La inmigración en el país tico es la más grande de Latinoamérica, siendo un 10% de su población total, entre quienes hay más de 500.000 nicaragüenses y 40.000 venezolanos. Repaso de un proceso difícil, que demanda recursos y disposición estatal.
El país más pobre del hemisferio occidental parece saltar de crisis en crisis arrastrando consigo montones de problemas estructurales que se sostienen en el tiempo. Ocupa el puesto 169 de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Aun así, recientemente incorporado al Grupo de Lima, el país busca comunicar a la comunidad internacional su inclinación por la “respuesta democrática” a los problemas.
El pasado 14 de enero, durante la ceremonia de toma de posesión celebrada en Ciudad de Guatemala, el nuevo presidente, Alejandro Giammattei, reivindicó su promesa de “mano dura” para hacer frente a la corrupción y a la violencia endémica que hay en el país. Por otra parte, el nuevo gobierno también busca hacer frente a la crisis migratoria mejorando las condiciones de vida localmente para evitar una salida tan numerosa de guatemaltecos.
Si se cuenta solamente desde que empezó el 2020, unos 23 líderes sociales fueron asesinados en Colombia. Este preocupante registro aportado por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz lleva a poner foco de vuelta sobre la urgencia de este problema y la insuficiencia de las políticas emprendidas por el gobierno de Iván Duque.
En los últimos meses se ha puesto el foco en los derechos humanos al cubrir los eventos que se estuvieron dando en Chile. El informe de Human Rights Watch enfatiza las situaciones problemáticas que se dieron durante las protestas del año pasado, tanto a partir del accionar de Carabineros como con algunos disturbios provocados por los manifestantes.
Maduro movilizó su aparato represivo para neutralizar el último escollo que le faltaba para monopolizarlo todo, pero no lo logró. Igualmente habrá que ver cómo evoluciona esta dualidad de poderes legislativos, que por cierto se suma a la ya existente Asamblea constituyente y si le generará mayores desgastes a las fuerzas democráticas.
La ONG Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) de Honduras denunció malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades estatales tras identificar “azotes” con alambre provocados por militares sobre los cuerpos de mujeres del centro penitenciario de El Progreso, departamento de Yoro, al norte del país.
La fecha aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos debería servir como un llamado contundente hacia las autoridades y para revisar los avances en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la ratificación de la Carta Democrática Interamericana; más aún para evitar un debilitamiento democrático tal que derive en un golpe de Estado como el ocurrido en 2009.
En un principio la demanda era de tenor económico: un desempleo mayor al 10% junto con un paquete de medidas que incluían cambios en la legislación laboral y tributaria que el gobierno de Iván Duque quería sancionar en el Congreso fueron los primeros incentivos para las movilizaciones. Lo que pasó más tarde fue que en medio de las marchas esos reclamos originales funcionaron como canalizador para volver a reclamar sobre las violaciones a los derechos humanos.
Durante estas protestas se han dado diariamente episodios como el de un hombre siendo atropellado por las fuerzas militares o la muerte de otro de 25 años por un disparo de las fuerzas armadas en Curicó. De acuerdo a Human Rights Watch, al menos 1.015 personas resultaron heridas, Carabineros detuvo a más de 15 mil personas y más de 11 mil tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos. Asimismo, muchas situaciones violentas ocurrieron a causa del descontrol social que se ha vivido, más allá del accionar de las fuerzas públicas.
No hay que dejar pasar los bajos niveles de acceso a la justicia que tuvo el país durante 2018, acorde al informe de “El estado global de la democracia en 2019” del instituto internacional IDEA, que además indica que la tasa de homicidios en El Salvador fue la más alta de Latinoamérica y el Caribe en el año 2016, siendo producto, en su mayoría, de la corrupción y falta de representatividad de las elites, que terminan erosionando el sistema democrático. En 2019 aparece Bukele como un redentor anti-establishment representante del hartazgo de la sociedad civil.
Las víctimas no sólo son políticas como fue el caso de Franco, sino también minorías o gente que simplemente expresa simpatía por algún partido político de manera pública. Un ejemplo ha sido la mismísima hermana de Marielle, Anielle, quien ha expresado que fue amenazada por cuatro hombres mientras estaba recogiendo a su hija del colegio, gritándole insultos sobre sus posiciones políticas. Recordemos que en Brasil ha habido 64 mil homicidios en 2017, 367 policías asesinados y más de 5000 personas asesinadas por las fuerzas policiales.
El régimen Ortega-Murillo tiene bajo su poderío el control de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral; además de tener a su favor a la policía nacional y al ejército, y diversos grupos paramilitares, sirviéndose así de una variedad de mecanismos y fuerzas para reprimir brutalmente a quien se manifieste en su contra.
Con el conflicto agudizándose y presionado desde múltiples frentes Morales convocó a nuevas elecciones para definir -esta vez de forma transparente- quien iba a ser el próximo presidente. Surge la pregunta de por qué intervinieron las fuerzas militares cuando justo la crisis se estaba acercando a una salida democrática. Y aquí aparece la figura de Luis Camacho.
Murieron más de 30 personas, casi 180 heridos, olas de saqueos e incendios de algunas estaciones de policía e instituciones, carreteras bloqueadas, sin gobierno en vigor desde marzo de 2019, y con el presidente que continúa haciendo oídos sordos llamando a la clase política al diálogo y responsabilizando al sistema político de ponerle freno para que el país salga adelante. Un sistema que, sin embargo, lo ha acompañado para convertirse en el quincuagésimo octavo presidente de Haití.
La Organización de los Estados Americanos aprobó una declaración que rechaza cualquier movimiento que tenga como objetivo desestabilizar al ejecutivo del país andino ya que serán considerados actos vandálicos en contra del Estado de derecho. Sin embargo, este documento omite mencionar el supuesto uso excesivo de la fuerza de las autoridades para acallar las protestas contra el Gobierno del presidente Moreno.
Situaciones de exclusión social, persecución política y maltrato son vivenciadas también por grupos de activistas defensores de los derechos humanos y periodistas que pretenden comunicar «la otra cara de la moneda» del gobierno hondureño. La violencia propugnada bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández no hizo más que aumentar exponencialmente desde su llegada al mando en 2014.
La reciente reafirmación del TIAR despertó viejos encuentros, y en un contexto globalizado como el de hoy adquiere una resignificación de su propósito. La concepción que se tiene de la situación venezolana desde el plano externo permite entender cómo se ha abordado la crisis.
El pasado 10 de septiembre, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) lanzó nuevamente, después de cuatro años, el informe de los diez países más censurados en el mundo (Eritrea, Corea del Norte, Turkmenistán, Arabia Saudita, China, Irán, Guinea Ecuatorial, Bielorrusia y Cuba). Algunos de los criterios que utilizaron para hacerlo fueron: ausencia o restricciones de medios independientes o privados, bloqueo de sitios web de noticias, requerimiento de licencias para ejercer el periodismo, entre otros.
A El Salvador le falta un largo camino para resolver sus falencias en materia de derechos humanos, como lo demuestran sus altas tasas en materia de homicidios y restricciones a la libertad de prensa. Se debe plantear así entre reorganizar las estructuras existentes o instalar nuevos mecanismos e instituciones que acarreen obligaciones no sólo para con la ciudadanía local, sino también con la comunidad internacional.
