Por Andrés Cañizález

El pasado 9 de marzo, al concluir su habitual período de audiencias y sesiones de trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó en claro que Venezuela es el principal reto que afronta en este inicio del siglo XXI. En un comunicado final, dado a conocer el pasado viernes, esta instancia por un lado saludó la realización de las elecciones con una masiva asistencia de votantes, al tiempo que felicitó al gobierno por la aplicación de los programas sociales en nuestro país, a todas luces indispensables.

A reglón seguido, sin embargo, la CIDH llama la atención sobre cuatro aspectos que le resultan preocupantes: la independencia de poderes que es un pilar de la democracia, la administración de la justicia, la situación de los defensores de derechos humanos en el país y la salud de la libertad de expresión. En cada uno de estos aspectos se evidencian síntomas preocupantes, pues se produce en el país una combinación de factores que arrojan el siguiente cuadro: en el contexto de una sociedad polarizada, las instituciones cada vez más se ponen al servicio del ejecutivo, borrando las saludables fronteras -por ejemplo- entre el poder judicial y el poder ejecutivo, y ni hablar del legislativo, que en nuestro país decidió dejar la función legislativa en manos del presidente Chávez por espacio de año y medio. La libertad de expresión termina siendo una suerte de papel tapiz de esta perdida de independencia institucional, asunto que afecta la vida pública pues todo parece pasar por el despacho del presidente, en Miraflores. En la medida en que entidades como la Fiscalía, Defensoría y Tribunal Supremo de Justicia, que deberían estar al servicio de todos los ciudadanos, son en realidad instrumentos del poder gubernamental y por tanto sus decisiones son bastante predecibles por parcializadas, en esa misma medida termina cobrando mayor importancia la existencia de medios de comunicación independientes y críticos. No se trata, de ninguna manera, que los medios sustituyan a las instituciones; en realidad en un contexto como el nuestro el rol periodístico debería estar en la denuncia de los excesos del poder y la parcialidad de las instituciones, en la medida que constituyen prácticas no democráticas.

Por tal razón, cobra mayor importancia la defensa de una expresión libre y plural. Y no en vano, este tema es motivo de “especial preocupación” para la CIDH. El gobierno puede exhibir el trofeo de no tener medios cerrados o periodistas detenidos, sin embargo el ejercicio de la crítica en Venezuela, en muchos casos, acarrea actos intimidatorios o presiones de diversa naturaleza.

En tal dimensión se inscriben recientes decisiones como la multa a este vespertino, Tal Cual, o el cese de la concesión de RCTV. Nadie discute el legítimo derecho que tiene el poder judicial en administrar justicia o la potestad del Estado en otorgar los permisos para la transmisión de radio y televisión. A todas luces, y desde una perspectiva de la defensa de las libertades, sí es criticable que tales decisiones estén empañadas por la parcialidad, que sólo busquen castigar al que crítica o cuestiona. Si nos guiamos por el discurso gubernamental, el presidente Chávez y sus colaboradores desean un modelo privado de comunicación que se dedique al entretenimiento, obviamente sin discutir de qué entretenimiento estamos hablando, con poca información y reducida opinión. El modelo se complementa con una amplia receptividad para largas cadenas con contenidos de todo tipo y mensajes “institucionales”.

Cabe citar, unas líneas del texto de la CIDH, que pueden leerse tanto para la tema de las concesiones como para la administración de justicia: las decisiones deben procurar, bajo el principio de igualdad de oportunidades, procedimientos abiertos, independientes y transparentes que contengan criterios claros, objetivos y razonables, que eviten cualquier consideración de política discriminatoria por la línea editorial del medio de comunicación.

Andrés Cañizáles es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela).
Originalmente publicado en el vespertino Tal Cual (Pág. 4, 15.03.2007).

Andrés Cañizález

Consejero Académico

Venezolano. Periodista y doctor en Ciencia Política. Investigador Titular de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, Venezuela) entre 2003 y 2020. Fundador y director de Medianálisis, organización dedicada a la promoción del periodismo independiente, y de Cotejo.Info, el primer medio de fact-checking de Venezuela. Escribe regularmente en los portales de noticias y análisis El Estímulo y Diario de Cuba. Viene haciendo seguimiento del tema migratorio con las iniciativas Radio Migrante, que muestra historias de resiliencia de migrantes venezolanos en diferentes lugares del mundo, y Monitor Migración, una ventana con datos y noticias sobre el éxodo venezolano. Está vinculado a CADAL, desde el año 2007, como consejero académico.