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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
06-01-2021Venezuela en la voz del sistema de protección de derechos
Ahora que acaba de comenzar el nuevo año, la agenda indica que habrá nuevas situaciones que encontrarán a Venezuela de cara a los organismos internacionales. Hay que tener presente que Venezuela no solo no ha cursado nunca una invitación abierta y permanente a los procedimientos especiales, sino que tampoco ha respondido en forma satisfactoria a la mayoría de los pedidos de visita efectuados por otros relatores especiales. Durante el mes de octubre de 2021 se realizará el tercer Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela. El EPU es una de las herramientas clave del Consejo de Derechos Humanos que recuerda a los Estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.Por Roxana Perel
El año 2020 ha concluido, lamentablemente, con la casi continua presencia de Venezuela en diferentes ámbitos del sistema de protección de derechos, en comunicados y noticias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El país estuvo en las noticias de la ONU el 18 de diciembre de 2020, cuando cuatro expertos de los procedimientos especiales de la ONU se expresaron en forma conjunta, haciendo un llamamiento a los miembros de la nueva Asamblea Nacional para que aprueben leyes que protejan a las ONGs y a los defensores de los derechos humanos del país.
En efecto, las Relatorías Especiales sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo han dicho que: “Venezuela debe dejar de intentar controlar a las organizaciones de la sociedad civil y dejar de estigmatizar públicamente a sus líderes y de criminalizar el trabajo de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos".
Estas organizaciones de la sociedad civil que son hostigadas son las mismas que con su labor, responden a la emergencia humanitaria en el país.
Venezuela había sido también noticia pocos días antes, el 14 de diciembre de 2020, a partir de la declaración de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la que indicaba que estimaba concluir, para la primera parte de 2021, el examen preliminar de la situación en Venezuela, con el propósito de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación. En otras palabras, la Fiscalía informa que en ese momento concluirá su examen preliminar para determinar si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones.
Si bien todavía se debe analizar la admisibilidad de la investigación, la declaración de la Corte Penal Internacional señala que “…sin perjuicio de otros crímenes que la Fiscalía pueda determinar en una etapa posterior, la Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, con arreglo al apartado e) del párrafo 1 del artículo 7; tortura, conforme al apartado f) del párrafo 1 del artículo 7; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, con arreglo al apartado g) del párrafo 1 del artículo 7; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, de conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma”.
La Fiscalía ha informado asimismo sobre todos los informes de los que ha tomado nota: el de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, publicado el 15 de septiembre de 2020, el del gobierno de Venezuela titulado “La Verdad de Venezuela contra la infamia. Datos y Testimonios de un País Bajo Asedio”, en el que se alega contra la aplicación de medidas unilaterales coercitivas, y el de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, llamado “Fomentando la impunidad: el impacto de la ausencia de una investigación de la Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela” del 2 de diciembre de 2020.
La investigación de la Corte Penal Internacional coincide entonces con la determinación de investigar de otros organismos internacionales como la ONU y la OEA.
Debe decirse que el Informe de la ONU A/HRC/45/CRP.11, titulado “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, con una extensión de 443 páginas y 61 recomendaciones efectuadas a Venezuela, es terminante en el reclamo de responsabilidad y justicia para las víctimas, así como en las cuatro recomendaciones hechas a la comunidad internacional, en el sentido de comprometer al país para que garantice que sus fuerzas de seguridad cumplan sus obligaciones internacionales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y encomendar al Consejo de Derechos Humanos y/o la Asamblea General, nuevas investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos y los crímenes destacados en el informe.
Venezuela había sido noticia, también en diciembre de 2020, cuando la portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su tristeza por la muerte de más de 20 venezolanos que habían intentado llegar a Trinidad y Tobago y murieron cuando su barco volcó frente a la costa de Venezuela. Y en noviembre de 2020, por la deportación de 25 venezolanos, entre ellos 16 niños, de Trinidad y Tobago.
