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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
26-11-2015Un Mercosur enfrentado por Venezuela
(Bastión Digital) La decisión de Macri rompe el consenso compartido hasta ahora por prácticamente todos los gobiernos de América del Sur y reduce el margen de acción del chavismo frente a un resultado adverso en las urnas. Ya no solo deberá sopesar los costos internos en caso que quiera reforzar aún el sesgo autoritario que hoy exhibe Venezuela. Sino que con el anuncio de Macri, el gobierno venezolano ya sabe por adelantado que no habrá un solidario silencio ni en el vecindario ni dentro del Mercosur frente a un nuevo giro autoritario. Por Ignacio Labaqui
(Bastión Digital) La victoria de Mauricio Macri en la elección presidencial argentina tendrá probablemente consecuencias a nivel regional. Aunque la política exterior estuvo prácticamente ausente de los dos debates presidenciales de este año, en el último de ellos Macri anunció que pediría la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur para suspender a Venezuela del bloque. Durante su primera conferencia de prensa ya como presidente electo reiteró esta postura.
Hasta ahora la cláusula democrática solo se utilizó en una oportunidad para suspender a Paraguay. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay consideraron como un golpe de estado –un “golpe legislativo” para utilizar la original y flexible categoría utilizada por no pocos dirigentes políticos y académicos- el juicio político que derivó en la remoción de Fernando Lugo en junio de 2012. La suspensión de Paraguay resultó funcional a los intereses de Argentina y Brasil, que buscaban incorporar a Venezuela al bloque. Los congresos argentino, brasileño y uruguayo ya la habían aprobado, y solo faltaba que lo hiciera el de Paraguay. Suspendido este, los demás integrantes del bloque comercial aprovecharon la oportunidad para sellar la entrada de Venezuela al Mercosur.
Mientras que a Paraguay se lo suspendió del bloque por destituir a su presidente a través de un procedimiento legal previsto en la constitución paraguaya, Argentina, Brasil y Uruguay hicieron la vista gorda frente al claro giro autoritario que dio Venezuela bajo el chavismo. El encarcelamiento de dirigentes opositores, como Leopoldo López o Daniel Ceballos, ha sido la frutilla del postre. Hace tiempo que Venezuela dejó de ser una democracia. El silencio cómplice de buena parte de la izquierda latinoamericana frente al chavismo no difiere de la actitud contemplativa que imperó en el pasado frente al autoritarismo cubano. Es cierto que en Venezuela hay elecciones y ello facilita la defensa del régimen chavista. Pero la realización de elecciones es condición necesaria pero no suficiente para considerar a un régimen como democrático. De hecho, la celebración de elecciones no es incompatible con un régimen autoritario, como bien sostiene el trabajo de Steve Levitsky y Lucan
Way sobre los autoritarismos competitivos.
El cambio de postura de la Argentina no será inocuo. En primer lugar, porque romperá la postura sostenida en conjunto con Brasil frente a la cuestión venezolana, algo que ha sido notablemente funcional al régimen chavista. En segundo lugar por el timing. Mauricio Macri se hará cargo del gobierno tan solo 4 días después de las elecciones legislativas de Venezuela una semana antes de la cumbre de presidentes del Mercosur.
Los sondeos de opinión pública no auguran un resultado favorable al chavismo e incluso sugieren que la oposición podría quedarse con la mayoría absoluta de la Asamblea. Ello planteará un agudo dilema para Maduro y un verdadero hito para Venezuela. Solo por un período breve, previo a la adopción de la Constitución de 1999, el chavismo gobernó sin mayoría legislativa. ¿Cómo reaccionará el chavismo frente a un resultado electoral adverso? Podría sencillamente aceptar el resultado como hizo Chávez en 2007 cuando perdió el referéndum constitucional para habilitar una nueva reelección presidencial. Pero aquí los costos son mayores.
Los costos de salida para quienes hoy ocupan posiciones clave en el gobierno son elevadísimos. El reciente arresto de los sobrinos de la pareja presidencial en Haití lo deja muy claro. Ello supone que no faltan incentivos para o bien suspender la elección, alterar su resultado de manera grosera o de modo sutil para evitar que la victoria opositora sea apabullante, o sencillamente desconocerlo. Es imposible predecir qué camino tomará Maduro aunque el precedente de estos últimos dos años claramente no es alentador.
La decisión de Macri rompe el consenso compartido hasta ahora por prácticamente todos los gobiernos de América del Sur y reduce el margen de acción del chavismo frente a un resultado adverso en las urnas. Ya no solo deberá sopesar los costos internos en caso que quiera reforzar aún el sesgo autoritario que hoy exhibe Venezuela. Sino que con el anuncio de Macri, el gobierno venezolano ya sabe por adelantado que no habrá un solidario silencio ni en el vecindario ni dentro del Mercosur frente a un nuevo giro autoritario.
