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Venezuela: ¿la democracia a la vuelta de la esquina?
Nunca antes la transición había sido una posibilidad tan real. Pero todavía hay demasiadas cosas que podrían salir mal.
Nunca antes la transición había sido una posibilidad tan real. Pero todavía hay demasiadas cosas que podrían salir mal.
El promover el miedo y la paranoia a una supuesta influencia extranjera se parece más a la Guerra Fría que al escenario real, aquel en el que Georgia aspira a formar parte de la Unión Europea, bloque cuya sede se encuentra, obviamente, en el extranjero.
Cualquier proceso pactado para que el chavismo deje el poder, sería más factible de construir con la participación de «gobiernos aliados» de Maduro, como Colombia y Brasil, que con Estados Unidos en la mesa de negociación.
¿Dónde puede encontrarse la respuesta a tantos despropósitos latinoamericanos ocurridos en unos pocos días? En lo que viene señalando desde hace años Latinobarómetro: la democracia está en declive en la región de acuerdo a los indicadores de apoyo y satisfacción con el régimen democrático, así como la confianza en las instituciones.
La Unión Europea se enfrenta a un gran dilema moral. Pero si pretende ejercer cierta presión sobre Rusia y castigar a sus gobernantes por las violaciones al derecho internacional, de poco sirve que termine avalando a otros Estados que cometen crímenes igualmente graves y en forma tan sostenida.
Tres nombres vinculados a tres épocas diferentes en la historia latinoamericana de la infamia. Tres dramas aparentemente distintos entre sí, pero coincidentes en su origen: oponerse a los autócratas. Los agonistas: Jesús Galíndez, Orlando Letelier, y Ronald Ojeda.
Junto a la incerteza que rodea lo electoral y las dudas sobre el papel de Estados Unidos en el devenir venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro ha dado dos señales muy nítidas de que -en el fondo- no ha dejado de ser un régimen represor y contrario a los principios de los derechos humanos.
En el cuarto examen periódico universal, 117 delegaciones formularon declaraciones y recomendaciones sobre el país árabe. El equipo de la ONU, junto con varios países, ha subrayado inquietudes de gran relevancia relacionadas con el derecho a la vida, la libertad y la seguridad individual, así como la participación en la esfera pública y política, incluyendo el papel de las mujeres.
El Esequibo es un área rica en oro, diamantes, coltán, uranio, entre otros minerales, hidrocarburos y bosques. Se estima que cuenta con 0,6% de las reservas totales del crudo mundial.
En tiempos de polarización ideológica, vale repetir que los derechos humanos no son de izquierdas ni de derechas, son la más bella utopía humanitaria que no solo garantiza derechos solo por la condición humana sino que son la protección que tienen los ciudadanos de la prepotencia de los Estados.
La situación de los derechos humanos en Bahrein es alarmante. Los tribunales han condenado y ejecutado personas después de juicios injustos basados en confesiones obtenidas bajo tortura e incluso algunos son condenados a muerte. La organizacion Human Rights Watch ha documentado casos de juicios injustos y tortura. Además, líderes de la oposición cumplen cadena perpetua tras juicios manifiestamente injustos, y no existe ningún medio de comunicación independiente en el país.
A menos de dos meses de mi regreso de Guadalajara, recibí la noticia de la muerte del jurista, con quien compartí el panel dedicado al discurso del odio. Transmito mi solidaridad con el sentimiento de pesar y conmoción que ha provocado en México la pérdida de un ser que hizo de su existencia un testimonio en favor de la vida, la igualdad y el respeto a las diferencias, base y sustento de la filosofía jurídica de los derechos humanos.
La posibilidad de una derrota chavista es lo que determina la incertidumbre sobre lo que vendrá. El régimen insiste en la inhabilitación de Machado. En especial el número dos del chavismo y vicepresidente del Partido Socialista venezolano, Diosdado Cabello, quien afirmó el lunes 23 de octubre que «No hay ni una sola posibilidad que una persona que está inhabilitada pueda ser habilitada para participar en las elecciones presidenciales».
El objetivo de esta muestra itinerante es llamar la atención sobre la flagrante violación de los derechos humanos en Rusia, mostrar que existen rusos que se oponen a Putin y a la guerra, y que muchos de ellos son encarcelados por sus ideas, sometidos a torturas y retenidos en condiciones insoportables.
Si bien los golpes de Estado no son una novedad en el continente desde la era poscolonial, a partir de 2020 se han acelerado. Pese a que cada país afectado tiene particularidades distintivas, el 26 de julio pasado le tocó a Níger, con variables similares a las evidenciadas sobre todo en Mali y Burkina Faso. El 30 de agosto pasado fue el turno de Gabón, otra excolonia francesa. Para el caso, se derrumbó una dinastía familiar, la Bongo, que entre padre e hijo gobernaron el país centroafricano desde 1967.
Pinita Gurdián sufrió en carne propia y en carne de su sangre la crueldad dictatorial. Además de su hija encarcelada entre 2021 y 2023, desterrada, y desnacionalizada; una nieta suya, Tamara Dávila, vivió la misma peripecia. La muerte de esta mujer extraordinaria, cuya vida testimonia la historia nicaragüense de los siglos XX y XXI, se integra a la legión de madres heroicas enfrentadas a dictadores sanguinarios latinoamericanos «de derecha e izquierda».
El concepto de solidaridad lograba en el pasado cohesionar voluntades, esfuerzos e ideales de una manera tan diferente a la del presente, atravesando en la actualidad una verdadera y aguda crisis asociada a la naturalización de lo injusto por efecto de la saturación mediática, como a un pronunciado debilitamiento de la confianza en la fuerza que puede tener la acción colectiva para impedir que lo injusto tenga lugar o se perpetúe.
Todo esto ocurre en medio de un cada vez más notable desinterés de la comunidad democrática internacional sobre el devenir de Venezuela. Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá siguen presionando por elecciones, pero sin encontrar eco entre países de América Latina.
Las personas defensoras de los derechos humanos son fundamentales para la implantación universal de derechos y libertades, la existencia de una democracia plena, duradera, y la consolidación del Estado de Derecho.
Kara-Murzá sabe que forma parte de una larga lista de personas que el Kremlin considera «indeseables». Sabe que su trabajo incomoda y que Putin preferiría que el periodista, al igual que muchos de los que lo han acompañado en las últimas décadas, no existiera. Por ahora, el mandamás de Moscú se contenta con ver tras las rejas a sus críticos, pero, considerando los antecedentes, puede que pronto ya no le baste con eso.
El 17 de mayo de 2022, una coalición de organizaciones de derechos humanos entregó una carta abierta a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la que exigía que se reservaran no menos de 440 millones de dólares (equivalentes al premio en metálico concedido a los equipos participantes) para remediar los abusos sufridos por los trabajadores, una fracción de los ingresos récord de 7.600 millones de dólares que obtuvo la FIFA.
Con más de 500 víctimas, el enfrentamiento entre las fuerzas del ejército nacional y una milicia díscola terminaron de quebrar el delicado equilibrio de fuerzas vigente desde octubre de 2021.
El fundador de Viasna envió un video a CADAL que se proyectó en la Cancillería argentina el 23 de agosto de 2017, en el marco del Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo. Allí aparecía con la bandera roja y blanca de la primera Bielorrusia, de la Bielorrusia sin Lukashenko, y explicaba su situación.