Siguiendo hacia atrás en la línea del tiempo, el 6 octubre de 2020, la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos había resuelto prorrogar el mandato de la misión internacional independiente de investigación por un período de 2 años, para seguir investigando las violaciones manifiestas de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La resolución expresó “su alarma por el deterioro del estado de derecho, la falta de independencia del sistema judicial y las repercusiones que ello tiene en el acceso de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la justicia y en lo que se refiere a la supervisión del proceso electoral en la República Bolivariana de Venezuela”, alarma a la que se añadía la preocupación por el hecho de que los efectos se agravaron aún más por la pandemia de COVID-19.
Un par de meses antes, el 25 de septiembre de 2020 Michelle Bachelet, en el transcurso de la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos se había dirigido a su Presidenta para presentar la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela por el periodo que va de julio a septiembre de 2020.
La actualización significó una mejoría muy leve, a juzgar por las pocas mejoras señaladas por Bachelet versus los nuevos casos documentados de detenciones de manifestantes, muerte de algunos de ellos, restricciones a la libertad de expresión, aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.
Ahora que acaba de comenzar el nuevo año, la agenda indica que habrá nuevas situaciones que encontrarán a Venezuela de cara a los organismos internacionales.
La primera de ellas -según lo informa en la sección de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos- es la visita en principio acordada por la Relatora Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, que tendría lugar los primeros días de febrero de 2021.
Hay que tener presente que Venezuela no solo no ha cursado nunca una invitación abierta y permanente a los procedimientos especiales, sino que tampoco ha respondido en forma satisfactoria a la mayoría de los pedidos de visita efectuados por otros relatores especiales, como el RE sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el RE sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, el RE sobre el derecho al agua y al saneamiento, el RE sobre el derecho a la salud, ni tampoco los pedidos de los Grupos de Trabajo, como el de los Expertos sobre las personas de ascendencia africana o el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
También es útil recordar que en el lapso que va del primero al segundo Examen Periódico Universal (EPU), 2011/2016, el país tuvo una sola visita acordada, mientras que las solicitadas y sin responder fueron doce, tal como informa la recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2016.
No corresponde aventurarse sobre el resultado de una misión que aún no se ha concretado, pero sí es bueno hacer un ejercicio de memoria y considerar que el primer relator y experto en derechos humanos en visitar Venezuela entre 1996 y 2017, fue el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, y que los resultados de su misión fueron, cuanto menos, controvertidos.
En aquella oportunidad, su visita generó grandes expectativas para las organizaciones de la sociedad civil venezolanas defensoras de los derechos humanos, pero sin embargo se vieron frustradas por la excesiva politización. Las consideraciones acerca de esta misión deben tomarse con suma cautela, ya que la misma terminó siendo objeto de críticas por un grupo conformado por más de cincuenta y seis organizaciones de la sociedad civil, que alegaron que la visita de este relator en particular buscaba justificar la negativa constante a recibir a otros expertos del sistema de protección de derechos humanos. El propio Experto Independiente también dedicó un apartado especial de su informe para referirse al clima de presión reinante durante su misión.
La segunda situación que encontrará a Venezuela ante la comunidad internacional se producirá durante el mes de octubre de 2021, cuando el país se presente en Ginebra en el marco de su tercer Examen Periódico Universal (EPU).
Téngase presente que el EPU, siendo una de las herramientas clave del Consejo de Derechos Humanos, recuerda a los Estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Venezuela concluyó su segundo y anterior examen a fines del año 2016, oportunidad en la que recibió 274 recomendaciones, y que expresamente negó su apoyo a todas aquellas recomendaciones referidas a asegurar el pleno respeto del equilibro institucional; crear un marco legislativo para la protección de los defensores de los derechos humanos; entablar un diálogo entre todos los venezolanos, incluida la oposición; cursar invitaciones permanentes a todos los titulares de mandatos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas; facilitar, sin demora, una visita del Relator Especial sobre la tortura; reconsiderar su decisión de retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; supervisar la actividad de las fuerzas del orden para tratar de erradicar la corrupción e investigar el uso excesivo de la fuerza y los patrones de ejecuciones extrajudiciales generalizadas a manos de agentes de policía y grupos parapoliciales; poner en libertad a las personas detenidas por motivos políticos y prevenir toda forma de violencia y represalia o respetar la separación e independencia de los distintos poderes.
