Las voces críticas de los Estados que intervinieron en el diálogo interactivo, ante el tercer examen periódico universal de Belarús en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no dejaron lugar a dudas sobre la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas, y replicaron, en su gran mayoría, las exhortaciones e instancias a las autoridades belarusas que el Consejo había dejado plasmadas en su Resolución 45/1 del 18 de septiembre de 2020.

Por Roxana Perel

El pasado lunes 2 de noviembre, el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, examinó por tercera vez el historial de derechos humanos de Belarús. El examen, que debió haber tenido lugar en el mes de mayo, se vio postergado debido a las medidas tomadas por la pandemia de COVID-19. Por el mismo motivo, la sesión se celebró utilizando una combinación de participaciones presenciales y a distancia.

La obligada postergación hizo que el examen encuentre a Belarús en un momento histórico crítico, con una situación complicada de derechos humanos como resultado de los sucesos anteriores y posteriores a las elecciones presidenciales de agosto de 2020. Aunque por cierto, hablar de una “situación complicada de derechos humanos” en Belarús no es una novedad, siendo oportuno recordar que la primera vez que el CDH estableció el mandato específico de un Relator Especial (RE) sobre la situación de los derechos humanos en Belarús, fue en diciembre de 2010 y también como reacción a la crisis posterior a las elecciones presidenciales.

El primer informe del Relator Especial (RE) sobre la situación de los derechos humanos en Belarús data de abril de 2012, y es lamentable que a pesar del tiempo transcurrido, tan pocas de las recomendaciones contenidas en el informe hayan sido puesto en práctica. Tal es lo afirmado por la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Señora Nada Al-Nashif.

El 18 de septiembre de 2020, la Alta Comisionada Adjunta efectuó una declaración sobre el aumento de ciclos de violencia en el país, exponiendo su opinión sobre la repetición de patrones de conducta que datan de una década atrás, y lo que es más grave aún, su empeoramiento en algunos casos. Cita como patrones reiterados la enorme cantidad de detenciones, los cientos de denuncias de tortura y otros malos tratos -que incluyen la violencia sexual-, el secuestro violento de personas a plena luz del día y el uso desproporcionado de la fuerza en contra de manifestantes que son, en su mayoría, pacíficos.     

La Alta Comisionada Adjunta apeló a las autoridades a romper estos ciclos de aumento de la represión y la violencia, y a efectuar investigaciones independientes, transparentes, minuciosas e imparciales sobre las denuncias de violaciones graves de derechos humanos, con vistas a garantizar la rendición de cuentas y el acceso a una reparación efectiva para las víctimas.

Menos de dos meses después de esta declaración, llegó para Belarús el momento de presentarse en el marco del Examen Periódico Universal, mecanismo fundamental del CDH que le recuerda a los Estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Las voces críticas de los Estados que intervinieron en el diálogo interactivo no dejaron lugar a dudas sobre la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas, y replicaron, en su gran mayoría, las exhortaciones e instancias a las autoridades belarusas que el Consejo de Derechos Humanos había dejado plasmadas en su Resolución 45/1 del 18 de septiembre de 2020.

Una vez abierta la sesión del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, tomó la palabra e hizo su discurso de introducción el Embajador Yury Ambrazevich, Representante Permanente de Belarús ante las Naciones Unidas, quien habló sobre las mejoras alcanzadas en diversos aspectos de derechos humanos, descriptas en el Informe Nacional del Estado parte.

La fuerza de los hechos hizo que el Embajador mencionara que el 3° ciclo del Examen Periódico Universal los encontraba en una situación compleja, política y social, luego de las elecciones presidenciales, apelando a los asistentes para que “las elecciones presidenciales” no fueran el único tema del diálogo interactivo, por tratarse de una prerrogativa del pueblo de Belarús.   

Su sugerencia fue seguida por un pequeño número de países que, obviando toda mención a los abusos cometidos con motivo o a raíz de las elecciones presidenciales, se limitaron a encomiar ciertos progresos alcanzados por Belarús en determinadas áreas, como por ejemplo, y citadas en varias oportunidades, los derechos de las personas con discapacidad, la lucha contra la trata de personas, los planes de asistencia social, la salud o la educación. Con respecto a este grupo de países, podría aplicarse la metáfora de comportarse con el “elefante en la habitación”.    