Brasil engloba muchos de los problemas que afectan a la región: corrupción, violencia callejera, casos de abusos policiales, y arraigados estereotipos en la sociedad que hacen que todos estos problemas a su vez adquieran una mayor gravedad en minorías. Al respecto, tanto los dichos de Bolsonaro como su falta de compromiso hacia la agenda progresista no ayudan a solucionar los problemas estructurales de Brasil y el país parece estar yendo en dirección opuesta a la que debería ir.
Para poder cuidar y preservar algo tan importante para el mundo como la Amazonia, es necesario poder contarlo y que la sociedad sepa y actúe sobre ello. Pero si los comunicadores son silenciados, hay una fuerza mayor que nos les está asegurando poder cumplir su rol y labor social.
El alcance de la normativa, los recursos, la voluntad política y la atención internacional sobre el tema no coinciden con la magnitud del fenómeno que acarrea consigo el sufrimiento de miles de personas en El Salvador, Guatemala y Honduras. Estos detonantes están asociados a los bajos niveles de ingresos en tales naciones, dado que puede ser una explicación para entender la debilidad estructural.
Durante la Reunión Ministerial la república bolivariana se empeñó en reforzar su cooperación bilateral con Irán, Palestina y Rusia, logrando además el respaldo a la candidatura de Venezuela para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) a partir de 2020, en reemplazo de Cuba que no puede aspirar a un nuevo período. Por su parte, en la declaración final del Foro de San Pablo se insiste en la intención de fortalecer la CELAC, integrada también por los países que fundaron ProSur que requiere la legitimidad democrática para su pertenencia.
El caso de Kabendera fue denunciado por el Comité para la Protección de Periodistas. Fue detenido arbitrariamente y el departamento de policía no dice con claridad en qué lugar se encuentra. Según Human Rights Watch, Tanzania es un país que hoy en día se encuentra deteriorado en materia de libertad de expresión desde que asumió John Magufuli.
El gobierno Venezolano desmiente absolutamente todas las acusaciones, desde las más graves que reportan violaciones a los derechos humanos hasta la escala de la crisis económica y los planes para solucionarla. Mientras millones de venezolanos continúan huyendo de su país.
La lucha de los líderes sociales suele ir contra los espurios intereses de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC y agrupaciones paramilitares como el Clan del Golfo o las Águilas Negras.
«Obligar a la ONG a cerrar es una violación flagrante del derecho a la libertad de asociación y muestra la ausencia de compromiso del gobierno de Guinea Ecuatorial de acabar con su largo historial de hostigamiento e intimidación a las personas que defienden los derechos humanos y activistas de la sociedad civil», afirmó Marta Colomer, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional para África Occidental.
«Paz, independencia, democracia, unidad y prosperidad» es el lema del estado de Laos. Pero la realidad es diferente. Desde hace muchos años, la comunidad internacional manifiesta preocupación por la situación de los derechos humanos en el país del sureste asiático y exigen un cambio. ¿Existe una verdadera perspectiva de una mejora en un futuro cercano? En enero de 2020 se realizará el tercer examen periódico universal de Laos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Austria, Perú, Costa Rica, Canadá, Islandia, el Reino Unido, España y Australia recomendaron que Arabia Saudita coopere en la investigación del asesinato de Khashoggi brindando toda la información necesaria y garantizando que un grupo de expertos examine las pruebas y actúe independientemente.
Casi cuatro años después del segundo Examen Periódico Universal, las recomendaciones hechas a Honduras no se han hecho efectivas. Hoy en día continúan los hostigamientos a los defensores de derechos humanos, los ataques y asesinatos siguen impunes, la violencia está en aumento y el silenciamiento de periodistas y activistas no se detiene.
El 2019 marca el 40° aniversario de Teodoro Obiang Nguema, quien accedió al poder en 1979, tras un golpe de estado en contra de su tío. En 2016, «ganó» de nuevo las elecciones con el 93,53% de los votos. Con el acercamiento del tercer EPU de Guinea Ecuatorial sería deseable que la comunidad democrática internacional se exprese categóricamente sobre la situación de los derechos humanos en este país.
Debido a la constante situación de violencia y riesgo, precariedad de la población, discriminación a grupos puntuales y falta de libertad, entre interminables casos, Yemen es considerado actualmente como el país con una de las mayores crisis humanitarias del mundo.
El régimen de la casa Al Saud prohíbe los partidos políticos, sindicatos y ONGs por lo tanto no existe una oposición política institucionalizada. Asimismo, las libertades políticas están restringidas en gran medida. Los defensores de los derechos humanos son objetivo de persecuciones y detenciones arbitrarias por parte del gobierno, que vulnera su libertad de expresión.
A pesar del balance mixto que se puede hacer de la situación en Ecuador, hay razones por las cuales tener esperanza. Ya según el informe de Freedom House, desde la presidencia de Lenin Moreno, ha mejorado su puntaje en derechos civiles, derechos de asociación y funcionamiento del gobierno.
Lo que se vivió durante las últimas elecciones fraudulentas es un fiel reflejo de lo que sucedió durante el último año: las fuerzas de seguridad y la policía nacional reprimieron generalizadamente en contra de dirigentes opositores, activistas pro-democracia, defensores a los derechos humanos, periodistas y manifestantes pacíficos.
Aunque la llamada República de Azerbaiyán dice ser democrática, según sus diferentes exposiciones en el Consejo de Derechos Humanos, existen excesos en contra de la libertad de sus ciudadanos. De acuerdo a Freedom in the World, desarrollado por Freedom House, el presidente Ilham Aliyev, elegido cuatro veces en el cargo desde el 2003, tiene el poder concentrado y a la oposición silenciada.
Gabón es un país ambiguo. Por un lado, presenta altos niveles de ingresos per cápita y desarrollo humano, pero por otro, la desigualdad impregna los cimientos de la sociedad y la represión política es el modus operandi predilecto por el gobierno, el cual no hace más que eclipsar los derechos humanos de sus ciudadanos.
Meron Estefanos, una nativa que reside en Suecia, activista por los DDHH de su país, afirma: “Eritrea tiene uno de los regímenes más represivos del mundo. Básicamente, el régimen es dueño de su vida hasta que tiene 50 años”. Es que Eritrea es un país de 26 años que nunca tuvo elecciones y donde no hay ningún tipo de libertad.
La política gubernamental del régimen del PDT está basada en la represión de todas las actividades de oposición política, el constante abuso frente a las personas que intentan ejercer su libertad de expresión, reunión y asociación unido al acoso a sus familias, y el control total gubernamental de los medios de comunicación.
El sistema de partido único en China suprime el desarrollo de cualquier oposición política organizada y cualquier ciudadano o activista que busque promoverlo es severamente castigado. En su afán de silenciar las opiniones contrarias, China continúa con sus persecuciones contra los defensores de los derechos humanos y las minorías étnicas y religiosas.
