Entrevistas
Análisis Latino
Mercedes de Freitas:
«En Venezuela, el 97% de las contrataciones se hacen por adjudicaciones directas»
«La norma en Venezuela no son las licitaciones. Las contrataciones del personal público no se hacen por concurso, como está estipulado por la ley y nuestra Constitución y en las convenciones internacionales en las cuales Venezuela es firmante».Por Gabriel C. Salvia
Mercedes De Freitas es venezolana. Estudió Historia en la Universidad Central de Venezuela. Fundadora, Directora Ejecutiva y miembro del Consejo Directivo de Transparencia Venezuela. Como estudiosa y analista de temas municipales, electorales, de transparencia y democráticos ha sido Co-redactora de Informe de evaluación de Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de guías y manuales de Práctica de Diseño y Ejecución del Proceso de Presupuesto Participativa en el municipio en Venezuela, de acceso a la Información entre otros. Ha promovido y diseñado instrumentos de evaluación y herramientas de gestión de la transparencia. Ha sido consultora en el área electoral para organizaciones como el Programa de Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Ha sido observadora en 12 procesos electorales en países latinoamericanos con CAPEL, OEA, IFES y Red Acuerdo de Lima. Es miembro de las juntas directivas de Cívitas Venezuela, Fundación Tierra Viva. Es directora de Crea Resultados. Miembro del Strategic Advisory Group de la organización Publish What You Pay. Es fellow de Ashoka desde 1998, y ganadora de la Competencia de Changemakers de Ashoka en el 2007.
¿Le sorprendió el intento de una persona vinculada al gobierno de Chávez de ingresar a la Argentina una valija con casi ochocientos mil dólares?
Me sorprendió la torpeza y que se conociera. Pero no me sorprendió un venezolano, ligado de alguna manera con el sector público del país, con tanto dinero y sin ningún control. Porque los riesgos de corrupción en Venezuela son muy altos, pero me sorprende que se haya descubierto y que los sistemas de control en Argentina estén tan bien desarrollados y se implementen bien. En Venezuela existe mucha legislación, pero todavía habría que desarrollar leyes importantes: todavía no tenemos leyes de acceso a la información, pero ese no es el problema. Nuestro gran problema es la brecha gigante que existe entre lo que dice la ley y lo que sucede en la realidad. Nuestros estudios nos dicen, por ejemplo, en el tema de contrataciones públicas, que se supone deben hacerse por licitaciones. En el último estudio que nosotros hicimos descubrimos que el 97% de las contrataciones públicas en el país se hicieron por adjudicación directa, lo que quiere decir que la norma en Venezuela no son las licitaciones. Las contrataciones del personal público no se hacen por concurso, como está estipulado por la ley y nuestra Constitución y en las convenciones internacionales en las cuales Venezuela es firmante.
¿Cómo cree que tiene que terminar el escándalo de la valija?
Con alguien preso. Así como en Argentina destituyeron a un funcionario, esperamos que en Venezuela pase lo mismo. Lamentablemente no va ser una sanción rápida y contundente que se merecen estas cosas para que sean ejemplarizantes. Pero debería ir alguien preso. Ahora, lo que creo yo es que no va a ocurrir mucho. Seguramente vaya preso el amigo o el chofer que llevó a la persona hasta al aeropuerto, pero de ahí no va a pasar más seguramente.
¿Este tipo de adjudicaciones directas en Venezuela crean una “caja negra”?
Más que una caja negra. Porque se hacen los pagos formalmente. Lo que sucede es que la decisión de la compra se hace por decisión particular, por funcionario de turno en cada una de las instancias del Estado y quiero recordar que el Estado venezolano es muy grande y contempla el sector más productivo del país (minero, petrolero, etc.). No sólo PDVSA está en manos del Estado como empresa pública, sino que el Estado venezolano es socio mayoritario de todos los proyectos de inversión con las empresas extranjeras en Venezuela. Entonces el Estado venezolano es muy poderoso y rico y en los últimos años más que nunca, ya que nunca el precio del petróleo estuvo tan alto. Entonces la relación terrible entre la cantidad de dinero que está entrando al país y la debilidad de controles y sistemas de transparencia que existe genera altísimos riesgos. Nosotros en Transparencia Venezuela no nos atrevemos a decir porque tendríamos que presentar muchas pruebas y la corrupción siempre es secreta, excepto un caso como el del maletín. Pero lo que sí decimos es que no sabemos lo que ocurre con el dinero público y una de las cajas negras que tenemos en Venezuela es que parte de los ingresos del país por temas petroleros se gastan, pero no a través del presupuesto aprobado por nuestro parlamento. En Venezuela todo el gasto público no está en el presupuesto nacional. El ejecutivo de la república, presidente y los ministerios, tienen la posibilidad de utilizar un inmenso monto en dinero, equivalente al mismo presupuesto, que son utilizados no se sabe cómo, al parecer en programas sociales. En Venezuela la pobreza es terrible y estamos de acuerdo con los programas sociales, pero no sabemos quién, cuánto y cómo son firmadas las cuentas y cómo son esas inversiones en el sector de las necesidades sociales.