Venezuela tampoco prestó su apoyo en 2016, sino que simplemente tomó nota, a un importante número de recomendaciones que le fueron efectuadas con respecto al cumplimiento de sus obligaciones internacionales, como la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, alegando que un proceso de ratificación requiere de un amplio proceso de consultas con las instituciones que corresponden y también de un estudio minucioso del ordenamiento jurídico, sin considerar que entre el día de la firma de los tratados referidos y hasta el momento han transcurrido más de 9 años y 12 años respectivamente.
Venezuela concluyó así su segundo EPU declamando su “profunda vocación democrática”, alegando que el motivo para desestimar y no dar su apoyo a un importante grupo de recomendaciones se debía a que las mismas estaban basadas en “tergiversación, irrealidad o falsedad”, y enfatizando que era “norte del proceso constitucional bolivariano, la garantía efectiva y universal de todos los derechos humanos de la forma más amplia posible, se trate de, por ejemplo, la participación política, la libertad de expresión o información”.
Las conclusiones de Venezuela también incluyeron la manifestación de que “ha mantenido, mantiene y mantendrá estrecha colaboración con los Órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en especial con el CDH y sus mecanismos”.
Cuatro años después de hechas estas declaraciones, especialmente estas últimas referidas a su estrecha colaboración, no solo resultan difíciles de asimilar. Es duro tener que pensar que en octubre de 2021, cuando Venezuela se encuentre como Estado bajo examen, muy probablemente seguirá recurriendo a la victimización y a los argumentos basados en la negación de la realidad, mientras la población del país continua inmersa en una innegable crisis política, económico y social.
Roxana PerelInvestigadora AsociadaAbogada y escribana egresada de la Universidad de Buenos Aires, posee estudios de posgrado en Mediación y Resolución de Conflictos (Fundación LIBRA). Se especializó en el funcionamiento de los organismos con alcance internacional del sistema universal de protección de los Derechos Humanos; en la presentación y el seguimiento de informes ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal y ante los órganos basados en la Carta de las Naciones Unidas. Trabajó en la capacitación para el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. Fue asesora legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante diez años, desempeñándose en el Área Jurídica Internacional.
El año 2020 ha concluido, lamentablemente, con la casi continua presencia de Venezuela en diferentes ámbitos del sistema de protección de derechos, en comunicados y noticias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El país estuvo en las noticias de la ONU el 18 de diciembre de 2020, cuando cuatro expertos de los procedimientos especiales de la ONU se expresaron en forma conjunta, haciendo un llamamiento a los miembros de la nueva Asamblea Nacional para que aprueben leyes que protejan a las ONGs y a los defensores de los derechos humanos del país.
En efecto, las Relatorías Especiales sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo han dicho que: “Venezuela debe dejar de intentar controlar a las organizaciones de la sociedad civil y dejar de estigmatizar públicamente a sus líderes y de criminalizar el trabajo de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos".
Estas organizaciones de la sociedad civil que son hostigadas son las mismas que con su labor, responden a la emergencia humanitaria en el país.
Venezuela había sido también noticia pocos días antes, el 14 de diciembre de 2020, a partir de la declaración de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la que indicaba que estimaba concluir, para la primera parte de 2021, el examen preliminar de la situación en Venezuela, con el propósito de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación. En otras palabras, la Fiscalía informa que en ese momento concluirá su examen preliminar para determinar si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones.