Desde la publicación del Primer EPU en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2008, cuando Uzbekistán aun se encontraba bajo la Dictadura de Karimov, se ha visto tanto en el Segundo y el Tercer EPU una mejora en lo relacionado a las libertades civiles y políticas y a lo que respecto a la libertad de prensa. Aun así, Uzbekistán sigue siendo considerado como un régimen opresivo donde los procesos electorales siguen siendo fraudulentos.
La sangrienta crisis estalló cuando en abril del 2015 el presidente Nkurunziza anunció que se volvería a presentar por un tercer mandato presidencial sucesivo. Cientos de protestantes se manifestaron en contra de esta pretensión inconstitucional. Ante esto, resonó la represión del gobierno.
Según Freedom House la libertad de expresión, de religión, y las actividades de las asociaciones civiles se encuentran todas altamente restringidas en Vietnam. Una prueba de ello es que, gracias a datos brindados por Human Rights Watch, más de 100 personas fueron arrestadas en el último año por criticar al gobierno, manifestarse o unirse a asociaciones civiles y religiosas.
Según el informe «Freedom in the World 2019» realizado por Freedom House, las violaciones contra los derechos humanos en Nicaragua incluyen desapariciones forzadas, tortura y malos tratos en centros de detención, la presunción de existencia de centros de detención clandestinos y violaciones a las garantías de un proceso legal y justo. El gobierno de Nicaragua está recurriendo a campañas de descrédito, amenazas de persecución penal, despidos arbitrarios de funcionarios públicos y otras formas de acoso e intimidación.
Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, juró como presidente interino siguiendo lo estipulado en la constitución vigente y siendo hoy la cabeza del único poder público no cooptado por el chavismo. Sí alguien ha dado un golpe al Estado de derecho en Venezuela, ese ha sido Maduro.
La Constitución Boliviana y la normativa electoral fijan claramente que la presidencia solo se puede ejercer dos mandatos consecutivos, pero Morales ya logró pasar por encima de esa limitación para acceder a un tercer mandato en 2014. El modus operandi de la justicia boliviana es claro, solo se dedican a acatar las órdenes que vienen del despacho presidencial. Lo que cambian son las excusas.
(Perfil) Desde la perspectiva idealista que la democracia es la base para el desarrollo económico y social, las discusiones de políticas públicas en el G20 son un ejercicio inviable dado que en varios de los países que lo integran no se respeta la soberanía popular e incluso están señalados como grandes violadores de los derechos humanos. Precisamente sobre estos países y sus respectivos autócratas deberían concentrarse las protestas públicas en Buenos Aires.
Con su visita por el G-20, Rusia, China y Arabia Saudita nos traen a Buenos Aires historias de torturas y de persecución a las voces críticas. Cada uno de estos países sigue distintas culturas, pero en todos se repite la misma fórmula opresora: un gobierno omnipotente que está dispuesto a violar cualquier noción de derechos humanos.
Las preguntas en torno al caso son múltiples: ¿quién dio la orden? ¿El príncipe heredero se dejó llevar, abusando de su poder y poniendo al Reino saudí en una situación incómoda frente al mundo? ¿Habrá sanciones efectivas para el país petrolero?
Nabeel Rajab está preso desde el 13 de junio de 2016 y se encuentra en riesgo de sufrir una condena por quince años más. Detrás de la detención del activista y presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, solo se esconden acusaciones deliberadas e injustas por parte del gobierno saudí. Paradójicamente, Bahréin acaba de ser electa para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Nuestras esperanzas y sueños dependen del establecimiento de una democracia funcional, basada en el estado de derecho. Deseamos llevar al Congo Brazzaville de los márgenes de la comunidad internacional al epicentro del movimiento tecnológico civil.
Es el país más pequeño de Centroamérica y, desde hace años, atraviesa una crisis de inseguridad. El Salvador, castigado por la pobreza y la violencia, tiene uno de los índices más altos de homicidios a nivel mundial.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó la creación de un «grupo de trabajo», contando con el voto positivo de 20 países de los 34 miembros activos. Por su parte, La ONU está actualmente estudiando la posibilidad de tomar un papel activo respecto a la crisis nicaragüense. Desde que empezara la crisis el pasado 18 de abril en Nicaragua, se estima que al menos 317 personas han sido asesinadas.
En una región donde no existen las democracias consolidadas, es llamativo que 11 de los 18 países que la integran han cumplido con el mínimo estándar en requisitos democráticos durante los últimos años. En relación con el estado socioeconómico, ninguna región del planeta está tan mal como esta. Como aspecto positivo, se destaca la estabilidad en la moneda y los precios en la mayoría de las antiguas colonias francesas.
El pasado 27 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicaron un comunicado conjunto en el que condenan los asesinatos de defensores de derechos humanos.
Se rechazó la estigmatización del ciudadano como terrorista que hace el gobierno nicaragüense, calificándola de profundamente antidemocrática, y que «conlleva el ejercicio del terrorismo de Estado, que se viabiliza a través de torturas y desapariciones».
La situación en Nicaragua preocupa a la comunidad internacional. Sólo el pasado domingo 8 de julio se registraron 31 muertes de civiles. Las comparaciones entre Nicaragua y Venezuela no se hacen esperar después de que el gobierno de Nicolás Maduro expresara su apoyo al gobierno de Ortega. Luis Almagro, secretario general de la OEA, pide el «paso de las armas a las urnas».
¿Cómo entender que, con este aumento de gasolina, el precio del galón de querosene es más alto que el salario mínimo diario?¿Cómo entender que un haitiano todavía vive con menos de un dólar estadounidense por día en el bolsillo? ¿Cómo explicar hasta ahora que no se ha dado ninguna respuesta sobre los fondos de Petro Caribe que se desperdiciaron cuando debían usarse para el desarrollo del país?
Van 320 muertos en tres meses, más de 200 desparecidos, decenas de heridos que no pueden ser atendidos en hospitales copados por paramilitares y cientos de torturados en dependencias policiales. Al 2 de julio se contabilizaban 43 niños huérfanos fruto de la represión de Daniel Ortega. Hogares de familiares de opositores selectivamente incendiados. Nada es suficiente para arrancarle a estas personalidades latinoamericanas una exigencia dirigida al homicida para que cese la ordalía.
En un contexto de permanente violencia entre clanes y enfrentamiento entre el gobierno somalí, Al-Shabab, la AMISOM, y otras fuerzas extranjeras, el costo humanitario ha sido considerable.
El ninguneo de las entidades gremiales para con sus colegas nicaragüenses es fácilmente constatable con un clic. Puede verificarse en los sitios web de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc), o de varios sindicatos de prensa.
A pesar de su aspecto estable, Bolivia ha caído en una situación de incertidumbre política y económica. Aunque la oposición política sigue siendo fragmentada en el país, la hegemonía de Evo Morales se ve desafiada desde el referendo constitucional de 2016.
La grave crisis política e institucional hondureña ante las elecciones a finales de 2017 contribuyó a agravar la situación de los derechos humanos en el país y amenazó a las instituciones democráticas.
Los crímenes por los cuales Nicolás Maduro y otros altos funcionarios podrían ser encarcelados son los casos de tortura y desaparición forzada de personas. Dentro de los informes se encuentran las pruebas fehacientes de 98 casos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano desde el 2002 hasta el 2017.