¿Son beneficiarios de las adjudicaciones directas personas cercanas al gobierno?
De todo tipo. El 97% de las contrataciones se hacen por adjudicaciones directas, entonces amigos de los alcaldes, de los funcionarios, los primos, familiares, las mismas empresas de los funcionarios públicos. En general, las empresas grandes y pequeñas, quién dice que no sea la mejor decisión y que se contrata la empresa “A” es la mejor empresa porque es la de mejor calidad al mejor precio. Pero no hay ningún sistema que nos garantice que esto sea así.
¿Cuáles son las características del presupuesto de Venezuela?
Es una doble dolencia. Por un lado, en la elaboración y aprobación del presupuesto tenemos un parlamento con una sola posición política, lo cual reduce las posibilidades de crítica y en los últimos años no hubo observaciones al presupuesto que envía el poder ejecutivo al parlamento. El ejecutivo elabora un borrador de presupuesto, el legislativo lo aprueba y el ejecutivo lo gasta. El presupuesto no está muy desagregado y el tema de presupuesto por proyecto es muy nuevo en Venezuela; empezó este año y no podemos evaluar si la ejecución del presupuesto por proyecto será más eficiente o no porque en un año eso no se puede decir. Otro problema que tenemos es que nuestro presupuesto se hace en base a los ingresos que vamos a tener y nuestros ingresos provienen principalmente del petróleo, con lo cual se estima un precio del barril del petróleo para la elaboración del presupuesto. Para el presupuesto del 2007 se consideró un precio del barril del petróleo a 20-26 dólares el barril, pero en realidad en lo que va del año el promedio del ingreso del petróleo fue superior al 55-70 dólares el barril. Según la ley de compensación macro económica se pretende recoger ese dinero que surge de la diferencia para no generar inflación, para proteger al país del uso desmedido de los gobiernos. Pero lo que está pasando en la realidad es que ese dinero desde hace varios años se va directamente desde PDVSA, aún sin pasar al Banco Central de Venezuela a dos instancias que se crearon para manejar recursos para programas sociales. Ese dinero no entra en el presupuesto, o sea, no está asignado a ninguna instancia pública por el presupuesto aprobado por el legislativo y no sabemos cuánto es. Los especialistas y economistas dicen que es equivalente al presupuesto mismo aprobado. Pero de ese presupuesto no tenemos información, más de la que da el presidente en su programa del domingo. No hay papeles, no hay auditorías, no se sabe en que bancos se encuentran, cuáles son los fideicomisos, en base a qué financiamiento se está trabajando. O sea, tenemos una gran caja negra en ese sentido.
Si ese dinero nunca aparece, ¿No sería malversación de fondos públicos?
Claro, pero esos fondos están amparados en el apoyo a los pobres, programas sociales e inmensas necesidades del país y también por la debilidad de los sistemas de control. No contamos con un parlamento que haga seguimiento rígido de evaluación de tanto recurso público, ni contamos con una contraloría general de la república que exija cuentas con regularidad y precisión. Estas debilidades ponen en riesgo todo el sistema político en Venezuela y que como país salgamos adelante.
¿Qué posibilidades tiene la prensa y la sociedad civil para controlar y auditar el gasto y la administración pública en Venezuela?