Si bien todavía se debe analizar la admisibilidad de la investigación, la declaración de la Corte Penal Internacional señala que “…sin perjuicio de otros crímenes que la Fiscalía pueda determinar en una etapa posterior, la Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, con arreglo al apartado e) del párrafo 1 del artículo 7; tortura, conforme al apartado f) del párrafo 1 del artículo 7; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, con arreglo al apartado g) del párrafo 1 del artículo 7; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, de conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma”.
La Fiscalía ha informado asimismo sobre todos los informes de los que ha tomado nota: el de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, publicado el 15 de septiembre de 2020, el del gobierno de Venezuela titulado “La Verdad de Venezuela contra la infamia. Datos y Testimonios de un País Bajo Asedio”, en el que se alega contra la aplicación de medidas unilaterales coercitivas, y el de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, llamado “Fomentando la impunidad: el impacto de la ausencia de una investigación de la Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela” del 2 de diciembre de 2020.
La investigación de la Corte Penal Internacional coincide entonces con la determinación de investigar de otros organismos internacionales como la ONU y la OEA.
Debe decirse que el Informe de la ONU A/HRC/45/CRP.11, titulado “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, con una extensión de 443 páginas y 61 recomendaciones efectuadas a Venezuela, es terminante en el reclamo de responsabilidad y justicia para las víctimas, así como en las cuatro recomendaciones hechas a la comunidad internacional, en el sentido de comprometer al país para que garantice que sus fuerzas de seguridad cumplan sus obligaciones internacionales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y encomendar al Consejo de Derechos Humanos y/o la Asamblea General, nuevas investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos y los crímenes destacados en el informe.
Venezuela había sido noticia, también en diciembre de 2020, cuando la portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su tristeza por la muerte de más de 20 venezolanos que habían intentado llegar a Trinidad y Tobago y murieron cuando su barco volcó frente a la costa de Venezuela. Y en noviembre de 2020, por la deportación de 25 venezolanos, entre ellos 16 niños, de Trinidad y Tobago.
Siguiendo hacia atrás en la línea del tiempo, el 6 octubre de 2020, la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos había resuelto prorrogar el mandato de la misión internacional independiente de investigación por un período de 2 años, para seguir investigando las violaciones manifiestas de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La resolución expresó “su alarma por el deterioro del estado de derecho, la falta de independencia del sistema judicial y las repercusiones que ello tiene en el acceso de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la justicia y en lo que se refiere a la supervisión del proceso electoral en la República Bolivariana de Venezuela”, alarma a la que se añadía la preocupación por el hecho de que los efectos se agravaron aún más por la pandemia de COVID-19.
Un par de meses antes, el 25 de septiembre de 2020 Michelle Bachelet, en el transcurso de la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos se había dirigido a su Presidenta para presentar la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela por el periodo que va de julio a septiembre de 2020.
La actualización significó una mejoría muy leve, a juzgar por las pocas mejoras señaladas por Bachelet versus los nuevos casos documentados de detenciones de manifestantes, muerte de algunos de ellos, restricciones a la libertad de expresión, aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.
Ahora que acaba de comenzar el nuevo año, la agenda indica que habrá nuevas situaciones que encontrarán a Venezuela de cara a los organismos internacionales.
La primera de ellas -según lo informa en la sección de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos- es la visita en principio acordada por la Relatora Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, que tendría lugar los primeros días de febrero de 2021.
Hay que tener presente que Venezuela no solo no ha cursado nunca una invitación abierta y permanente a los procedimientos especiales, sino que tampoco ha respondido en forma satisfactoria a la mayoría de los pedidos de visita efectuados por otros relatores especiales, como el RE sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el RE sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, el RE sobre el derecho al agua y al saneamiento, el RE sobre el derecho a la salud, ni tampoco los pedidos de los Grupos de Trabajo, como el de los Expertos sobre las personas de ascendencia africana o el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
También es útil recordar que en el lapso que va del primero al segundo Examen Periódico Universal (EPU), 2011/2016, el país tuvo una sola visita acordada, mientras que las solicitadas y sin responder fueron doce, tal como informa la recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2016.