A pesar del precario respeto por los derechos humanos por parte del régimen autoritario de Omar al Bashir, en enero de 2017 el presidente Barack Obama revocó parcial y temporalmente las sanciones que caían sobre Sudán. En octubre de ese mismo año, Donald Trump levantó de forma permanente dichas sanciones.
Las diferentes fuentes de información muestran que Tayikistán ha aumentado su actitud autoritaria entre 2015 y 2017. Detrás de la fachada de las instituciones políticas “democráticas” y de la voluntad del presidente Emomalii Rahmon de luchar contra la corrupción, el país más pobre de la ex Unión Soviética está sometido a graves dificultades en materia de derechos humanos.
A pesar de lo previsto en la Constitución de 1992 - que reconocía a Turkmenistán como una república presidencialista, democrática, con división de poderes, con garantías de derechos políticos y libertades a los ciudadanos- se estableció un régimen autoritario fortalecido con el monopolio del uso de la fuerza expandido por todo el territorio y la masiva persecución.
Las ejecuciones extrajudiciales por parte de milicias o policías regionales son comunes y continúan produciéndose. La muerte de 10 personas durante un operativo militar en febrero del 2018 produjo la salida del Primer Ministro Hailemariam Desalegn, para darle paso a Abiy Ahmed, quien es miembro de la etnia oromo, una de las cuales lleva adelante la ola de manifestaciones.
Sin lugar para la libertad, el presidente Déby se apoya en la opresión para acrecentar su poder y riqueza personal.
Según los datos del Bahrain Forum for Human Rights, durante el mes de enero de 2018, alrededor de 995 casos de violaciones de derechos humanos fueron observados, entre ellos arrestos arbitrarios, juicios injustos, represiones de movimientos pacíficos, restricciones de movimientos, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos en las prisiones.
Las elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas el 20 de mayo pasado, no dejan de ser tema de debate por lo cuestionado del proceso y porque además han permitido el avance de un régimen dictatorial en un país que gozó de un sistema democrático durante más de cuatro décadas. Se trata de un golpe a la democracia, incluida la violación sistemática del derecho humano al sufragio.
Ante la falta de justicia, la comunidad internacional ha avanzado en conjunto con el presidente del país en el establecimiento de un Tribunal Penal Especial para juzgar a los autores de los abusos a los derechos humanos cometidos desde el año 2003 hasta el presente.
El proceso venezolano deja importantes lecciones para la democracia en América Latina y el mundo. Hoy enfrentamos un profundo proceso de cambio en la economía y los negocios que plantea serios desafíos a la democracia.
El Rule of Law Index, creado por World Justice Project (WJP), es un índice que mide el Estado de Derecho, es decir, el correcto funcionamiento de las instituciones de 113 países alrededor del mundo. Nos encontramos con la sorpresa –o tal vez no tanto– de que entre los 113 países estudiados, Venezuela se encuentra en el puesto 113.
Independientemente de los resultados del 20 de mayo, ya tenemos un ganador indiscutible: el tiempo que sumerge a los venezolanos en la desesperación, la miseria y el hambre.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Sombath Somphone, un reconocido activista de derechos humanos que desapareció el 15 de diciembre de 2012 durante un control policial en Vientián. Cinco años después, el gobierno de Laos todavía no ha ordenado una investigación sobre la desaparición. El de Somphone no es el único caso de desaparecidos en Laos.
Aunque el periodo 2015 y 2017 ha sido una época de mejoramiento de los derechos humanos en Uzbekistán, el país todavía sigue siendo un régimen autoritario bajo un «síndrome soviético». Así, en el país se podría aplicar la famosa doctrina de Lenin «un paso adelante, dos pasos atrás».
Para incrementar su riqueza a costa de los recursos nacionales, el gobierno del dictador Teodoro Obiang entrega proyectos de obra pública, que siempre están plagados de sobreprecios, a empresas de las cuales son propietarios. A todo esto, la mitad de la población no cuenta con agua potable y el 26% de los niños exhiben signos de retroceso de crecimiento y malnutrición.
Noruega y Suecia ocupan el primer y el segundo lugar, respectivamente, seguidos por Holanda y Finlandia. Corea del Norte sigue siendo el último país del ranking. Cuba es el peor país de América Latina por lo que se refiere a la libertad de expresión y de prensa.
Abusos, torturas, desapariciones y asesinatos. Los delitos más desgarradores que fracturan la vigencia de los derechos humanos. La violencia contra las mujeres y niños se manifiesta en acoso sexual, violación, trata de personas, trabajo y prostitución forzados. ¿Qué expectativas de cambio pueden tener las víctimas si el único promotor de estos derechos, el Observatoire Congolais des Droits del´ Homme (OCDH), también es blanco del hostigamiento del régimen?
La situación de los derechos humanos se ha mantenido en declive. Los múltiples intentos para firmar un alto al fuego entre las partes han fracasado y la violencia sectaria y política se han mantenido como el eje sobre el cuál gira el conflicto armado.
En un país donde prácticamente no existe la libertad de expresión es muy difícil para los artistas poder expresar sus opiniones disidentes al gobierno. Además, la iglesia ortodoxa controla que todo aquello que se exhibe sea «adecuado» según sus propios valores.
Al día de hoy existen pocas razones para ser optimistas respecto al futuro de Libia en el mediano plazo. En este sentido la internación del General Haftar, de 75 años, en un hospital parisino la semana pasada, y la falta de información respecto a su estado de salud, ha hecho que por estas horas circulen especulaciones respecto a qué implicancias tendría para Libia la eventual muerte o inhabilitación de su hombre fuerte.
Todos los casos de violaciones documentados por Freemuse en el año 2017 fueron llevados a cabo por autoridades chinas. El encarcelamiento y detenciones (48%) y censura (45%) son las dos herramientas principales para silenciar a los artistas. El 64% de las detenciones y encarcelamientos en 2017 fueron de minorías y artistas tibetanos. Nuevas regulaciones prohíben el contenido LGBT en línea.
La exclusión ciudadana de la actividad política es prácticamente total. La intolerancia no es solo política, sino también religiosa. Las expresiones de disidencia son reprimidas. Las mujeres son ciudadanas de segundo grado. Los trabajadores que se encuentran bajo el sistema de la visa kafala están atrapados en un sistema moderno de esclavitud.
Los cadáveres por las calles de la capital de Burundi, las torturas con cables, barras de refuerzo de hierro y porras, los arrestos arbitrarios mayoritariamente en barrios de oposición y las desapariciones forzadas son hoy moneda corriente en el país.
La República Democrática del Congo está sumergida debajo de un esquema contaminado por el mismo presidente Kabila y la indiferencia a la expiración de su mandato. La reiteración de actos de violación de todo tipo de derechos inyecta el peor de los virus, aquel que daña la dignidad humana, de ser persona.
Pese a la seguridad que le da todo su poder y riqueza, el dictador Obiang le teme a algo que no termina de controlar: el arte. Durante los 39 años en el poder del dictador Obiang siempre hubo una constante: callar las voces críticas.