Venezuela ocupa el último puesto en Latinoamérica en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, con 10 puntos sobre 100. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder las reiteradas denuncias sobre hechos de corrupción han abonado el derrotero del socialismo del siglo XXI. En realidad, sociolismo debería escribirse.
El referéndum constitucional, la elección presidencial y las legislativas, tres votaciones en apenas 9 meses, muestran que la tendencia no apunta a la renovación sino a consolidar a un nueva variante de líder todopoderoso.
Un principio fundamental del activismo de derechos humanos es que no deben aplicarse dobles varas para juzgar a los regímenes autoritarios más allá de si responden a tradiciones de la izquierda o de la derecha. Las organizaciones de derechos humanos deben velar por la protección de los derechos humanos en todos lados, dado su carácter universal.
El abogado y defensor de los Derechos Humanos, Thulani Maseko, fue abatido a la vista de su familia en su hogar el pasado sábado 21 de enero, a menos de 50 kilómetros de la capital. El monarca absoluto del país, Mswati III, había arengado a aplastar a la oposición. ¿Qué sucede en el reino del África austral?
Qatar 2022 marca el inicio de la caída de la cúpula de la FIFA. El 2 de diciembre de 2010, cuando se consumía la doble designación de Rusia y Qatar como sedes para 2018 y 2022 respectivamente, las federaciones de futbol de Inglaterra y Estados Unidos sufrieron una decepción. En el caso estadounidense, fue la piedra de toque para el inicio de un seguimiento de la dirigencia del fútbol mundial hombre a hombre en toda la cancha.
En su ensayo «La rebeldía más allá de la izquierda: Un enfoque postideológico para la transición democrática en Venezuela» (Náufrago de Itaca, ediciones, 2021), Uzcátegui no se propone denunciar una vez más el estado alarmante de atropellos a los derechos humanos en su país, sino a tratar de entender por qué motivo este estado de lo injusto es negado por el amplio espectro del progresismo.
A pesar de los esfuerzos de Irán para bloquear Internet, la tecnología ha ayudado a alimentar la indignación y a concitar la solidaridad internacional para con las mujeres iraníes. Por su parte, ONU Mujeres exige una investigación sobre lo ocurrido con Masha Amini en dependencias de la policía moral donde estuvo detenida.
La brecha entre el compromiso y el cumplimiento del Régimen Internacional de Derechos Humanos (RIDH) es notoria, pero también notoria es la paulatina disminución de esa brecha. Y un factor fundamental en ese avance lo constituye el activismo trasnacional de los derechos humanos, de variadas formas que convergen en lograr un cambio de actitud, aun en los regímenes más autoritarios.
Gorbachov cuando llevaba 19 meses al frente de la Unión Soviética, estaba convencido de que la carrera armamentista, además del riesgo nuclear hoy resurgido, implicaba un durísimo sacrifico para su país: entre el 15 % y e1 17% del PBI ruso; así como el costo de mantener el imperio soviético en el este europeo —de cinco mil a diez mil millones de dólares anuales— sumado a las ayudas durante décadas a Angola, Cuba, Camboya o Etiopía.
Pese a la reciente mejoría en los datos macroeconómicos, debido en parte al repunte del petróleo, la economía venezolana mantiene sus limitaciones y la situación social no experimentó cambios positivos. Se estima que en este semestre la inflación seguirá erosionando los magros ingresos, en tanto a nivel salud preocupa el bajo nivel de vacunación contra distintas enfermedades infecciosas.
Las protestas a principios de julio en Karakalpakstán fueron duramente reprimidas y terminaron con un saldo de 18 muertos y más de 500 detenidos, según el gobierno, que también afirmó que los manifestantes habían intentado ocupar edificios públicos. Mirziyoyev fue aún más allá y, aunque no acusó a nadie en particular, declaró que los disturbios fueron planeados durante años por fuerzas extranjeras, como si la sociedad civil de su país no pudiera cuestionarlo. Por algunos días el acceso a internet fue bloqueado y se estableció el estado de emergencia y toque de queda.
El reduccionismo teórico, el simplismo de las explicaciones unívocas, las frases efectistas para encerrar procesos complejos, parecen haber llegado a su fin. Eso es bueno. Lo malo es que ha ocurrido a fuerza de grandes traumas geopolíticos, económicos, ambientales y, como resultado, humanos.
Existe un nombre para las políticas de conquista territorial bajo el pretexto de compartir lazos nacionales o étnicos con los habitantes. Esta práctica se llama irredentismo, y es una táctica arcaica e imperialista.
El futuro del sistema democrático, nada seguro y en precario equilibrio incluso en países de arraigada tradición, fue el eje de discusión durante un foro del National Endowment for Democracy (NED) con motivo de un homenaje al celebrado politólogo Larry Diamond.
No todos los regímenes autoritarios o semi autoritarios son aliados de Moscú, pero todos los aliados de Moscú son regímenes autoritarios. Cuando en marzo la Asamblea General de Naciones Unidas votó condenar la invasión rusa a Ucrania, sólo cinco Estados se opusieron: Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Siria y la misma Rusia. En abril, el mismo organismo votó la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos y esta vez fueron 24 los países que apoyaron al Kremlin. Entre otros, se sumaron Cuba, China, Irán, Kazajistán, Nicaragua, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam. Y probablemente debiera incluirse también a Venezuela, cuyo derecho a voto se encuentra suspendido. Todos estos países están gobernados por dictaduras.
La ex secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, falleció tras haber advertido por enésima vez contra el peligro que representaba para el mundo la postura beligerante del presidente ruso Vladimir Putin, el hombre fuerte a quien conoció personalmente en el año 2000 y de quien desde entonces catalogó entre los nuevos autócratas que se hacen con las riendas de la democracia para luego instaurar su propio sistema de poder.
De nada sirvió que la Corte Internacional de Justicia ordenara la suspensión inmediata de las operaciones rusas. Tampoco que 141 de los 193 miembros de las Naciones Unidas hayan condenado la agresión a Ucrania en la Asamblea General o que Rusia haya encontrado el aval explícito de tan sólo 4 países, todos ellos, entre los menos democráticos del planeta: Corea del Norte, Siria, Eritrea y Bielorrusia. Mucho menos alcanza que la Corte Penal Internacional investigue crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania y denunciados por, entre otros, Amnistía Internacional. Ningún esfuerzo es suficiente para siquiera alcanzar un cese al fuego. La invasión avanza y no parece haber política comercial o diplomacia que la detenga.
Putin es un hombre del antiguo régimen (soviético, ex agente de la Seguridad del Estado de la ex URSS, la KGB) especialista en tergiversar, montar operaciones, y en explotar situaciones objetivamente difíciles de solucionar, generadas por sus antecesores en el Kremlin a partir de las anexiones territoriales de 1920. El asalto a Ucrania, anticipado durante semanas por Occidente, equivale al conflicto terrestre más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. También podría presagiar el surgimiento de una nueva «Cortina de Hierro» entre Occidente y Rusia, con repercusiones globales.