No corresponde aventurarse sobre el resultado de una misión que aún no se ha concretado, pero sí es bueno hacer un ejercicio de memoria y considerar que el primer relator y experto en derechos humanos en visitar Venezuela entre 1996 y 2017, fue el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, y que los resultados de su misión fueron, cuanto menos, controvertidos.
En aquella oportunidad, su visita generó grandes expectativas para las organizaciones de la sociedad civil venezolanas defensoras de los derechos humanos, pero sin embargo se vieron frustradas por la excesiva politización. Las consideraciones acerca de esta misión deben tomarse con suma cautela, ya que la misma terminó siendo objeto de críticas por un grupo conformado por más de cincuenta y seis organizaciones de la sociedad civil, que alegaron que la visita de este relator en particular buscaba justificar la negativa constante a recibir a otros expertos del sistema de protección de derechos humanos. El propio Experto Independiente también dedicó un apartado especial de su informe para referirse al clima de presión reinante durante su misión.
La segunda situación que encontrará a Venezuela ante la comunidad internacional se producirá durante el mes de octubre de 2021, cuando el país se presente en Ginebra en el marco de su tercer Examen Periódico Universal (EPU).
Téngase presente que el EPU, siendo una de las herramientas clave del Consejo de Derechos Humanos, recuerda a los Estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Venezuela concluyó su segundo y anterior examen a fines del año 2016, oportunidad en la que recibió 274 recomendaciones, y que expresamente negó su apoyo a todas aquellas recomendaciones referidas a asegurar el pleno respeto del equilibro institucional; crear un marco legislativo para la protección de los defensores de los derechos humanos; entablar un diálogo entre todos los venezolanos, incluida la oposición; cursar invitaciones permanentes a todos los titulares de mandatos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas; facilitar, sin demora, una visita del Relator Especial sobre la tortura; reconsiderar su decisión de retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; supervisar la actividad de las fuerzas del orden para tratar de erradicar la corrupción e investigar el uso excesivo de la fuerza y los patrones de ejecuciones extrajudiciales generalizadas a manos de agentes de policía y grupos parapoliciales; poner en libertad a las personas detenidas por motivos políticos y prevenir toda forma de violencia y represalia o respetar la separación e independencia de los distintos poderes.
Venezuela tampoco prestó su apoyo en 2016, sino que simplemente tomó nota, a un importante número de recomendaciones que le fueron efectuadas con respecto al cumplimiento de sus obligaciones internacionales, como la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, alegando que un proceso de ratificación requiere de un amplio proceso de consultas con las instituciones que corresponden y también de un estudio minucioso del ordenamiento jurídico, sin considerar que entre el día de la firma de los tratados referidos y hasta el momento han transcurrido más de 9 años y 12 años respectivamente.
Venezuela concluyó así su segundo EPU declamando su “profunda vocación democrática”, alegando que el motivo para desestimar y no dar su apoyo a un importante grupo de recomendaciones se debía a que las mismas estaban basadas en “tergiversación, irrealidad o falsedad”, y enfatizando que era “norte del proceso constitucional bolivariano, la garantía efectiva y universal de todos los derechos humanos de la forma más amplia posible, se trate de, por ejemplo, la participación política, la libertad de expresión o información”.
Las conclusiones de Venezuela también incluyeron la manifestación de que “ha mantenido, mantiene y mantendrá estrecha colaboración con los Órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en especial con el CDH y sus mecanismos”.
Cuatro años después de hechas estas declaraciones, especialmente estas últimas referidas a su estrecha colaboración, no solo resultan difíciles de asimilar. Es duro tener que pensar que en octubre de 2021, cuando Venezuela se encuentre como Estado bajo examen, muy probablemente seguirá recurriendo a la victimización y a los argumentos basados en la negación de la realidad, mientras la población del país continua inmersa en una innegable crisis política, económico y social.