El segundo reporte periódico del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió al gobierno que redoble sus esfuerzos para prevenir la violencia contra la mujer, erradicar la tortura, garantizar la libertad y seguridad de la persona y salvaguardar un poder judicial independiente. El derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación están restringidos.
Los cambios en el régimen de Eritrea no han sido benévolos para el pueblo, sino que los más significativos profundizaron el conflicto. El contexto internacional con sus vecinos tampoco es favorable, y el gobierno de Afewerki ha consolidado aún más su poder a pesar de la resistencia de los ciudadanos, tanto en territorio eritreo como en el exterior. Alrededor del 12% de la población ha dejado el país.
El poder se encuentra concentrado en manos del presidente Lukashenko, quien logra mantener bajo su control a los poderes legislativo y judicial. Teóricamente, el mandato presidencial debería durar 5 años. Lukashshenko lleva 24 años.
Daniel Ortega ha logrado concentrar el poder bajo el control de su partido, limitando las libertades fundamentales y permitiendo que la corrupción desenfrenada se impregne en las instituciones de gobierno.
El Partido Comunista de China ha decidido abolir los límites constitucionales del área presidencial, despejando así el camino para que el actual presidente Xi Jinping se perpetúe en el poder indefinidamente.
Human Rights Watch ha denunciado abusos sufridos por los trabajadores que construyeron los estadios para el Mundial 2018, incluyendo la falta de contratos formales, el impago de salarios, y múltiples represalias cuando éstos intentaban denunciar dichos abusos.
Año tras año, Obiang sigue avasallando toda noción de Derechos Humanos. Sin ningún tipo de libertad, los ecuatoguineanos están férreamente sometidos a un régimen que les prohíbe elegir el futuro de su nación.
Varias organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, Amnesty International y el Comité para la Protección de los Periodistas coinciden en que Vietnam ha llegado a una situación crítica respecto al abuso de los derechos humanos y libertades democráticas.
Caos, desnutrición, desapariciones y muertes describen la normalidad en la vida cotidiana de la sociedad yemení. Un pueblo en donde lo extraño es no haber sufrido ninguna tragedia.
El conflicto de la República Centroafricana debe ser entendido a la luz de una sociedad empobrecida, atravesada por diferentes clivajes, y por un Estado que ha sido utilizado como medio para el enriquecimiento de los gobernantes, excluyendo a aquellos grupos ajenos al poder.
Los arrestos a partidarios del partido opositor Ciudadanos por la Innovación se cuentan de a cientos y la tortura fue ampliamente utilizada. Como si fuera poco, los que se pudieron refugiar a tiempo en las sedes del partido están siendo rodeados por militares y carecen de los recursos para subsistir por mucho más tiempo.
En una carta dirigida a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales señalaron que el Consejo debería lanzar una investigación internacional independiente sobre los abusos cometidos por todas las partes enfrentadas en el conflicto de Yemen.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos, tales como Amnesty International y Human Rights Watch, coinciden en que la situación de los derechos humanos se ha deteriorado significativamente, particularmente a partir del 2013 con la reforma de la Constitución que le confirió un mayor poder al Partido Comunista a través de la obligación de las fuerzas armadas de protegerlos por el bien de la Nación.
Meng ejercía su labor en el Centro de Servicios para Trabajadores de Panyu, un grupo de derechos laborales ahora disuelto. Este lugar habría sido crucial para la resolución de conflictos laborales, ocupando un papel que el sindicato oficial, la Federación China de Sindicatos (ACFTU), debería haber cumplido.
Observamos en Sudán la inestable convivencia de una sociedad muy diversa en términos étnicos, religiosos, y culturales, con un régimen autocrático que no solamente ha intentado islamizar y arabizar el país, sino que ha desatendido regiones enteras, generalmente con poblaciones no árabe-musulmanas.
La situación empeoró desde el golpe de Estado del 2013, cuando los grupos armados empezaron a atacar a los civiles brutalmente. Desgraciadamente, hasta las mismas fuerzas de la ONU han tenido responsabilidad en casos de violaciones de derechos humanos. La impunidad sigue siendo un problema importante en la lucha por los derechos humanos en este país.
La mayoría de las organizaciones internacionales denuncia que las autoridades sauditas siguen restringiendo la libertad de expresión, asociación y reunión y persiguiendo a todos aquellos que tienen una opinión diferente de la oficial, en particular defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas y representantes de las minorías religiosas. La tortura y otros malos tratos para los detenidos siguen siendo habituales. Las mujeres no tienen derechos y ningún tipo de protección contra el abuso sexual y otras formas de violencia. Las autoridades discriminan las minorías, en particular los Chií.
Los derechos políticos y las libertades civiles se encuentran reprimidos desde hace 20 años por el mismo régimen autoritario. Sassou-Nguesso, que gobierna desde hace 33 años, conduce la República del Congo rumbo al beneficio de sus aliados y, por supuesto, el propio. La convocatoria a elecciones de 2016 no ha sido más que un encubrimiento de métodos antidemocráticos.
Con un partido hegemónico aferrado al poder, el gobierno de la Guinea Ecuatorial reprime severamente los derechos a la libertad de expresión y de reunión a través de las detenciones arbitrarias y el uso de fuerza excesiva. Los represores no se hacen responsables, ya que gozan de una total impunidad.
No concibo, casi 30 años después, asistir a esta realidad callejera venezolana más homicida aun que aquellos días de la primavera austral en Chile. ¿Quiénes, de los gobiernos y pueblos latinoamericanos, se harán cargo de esta tragedia humanitaria que vive un país que podría haber sido el más rico del continente y hoy pasa hambre?
Dentro del registro de casos de violación de derechos humanos se identifican prohibiciones tanto de protestas públicas como de reuniones privadas, matanzas con machetes y hachas en Kivu Septentrional, violencia sexual contra mujeres, reclutamiento de menores, secuestros y tortura por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia, ejecuciones a civiles extrajudicialmente, bloqueo de señales extranjeras, y cierre de dos emisoras de radio y televisión.
Varias denuncias de organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional señalan que Nicaragua vive un grave deterioro de los derechos civiles y políticos, que se caracteriza por el debilitamiento cada vez mayor de la institucionalidad, la ausencia de espacios de diálogo, la falta de independencia judicial y la desprotección de una buena parte de la población.
Hoy el país ofrece más dudas que certezas, pues aún está por verse cuán exitoso será el nuevo gobierno nacional en unificar a las distintas facciones otrora beligerantes, pacificar el país y restaurar el orden, y reconstruir las capacidades del Estado libio. La pregunta incómoda que queda pendiente es qué sucederá con los responsables de los atropellos humanitarios cometidos durante 6 años de desgobierno y guerra civil.
Desde 1994, quien se encuentra en el poder como presidente es Aleksandr Lukashenko. Ha tenido cinco mandatos presidenciales, valiéndose para ello de elecciones fraudulentas, el apoyo del presidente ruso Vladimir Putin. Lukashenko mantiene un férreo control sobre la oposición. No hay libertad de prensa y tampoco está permitida la libertad de asociación. Hay una fuerte represión hacia las personas pertenecientes a la comunidad LGBT.
