección de Cuba, aliado venezolano, como miembro. “Aun si el Consejo es incapaz de tomar decisiones, es importante que esté al tanto de la cuestión. A veces, solo una sesión puede mandar un fuerte mensaje”, afirmó Charbonneau.
Para Eleanor Openshaw, del International Service for Human Rights, una respuesta internacional más eficaz requiere cooperación con grupos de la sociedad civil en Venezuela. Openshaw concluyó preguntando cómo la comunidad internacional puede “abrir puertas para que aquellos que conocen más los desafíos en Venezuela que puedan hablar directamente a la gente que necesitan tomar decisiones listas, inteligentes, efectivas y urgentes, para utilizar el peso entero de la ONU”.
Greg RossEstudiante de posgrado en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Es Asistente de Investigaciones en el Proyecto Argentina del Wilson Center en Washington D.C., ex-becario Fulbright en Paraguay y ex-Pasante Internacional en CADAL. Se recibió en la Universidad de Chicago en 2018.
En septiembre pasado, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de las Naciones Unidas publicó un reporte de 411 páginas que detalla las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y la tortura por parte del gobierno venezolano. Los hechos muestran una gama amplia de violaciones de derechos humanos cometida por autoridades estatales y grupos asociados al gobierno de Nicolás Maduro.
El reporte, accesible aquí, fue destacado durante un webinar el 30 de octubre por panelistas del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), International Service for Human Rights (ISHR), Human Rights Watch (HRW) y Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P). Los panelistas dieron visibilidad a la importancia de la ayuda humanitaria que responde a las dimensiones de género en la crisis venezolana.
Beatriz Borges de Cepaz, una ONG venezolana, dijo que las mujeres venezolanas “llevan el peso de la crisis sobre los hombros”. Borges afirmó que en Venezuela, la incidencia aumentada de malnutrición, violencia doméstica, embarazos de adolescentes y el feminicidio demuestra la necesidad de mayor ayuda humanitaria sensitiva a la cuestión del género. Particularmente preocupante es el sistema de salud en Venezuela, lo cual estaba a punto de romperse aun antes de la pandemia COVID-19, enfrentando un aumento en la tasa de mortalidad materna. El cierre de fronteras venezolanas durante la pandemia creó una situación precaria para las mujeres que buscan mejor atención médica o dar a luz en el exterior.
Elisabeth Pramendorfer del Global Centre for the Responsibility to Protect exigió la priorización de “una inclusión sistemática” de consideraciones sobre el género en la ayuda humanitaria. Como nota en el reporte de la misión ONU, “Organizaciones de los derechos de la mujer han denunciado la carencia de estadísticas oficiales y datos desagregados, la cual limita la posibilidad de analizar tendencias de violencia contra las mujeres”.
Sin embargo, existe una carencia de datos que demuestran la gravedad de la crisis humanitaria venezolana. La pandemia exacerba un colapso económico que agrava la represión y el abuso de los derechos humanos por el régimen de Nicolás Maduro. El Fondo Monetario Internacional espera una contracción de 25 por ciento de la economía venezolana en 2020 y una contracción de 10 por ciento en 2021, los descensos más grandes del hemisferio y que siguen una contracción de 35 por ciento en 2019. Entre los años de 2013 y 2020, el PIB real de Venezuela cayó 65 por ciento, el descenso más grande de cualquier país no en guerra desde 1975.
El colapso económico tiene repercusiones directas, con la caída de la clase media venezolana de 62 por ciento de la población en 2010 a sólo 15 por ciento en 2020. El año pasado, 78 por ciento de venezolanos vivió en condiciones de pobreza extrema, ganando menos de 3,10 dólares por día. Un reporte del Programa Mundial de Alimentos de la ONU indica que 65 por ciento de familias no puede comprar productos de higiene y otros artículos básicos como la ropa, y uno de cada tres venezolanos se enfrenta a la inseguridad alimentaria.
En medio de tales condiciones, más de 5 millones de venezolanos —una sexta parte de la población— emigraron del país en años recientes. Las mujeres migrantes enfrentan riesgos elevados, como afirman reportes pasados de Cepaz. Además, la pandemia lleva impactos desproporcionados sobre la economía informal en destinos como Colombia, amenazando puestos de trabajo y programas sociales vulnerables que sostengan a esos migrantes.
Hay poca esperanza de que se mejoren las condiciones en Venezuela en el futuro cercano. Aun cuando pase la pandemia, la economía venezolana tendrá que manejarse sin la gran parte de su base, el petróleo. Hace una década, las exportaciones de petróleo generaron $90 mil millones por año para Venezuela. Para el fin de este año, se prevén exportaciones de sólo $2,3 mil millones. Sin ingresos de petróleo, el gobierno no puede importar alimentos e insumos médicos. Como un indicador de su desesperación, este año el régimen de Maduro importó gasolina de Irán.
El colapso económico crea una sociedad más inestable, empujando al régimen de Maduro hacia mayor represión y abuso de los derechos humanos para mantenerse en el poder. Este diciembre, Venezuela celebrará elecciones legislativas, pero la preocupación de ilegitimidad y división entre la oposición amenaza lo que queda del poder de la Asamblea Nacional. Sin la renovación democrática, existe poca probabilidad de un mejoramiento de las condiciones en Venezuela.
Como dejaron claro los panelistas del webinar, una asistencia internacional más eficaz debe entender los distintos efectos de la crisis sobre varios aspectos, especialmente con respecto al género. La ayuda humanitaria dirigida a grupos socioeconómicos vulnerables requiere más coordinación y mejor utilización de la infraestructura existente. Louis Charbonneau de Human Rights Watch insistió en una amplia respuesta internacional que incluye cuerpos de la ONU como el Consejo de Derechos Humanos a pesar de sus incongruencias, como la reciente elección de Cuba, aliado venezolano, como miembro. “Aun si el Consejo es incapaz de tomar decisiones, es importante que esté al tanto de la cuestión. A veces, solo una sesión puede mandar un fuerte mensaje”, afirmó Charbonneau.
Para Eleanor Openshaw, del International Service for Human Rights, una respuesta internacional más eficaz requiere cooperación con grupos de la sociedad civil en Venezuela. Openshaw concluyó preguntando cómo la comunidad internacional puede “abrir puertas para que aquellos que conocen más los desafíos en Venezuela que puedan hablar directamente a la gente que necesitan tomar decisiones listas, inteligentes, efectivas y urgentes, para utilizar el peso entero de la ONU”.
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