Pero tal vez no sea Maduro el único que se sienta incómodo por el cambio en la postura argentina. Será la izquierda democrática de la región que gobierna Chile, Uruguay y Brasil, la “socialdemocracia criolla” para utilizar la expresión del profesor Jorge Lanzaro, la que quedará incómoda por el giro de la Argentina.
Algo de eso ya puede palparse a partir de la carta que dirigiera el secretario general de la OEA Luis Almagro, un reconocido dirigente del Frente Amplio y canciller del gobierno del Pepe Mujica, a Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, el 10 de noviembre de este año en respuesta al rechazo de Venezuela a la realización de una misión de observación electoral por parte de dicha organización regional. Carta cuya lectura es muy aconsejable para conocer en qué condiciones tendrán lugar las elecciones legislativas en Venezuela y que generó fuertes tensiones al interior del Frente Amplio.
O también a partir de la decisión de la Corte Suprema de Chile ordenando al gobierno de Michelle Bachelet que solicite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la realización de una visita para constatar el estado de salud de los Leopoldo López y Daniel Ceballos.
Resulta saludable que comiencen a observarse reacciones en la región frente a lo que ocurre en Venezuela. Fundamentalmente porque la defensa de la democracia es una cuestión de relevancia regional. Probablemente por ello es que luego de la última ola democratizadora los estados de la región crearon mecanismos de defensa colectiva de la democracia. Mecanismos que si bien funcionaron a la hora de prevenir los golpes de estado tradicionales de antaño, se han mostrado menos eficaces a la hora de evitar las transiciones hacia el autoritarismo competitivo.
La decisión del gobierno argentino que asumirá el 10 de diciembre de aplicar la cláusula democrática a Venezuela probablemente no encuentre respaldo entre los demás miembros del Mercosur. Suspender a Venezuela del Mercosur requiere el apoyo unánime de los miembros del bloque y en principio es improbable que Brasil apoye esa medida. Pero la petición de aplicar la cláusula marcará la cancha no solo a Maduro, haciéndole saber que ya no dispone del silencio cómplice de toda América del Sur, sino también y fundamentalmente al gobierno del PT, quien a lo largo de ya casi dos décadas, ha sido el principal sostén y beneficiario en la región del gobierno chavista. Roto el consenso entre Argentina y Brasil respecto de Venezuela, quedará a Dilma Rousseff, quien cuenta con no pocos problemas a nivel interno, decidir cuán conveniente resulta seguir apañando a Maduro.
Fuente: Bastión Digital (Buenos Aires, Argentina)
Ignacio LabaquiConsejero AcadémicoProfesor de Política Latinoamericana y Teoría de las Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA), y de Gobernanza Regional Comparada en el Máster de Estudios Internacionales en la Universidad del CEMA. Al mismo tiempo, se desempeña como analista senior en Medley Global Advisors. Labaqui es Magister of Science in Sociology de la London School of Economics and Political Science; y licenciado en Ciencias Políticas, con especialización en Relaciones Internacionales de la UCA. Es Consejero Académico de CADAL.
(Bastión Digital) La victoria de Mauricio Macri en la elección presidencial argentina tendrá probablemente consecuencias a nivel regional. Aunque la política exterior estuvo prácticamente ausente de los dos debates presidenciales de este año, en el último de ellos Macri anunció que pediría la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur para suspender a Venezuela del bloque. Durante su primera conferencia de prensa ya como presidente electo reiteró esta postura.
Hasta ahora la cláusula democrática solo se utilizó en una oportunidad para suspender a Paraguay. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay consideraron como un golpe de estado –un “golpe legislativo” para utilizar la original y flexible categoría utilizada por no pocos dirigentes políticos y académicos- el juicio político que derivó en la remoción de Fernando Lugo en junio de 2012. La suspensión de Paraguay resultó funcional a los intereses de Argentina y Brasil, que buscaban incorporar a Venezuela al bloque. Los congresos argentino, brasileño y uruguayo ya la habían aprobado, y solo faltaba que lo hiciera el de Paraguay. Suspendido este, los demás integrantes del bloque comercial aprovecharon la oportunidad para sellar la entrada de Venezuela al Mercosur.
Mientras que a Paraguay se lo suspendió del bloque por destituir a su presidente a través de un procedimiento legal previsto en la constitución paraguaya, Argentina, Brasil y Uruguay hicieron la vista gorda frente al claro giro autoritario que dio Venezuela bajo el chavismo. El encarcelamiento de dirigentes opositores, como Leopoldo López o Daniel Ceballos, ha sido la frutilla del postre. Hace tiempo que Venezuela dejó de ser una democracia. El silencio cómplice de buena parte de la izquierda latinoamericana frente al chavismo no difiere de la actitud contemplativa que imperó en el pasado frente al autoritarismo cubano. Es cierto que en Venezuela hay elecciones y ello facilita la defensa del régimen chavista. Pero la realización de elecciones es condición necesaria pero no suficiente para considerar a un régimen como democrático. De hecho, la celebración de elecciones no es incompatible con un régimen autoritario, como bien sostiene el trabajo de Steve Levitsky y Lucan
Way sobre los autoritarismos competitivos.