Otro grupo de Estados, más reducido que el anterior e integrado básicamente por Rusia, Siria, Venezuela, China, Corea del Norte y Cuba, rechazó la interferencia extranjera en los asuntos de otros Estados, en base en el principio de no intervención, y felicitó a Belarús por los firmes resultados obtenidos en mantener la estabilidad y la soberanía, o bien por las medidas adoptadas en el disfrute de derechos o por el apoyo prestado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Pero hay que destacar que el número de países que manifestaron su profunda preocupación por la situación de derechos humanos en Belarús fue notable, no solo los países pertenecientes al bloque europeo, sino también americanos, africanos y asiáticos.    

Entre las intervenciones más firmes del diálogo interactivo -téngase en consideración que la intervención de cada país no podía exceder de 1 minuto y 10 segundos- se cuentan las que afirmaron rotundamente que las elecciones no habían sido ni libres ni justas (not free nor fair) sino un fraude.   

Sobresalió la atención dedicada durante la sesión al tema relativo a la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de los periodistas en relación con sus actividades.

Esto es algo que debe resaltarse, ya que en sincronía, el mismo día de la revisión de Belarús, la RE de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Señora Mary Lawlor, efectuó un llamamiento en el que destacó que cuando aumenta el riesgo de violaciones de los derechos humanos, el trabajo de documentación realizado por los defensores se vuelve crucial.

Su llamamiento fue respaldado por otros cuatro mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos: el de la RE sobre la situación de los derechos humanos en Belarús, el del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el del RE sobre los derechos de reunión pacífica y asociación, y el del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra Mujeres y Niñas.

He aquí que sobre esos mismos cuatro temas recayó una buena parte de las recomendaciones, es decir, sobre la situación de los defensores de derechos humanos, las detenciones arbitrarias, el derecho de reunión pacífica y asociación y la discriminación.

Sin que el orden de la siguiente exposición implique un juicio de valor sobre la preminencia o gravedad de las mismas recomendaciones hechas durante el diálogo interactivo por los países, se mencionarán las más reiteradas.

Así, se recomendó al Gobierno de Belarús que cese de reprimir las manifestaciones pacíficas; que las personas detenidas arbitrariamente sean liberadas inmediata e incondicionalmente; que se investiguen de forma independiente, rápida y eficaz las violaciones de derechos humanos ocurridas después de las elecciones y se condene a los perpetradores; que cese la persecución, intimidación y hostigamiento de candidatos políticos opositores; que se permita el trabajo del periodismo independiente; que se permita el monitoreo de los lugares de detención y se investiguen las denuncias de torturas y malos tratos; que se establezca una moratoria en la ejecución de las pena de muerte, con mira a la abolición de la misma; que se ratifique el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte; que las autoridades se comprometan con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y efectúen una invitación permanente a los mismos; que se cumpla con lo dispuesto por la Resolución 45/1 del CDH; que se establezca una institución nacional de derechos humanos en plena conformidad con los Principios de París; que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales respetando la libertad de expresión y de reunión; que las autoridades se comprometan en un diálogo auténtico con las organizaciones de la sociedad civil; que se asegure la libertad de prensa y el acceso a Internet y cese el bloqueo de Internet a los medios independientes; que se cumpla con los principios y compromisos de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa); que se tomen medidas para asegurar la ausencia de cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres, en especial la domestica y sexual.  

Entre los países que efectuaron estas recomendaciones se encuentran -según el orden de su presentación durante la sesión- Suiza, Timor Leste, Ucrania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, Angola, Argentina, Bélgica, Brasil, Burkina Faso, Canadá, Chile, Chipre, Dinamarca, Estonia, Fiyi, Finlandia, Alemania, Islandia, Indonesia, Japón, Lituania, Malta, México, Noruega, Nueza Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, República de Corea, Eslovenia, España, Suecia, entre otros.