El presidente Emomali Rahmon ocupa la presidencia desde el año 1992. Frecuentemente la población sufre de arrestos arbitrarios, se han encarcelado más de 150 activistas desde 2015 y desde 2014, entre ellos al menos seis abogados de derechos humanos. El gobierno controla todos los medios. No hay libertad de asamblea y asociación.
La crisis política originada por la decisión del presidente Nkurunziza en 2015 de aspirar a un tercer mandato se endureció cada vez más. La tortura y otros malos tratos continuaron siendo perpetrado a un ritmo alarmante y con impunidad por la SNR, la policía y el Imbonerakure, el ala juvenil del partido gobernante. La libertad de expresión está reprimida en todos los niveles de la sociedad.
La represión contra defensores y defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación independientes, periodistas, autores de blogs, manifestantes pacíficos y miembros y dirigentes de la oposición política se intensificó durante el año 2016, a menudo recurriendo a disposiciones de la Proclamación Antiterrorista de 2009.
A pesar de las pésimas condiciones en los campamentos de refugiados y la intensa y a menudo violenta regulación de la libertad de expresión, la reciente condenación del ex dictador Habré incita algo de esperanza para el futuro de los derechos humanos en Chad.
En el Estado Plurinacional de Bolivia existen causas importantes para ser investigadas, entre ellas: la suspensión y destitución de autoridades democráticamente elegidas, persecución judicial por motivaciones políticas, discriminación política, violencia y acoso político contra la mujer en ejercicio de cargos electivos, suspensión de autoridades judiciales por motivaciones política, y restricciones a la libertad de expresión y de prensa.
En Laos hay un monopolio político por parte del partido gobernante, el Partido Popular Revolucionario de Lao. Con motivo de la celebración de reuniones internacionales en Laos, el Estado incrementó su control sobre los medios de comunicación y la sociedad civil. Por otra parte, también se dan desapariciones forzosas, de las cuáles sigue sin aclararse la suerte de Sombath Somphone, destacado miembro de la sociedad civil.
El nuevo presidente Mirziyoyev demostró su intención de continuar con las políticas represivas de Karimov, declarando que iba a destruir toda amenaza interna como externa a la estabilidad o soberanía.
Según el índice Libertad en el Mundo de Freedom House, Rusia tiene un puntaje de 6.5, siendo que 0 (cero) es el más libre, y 7 (siete) el menos libre. Por lo tanto, es considerado como un país no libre. En los últimos años Rusia registró uno de los descensos más pronunciados en este índice, pasando de 5.5 al actual 6.5.
Más de 50.000 personas civiles perdieron la vida, resultaron heridas o quedaron desplazadas como consecuencia del conflicto armado y la violencia generalizada. Todas las partes son responsables de violencias contra la población civil. Al-Shabab es responsable de abusos en las zonas por ellos controlada y de ataques mortales a zonas controladas por el gobierno.
Un informe de la ONU describe un Estado totalitario que busca el control de los eritreos a través de un vasto aparato de seguridad que ha penetrado todos los niveles de la sociedad. Después de 25 años de gobierno por el presidente no electo Isaias Afwerki, los ciudadanos de Eritrea siguen siendo sujetos de uno de los gobiernos más opresivos del mundo.
Los diversos grupos armados que se disputan el poder y el territorio, han cometido en el marco de una guerra civil, una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, poniendo en peligro y atentando contra la población civil externa al conflicto, y utilizando recursos armamentísticos prohibidos por la comunidad internacional.
Los derechos políticos en China se encuentran restringidos. Cuándo Xi Jinping consolidó su poder personal buscó imponer una mayor disciplina ideológica a través de una campaña de propaganda, prohibiendo las discrepancias dentro del partido y criticando implacablemente los valores democráticos «occidentales».
El año pasado hubo un referéndum donde se aprobaron un paquete de cambios constitucionales sin un debate en el parlamento y la oposición no pudo hacer campaña en contra de estos cambios. Se sigue reprimiendo a los defensores de los derechos humanos, a la oposición, a los activistas, a los periodistas y a las comunidades religiosas.
Entre las violaciones reportadas por Amnistía Internacional se cuentan el saqueo de áreas pobladas por civiles, asesinatos, torturas y violaciones sexuales tanto de parte de guerrillas de la oposición como de fuerzas del gobierno. El Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas reportó en noviembre de 2016 que la lógica étnica del conflicto y la escalada en la violencia ha sentado las bases para un potencial genocidio al interior del país.
(La Capital) Si algo hemos aprendido los argentinos a lo largo de la desgarrada segunda mitad del siglo XX, es la importancia de la solidaridad internacional, que en el corazón de los tiempos más oscuros, logró, alzando su voz, que el dolor y lo injusto no se expandieran aún más en torno nuestro. Alzar la voz en protesta por la muerte de los estudiantes que en estos días mueren en las calles de Caracas debiera ser algo natural.
En la década de gobierno de Correa, la relación con los medios de comunicación adquirió gran relevancia, específicamente tras la sanción de la Ley Orgánica de Comunicación en 2013. Durante la campaña, Moreno se pronunció en contra de una derogación de la normativa, que los partidos opositores califican de «mordaza» a la libertad de expresión, pero no descartó la posibilidad de realizar una revisión al texto.
En el informe, se presentan datos de noviembre de 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México que muestran que, desde el año 2000, en el 90% de los casos, las agresiones contra la prensa han permanecido impunes. Es así como la justicia mexicana no se responsabiliza de los delitos que ocurren año tras año contra sus periodistas.
(Buenos Aires Herald) Más que la elección de Donald Trump o el proceso de paz en Colombia, el quiebre del orden social en Venezuela es desafortunadamente el desarrollo más importante y deplorable de 2016.
Obiang gobierna de manera autoritaria en Guinea Ecuatorial desde 1979, cuando llegó al poder luego de un golpe militar, y podría volver a presentarse en las elecciones previstas para el 2023, para gobernar así hasta el 2030. En esta ocasión reaparecieron las mismas denuncias de irregularidades que en el 2013 por parte de los líderes de la oposición, organismos internacionales y grupos de la sociedad civil.
La situación interna que atraviesa Sudán es de extrema complejidad. Gobernado de forma centralista, autoritaria, e intolerante por Omar Al-Bashir, el país sufre continuas guerra civiles que no hacen más que deteriorar sus de por sí paupérrimos indicadores sociales. Allí un arma es más fácil de obtener que un libro o un medicamento, y la población no conoce otra cosa más que el caos de la guerra y el abandono de su gobierno.
Los progresos hacia la pacificación del país han sido escasos, pues las fuerzas beligerantes han violado reiteradamente el cese al fuego y han continuado sus ataques contra civiles. Además, las violaciones a los derechos humanos, perpetuadas por ambos bandos, no se han detenido. Al día de hoy se ha denunciado el incendio de aldeas, desapariciones, violaciones, y esclavitud sexual, entre otras atrocidades.