Los presidentes Jair Bolsonaro, de Brasil; Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de México y Nayib Bukele, de El Salvador, desde las alturas del poder rivalizan en sus ataques directos a la prensa. Una conducta que hizo escuela en el fallecido Hugo Chávez. Entre 2014 y 2021 el chavismo cerró 84 medios impresos, canales de televisión y emisoras radiales. En Nicaragua hoy no existe prensa escrita en el país. Bolsonaro ha sido calificado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) como «principal depredador» de la prensa brasileña.
El accionar de Putin en Siria lleva a pensar a analistas internacionales que hay puntos en común entre Ucrania, Siria y la frontera colombo venezolana. Existe presencia rusa en Venezuela desde 2000. Hugo Chávez mantenía relaciones muy estrechas con Putin. Venezuela cuenta con armamento ruso y tropas venezolanas reciben instrucción de militares rusos. Desde Moscú se ha dicho que si Biden presiona a Rusia, podrían enviar tropas a Cuba y Venezuela, reeditando en el imaginario latinoamericano la crisis de los misiles de 1962.
Barinas puede ser un punto de inflexión en el largo, difícil y complejo proceso que ha tenido la oposición venezolana al chavismo. Puede ser ejemplo de unidad efectiva para alcanzar otros triunfos en las urnas, mediante elecciones supervisados por la comunidad internacional, o puede ser una anécdota más en la historia contemporánea venezolana.
Entre 1988 y 2020, la ocupación por parte de Armenia del 20% del territorio de Azerbaiyán ha dejado como saldo la destrucción de aproximadamente 400 monumentos, 63 mezquitas, 22 museos, 927 bibliotecas que poseían 4,6 millones de libros, 85 escuelas de música, 4 teatros, 2 salas de conciertos, 4 galerías de arte y 808 lugares recreativos en la región. Cabe destacar que la cifra de destrucción de viviendas particulares es por el momento incalculable.
El 12 de noviembre del 2021, luego de rechazar las elecciones en Nicaragua, la OEA votó discutir la situación del país centroamericano. Esta discusión fue aprobada por 25 países, 1 en contra (Nicaragua), y 7 abstenciones. El Consejo Permanente la OEA desarrolló una sesión virtual el lunes 29 de noviembre. Los defensores incondicionales de la dictadura nicaragüense son, en primerísimo lugar, Cuba, Bolivia, Venezuela, Rusia y algunos otros regímenes antidemocráticos y/o autoritarios. La Internacional Socialista expulsó al Frente Sandinista de Liberación Nacional en enero de 2019.
La situación descrita por la misión de la UE explica que en las elecciones legislativas y locales que eligieron autoridades para los próximos cuatro años se registró un 58,2% de abstención, la mayor de los últimos 20 años. Solo cuatro de cada 10 venezolanos acudieron a las urnas. La abstención ciudadana sumada a la falta de unidad en la oposición —característica que viene registrándose desde hace años— le permitió al chavismo imponerse en el territorio nacional además de la alcaldía de Caracas.
Para Lukashenko estos miles de seres humanos no representan más que una herramienta para forzar a la UE a levantar sanciones, o al menos a que negocie una salida a la crisis y, de esta forma, lo reconozca como presidente legítimo por primera vez desde 2020. Poco importa que mueran algunas decenas de personas por el frío y el hambre. La historia podría terminar aquí, en la exclusiva responsabilidad de un líder autocrático y violento que ha torturado a sus compatriotas, que censura y reprime a toda disidencia. Pero la realidad es más compleja. Polonia se ha negado rotundamente a aceptar el paso de los migrantes a su territorio y ha expulsado a quienes lograron sortear las vallas fronterizas.
(Infobae) La elección del pasado domingo 7 es un caso extremo de manipulación. Ortega se consolida en el olimpo de las dinastías dictatoriales latinoamericanas, encabezada por la de los Castro en Cuba, y a la que se suman la de Alfredo Stroessner en Paraguay y la de Augusto Pinochet en Chile. Desafortunadamente, es probable que el agravamiento de la situación económica lleve a una mayor represión política, ahora que Ortega ha dado un paso más en el secuestro del poder.
La intervención militar en la política del país es usual y el golpe del 25 de octubre rompió un equilibrio muy delicado. En suma, Sudán ha vivido más en guerra civil y entre intentonas de golpes y efectivos que en democracia. Esta última sigue siendo una deuda pendiente ante una sociedad que en su mayoría parece haber aprendido una valiosa lección desde finales de 2018, no tolerar más dictaduras ni violencia estatal y salir a las calles en forma contundente cuando ve avasalladas sus libertades y el bolsillo aprieta.
(Clarín) La única opción humanitaria clara es otorgar algún tipo de estatus de protección temporal a muchas de las personas que ya se encuentran en campamentos en la frontera entre Estados Unidos y México. Se debería permitir que los grupos humanitarios en los Estados Unidos y otros países amparen a refugiados. Por supuesto, es aún más importante ayudar a los haitianos a construir la paz y la prosperidad en Haití, pero este es un problema aún más difícil. Requerirá la creación de un estado funcional y de condiciones propicias para la actividad económica.
(Diálogo Político) El gobierno aplica una estrategia muy sencilla para garantizarse el triunfo que busca, el triunfo arrasador. El proceso consiste en eliminar a la oposición real, a los sectores políticos más molestos, y restringir a la supuesta oposición, a aquella que resulta más dócil, más maleable. Según análisis independientes, el apoyo genuino a Rusia Unida fue de alrededor del 33%, mientras que la participación real a nivel nacional no alcanzó el 40%, casi 10 puntos por debajo de los números anunciados oficialmente. La maquinaria del Kremlin está tan bien aceitada que ni siquiera le fue permitido participar a observadores internacionales.
Querer aferrarse al sillón del poder por parte de Morales fue el origen del desorden institucional y social. Un primer informe in situ de la OEA —ratificado en febrero de 2020— confirmó la existencia de fraude electoral. Morales anunció el 10 de noviembre la renovación de los cuestionados miembros del TSE y la repetición de las elecciones, pero de inmediato debió renunciar y salir del país. Hubo un interinato presidido por la senadora opositora Jeanine Áñez y en las nuevas elecciones del 18 de octubre del 2020, triunfó candidato oficialista Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS). El proceso desatado por Morales exacerbó los ánimos sociales y políticos de parte y parte, y dio como resultado no menos de 37 muertos, masacres, ajusticiamientos y excesos de la fuerza pública en la represión ocurrida durante el interinato de Áñez.
Un día el presidente estadounidense anunció que sus tropas comenzarían a retirarse y ese fue el fin. En poco más de una semana todo el territorio afgano estaba nuevamente bajo control talibán y el mandatario afgano había abandonado el país, tal vez hacia Tayikistán. Los veinte años construyendo un Estado capaz de sostenerse por sí mismo fueron en vano y al final la estructura se desplomó como un castillo de naipes. Rápida y sigilosamente.
El gobierno de Lukashenko es tan ubicuo que su hijo, Víktor, preside el Comité Olímpico de Bielorrusia (CONB), aunque el Comité Olímpico Internacional (COI) no considera su elección válida porque el dirigente ya cargaba con una sanción en su contra por discriminación a atletas. En ese contexto, la velocista Timanovskaya tenía buenas razones para temer persecuciones y represalias tras un regreso anticipado a Bielorrusia. Por eso no abordó el avión y recurrió, primero, a las autoridades japonesas y luego a la embajada de Polonia en Tokio. Entendió que sólo podría recurrir a un asilo humanitario que le fue garantizado por el gobierno de Varsovia.
