Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, juró como presidente interino siguiendo lo estipulado en la constitución vigente y siendo hoy la cabeza del único poder público no cooptado por el chavismo. Sí alguien ha dado un golpe al Estado de derecho en Venezuela, ese ha sido Maduro.

Por Andrés Cañizález

La decisión internacional de desconocer a Nicolás Maduro y de ratificar la legitimidad de la Asamblea Nacional (Parlamento) ha sido fruto de un proceso que se inició en diciembre de 2015 cuando tuvo lugar la última elección realmente democrática del país. Luz Mely Reyes tuvo el tino de hilar los acontecimientos desde entonces y a partir de su hilo en Twitter me pareció conveniente desarrollar este artículo.

En las urnas, el pueblo votó mayoritariamente para que la oposición alcanzara la mayoría calificada de curules parlamentarios. En un primer momento, el chavismo reconoció su sonora derrota, pero en pocos días cambió de estrategia e inició una operación de desmontar el estado de derecho en Venezuela.

En los días de navidad de aquel 2015, el Partido Socialista Unido de Venezuela nombró magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin los requisitos mínimos. Al iniciarse el mes de enero de 2016, el gobierno usando de nuevo al TSJ y a la fuerza pública impide que 4 diputados del estado Amazonas asuman sus cargos legislativos y de esa manera evita la mayoría calificada de 2/3 de la oposición.

En los siguientes 14 meses, el TSJ dominado por el chavismo con magistrados espurios dicta 50 sentencias para quitarle competencias al Parlamento, descalificar leyes aprobadas, aprobar el presupuesto de la Nación, etcétera.

En septiembre de 2016, tras una monumental manifestación de protesta en Caracas, Maduro anuncia que no se realizará un referéndum revocatorio en su contra y tampoco las elecciones regionales para elegir gobernadores de estados.

En marzo de 2017, no conforme con la seguidilla de sentencias anti Parlamento, el Supremo venezolano dicta dos nuevas sentencias en las que directamente se atribuye las potestades del poder legislativo. La Fiscal General, Luisa Ortega, hasta entonces afín al chavismo, denuncia la ruptura del orden constitucional.

Entre abril y julio de 2017 ocurre una ola de protestas populares, se registra la peor ola represiva conocida desde los tiempos de “El Caracazo” (1989). Las organizaciones de derechos humanos de Venezuela registraron más de 100 muertos a manos de los cuerpos de seguridad y de grupos armados afectos al chavismo, que en la jerga local se le conoce como “Colectivos”.

El 30 de julio de 2017, se elige a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a la que Maduro le otorga el rango de “suprapoder”. Gran parte de los candidatos fueron colocados a dedo por Maduro y la élite gobernante. En teoría, la finalidad de esta ANC es aprobar una nueva constitución, pero su primera medida ha sido destituir a la fiscal general, quien salió al exilio.

Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, en buena medida por la presión de la comunidad internacional se producen rondas de diálogo entre gobierno y oposición en República Dominicana. Estas conversaciones fracasan porque el gobierno nunca cumplió con la primera condición: liberar a los presos políticos.

Una vez que la oposición se levanta de la mesa de diálogo, en protesta por la falta de compromiso del régimen, Maduro pasa a convocar unas elecciones presidenciales anticipadas. Estos comicios debían celebrarse en diciembre de 2018, pero el CNE coloca una fecha que se entiende favorece a Maduro: 20 de mayo.

Para esos comicios, los principales partidos de oposición están ilegalizados, posibles candidatos presidenciales de oposición con opción de triunfo o están apresados (Leopoldo López), o están inhabilitados (Henrique Capriles, María Corina Machado) o en el exilio (Antonio Ledezma, Julio Borges).

Las elecciones del 20M no son reconocidas ni por la comunidad internacional (50 países de Europa y América no le dieron validez) ni por las voces democráticas de Venezuela.

Producto de dichas elecciones, Maduro jura como presidente el 10 de enero de 2019 para un período de 6 años (2019-2025). A todo esto, Maduro tiene control sobre el resto de poderes: TSJ, CNE, Contraloría y Fiscalía.

La Asamblea Nacional, el único poder legítimo según la mayoría de países de América y Europa, declara tras el 10 de enero que Maduro es un usurpador de la presidencia, en consecuencia no lo reconoce como presidente, tal como tampoco lo reconocen la mayoría de países occidentales.

Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, juró como presidente interino siguiendo lo estipulado en la constitución vigente y siendo hoy la cabeza del único poder público no cooptado por el chavismo. Sí alguien ha dado un golpe al Estado de derecho en Venezuela, ese ha sido Maduro.

Andrés Cañizález

Consejero Académico

Venezolano. Periodista y doctor en Ciencia Política. Investigador Titular de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, Venezuela) entre 2003 y 2020. Fundador y director de Medianálisis, organización dedicada a la promoción del periodismo independiente, y de Cotejo.Info, el primer medio de fact-checking de Venezuela. Escribe regularmente en los portales de noticias y análisis El Estímulo y Diario de Cuba. Viene haciendo seguimiento del tema migratorio con las iniciativas Radio Migrante, que muestra historias de resiliencia de migrantes venezolanos en diferentes lugares del mundo, y Monitor Migración, una ventana con datos y noticias sobre el éxodo venezolano. Está vinculado a CADAL, desde el año 2007, como consejero académico.