Hay dos visiones para contar. Por un lado, tenemos una prensa muy fuerte en el tema de la crítica y hace un seguimiento a una cantidad de temas, pero son muchos temas a la vez. Pero por otro lado, no hay consecuencias. La prensa puede decir, presentar e informar, pero eso no se traduce en hechos, sanciones, ni investigaciones en muchos de los casos. Esto se relaciona con que el Estado se siente muy poderoso, hay demasiada complacencia entre unos y otros y se crean círculos viciosos muy peligrosos. Por ejemplo, nosotros hacemos estas denuncias y presentamos los resultados de nuestros estudios donde no es posible que teniendo una ley de licitaciones que obliga que las contrataciones se hagan de manera transparente un 97% se realicen a través de contrataciones de manera directa. Y no puede ser que nadie haga nada y ningún organismo público asuma esto. La diferencia es la impunidad y la inmensa característica de este proceso, que es un proceso de cambio y que se escuda en la necesidad que tenemos como país de cambiar y resumir más responsabilidades ante los más pobres, es que se asume como una excusa para no atender en poner orden en casa antes de atender a los demás.
¿Usted cree que el Presidente Chávez sabe realmente cómo son las cuentas?
Pareciera que sí, porque en el programa del domingo él pide cuentas y regaña a los ministros cuando no les presentan las cosas completas y la verdad es que es difícil pensar que en Venezuela pase algo sin que el presidente lo apruebe.
¿Qué efectos puede tener este proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia?
Al parecer no es muy positivo. Las cosas que esperábamos que incluyeran, que son temas pendientes en materia de transparencia, no sólo no se incluyeron, sino que se están borrando lo que ya tenemos. Hay un artículo que define que el Estado y su actuación tienen que ser “transparente, clara y oportuna”, y han borrado la palabra “transparencia en la reforma”. En cuanto al derecho de acceso a la información, si bien no tenemos una ley sobre este derecho tenemos algunos artículos que garantizan el derecho a estar informados sobre las decisiones sobre lo público, lo cual también está borrado en la reforma. El panorama no es alentador. Nosotros seguimos presentando propuestas porque creemos que no hay una razón lógica para desaparecer esos conceptos de nuestra Constitución.
Hay una iniciativa en Venezuela que pretende limitar el financiamiento de ONG como la suya: ¿de qué se trata y qué implicancia tendría para el trabajo de la sociedad civil?
Nosotros tenemos dos grandes limitaciones en Venezuela para la participación. Por un lado, según una sentencia de la Corte Suprema , las organizaciones de la sociedad civil son todas aquellas que no reciben fondos del exterior. Eso nos limita la posibilidad de participar; por ejemplo, como nos sucedió el mes pasado en la Convención Interamericana contra la corrupción de la OEA, porque la contraloría no nos aceptó, con la argumentación de que recibíamos fondos del exterior. La otra limitación es que el intento de una ley llamada de cooperación internacional pretende controlar la recepción de todos los fondos que reciba cualquier organización en Venezuela. Esos recursos deberían entrar a un fondo que estaría controlado por el Estado y en manos de alguien que no sabemos quién es, pero que sería del poder ejecutivo, y esa instancia sería la que decida sobre los destinos de esos fondos. Esto limita la posibilidad de que organizaciones como las nuestras puedan recibir fondos nacionales e internacionales, porque en Venezuela hay una gran autoexclusión, ya que hay empresas que no se meten en temas porque son políticamente complejos y por otro lado hay autocensura. Por ejemplo, en Transparencia Venezuela no estamos recibiendo fondos del gobierno norteamericano porque eso pone en gran riesgo nuestro trabajo en Venezuela. La reforma constitucional haría que la ley sea mucho más fácil de aprobar, pero crearían limitaciones anteriores a la posibilidad de una ley. Todas estas cosas al contarlas juntas me deprimen, pero es necesario hacerlo para saber para dónde tenemos que caminar en la defensa por los derechos a la participación, en un país donde las reglas del juego sean claras e iguales para todos.
Gabriel C. SalviaDirector GeneralActivista de derechos humanos enfocado en la solidaridad democrática internacional. En 2024 recibió el Premio Gratias Agit del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. Es autor de los libros "Memoria, derechos humanos y solidaridad democrática internacional" (2024) y "Bailando por un espejismo: apuntes sobre política, economía y diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner" (2017). Además, compiló varios libros, entre ellos "75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Miradas desde Cuba" (2023), "Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior" (2021), "Desafíos para el fortalecimiento democrático en la Argentina" (2015), "Un balance político a 30 años del retorno a la democracia en Argentina" (2013) y "Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba" (2011), Sus columnas de opinión han sido publicadas en varios medios en español. Actualmente publica en Clarín, Perfil, Infobae y La Nación, de Argentina. Ha participado en eventos internacionales en América Latina, África, Asia, Europa, los Balcanes y en Estados Unidos. Desde 1992 se desempeña como director en Organizaciones de la Sociedad Civil y es miembro fundador de CADAL. Como periodista, trabajó entre 1992 y 1997 en gráfica, radio y TV especializado en temas parlamentarios, políticos y económicos, y posteriormente contribuyó con entrevistas en La Nación y Perfil.