El cambio de postura de la Argentina no será inocuo. En primer lugar, porque romperá la postura sostenida en conjunto con Brasil frente a la cuestión venezolana, algo que ha sido notablemente funcional al régimen chavista. En segundo lugar por el timing. Mauricio Macri se hará cargo del gobierno tan solo 4 días después de las elecciones legislativas de Venezuela una semana antes de la cumbre de presidentes del Mercosur.
Los sondeos de opinión pública no auguran un resultado favorable al chavismo e incluso sugieren que la oposición podría quedarse con la mayoría absoluta de la Asamblea. Ello planteará un agudo dilema para Maduro y un verdadero hito para Venezuela. Solo por un período breve, previo a la adopción de la Constitución de 1999, el chavismo gobernó sin mayoría legislativa. ¿Cómo reaccionará el chavismo frente a un resultado electoral adverso? Podría sencillamente aceptar el resultado como hizo Chávez en 2007 cuando perdió el referéndum constitucional para habilitar una nueva reelección presidencial. Pero aquí los costos son mayores.
Los costos de salida para quienes hoy ocupan posiciones clave en el gobierno son elevadísimos. El reciente arresto de los sobrinos de la pareja presidencial en Haití lo deja muy claro. Ello supone que no faltan incentivos para o bien suspender la elección, alterar su resultado de manera grosera o de modo sutil para evitar que la victoria opositora sea apabullante, o sencillamente desconocerlo. Es imposible predecir qué camino tomará Maduro aunque el precedente de estos últimos dos años claramente no es alentador.
La decisión de Macri rompe el consenso compartido hasta ahora por prácticamente todos los gobiernos de América del Sur y reduce el margen de acción del chavismo frente a un resultado adverso en las urnas. Ya no solo deberá sopesar los costos internos en caso que quiera reforzar aún el sesgo autoritario que hoy exhibe Venezuela. Sino que con el anuncio de Macri, el gobierno venezolano ya sabe por adelantado que no habrá un solidario silencio ni en el vecindario ni dentro del Mercosur frente a un nuevo giro autoritario.
Pero tal vez no sea Maduro el único que se sienta incómodo por el cambio en la postura argentina. Será la izquierda democrática de la región que gobierna Chile, Uruguay y Brasil, la “socialdemocracia criolla” para utilizar la expresión del profesor Jorge Lanzaro, la que quedará incómoda por el giro de la Argentina.
Algo de eso ya puede palparse a partir de la carta que dirigiera el secretario general de la OEA Luis Almagro, un reconocido dirigente del Frente Amplio y canciller del gobierno del Pepe Mujica, a Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, el 10 de noviembre de este año en respuesta al rechazo de Venezuela a la realización de una misión de observación electoral por parte de dicha organización regional. Carta cuya lectura es muy aconsejable para conocer en qué condiciones tendrán lugar las elecciones legislativas en Venezuela y que generó fuertes tensiones al interior del Frente Amplio.
O también a partir de la decisión de la Corte Suprema de Chile ordenando al gobierno de Michelle Bachelet que solicite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la realización de una visita para constatar el estado de salud de los Leopoldo López y Daniel Ceballos.
Resulta saludable que comiencen a observarse reacciones en la región frente a lo que ocurre en Venezuela. Fundamentalmente porque la defensa de la democracia es una cuestión de relevancia regional. Probablemente por ello es que luego de la última ola democratizadora los estados de la región crearon mecanismos de defensa colectiva de la democracia. Mecanismos que si bien funcionaron a la hora de prevenir los golpes de estado tradicionales de antaño, se han mostrado menos eficaces a la hora de evitar las transiciones hacia el autoritarismo competitivo.
La decisión del gobierno argentino que asumirá el 10 de diciembre de aplicar la cláusula democrática a Venezuela probablemente no encuentre respaldo entre los demás miembros del Mercosur. Suspender a Venezuela del Mercosur requiere el apoyo unánime de los miembros del bloque y en principio es improbable que Brasil apoye esa medida. Pero la petición de aplicar la cláusula marcará la cancha no solo a Maduro, haciéndole saber que ya no dispone del silencio cómplice de toda América del Sur, sino también y fundamentalmente al gobierno del PT, quien a lo largo de ya casi dos décadas, ha sido el principal sostén y beneficiario en la región del gobierno chavista. Roto el consenso entre Argentina y Brasil respecto de Venezuela, quedará a Dilma Rousseff, quien cuenta con no pocos problemas a nivel interno, decidir cuán conveniente resulta seguir apañando a Maduro.
Fuente: Bastión Digital (Buenos Aires, Argentina)
