Por Andrés Cañizález

El tema de la censura y autocensura va cobrando vigor en América Latina. Varias organizaciones en diversos países, tal vez con Argentina a la cabeza a través de la iniciativa de la Asociación por los Derechos Civiles (www.adc.org.ar), vienen dando cuenta de cómo han permutado estas dinámicas en el quehacer periodístico, con un impacto significativo en el derecho ciudadano a estar informado. En la región ya no se evidencian, y tampoco en Venezuela, las denuncias del pasado sobre las ediciones que se recogían para evitar su circulación o la instalación de censores dentro de las redacciones para definir lo que debía publicarse o no. Todo ello parece haber quedado en el pasado, empero la censura y la autocensura no, como tales no han desaparecido y en realidad se han transformado para hacerse más sutiles. Así lo recogió la ADC en Argentina a propósito de la asignación de publicidad del Estado, como un mecanismo para silenciar las noticias y los medios incómodos. La preocupación ahora pasa por aspectos metodológicos. Si efectivamente tales mecanismos de control sobre la información son más sutiles, menos visibles, entonces cómo se pueden hacerse patentes para la sociedad, para que los ciudadanos cabalmente estén al tanto de lo que se están perdiendo (o han perdido) de conocer. En el caso de la mencionada ADC, una forma de demostrar fehacientemente el rol estatal en todo ello fue con la asignación de la publicidad oficial. Dicha publicidad, que envuelve sumas millonarias, debería regirse por criterios de transparencia, y otorgarse según la circulación e impacto de cada medio, sin distingo de su línea editorial, pues básicamente la publicidad oficial busca informarnos a todos y no sólo a un sector del país. Entonces, estudiar a fondo diversos casos, especialmente fuera de Buenos Aires, le permitió a esta organización concluir que ese mecanismo se estaba utilizando para coartar la expresión, como fin último. En Venezuela, de forma reciente el Instituto Prensa y Sociedad (www.ipys.org.ve) presentó un estudio sobre la censura y autocensura en el país. El enfoque que le dio esta organización fue mixto, pues combinó el mecanismo de entrevistar a 192 periodistas en las ocho ciudades más importantes, con un cuestionario estructurado, el resultado final permite –de alguna manera- cuantificar los problemática.

Ello toma especial relevancia pues abordar espinosos temas, como son la censura y la autocensura, desde el estudio de un caso, en donde el afectado deba rendir una suerte de testimonio, ayuda sin duda a comprender un caso, pero puede entenderse que éste es aislado. El abordaje que se le dio en este estudio, al contrario, permite ver tendencias y concluir que hay un problema serio en materia de lo que el IPYS denomina noticias confiscadas. Se trata de informaciones que no llegaron al público. Un aspecto llamativo, entre los hallazgos de la investigación, que si bien no se relaciona directamente con el tema, no puede obviarse: casi la mitad de los entrevistados, en ejercicio profesional del periodismo, no cumplían con el mandato legal de estar inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas (CNP). Sobre este aspecto, cabría una investigación específica por parte de los gremios y entidades que agrupa a periodistas en Venezuela. El principal problema para informar en Venezuela, de acuerdo con la experiencia de los entrevistados, que componen una muestra representativa de la prensa escrita y la televisión, está en el acceso a las fuentes oficiales. Este el mayor obstáculo para el 23 por ciento de los consultados. Es seguido, en un 20 por ciento, del temor a ser víctima de una agresión física o verbal durante las coberturas. Este último es un asunto que no puede soslayarse por más que forme parte del paisaje cotidiano: la violencia contra periodistas, por el hecho de estar cumpliendo una labor profesional, debería ser inadmisible desde todo punto de vista. En el problema principal es evidente una clara responsabilidad estatal. A partir de la polarización extrema del lapso 2002-2004 se popularizó la medida gubernamental de excluir a ciertos medios privados del acceso a las fuentes oficiales. Tal práctica se ha extendido también a gobernaciones y alcaldías, a lo largo y ancho del país. Así las cosas, los voceros gubernamentales se quejan de la cobertura parcializada de los medios privados, y en lugar de allanar el acceso, la respuesta es cerrarse más. El resultado, a fin de cuentas, lo pagamos todos los ciudadanos. En materia de lo que debería ser la autorregulación de los medios, para un 23 por ciento resulta claro que es necesaria en la cobertura de informaciones sobre infantes. Muy lejos, con sólo 8 por ciento, aparecen las informaciones conflictivas sobre el gobierno. Prevalece, entonces, la tesis de que deben darse las informaciones comprobadas aún cuando ellas desencadenen problemas con el gobierno. Todo un deber ser, pues resume la noción de que la prensa justamente debe ser vigilante del poder gubernamental, en cualquier contexto.

Originalmente publicado en el vespertino Tal Cual

 

Andrés Cañizález

Consejero Académico

Venezolano. Periodista y doctor en Ciencia Política. Investigador Titular de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, Venezuela) entre 2003 y 2020. Fundador y director de Medianálisis, organización dedicada a la promoción del periodismo independiente, y de Cotejo.Info, el primer medio de fact-checking de Venezuela. Escribe regularmente en los portales de noticias y análisis El Estímulo y Diario de Cuba. Viene haciendo seguimiento del tema migratorio con las iniciativas Radio Migrante, que muestra historias de resiliencia de migrantes venezolanos en diferentes lugares del mundo, y Monitor Migración, una ventana con datos y noticias sobre el éxodo venezolano. Está vinculado a CADAL, desde el año 2007, como consejero académico.