Tal como indica el procedimiento del EPU, los representantes del Estado bajo revisión tuvieron a su disposición el tiempo asignado para intervenir. Sin embargo, los argumentos esgrimidos durante esas intervenciones, tanto el que se usó para explicar la posición oficial sobre las situaciones objeto de denuncia como el empleado para comunicar propuestas, no estuvieron a la altura de las circunstancias actuales.

No hay que olvidar que la “situación crítica” del país lleva más de una década, y bastaría con dedicar un poco de tiempo a leer el último informe de la RE sobre sobre la situación de los derechos humanos en Belarús, de abril de 2020 -es decir previo al estallido de las manifestaciones de agosto- para encontrar párrafos de este tenor: “Las conclusiones de la Relatora Especial indican una ausencia de mejoras notables y la necesidad de que el Gobierno demuestre un claro compromiso de resolver problemas de larga data mediante la realización de cambios concretos y duraderos”.  

Así las cosas, el gobierno de Belarús se expresó mediante promesas o cambios a futuro, como que están trabajando activamente en la reforma constitucional, lo que llevaría a introducir cambios en el código electoral, o que se tendrán en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales. Cuando hizo uso de la palara el Ministro del Interior, habló de la existencia, durante los sucesos de agosto de 2020, de atentados contra la propiedad comunitaria, de provocaciones a las fuerzas de seguridad con la participación de personas atacantes especialmente entrenadas, del uso de equipamiento por parte de los manifestantes, y de la presencia de personas con la intención de desestabilizar y dividir a la sociedad sin respetar los intereses del pueblo de Belarús.

Es decir, se trató de una argumentación esgrimida en una oportunidad en la que ya no resulta satisfactoria, además de resultar insuficiente después de años de denuncias y ante una situación en la que las “violaciones sistémicas y sistemáticas de derechos humanos que (la RE) puso de relieve en sus informes anteriores persisten tanto en la legislación como en la práctica”.

En una de sus intervenciones durante el diálogo interactivo, el Embajador de Belarús ante la ONU refirió como un avance la eliminación del artículo 193, párrafo 1, del Código Penal, que imponía sanciones del tipo de trabajo obligatorio, por expresar opiniones políticas u opiniones ideológicamente opuestas al sistema. Si bien la eliminación se estima correcta, tanto la Recopilación sobre Belarús preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para el tercer ciclo del EPU, como el último informe de la RE sobre la situación de los derechos humanos en Belarús, consignan que las organizaciones de la sociedad civil no registradas siguen siendo objeto de presiones y sometidas a sanciones administrativas bajo la forma de multas.

En otra intervención, el Embajador de Belarús afirmó que en el país existen, en general, condiciones favorables para todos los derechos y libertades, dentro del estado de derecho y las leyes internacionales, aunque siempre habrá algunos ciudadanos a los que no se pueda contentar. Un tipo de afirmación generalizada que es muy difícil de sostener cuando la profundización de la gravedad de la situación es denunciada por voces especializadas. En tal sentido, bastaría con echar una mirada sobre la gran cantidad de información producida sobre Belarús por parte del sistema universal de protección de derechos humanos, disponible en la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 

Rescatando aspectos positivos, en un momento histórico en que la COVID-19 afecta todos los órdenes de la vida, debe valorarse la continuidad de este mecanismo de cooperación del Consejo de Derechos Humanos y la asistencia de Belarús, en tanto Estado bajo revisión, escuchando la opinión de sus pares y declarando la disposición para cooperar, tal como lo hizo el Embajador Ambrazevich en sus palabras de  cierre. 

Roxana Perel

Investigadora Asociada

Abogada y escribana egresada de la Universidad de Buenos Aires, posee estudios de posgrado en Mediación y Resolución de Conflictos (Fundación LIBRA). Se especializó en el funcionamiento de los organismos con alcance internacional del sistema universal de protección de los Derechos Humanos; en la presentación y el seguimiento de informes ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal y ante los órganos basados en la Carta de las Naciones Unidas. Trabajó en la capacitación para el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. Fue asesora legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante diez años, desempeñándose en el Área Jurídica Internacional.