(Clarín) A pesar que en Cuba el acceso a internet es muy costoso y controlado por una empresa monopólica estatal, recientemente diplomáticos europeos y funcionarios de la ONU coincidían en que el régimen cubano no sabía qué hacer con las redes sociales. Otro diplomático, de América Latina y que estuvo asignado hasta hace pocos años en Cuba, afirmó que para terminar con las protestas el régimen cubano debería cortar internet, lo cual considera que es inviable.
La importancia del repudio apabullante en la OEA al régimen de Ortega-Murillo — solo se opusieron Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas— a esta práctica de llegar al gobierno mediante elecciones, y luego vaciar de contenido a la democracia, es porque el mantenimiento de regímenes que desconocen la Carta Democrática de la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está erosionando la democracia de la región toda. Es una razón de supervivencia también la que debe mover a los Estados a proteger sus democracias, independientemente del grado de incumplimiento que esos mismos Estados tengan para con sus ciudadanos.
(Clarín) Lamentablemente, los mecanismos de defensa colectiva de la democracia se han utilizado de una manera instrumental, facciosa o si se quiere con una lógica de realpolitik. La posición argentina de abstenerse de condenar a Nicaragua en la reciente votación en la OEA es un buen ejemplo de ello. Se ha quebrado en América Latina el consenso que al menos hasta los años 90 había acerca de los requisitos mínimos para considerar a un régimen como democrático. Este fenómeno no debería ser subestimado en modo alguno.
En Etiopía el concepto etnia es fundamental. Las divisiones entre regiones, una decena en la actualidad, se basan en ese criterio. El poder político en estos últimos años en Etiopía ha estado repartido entre los tigray, los oromos y los amharas, las etnias mayoritarias. En octubre de 2018 ambas cámaras del parlamento eligieron de manera unánime a Sahle-Work Zewde como presidenta de Etiopía, la primera mujer en ocupar la jefatura de Estado etíope, lo cual es trascendente en el curso de la historia africana. Durante años la figura de la mujer ha sido oprimida por el hombre; en estos últimos años el curso de los acontecimientos ha cambiado y cada día más mujeres toman cargos de poder, si bien resta mejorar muchos aspectos.
La situación que atraviesan los rohingyas es urgente. Los barcos que se hallan en las costas aguardando ser recibidos por algún país se encuentran en peligro, y es necesaria la reunión de esfuerzos coordinados para el rescate de los barcos, su arribo a puerto seguro, y el suministro de ayuda humanitaria. Mientras que la solución que brindan los países de la ASEAN es el retorno a Myanmar o la relocación en terceros países, el gobierno de Myanmar continúa sin responder a las acusaciones de abusos y a la falta de cooperación internacional.
El domingo 23 de mayo el periodista Roman Protasevich viajó a Lituania desde Grecia, en donde había asistido a un evento con la opositora exiliada Svetlana Tijanovskaya. A pocos minutos de aterrizar en Vilnius, capital lituana, su vuelo fue desviado por las autoridades bielorrusas hacia Minsk bajo el pretexto de una supuesta amenaza de bomba ¿Por qué aterrizar en Minsk si el aeropuerto de destino era el más cercano? Según las autoridades lituanas, de los 126 pasajeros que abordaron en Atenas, 5 permanecieron en Minsk: Protasevich, su novia (de ciudadanía rusa) y tres hombres cuya identidad no trascendió
Parviz Mullojanov, politólogo e historiador tayiko, opina que ahora existe una oportunidad única para alcanzar cambios democráticos. A partir de la pandemia, ha habido un importante crecimiento de la actividad y presencia de la sociedad civil en el debate político, y esto ha sido en respuesta a la incapacidad del propio gobierno para gestionar la crisis sanitaria. Distintos actores de la sociedad civil se vieron obligados a llevar adelante las funciones que el Estado tayiko simplemente no deseaba cumplir, es decir proteger a su propia población de una pandemia.
El abandono del tratado implica un retroceso institucional, ya que ahora Turquía no debe rendir cuentas ante ningún organismo internacional sobre su gestión de los temas relacionados a la violencia en contra de la mujer; ya no está obligado a divulgar las estadísticas de muertes, ni a proponer y/o realizar acciones concretas para frenar los feminicidios y proteger a las mujeres dentro de su jurisdicción. Resulta imperioso tomar parte para darle voz a esas mujeres que gritan en silencio y así volver a visibilizar el dolor de género, instaurando una legalidad acorde.
Kaboré aseguró tener la intención de brindar seguridad y estabilidad al país, y garantizar que las personas desplazadas regresen a sus hogares. La situación de inseguridad fue una de las razones para que un 18% de la población (entre 300.000 y 350.000) no pudiera ir a votar, registrando una tasa de participación de solo el 46,12 % (2,9 millones de votantes sobre 5,8 millones). Más de 2.000 colegios electorales (de 21.154), principalmente en el norte y este del país, no pudieron abrir debido a la inseguridad.
Las plataformas digitales son en esencia libres y han colaborado con el avance y fortalecimiento de la democracia en el mundo, mostrándose como una herramienta útil para la movilización cívica y difusión de información y es por este potencial innegable que son objeto de censura y control para gobiernos no democráticos. En Bangladesh, la ley de Seguridad Digital da cuenta de esto.
Un informe de Caracol Radio de la mañana del lunes 3 de mayo detalló que son 21 los fallecidos por acción policial, 672 detenciones arbitrarias, 12 personas heridas en los ojos, y 4 agresiones sexuales. Además, hubo 30 agresiones contra periodistas perpetradas por manifestantes, según la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia. La alta comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) pidieron al gobierno colombiano frenar los abusos de autoridad.
El otrora país más democrático de Asia Central, casi sin escalas, ha viajado de un sistema caótico y fragmentado pero democrático a la mano dura de un mandamás fuerte con cada vez mayor poder y menor oposición. Tal vez este lejano país permita comprender cuán débil es la democracia cuando no existen instituciones sólidas, cómo la fragilidad entraña inestabilidad y ésta abre las puertas a los líderes carismáticos que se autoproclaman salvadores tan sólo para dar un paso hacia el autoritarismo.
(La Nación, Costa Rica) Difícilmente Rusia, China, Irán, Israel, Estados Unidos o Europa tengan intenciones de pasar de la competencia de fuerza al uso de esta en el terreno. Pero tampoco puede descartarse que una pérdida de control sobre las teclas de sus respectivos aparatos políticos y militares genere las chispas de posibles confrontaciones.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia emitió un comunicado en relación a la apertura del Parque de Trofeos Militares en el que acusa a Alíev de fomentar un “comportamiento antihumano”. También dice que la inauguración “degrada públicamente la memoria de las víctimas de la guerra, las personas desaparecidas y los prisioneros de guerra, violando los derechos y la dignidad de sus familias”. Pero este comunicado oficial queda corto porque Alíev no sólo se mofa de las víctimas del conflicto, sino también de todas aquellas voces acalladas por un triunfalismo ciego.
(Diálogo Político) Hoy corre serio riesgo la participación de atletas bielorrusos en los próximos juegos bajo su propia bandera, aunque podrían presentarse bajo bandera olímpica, como atletas independientes, tal como sucederá con los deportistas rusos. Ese sería un golpe muy duro para la imagen de Lukashenko en un momento en que las manifestaciones vuelven a ganar las calles tras el invierno.
