El país ha avanzado bastante en términos políticos, y esto se ve en el apoyo a la democracia, que subió de un 44% de la población en 2015, a un 59% en 2017, según el Bertelsmann Transformation Index 2020. El país sigue enfrentado varios desafíos, como la corrupción, el control de sus fronteras y la desigualdad. Pero no cabe duda de que en muchas otras áreas sigue impulsando una gran transformación, sobre todo, en cuanto al desarrollo económico y la estabilidad monetaria.

Por Alejandro Di Franco

Paraguay, que tuvo unos últimos 50 años caracterizados por el largo mandato de Alfredo Stroessner y un regreso a la democracia con cierta inestabilidad (con golpes de Estado fallidos, procesos de destitución, entre otras cuestiones), constituye un caso muy interesante de análisis. A la luz de la edición 2020 del Bertelsmann Transformation Index (BTI), puede evaluarse la evolución de este país en términos de organización política, economía de mercado y gobernanza.

En primer lugar, cabe destacar los desafíos que enfrenta Paraguay, con áreas donde la presencia del Estado es mucho más débil y no puede controlar eficientemente, como es el caso de las zonas limítrofes. Esto lleva a que proliferen actividades como el contrabando, el tráfico de drogas o la inmigración ilegal. Al tiempo que es clasificado por el gobierno de Estados Unidos como un “centro de lavado de dinero”. Además, están los ataques llevados a cabo por el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), realizados en puestos de patrullaje en las zonas rurales, y que pueden incluir el uso de explosivos o secuestros extorsivos.

Más allá de esto, el país ha avanzado bastante en términos políticos, y esto se ve en el apoyo a la democracia, que subió de un 44% de la población en 2015, a un 59% en 2017, según el informe. Las Fuerzas Armadas, que tradicionalmente habían sido un actor de veto, hoy han disminuido su injerencia en la política. Sobre todo, los principales derechos políticos y civiles son respetados, con elecciones libres en las que participan partidos de diferentes orientaciones ideológicas y que la prensa puede cubrir libremente, con respeto a los derechos de asociación y a las libertades civiles.

El principal problema político que persiste es la corrupción. A pesar de la introducción de nuevas leyes que buscan combatirla, como la de libertad de información de 2014 (que requiere la divulgación de información sobre actos oficiales), ésta sigue estando muy presente en el aparato estatal. Muchos de los funcionarios que incurren en estos delitos no son enjuiciados, lo que lleva a que el 13% de la población considere la corrupción como el problema más importante (según el Latinobarómetro), y a que, en muchos de ellos, crezca un sentimiento de indiferencia y descontento hacia los partidos políticos. Por otra parte, este ineficiente funcionamiento está dado por un Poder Judicial cuyos casos son frecuentemente muy politizados (de hecho, el índice de independencia judicial del World Economic Forum posiciona a Paraguay en el puesto 136°, de 140 países).

En el ámbito económico, Paraguay presenta muchos indicadores estables, tratándose de una economía tradicionalmente abierta, con mínimos obstáculos al comercio. Además, tiene una calificación sobresaliente en cuanto a estabilidad monetaria y fiscal, debido a un Banco Central independiente que ha mantenido la inflación controlada y un tipo de cambio flotante (que sólo se ha devaluado moderadamente en los últimos años). Los gobiernos han tomado pasos concretos para que esta situación se mantenga, como la ley de Responsabilidad Fiscal de 2015, que obliga a que el déficit sea menor a 1.5% del PBI. Por otra parte, si bien, en cuanto al régimen de bienestar, su calificación es todavía modesta, el gasto social como proporción del PBI ha aumentado durante los últimos 14 años.

Algunas de las críticas que hace el BTI a esta economía con muy buen desempeño se refieren a la gran cantidad de trabajadores en situación de informalidad, esquemas impositivos regresivos y una baja productividad y desarrollo de infraestructura. Una de las principales situaciones sobre las que advierte es la desigualdad social (el coeficiente de Gini, por ejemplo, aumentó de 2016 a 2017), lo cual se ve en la distribución de tierras. Además, el libre mercado se ve afectado tanto por la existencia de grandes monopolios estatales en algunos sectores, cuanto por las ineficiencias en la aplicación de la ley (con tierras siendo ocupadas en el marco de protestas).

Finalmente, Paraguay presenta un panorama positivo en cuanto a su cooperación internacional, que es una tradición en la política exterior del país. El gobierno de Horacio Cartes, finalizado en 2018, con el objetivo de contribuir a las reformas domésticas, trabajó con el FMI, el BID, y el Banco Mundial (también con otras organizaciones para el desarrollo, de Estados Unidos, Alemania y Japón). Paraguay, por otro lado, se destacó como un socio confiable y creíble, y el optimismo con el que se lo ve es reflejado en sus calificaciones crediticias y en las inversiones extranjeras.

Paraguay sigue enfrentado varios desafíos, como es la corrupción, el control de sus fronteras o la desigualdad. Sin embargo, no cabe duda de que en muchas otras áreas sigue mejorando e impulsando una gran transformación, sobre todo, en cuanto al desarrollo económico y la estabilidad monetaria. Si esto logra trasladarse a todas las áreas monitoreadas por el BTI, podría dejar atrás la inestabilidad política que ha experimentado varias veces en su historia.

Alejandro Di Franco

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Ha participado en varios seminarios y foros con personalidades nacionales e internacionales de la política y la academia.