La situación se complicó desde que en julio pasado el presidente asegurara su re-reelección, tras modificar la ley, y pese a las críticas. Si todo le sale bien, gobernará 15 años, hasta 2020 (y Paul Kagame, en la vecina Rwanda, pudiera hacerlo hasta 2034). La situación en Burundi, ex colonia belga al igual que Rwanda, ambas independizadas en julio de 1962, si presentaba desde abril un panorama de tensión en aumento, los hechos recientes no hicieron más que convertirla en un infierno.
La clarísima victoria de la alternativa democrática venezolana puede explicarse por una combinación de factores. El más visible es la crisis económica y su impacto político, especialmente en azuzar el descontento popular en el sector tradicionalmente alineado con el chavismo. La otra razón que explica este triunfo democrático tiene que ver con el propio papel de la MUD. Pese a que surgieron algunas candidaturas alternativas, de figuras descontentas con las decisiones de la MUD a la hora de hacer las postulaciones, en general lograron imponerse candidaturas unitarias en todo el país.
Señor Almagro, el 6 de diciembre no es un punto de llegada. En realidad será el inicio en Venezuela de una transición dura y complicada, sin árbitros internos, ya que la parcialidad que exhiben públicamente el resto de poderes públicos sencillamente los descalifica como mediadores del conflicto. Si eso se mantiene en el nivel de escaramuzas institucionales es una cosa, pero otra sería que el conflicto se traduzca en el enfrentamiento en las calles entre venezolanos. Este tiempo demandará mucho de usted y de su talante demócrata.
Partiendo de que sí tendremos elecciones y de que el PSUV y sus aliados son derrotados ampliamente, el chavismo se enfrentará a diversos dilemas: ¿Reconocer el triunfo opositor? ¿Sabotear el escrutinio para dilatar los anuncios de resultados incluso haciendo impugnaciones innecesarias? ¿Se hará una genuina autocrítica? ¿Quiénes condujeron el barco hasta la derrota seguirán capitaneando la nave? ¿Se entenderá el significado del voto castigo? ¿Habrá enmiendas en la política del PSUV tras el 6D? ¿Cambiará de rumbo la política económica del gobierno?
(Infobae) Los crímenes cometidos en Camboya entran en la categoría de genocidio, ya que hay algunos documentos y muchos testimonios que avalan que hubo una política deliberada y sistemática de exterminio de un grupo étnico o religioso. Si bien Nuon Chea y Khieu Samphan son octogenarios, los juicios a los líderes del Khmer Rouge son un capítulo ineludible para la Justicia y la memoria ante lo que hizo uno de los regímenes más opresivos y criminales de la historia humana.
(Buenos Aires Herald) Es una desgracia que la mayoría de los gobiernos de la región no hayan sido contundentes levantándose por la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, cuando la oposición asocia los pedidos de liberación de López y otros presos políticos con el voto contra el gobierno el 6 de diciembre, los líderes democráticos en Latinoamérica encuentran la excusa perfecta para no meterse. La defensa de los derechos humanos debiera ser una prioridad de los gobierno sin importar quién gane.
Más allá de la responsabilidad del silencio cómplice de nuestros Presidentes, los ciudadanos latinoamericanos no podemos ser indiferentes a las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que sufren los venezolanos a causa de las medidas torpemente autoritarias del Gobierno de Nicolás Maduro, por eso es nuestro deber moral levantar la voz exigiendo la liberación de los presos políticos en Venezuela.
(El País/España) Los países autoritarios han reconocido que, en la era de la globalización, la seguridad de los regímenes no se puede lograr exclusivamente mediante el control interno. La proliferación de las instituciones regionales e internacionales, basadas en la legalidad de los valores democráticos que promueven, junto con el intenso crecimiento y la integración de Internet a escala mundial, se consideran ahora una amenaza directa a la voluntad autoritaria de aferrarse al poder.
En lo atinente a derechos humanos y a la percepción que de ellos se tiene desde la izquierda latinoamericana, hay un aspecto insoslayable: el reconocimiento de los gobernantes cubanos y venezolanos de lo que hasta ayer negaban urbi et orbi: la existencia de tener prisioneros políticos.
En el islam se entra, pero jamás se sale. El islam reclama en todo el mundo la libertad de cultos para abrir sus templos, pero la niega en su territorio a las demás religiones. La persecución implacable de las minorías cristianas y judías que por estos años se extiende desde Irak a Turquía, de Nigeria a Libia, da cuenta de la casi nula tolerancia de las sociedades islámicas al ecumenismo religioso, a la tan proclamada convivencia religiosa.
Por una razón de ética y reciprocidad para con quienes en años duros de nuestro país fueron solidarios con los periodistas uruguayos considero impostergable un pronunciamiento del colectivo de periodistas de Uruguay sobre las difíciles condiciones en que desempeñan su oficio los colegas venezolanos.
A un año de la muerte del líder sudafricano, y a 20 de fin del Apartheid, varios representantes políticos regionales buscan compararse con el Nobel de la Paz. Sin embargo, la realidad muestra grandes distancias entre unos y otros.
La venganza ha sido un fuerte motivador de los conflictos que sepultaron a Medio Oriente en los albores de la Primavera Árabe, pero Irak nunca sobrevivirá en su forma actual si los shiítas continúan culpando a la comunidad sunita por las tragedias del pasado. Irak debe ser inclusivo. Un Irak unificado no sólo sentaría un precedente en la región, sino que serviría como ejemplo para el mundo.
¿Qué es lo que teme el gobierno de la República Popular China, el mayor régimen autoritario del mundo? Que los aires de democratización y constitucionalismo de Hong Kong se expandan por el resto del país, ya que esto demostraría que los chinos están preparados para vivir en una democracia liberal plena, derrumbando el cimiento del monopolio del poder del Partido Comunista, supuesto garante de la estabilidad.
Al genocidio contra las minorías cristianas y yazidí, se añade el etnocidio contra la propia cultura árabe sunnita y, más específicamente, un libricidio para borrar el registro escrito de la memoria y el conocimiento de los iraquíes.
La opinión pública en Occidente suele creer que en países como Siria e Irak sólo hay árabes musulmanes, pero el escenario es mucho más complejo, diverso, rico, policromo, con tradiciones antiquísimas que se remontan a los tiempos anteriores al cristianismo y el Islam. Estas expresiones religiosas que durante siglos coexistieron con imperios, califatos, colonialismo y dictaduras, hoy pueden ser rápidamente arrasadas por el islamismo, que no es lo mismo que el Islam.
¿Cuántos muertos dejó esta utopía rural comunista? Las cifras varían y será imposible llegar a un número preciso, porque resulta difícil saber cuántos murieron por hambre, enfermedad –mataron a los médicos y enfermeras, y no producían medicamentos-, torturas y ejecuciones. No obstante, se estima que las víctimas fueron entre 1.700.000 y dos millones, lo que significa entre un cuarto y un tercio de la población del país.
Los regímenes autoritarios de Hafiz al Assad y Bashar al Assad, en Siria, y el de Saddam Hussein en Irak, fueron laicos y nacieron al calor del nacionalismo árabe, por lo que lo religioso quedó relegado al ámbito privado. La minoría cristiana en Siria, que es aproximadamente el 10% de la población, es una de las víctimas de las facciones islamistas radicales en la guerra civil, y esto se está replicando ahora en Irak.