Más allá de las diferentes trayectorias de vida, todas las expositoras estuvieron de acuerdo en resaltar un fenómeno de particular importancia que está ocurriendo en medio de la represión militar, y que muchos medios de comunicación y analistas han dejado de lado: el uso de la violencia sexual como arma de guerra. ¿Por qué los militares se ensañan tanto con los civiles, en especial las mujeres y los niños?
Somalía ha tratado de llegar a la estabilidad desde el fin de la Guerra Fría con la caída de Siad Barre, pero las continuas luchas clánicas, sumadas al terrorismo y las hambrunas hacen que las elecciones democráticas sean cada vez más complicadas de alcanzar. En febrero de 2021, Abdirahman Abdi Shakur, candidato de la oposición, convocó una protesta en Mogadiscio. La represión contra la oposición aumentó los temores de que la disputa electoral recrudezca en un conflicto civil, y esos temores perdurarán a menos que haya un acuerdo político.
El gobierno democrático de Myanmar tuvo que enfrentarse constantemente, desde su asunción en 2016, con el dilema de tener que cogobernar con las instituciones militares que continuaron cometiendo flagrantes delitos de lesa humanidad contra las minorías étnicas del país, cuyo paradigma ha sido el genocidio llevado a cabo contra la etnia rohinyá en 2017. El 1° de febrero de 2021 se produjo un golpe militar y desde entonces la violencia institucional ha incrementado. La situación de Myanmar fue evaluada en el Examen Periódico Universal por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante el tercer ciclo de 2021.
Pese a que se han llevado a cabo elecciones en 2019, Tailandia es una autocracia, en donde el aparato estatal en gran medida se encuentra cooptado por las redes militares y monárquicas a través de un documento fundamental: la Constitución de 2017. Aquí, la juventud cobra un gran protagonismo, que al frente de la sociedad civil y en el marco de un movimiento de solidaridad democrática regional, busca recuperar la democracia.
El decreto más reciente, firmado el 16 de febrero del 2021 por el Primer Ministro, sobre el Establecimiento del National Internet Gateway consiste en la regulación y control de todo el tráfico de internet en Camboya, que se realiza a través de un órgano encargado del monitoreo de la actividad online, que filtra la información con anterioridad a la llegada de la misma a los usuarios de la web. El control permite el bloqueo y la desconexión de cualquier fuente que afecte “la seguridad, los ingresos nacionales, el orden público, la dignidad, la cultura, la tradición y las costumbres”.
(Diálogo Político) Diversas situaciones electorales en un continente variopinto. Un elemento siempre presente y que condiciona: la pandemia. El otro, en algunos casos, es la crispación política. El primer país llamado a elecciones presidenciales y legislativas fue Uganda, el 14 de enero. Siguió Níger, el país más pobre del mundo pero la principal fuente de uranio para su ex metrópoli, Francia. Capítulo aparte merece Somalía, nación del Cuerno de África tan olvidada como golpeada. En República del Congo no hubo sorpresas.
Solidarizamos desde estas líneas con Artículo19 y su labor en defensa de la libertad de prensa y la democracia, sumándonos a voces como la del relator del Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, que, entre otras organizaciones, han mostrado su preocupación por las actitudes del presidente mexicano.
El 13 de mayo de 2019 Guinea Ecuatorial se sometió por tercera vez al mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Argentina hizo tres recomendaciones al gobierno de Guinea Ecuatorial: entre ellas adoptar las medidas necesarias para abolir la pena de muerte de la legislación ecuatoguineana; la toma de medidas adecuadas, como la investigación y prosecución de los responsables por detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones y otras violaciones a los DD.HH.; y, finalmente, la adopción de pasos necesarios para garantizar la libertad de expresión a los defensores de DD.HH. y periodistas. Esta última, sin embargo, fue observada por Guinea Ecuatorial, pero no aceptada.
No puede pasarse por alto el peligro a los derechos humanos que representa el partido Ley y Justicia en Polonia. Es clara la dirección política que el gobierno de Duda está tomando, bajo la orquesta partidaria de Jarosław Kaczyński. Este escenario de intolerancia y homofobia, basado en creencias ultra religiosas, podría escalar rápidamente hacia manifestaciones violentas y provocaciones de odio hacia grupos LGBT. La intolerancia y la vulneración a los derechos civiles se ha visto reflejada también en la negativa polaca a aceptar refugiados de cualquier origen.
El mismo día que el presidente argentino abandonaba el Grupo de Lima, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA instó a Venezuela a dejar de enjuiciar a civiles en tribunales militares, algo que el Presidente argentino, profesor de Derecho, conoció en su país natal durante los años de plomo.
En el desenvolvimiento del gobierno de Modi frente a las alertas de distintos organismos y organizaciones internacionales, las mismas acaban siendo desestimadas, acusadas de no abarcar temas de importancia, y de ser “falaces, tendenciosos, y estar motivados políticamente”. Lejos de tener una participación activa, el gobierno de Modi evita realizar declaraciones públicas en situaciones donde los derechos humanos se encuentran vulnerados y la opinión de la India tiene peso, esquivando la responsabilidad que implica el protagonismo en dicha agenda.
A pesar del desarrollo democrático de la India basado en un estado laico, la llegada de un líder como Narendra Modi, que enaltece el hinduismo, la homogeneidad, la tradición y la familia, puso en jaque el respeto a los derechos humanos y la democracia. Así, la política interna del heterogéneo país asiático ha sufrido transgresiones múltiples en lo que respecta a la libertad de expresión y derechos de las minorías religiosas.
La operación Barkhane comenzó en agosto de 2014 y continúa al presente, llevada a cabo por las fuerzas armadas francesas y las de los países del G5-Sahel. Si bien esta operación fue planteada como de corto plazo para luego entregar el manejo a las fuerzas locales, el gobierno de Malí enfrenta diversos contratiempos logísticos como la falta de cooperación por parte de la población maliense, la cual simpatiza –o le teme– al autodenominado Estado Islámico.
El referéndum crucial celebrado en 2019 estableció una extensión del límite de los mandatos presidenciales. Antes eran mandatos de cuatro años, luego pasaron a ser de seis con una cláusula ad hoc que permite al presidente mantenerse perpetuado en el poder hasta 2030, en vez de 2022 que marca la culminación de su segundo mandato.2019 fue un año signado por una significativa cantidad de protestas en contra del régimen de Al Sisi. Se cuestionó su legitimidad debido a las fuertes represiones por parte de las fuerzas de seguridad.
En la actualidad, Armenia se encuentra conmocionada por dos eventos en particular. En primer lugar, y como la mayor parte de los Estados del mundo, la república del Cáucaso intenta sortear las disruptivas consecuencias de la pandemia del SARS-COV 2. Por otro lado, el gobierno de Pashinian tiene gran parte de su agenda dedicada a lidiar con la pérdida de legitimidad que ha seguido tras perder la guerra contra Azerbaiyán por el territorio de Nagorno Karabaj.
