(Clarín) El debilitamiento del compromiso normativo con la democracia por parte de los principales países de la región crea así un entorno amigable para el autoritarismo en América Latina. Y eso es motivo de preocupación.

Por Ignacio Labaqui

Foto: Twitter @ProgresaLatam)

(Clarín) La reacción de algunos gobiernos latinoamericanos frente al fallido 18 Brumario de Pedro Castillo en Perú es una muestra cabal del mal momento que atraviesa la democracia en la región. No hubo en América Latina una reacción uniforme de condena frente a un claro intento de quiebra de la democracia mediante la realización de un autogolpe similar al que con éxito perpetró hace 30 años Alberto Fujimori.

Las reacciones dispares de los países del Grupo de Puebla y el gobierno de Chile revelan la ausencia de consenso en la región acerca de la democracia y muestran el carácter instrumental que para algunos mandatarios tiene la defensa del régimen democrático y los derechos humanos en América Latina.

El presidente chileno Gabriel Boric condenó sin atenuantes la frustrada intentona golpista del ex presidente Pedro Castillo. Esta postura es coherente con la condena sin ambages que Boric ha hecho respecto de las graves violaciones a los derechos humanos que perpetran los gobiernos de Nicaragua y Venezuela. Por lo visto, para el presidente chileno el compromiso con la democracia en América Latina está por encima de las simpatías ideológicas, una postura que incluso le genera problemas dentro de su propia coalición de gobierno.

Esta posición marca un claro contraste con la de otros gobiernos de izquierda o centro izquierda de la región. El caso del Grupo de Puebla es en este sentido paradigmático. El comunicado difundido por las cancillerías de los países que lo integran en ningún momento condenó el intento de Castillo de cerrar el Congreso y el Poder Judicial y simplemente llamó a resolver la crisis política que desde hace tiempo afecta a Perú. Tras la remoción de Castillo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador -que desde hace meses busca cargarse al Instituto Nacional Electoral, uno de los pilares de la transición democrática mexicana de los años 90 del siglo pasado- criticó a la sucesora constitucional de Castillo, dejando de lado tanto la estricta adhesión que hasta ahora había mostrado su política exterior al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados como el escaso interés mostrado hasta ahora por la política exterior.

La reacción de los países del Grupo de Puebla a nadie debiera sorprender. Se trata de países que hacen la vista gorda frente a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y Venezuela y que miran con simpatía al régimen cubano, la autocracia más antigua de la región. A diferencia de Gabriel Boric, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández,  Gustavo Petro y Luis Arce han mostrado un lamentable doble estándar respecto de su compromiso con la democracia en América Latina.

¿Por qué resulta peligrosa esta reacción tibia y ambigua frente a una clara intentona golpista? El doble estándar es un hecho frecuente en la política exterior de cualquier estado. La política exterior es una herramienta más de los estados para mejorar las condiciones de vida de su población. Y es obvio que ninguna política exterior puede atarse ciegamente a imperativos morales absolutos. Como nos recuerda Hans Morgenthau, el estadista tiene como responsabilidad conducir una comunidad política y por ende no puede darse el lujo de aplicar la máxima kantiana de “hágase justicia aunque perezca el mundo”.

No se trata de convertirse en un paladín global de la defensa de la democracia y los derechos humanos. Ningún país latinoamericano tiene el suficiente peso internacional ni las capacidades materiales como para liderar una cruzada democrática a nivel global.

Pero ignorar lo que ocurre en el vecindario es otra historia. No por una cuestión sentimental, sino por una cuestión práctica. Como han mostrado Scott Mainwaring y Aníbal Pérez Liñán, en América Latina tanto las transiciones democráticas como las reversiones autoritarias ocurren en oleadas. Las chances de quiebre democrático -ya sea en su versión clásica o por muerte lenta- aumentan para cualquier país, cuando el resto de la región es autoritaria.

La generación de presidentes que tuvo la difícil tarea de liderar los gobiernos de la transición democrática de los años 70 y 80 probablemente lo intuía. Por eso crearon mecanismos de defensa colectiva de la democracia. Ellos tenían en mente los golpes militares clásicos. Lamentablemente, las experiencias de Venezuela bajo el Chavismo, Nicaragua tras el regreso de Daniel Ortega al poder y El Salvador con Nayib Bukele, nos enseñan que la quiebra de la democracia puede ocurrir de diversas maneras.

Desde la conclusión de la Tercera Ola de democratización los golpes militares exitosos han sido la excepción antes que la regla en América Latina. Así y todo varios países han atravesado procesos de erosión democrática en los que democracias débiles se convirtieron en lo que Steve Levitsky y Lucan Way han definido como autoritarismos competitivos: regímenes que celebran periódicamente elecciones en las que participan partidos políticos opositores, pero en los que la alternancia es prácticamente imposible, debido al abuso por parte del partido de gobierno de los recursos del Estado, el control autoritario de las instituciones encargadas de velar por la transparencia electoral y el hostigamiento a los partidos y líderes de oposición. La posibilidad de alternancia, que de acuerdo a Adam Przeworski es un rasgo central de la democracia, es bajo estas circunstancias nula.

En síntesis, no hay una única vía que lleve a la quiebra de la democracia y las cláusulas democráticas han resultado un anticuerpo ineficaz frente a los procesos de muerte lenta de la democracia. De hecho, si algo hemos aprendido a lo largo de este siglo es que los gobiernos manipulan las cláusulas democráticas presentes en acuerdos internacionales según la conveniencia política. Así, un proceso de impeachment es para algunos un golpe de estado blando, en tanto que el intento ilegal por parte de un presidente de cerrar el Congreso es tan solo una crisis política.

El debilitamiento del compromiso normativo con la democracia por parte de los principales países de la región crea así un entorno amigable para el autoritarismo en América Latina. Y eso es motivo de preocupación. No solo porque favorezca la estabilidad de los regímenes autoritarios, sino también porque las malas prácticas son contagiosas.

Ignacio Labaqui

Consejero Académico

Profesor de Política Latinoamericana y Teoría de las Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA), y de Gobernanza Regional Comparada en el Máster de Estudios Internacionales en la Universidad del CEMA. Al mismo tiempo, se desempeña como analista senior en Medley Global Advisors. Labaqui es Magister of Science in Sociology de la London School of Economics and Political Science; y licenciado en Ciencias Políticas, con especialización en Relaciones Internacionales de la UCA. Es Consejero Académico de CADAL.