La autocracia de Putin entra en sintonía con los populismos latinoamericanos buscando crear lazos comerciales para prolongar el sustento material de sus regímenes, a la vez que ponen frenos al desarrollo de la sociedad civil, a la prensa independiente y al surgimiento de economías de mercado competitivas que no estén manipuladas por los amigos y cómplices del poder.
Luego de la ratificación de la nueva constitución semidemocrática en 2008, se tomaron muchas medidas para menguar la centralización e iniciar la transición democrática birmana. Sin embargo, a pesar de los cambios positivos, la mayor parte de la transición democrática en Burma sigue siendo simbólica y superficial. Sirviendo para impulsar más dudas aún sobre el supuesto progreso, está el hecho de que el 25% de los puestos parlamentarios están reservados para el ejército
Inclusive entre otros países en vías de transición de la Primavera Árabe, la nueva constitución de Túnez se considera la más duradera y prometedora. Puntos clave de la constitución incluyen, entre otros, la protección de los derechos de las mujeres, su inclusión en el gobierno y la sociedad, las libertades de expresión y de religión, el mecanismo de control y equilibro en el gobierno, elecciones competitivas y obstáculos a un gobierno de la mayoría, la protección de la sociedad civil y exclusión del ejército del gobierno.
La revolución democrática de Ucrania coincide con la profunda crisis del modelo bolivariano en Venezuela. Putin con sus millones no pudo consolidar a su brutal protegido Viktor Yanukovich en Kiev, ni la marea negra que sale de Venezuela alcanza para frenar el descontento popular que causa la debacle del modelo económico construido por Hugo Chávez.
Mucho antes del episodio gravísimo ocurrido en el distrito de Al Goutha de Damasco el dictador Bashar Assad ya era un criminal de guerra de foja completa: desde marzo de 2011 su ejército mató sistemáticamente a decenas de miles de civiles, según documentadas investigaciones). Sus fuerzas han perpetrado delitos de lesa humanidad a repetición, al recurrir a las armas pesadas (con las que no cuentan los rebeldes) contra los civiles. ¿Nadie se interroga en América Latina sobre cómo sancionar al genocida sirio?
Se van a cumplir dos años del EPU de Siria en Ginebra, período en el que se perdieron muchísimas vidas y en el que no se vio a organizaciones estudiantiles, de derechos humanos y referentes sociales del “pacifismo” denunciando los crímenes del régimen antidemocrático de Bashar Al-Assad. En realidad, no se puede al mismo tiempo defender la paz y mantener una actitud de apoyo o neutralidad frente a un régimen represor de las libertades democráticas.
(Infobae) Como autoridad moral para intervenir y apoyar internacionalmente en favor de la defensa de los derechos humanos, los países democráticos deben primero garantizarlos internamente de manera ejemplar y en su política exterior actuar de la misma forma frente a todos los gobiernos represivos de las libertades fundamentales.
En la Argentina de hoy los militares se quedaron con todas las culpas por la violencia política y sin derechos humanos, el resto de la sociedad se quedó con los derechos humanos y sin culpa. Esta es la perversa ecuación que está por detrás del tabú de Videla. Todos aquellos que colocan frenos a mi libertad de expresión lo hacen porque quieren continuar siendo “inocentes” y echándoles la culpa a los “otros” de todos los males argentinos. Los “otros” de nuestro pasado son hoy los militares, mañana pueden ser los kirchneristas.
En los países democráticos, por grande que sea una figura y trágico su final, no se inmortaliza su cuerpo. Nunca se confunde el estado con la persona. En el totalitarismo es a la inversa, se produce un efecto de “propiedad” del líder o del partido sobre la sociedad. Chávez se sumará así a los Lenin, Stalin, Ho Chi Minh, Mao, etc. No se necesita ser una pitonisa para saber que Castro es aspirante casi seguro al embalsamamiento.
Un régimen tan personalista como el que Chávez puso en pie corre un alto riesgo de desarticulación y fractura cuando de pronto el jefe desaparece. Para evacuar ese riesgo, se necesita que la autoridad se transmita en forma rápida e inapelable a otra persona o grupo que nadie pueda desafiar; en suma, alguien que logre hacer lo que Stalin hizo con Lenin, o lo que el Comité Central del PC Chino hizo con Mao.
Las amistades internacionales que cosechó el ex presidente venezolano Hugo Chávez Frías (1954-2013) representan el lado más oscuro de su vida política. En efecto, el “comandante-presidente” fue un reconocido amigo de los peores dictadores que quedan en el planeta, lo cual es una clara evidencia del desprecio que tenía por los derechos humanos. Asimismo, además de establecer alianzas políticas y económicas con los regímenes más antidemocráticos, la Venezuela de Chávez fue la voz de su defensa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Cuanto más tiempo lleve la formación de un gobierno de transición, más caótica será la situación, más difícil será establecer una autoridad central, y más arduo será para que las regiones liberadas cuenten con servicios sociales, instituciones judiciales, servicios de salud y asistencia humanitaria.
El régimen en esta pequeña isla que es un aliado cercano a EEUU y que está ubicada en el medio de los estados árabes ricos del Golfo, continúa aumentando su brutal represión contra el pueblo de Bahrein al suprimir todas las manifestaciones pacíficas que a diario tienen lugar en las calles en zonas diferentes de la isla. El régimen no escatima en el uso de la fuerza excesiva contra el pueblo, apuntando a líderes de la oposición, activistas e incluso periodistas para impedir que informen. Bahrein es parte de la Primavera Árabe que dejó en claro que los árabes son iguales a cualquier otra clase de pueblo en el mundo.
Una declaración del Ministerio del Interior sostiene que la sociedad de Bahrein está “cansada” de las protestas y los enfrentamientos casi ininterrumpidos y que “es necesario ponerles fin”. Un miembro de Al-Wefaq, Hadi al-Musawi expresó en tono desafiante que la medida del Ministerio del Interior está “en contra de los derechos humanos internacionales”. Otros estados del Golfo han impuesto límites a las expresiones políticas por preocupación a que movimientos inspirados en la llamada Primavera Árabe del año pasado pudieran amenazar a sus sistemas de gobierno.
(Análisis Latino) La decisión de Correa sobre Assange fue tomada pocos días después que se informara que la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) y su director, César Ricaurte, se hicieron acreedores al Gran Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a la Libertad de Prensa 2012. Para legisladores de la oposición a Correa, “si Assange fuera un periodista ecuatoriano ya estaría asilado en Miami”.
(Análisis Latino) En su sexto informe de Homofobia de Estado, recientemente difundido, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) ofrece un resumen del contexto legal en todos los países del mundo para facilitar el trabajo de activistas de derechos humanos de la comunidad LGBTI. Los del África y Asia son los que se presentan muy atrasados en este aspecto. De hecho, en Irán, Arabia Saudita, Yemen, Mauritania, Sudán y algunas partes de Nigeria y Somalia, los actos homosexuales son castigados con la muerte. Y si bien hay trabajo pendiente, en América Latina la homosexualidad no es ilegal e incluso algunos países de la región han producido grandes avances en defensa de estas libertades civiles.