¿Qué significa la llegada al gobierno de Vetëvendosje? Es un partido anti-establishment con intenciones de hacer reformas estructurales, que promete combatir la corrupción. A la vez, es un movimiento social nacionalista que representa a la etnia albanesa mayoritaria en Kosovo. De todos modos, en cuanto a la integridad territorial kosovar, el ex Primer Ministro y líder de Vetëvendosje Kurti asegura querer normalizar las relaciones con Serbia, una vez que este último reconozca la independencia de Kosovo y, por ahora, niega cualquier tipo de modificación territorial, por ejemplo, ceder el norte de Kosovo a Serbia.
La estrategia de Suu Kyi fracasó rotundamente en la madrugada del primero de febrero, cuando el proceso de democratización volvió a foja cero en tan solo unos minutos. Sin una respuesta coordinada de la comunidad internacional democrática que apunte a desgastar el poder de los militares y sus benefactores en los gobiernos autoritarios de otros países, los incentivos para una nueva transición son bastante magros, máxime cuando la economía del país está controlada en gran parte por la elite militar.
Hubo un intento de bloquear cuentas de redes sociales que convocaran a marchar, pero esto también resultó contraproducente. Y las numerosas detenciones y el alto nivel de violencia de la represión del sábado lo fue más. El gobierno busca acallar las débiles voces disidentes, pero termina por potenciarlas y unificarlas aun en su heterogeneidad ideológica. Logra de esta forma darle entidad a quien Putin ni siquiera nombra.
Parece un manual de procedimientos no muy diferente al de otras experiencias africanas. En Uganda, dos días antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias, se bloquearon las redes sociales y, el jueves 14 de enero, día de sufragio, el territorio amaneció con un apagón de Internet, costumbre repetida en otros países del continente ante contextos convulsos y, sobre todo, en instancias electorales.
Los vínculos de una intelectualidad complaciente con el poder son de larga data en América Latina. Como ciudadanos urge la demanda activa, si no de cierta honestidad intelectual por parte de personajes como Ramonet, sí al menos de la verificación periodística de datos al momento de publicar información que tiene un impacto feroz en la vida de millones de personas. Hacemos un llamado a medios como La Jornada y Página 12 a respetar las pautas de profesionalismo periodístico que son, precisamente, las que fortalecen la democracia.
Las elecciones legislativas demostraron que hay una fuerte represión a todo tipo de disidencia y que la élite gobernante no piensa ceder espacio, por más que asuma un nuevo presidente, como sucedió en 2019. Aún las disputas de poder al interior de Nur Otan (que ocurren en el marco de una inevitable pero lenta transición) no se traducen en cambios ni en mejoras significativas en cuanto al respeto a los derechos humanos.
Los participantes del foro de denuncia sobre la situación de los periodistas mexicanos reclamaron que el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador «cumpla con las 104 recomendaciones de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU hechas al gobierno en materia de protección a los periodistas» y que se ponga fin «a la estigmatización contra la prensa». Suman 19 periodistas asesinados en lo que va de la administración de AMLO, iniciada hace 24 meses, de acuerdo con el registro de la organización Artículo 19.
Para Bachelet, la pandemia nos ha dejado expuestos, vulnerables y debilitados, pero en la devastación también está la clave de cómo convertir el desastre en una oportunidad, para reajustar las prioridades y construir un futuro mejor. Es por eso que con la misma firmeza que expone las debilidades, afirma que el principal ingrediente para el futuro es la voluntad política.
Es obvio que hay quienes distorsionan la realidad venezolana como se desprenden de quienes presentan “ejemplo de democracia” este nuevo asalto madurista a las exiguas libertades del país caribeño. Hoy en día, el ciudadano democrático que no quiera informarse sobre lo que ocurre en el mundo y se limite a seguir consumiendo falsedades diseminadas por sus dirigentes lo hace por pereza u obsecuencia.
El caso George Floyd en los Estados Unidos puso en agenda como nunca en 2020 el racismo estructural y la relación con el abuso a DDHH de las fuerzas de seguridad a personas africanas y afrodescendientes. Al respecto, el 19 de junio el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una importante resolución que fue analizada en un webinar organizado por la ONG Servicio Internacional para los Derechos Humanos.
Hoy existe una sociedad aún fuerte y decidida, la oposición plantea algo tan justo como diálogo y nuevas elecciones, la Unión Europea ofrece apoyo económico, hay posibilidades de juzgar a los responsables de la represión y las torturas, Rusia puede mediar en las negociaciones. Todo está dispuesto para alcanzar una salida pacífica y democrática.
El pasado 3 de diciembre, el politólogo Minxin Pei brindó la 17ª Conferencia Anual Seymour Martin Lipset sobre la Democracia en el Mundo. La presentación de Pei, “La larga sombra oscura del totalitarismo sobre China”, fue organizada por la Embajada de Canadá en Estados Unidos y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés).
¿Quiénes tienen voz para reclamar y ser escuchados ante la violación de sus derechos en contextos estatales de tortura, desapariciones forzadas, persecución política, ejecuciones y políticas del hambre? ¿Quién tiene la autoridad en la región para determinar a los que somos suficientemente humanos y por tanto, sujetos con derechos? Propongo intentar una mirada estructural que vaya más allá del caso venezolano para allanar esta pregunta.
El colapso económico crea una sociedad más inestable, empujando al régimen de Maduro hacia mayor represión y abuso de los derechos humanos para mantenerse en el poder. Sin la renovación democrática, existe poca probabilidad de un mejoramiento de las condiciones en Venezuela. Una asistencia internacional más eficaz debe entender los distintos efectos de la crisis sobre varios aspectos, especialmente con respecto al género. La ayuda humanitaria dirigida a grupos socioeconómicos vulnerables requiere más coordinación y mejor utilización de la infraestructura existente.
Las respuestas de los panelistas en la 24ª Conferencia del Forum2000 sobre qué hacer para luchar contra las violaciones de los derechos humanos en China también encajan de alguna manera en los cuatro conceptos que Timothy Garton Ash destacó en la apertura: "Si tenemos estas cuatro: verdad, solidaridad, estrategia y responsabilidad, habrá un futuro más brillante". Sin embargo, el debate dejó claro que ahora es el momento de actuar. Ahora es el momento de apoyar al movimiento democrático de Hong Kong, ahora es el momento de reconocer el genocidio en Xinjiang y de luchar por defender las normas internacionales de derechos humanos. El silencio es cómplice.
Para Maduro no está fácil, pues solamente con los votantes chavistas y los que puedan arrastrar los “alacranes” —así denomina la oposición a unos políticos que han sido sobornados por el régimen— no será posible repetir la maniobra efectuada en ocasión de la votación para la Asamblea Nacional Constituyente, en que solamente sufragó el chavismo y, pese a que muchos centros de votación se veían casi vacíos, el conteo de votos “de entre casa” permitió presentar el resultado como una victoria.
La definición de resiliencia describe exactamente las historias de estas personas comunes en Cuba, China, Corea del Norte y Bielorrusia presentadas en el Oslo Freedom Forum 2020: la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. La capacidad de no darse por vencido, y seguir movilizando, protestando, demandando cambios frente a cualquier tipo de represión, detención, amenaza. Una capacidad que une no solamente a estos prominentes defensores de la democracia, sino también a cada pueblo que esta subyugado por un régimen autocrático que pisotea sus derechos humanos.
Este proyecto, además de controlar el financiamiento a los medios informativos independientes, dejará prácticamente sin campo de acción a los defensores de derechos humanos, en tanto el artículo 12 prescribe que los “agentes extranjeros deberán abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna”, con lo que caerán bajo su órbita la defensa de todo tipo de derechos sociales, humanitarios o referidos a grupos determinados.
En un contexto de inseguridad extrema en determinados departamentos del país, registrado por la Cruz Roja y denunciado en las últimas semanas por la ONU, la OEA, Amnistía internacional y Human Rights Watch, ocurrió el martes 8 de setiembre el homicidio del taxista a punto de recibirse de abogado, Javier Ordóñez (44), tras ser detenido por dos policías. El pasado viernes 11 de septiembre, el Ministerio de Defensa y la Policía pidieron perdón a la ciudadanía por la muerte de Ordóñez.
Frente al estereotipo de un continente sumido en el primitivismo, golpes de Estado sin control, autocracias duraderas, la diversidad se presenta con sistemas políticos, entre democracias y autoritarismos, que se mantienen sin grandes cambios o van mutando. Pero muchas veces la sustitución de líderes no implica cambios profundos.
La intervención militar en el poder no es novedad en el país, la cual ha sido una vez más condenada. La ECOWAS (sigla en inglés de la Comunidad Económica de Estados de África occidental), la Unión Africana (UA) y Francia han repudiado lo ocurrido hoy en la excolonia de esta última nación. La UA ha demandado la inmediata liberación de los dos líderes supremos privados ilegítimamente de su libertad.
La gran falla en el proceso de transformación de Singapur, tan abierto en lo económico y comercial, es que no ha llevado a cabo una apertura en lo político. Si en el Bertelsmann Transformation Index (BTI) ranquea sexto en transformación económica, en cuanto a la política tiene el puesto número 74. Singapur está lejos de reconocer los derechos civiles y las libertades políticas de sus ciudadanos. Sus elecciones no son libres o justas. Otros derechos de su población se han visto igualmente limitados, como los de expresión y asociación. Los mecanismos de accountability se ven muy limitados, debido a la falta de independencia del poder judicial y al extenso control del gobierno sobre los medios de comunicación.
Aleksandr Lukashenko es presidente de Bielorrusia desde 1994 y es el único que ha tenido este país en su historia. Logró sucesivas reelecciones en 2001, 2006, 2010 y 2015, en todos los casos, con alrededor del 80% de los votos y ante una oposición virtualmente inexistente. Además ganó 3 referéndums y modificó dos veces la Constitución. Pero esta vez algo cambió de la mano de cuatro candidatos outsider. La noche del domingo 9 de agosto, los primeros resultados anunciaban un nuevo triunfo de Lukashenko, una vez más, por cerca del 80%. Siguieron las protestas, la represión, las detenciones y los heridos. Difícilmente alguien que cuenta con el 80% del apoyo nacional requiera de tal nivel de violencia.
Creado en la primer década del 2000, el Índice de Transformación Bertelsmann (BTI) analiza el desempeño de más de 130 países en todo el mundo sobre la base de tres indicadores clave que son el Estado de la democracia, la Economía y la Gobernanza. Haití, uno de los países más pobres e inestables del Caribe, entre 2006 y 2020 acumuló un promedio de 3,66 combinando estos tres indicadores. El país tiende a disminuir en el BTI y desde 2010 a 2020, Haití solo va hacia atrás.
El Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2020 nos indica que el país ha tenido mejoras significativas en relación con el fin de la violencia política y el fortalecimiento de la democracia, pero siguen existiendo asuntos que pueden amenazar con socavar este progreso. Los principales desafíos a los que se enfrenta son la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la implementación del acuerdo de paz y sus repercusiones. En particular, Colombia ha visto un aumento en el número de incidentes violentos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en los últimos dos años.
En los últimos 40 años, la región ha sido protagonista de varios procesos políticos que fueron comunes entre los países: desde las dictaduras y los regímenes “burocrático autoritarios” de los años 60s y 70s, pasando por la “Tercera ola de democratización” durante la década del 80, a las “democracias iliberales” en los 90s y la “marea rosa” de los 2000s. Cada una de estas etapas se ve claramente definida en los informes de “Libertad en el Mundo” que publica Freedom House, que muestran los momentos de auge y decaída de los regímenes democráticos.
Si se toma la definición de «transformación» que ofrece la propia Bertelsmann Stiftung: «un cambio integral y políticamente impulsado en el que un sistema autoritario y un orden económico dominado por el Estado o clientelar evolucionan en dirección a la democracia y hacia una economía de mercado»”, no cabe duda que el proceso en Venezuela ha estado lejos de esto. Su situación, de hecho, es tristemente calificada por el informe como un «milagro en reverso», con todos los indicadores relevantes desplomándose en apenas una generación.
Los analistas describen al país como ejemplo de régimen híbrido o de modernización autoritaria. La Constitución de 2014 garantiza la igualdad de derechos, sin discriminación. Sin embargo, de hecho, existe represión sistemática y la mayoría de los egipcios se siente impotente ante el Estado. La situación de los derechos humanos: los casos de Giulio Regeni y Patrick Zaki.
De acuerdo a la edición 2020 del Índice de Transformación Bertelsmann (BTI), la dimensión analítica de Transformación Política ha declinado de manera constante en Guatemala con el pasar de los años. Los indicadores del BTI que se usan para evaluar su régimen político actual son cinco en total y en dos de ellos, para el período 2018-2020, se manifiesta un desempeño menor al mínimo requerido en cada uno para mantener el estándar democrático: el «Poder Efectivo para Gobernar» y la «Separación de Poderes» requieren cada uno un piso de 4 puntos para ser considerados democráticos. En el caso de Guatemala, sendos indicadores se encuentran en 2020 a un nivel de 3 puntos, posicionando a este país como una autocracia.
Dónde está el presidente y por qué no se toman medidas urgentes. Son dos grandes inquietudes que aquejan a la población nicaragüense y preocupan a la comunidad internacional, en el marco de la severa pandemia por Covid-19.
Un nuevo reporte de Human Rights Watch da cuenta de avances y retrocesos en la región. Aún preocupan situaciones de hacinamiento en cárceles; casos de torturas y abuso sexual de parte de fuerzas de seguridad; problemáticas resultantes de la inmigración venezolana, fruto de la severa crisis humanitaria de ese país, y los llamados “falsos positivos” en Colombia.
Las medidas de distanciamiento social son absolutamente necesarias, y algunas limitaciones a las libertades de circular van a tener que ser toleradas mientras que dure la pandemia para poder “aplanar la curva”. Sin embargo, y justamente, por tratarse de un evento extraordinario, se va a tener que seguir de cerca y discernir qué medidas son necesarias y científicamente justificadas, y cuáles de ellas son una mera fachada para silenciar oposiciones.
De acuerdo al índice “Freedom on the Net”, publicado por Freedom House, las tácticas para restringir el uso de Internet -tanto si son provocadas por actores extra-estatales, como por actores domésticos- se pueden resumir en tres categorías: del tipo informacional, del tipo técnicas y del tipo legal. Las más comunes son las primeras y comprenden el uso de “bots”, comentadores pagos por el partido político de turno, o también el uso de webs que diseminan información falsa.
El gobierno de Hernández decretó la medida que regirá por siete días, en el marco de la pandemia del Covid-19. Como en el grueso de los países, se aplicaron restricciones a la circulación. Sin embargo, preocupa a varias organizaciones la posible censura.
La denominada “Contra” se unió a la Coalición Nacional, conformada por la Alianza Cívica y el partido Unidad Nacional Azul y Blanco. Las agrupaciones hacen frente al gobierno de Ortega, quien lleva más de 15 años ininterrumpidos en el poder.
La inmigración en el país tico es la más grande de Latinoamérica, siendo un 10% de su población total, entre quienes hay más de 500.000 nicaragüenses y 40.000 venezolanos. Repaso de un proceso difícil, que demanda recursos y disposición estatal.
El país más pobre del hemisferio occidental parece saltar de crisis en crisis arrastrando consigo montones de problemas estructurales que se sostienen en el tiempo. Ocupa el puesto 169 de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Aun así, recientemente incorporado al Grupo de Lima, el país busca comunicar a la comunidad internacional su inclinación por la “respuesta democrática” a los problemas.
El pasado 14 de enero, durante la ceremonia de toma de posesión celebrada en Ciudad de Guatemala, el nuevo presidente, Alejandro Giammattei, reivindicó su promesa de “mano dura” para hacer frente a la corrupción y a la violencia endémica que hay en el país. Por otra parte, el nuevo gobierno también busca hacer frente a la crisis migratoria mejorando las condiciones de vida localmente para evitar una salida tan numerosa de guatemaltecos.
Si se cuenta solamente desde que empezó el 2020, unos 23 líderes sociales fueron asesinados en Colombia. Este preocupante registro aportado por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz lleva a poner foco de vuelta sobre la urgencia de este problema y la insuficiencia de las políticas emprendidas por el gobierno de Iván Duque.
En los últimos meses se ha puesto el foco en los derechos humanos al cubrir los eventos que se estuvieron dando en Chile. El informe de Human Rights Watch enfatiza las situaciones problemáticas que se dieron durante las protestas del año pasado, tanto a partir del accionar de Carabineros como con algunos disturbios provocados por los manifestantes.
Maduro movilizó su aparato represivo para neutralizar el último escollo que le faltaba para monopolizarlo todo, pero no lo logró. Igualmente habrá que ver cómo evoluciona esta dualidad de poderes legislativos, que por cierto se suma a la ya existente Asamblea constituyente y si le generará mayores desgastes a las fuerzas democráticas.
La ONG Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) de Honduras denunció malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades estatales tras identificar “azotes” con alambre provocados por militares sobre los cuerpos de mujeres del centro penitenciario de El Progreso, departamento de Yoro, al norte del país.
La fecha aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos debería servir como un llamado contundente hacia las autoridades y para revisar los avances en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la ratificación de la Carta Democrática Interamericana; más aún para evitar un debilitamiento democrático tal que derive en un golpe de Estado como el ocurrido en 2009.
En un principio la demanda era de tenor económico: un desempleo mayor al 10% junto con un paquete de medidas que incluían cambios en la legislación laboral y tributaria que el gobierno de Iván Duque quería sancionar en el Congreso fueron los primeros incentivos para las movilizaciones. Lo que pasó más tarde fue que en medio de las marchas esos reclamos originales funcionaron como canalizador para volver a reclamar sobre las violaciones a los derechos humanos.
Durante estas protestas se han dado diariamente episodios como el de un hombre siendo atropellado por las fuerzas militares o la muerte de otro de 25 años por un disparo de las fuerzas armadas en Curicó. De acuerdo a Human Rights Watch, al menos 1.015 personas resultaron heridas, Carabineros detuvo a más de 15 mil personas y más de 11 mil tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos. Asimismo, muchas situaciones violentas ocurrieron a causa del descontrol social que se ha vivido, más allá del accionar de las fuerzas públicas.
No hay que dejar pasar los bajos niveles de acceso a la justicia que tuvo el país durante 2018, acorde al informe de “El estado global de la democracia en 2019” del instituto internacional IDEA, que además indica que la tasa de homicidios en El Salvador fue la más alta de Latinoamérica y el Caribe en el año 2016, siendo producto, en su mayoría, de la corrupción y falta de representatividad de las elites, que terminan erosionando el sistema democrático. En 2019 aparece Bukele como un redentor anti-establishment representante del hartazgo de la sociedad civil.
Las víctimas no sólo son políticas como fue el caso de Franco, sino también minorías o gente que simplemente expresa simpatía por algún partido político de manera pública. Un ejemplo ha sido la mismísima hermana de Marielle, Anielle, quien ha expresado que fue amenazada por cuatro hombres mientras estaba recogiendo a su hija del colegio, gritándole insultos sobre sus posiciones políticas. Recordemos que en Brasil ha habido 64 mil homicidios en 2017, 367 policías asesinados y más de 5000 personas asesinadas por las fuerzas policiales.
El régimen Ortega-Murillo tiene bajo su poderío el control de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral; además de tener a su favor a la policía nacional y al ejército, y diversos grupos paramilitares, sirviéndose así de una variedad de mecanismos y fuerzas para reprimir brutalmente a quien se manifieste en su contra.
Con el conflicto agudizándose y presionado desde múltiples frentes Morales convocó a nuevas elecciones para definir -esta vez de forma transparente- quien iba a ser el próximo presidente. Surge la pregunta de por qué intervinieron las fuerzas militares cuando justo la crisis se estaba acercando a una salida democrática. Y aquí aparece la figura de Luis Camacho.
Murieron más de 30 personas, casi 180 heridos, olas de saqueos e incendios de algunas estaciones de policía e instituciones, carreteras bloqueadas, sin gobierno en vigor desde marzo de 2019, y con el presidente que continúa haciendo oídos sordos llamando a la clase política al diálogo y responsabilizando al sistema político de ponerle freno para que el país salga adelante. Un sistema que, sin embargo, lo ha acompañado para convertirse en el quincuagésimo octavo presidente de Haití.
La Organización de los Estados Americanos aprobó una declaración que rechaza cualquier movimiento que tenga como objetivo desestabilizar al ejecutivo del país andino ya que serán considerados actos vandálicos en contra del Estado de derecho. Sin embargo, este documento omite mencionar el supuesto uso excesivo de la fuerza de las autoridades para acallar las protestas contra el Gobierno del presidente Moreno.
Situaciones de exclusión social, persecución política y maltrato son vivenciadas también por grupos de activistas defensores de los derechos humanos y periodistas que pretenden comunicar «la otra cara de la moneda» del gobierno hondureño. La violencia propugnada bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández no hizo más que aumentar exponencialmente desde su llegada al mando en 2014.
La reciente reafirmación del TIAR despertó viejos encuentros, y en un contexto globalizado como el de hoy adquiere una resignificación de su propósito. La concepción que se tiene de la situación venezolana desde el plano externo permite entender cómo se ha abordado la crisis.
El pasado 10 de septiembre, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) lanzó nuevamente, después de cuatro años, el informe de los diez países más censurados en el mundo (Eritrea, Corea del Norte, Turkmenistán, Arabia Saudita, China, Irán, Guinea Ecuatorial, Bielorrusia y Cuba). Algunos de los criterios que utilizaron para hacerlo fueron: ausencia o restricciones de medios independientes o privados, bloqueo de sitios web de noticias, requerimiento de licencias para ejercer el periodismo, entre otros.