Mercedes De Freitas es venezolana. Estudió Historia en la Universidad Central de Venezuela. Fundadora, Directora Ejecutiva y miembro del Consejo Directivo de Transparencia Venezuela. Como estudiosa y analista de temas municipales, electorales, de transparencia y democráticos ha sido Co-redactora de Informe de evaluación de Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de guías y manuales de Práctica de Diseño y Ejecución del Proceso de Presupuesto Participativa en el municipio en Venezuela, de acceso a la Información entre otros. Ha promovido y diseñado instrumentos de evaluación y herramientas de gestión de la transparencia. Ha sido consultora en el área electoral para organizaciones como el Programa de Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Ha sido observadora en 12 procesos electorales en países latinoamericanos con CAPEL, OEA, IFES y Red Acuerdo de Lima. Es miembro de las juntas directivas de Cívitas Venezuela, Fundación Tierra Viva. Es directora de Crea Resultados. Miembro del Strategic Advisory Group de la organización Publish What You Pay. Es fellow de Ashoka desde 1998, y ganadora de la Competencia de Changemakers de Ashoka en el 2007.
¿Le sorprendió el intento de una persona vinculada al gobierno de Chávez de ingresar a la Argentina una valija con casi ochocientos mil dólares?
Me sorprendió la torpeza y que se conociera. Pero no me sorprendió un venezolano, ligado de alguna manera con el sector público del país, con tanto dinero y sin ningún control. Porque los riesgos de corrupción en Venezuela son muy altos, pero me sorprende que se haya descubierto y que los sistemas de control en Argentina estén tan bien desarrollados y se implementen bien. En Venezuela existe mucha legislación, pero todavía habría que desarrollar leyes importantes: todavía no tenemos leyes de acceso a la información, pero ese no es el problema. Nuestro gran problema es la brecha gigante que existe entre lo que dice la ley y lo que sucede en la realidad. Nuestros estudios nos dicen, por ejemplo, en el tema de contrataciones públicas, que se supone deben hacerse por licitaciones. En el último estudio que nosotros hicimos descubrimos que el 97% de las contrataciones públicas en el país se hicieron por adjudicación directa, lo que quiere decir que la norma en Venezuela no son las licitaciones. Las contrataciones del personal público no se hacen por concurso, como está estipulado por la ley y nuestra Constitución y en las convenciones internacionales en las cuales Venezuela es firmante.
¿Cómo cree que tiene que terminar el escándalo de la valija?
Con alguien preso. Así como en Argentina destituyeron a un funcionario, esperamos que en Venezuela pase lo mismo. Lamentablemente no va ser una sanción rápida y contundente que se merecen estas cosas para que sean ejemplarizantes. Pero debería ir alguien preso. Ahora, lo que creo yo es que no va a ocurrir mucho. Seguramente vaya preso el amigo o el chofer que llevó a la persona hasta al aeropuerto, pero de ahí no va a pasar más seguramente.
¿Este tipo de adjudicaciones directas en Venezuela crean una “caja negra”?
Más que una caja negra. Porque se hacen los pagos formalmente. Lo que sucede es que la decisión de la compra se hace por decisión particular, por funcionario de turno en cada una de las instancias del Estado y quiero recordar que el Estado venezolano es muy grande y contempla el sector más productivo del país (minero, petrolero, etc.). No sólo PDVSA está en manos del Estado como empresa pública, sino que el Estado venezolano es socio mayoritario de todos los proyectos de inversión con las empresas extranjeras en Venezuela. Entonces el Estado venezolano es muy poderoso y rico y en los últimos años más que nunca, ya que nunca el precio del petróleo estuvo tan alto. Entonces la relación terrible entre la cantidad de dinero que está entrando al país y la debilidad de controles y sistemas de transparencia que existe genera altísimos riesgos. Nosotros en Transparencia Venezuela no nos atrevemos a decir porque tendríamos que presentar muchas pruebas y la corrupción siempre es secreta, excepto un caso como el del maletín. Pero lo que sí decimos es que no sabemos lo que ocurre con el dinero público y una de las cajas negras que tenemos en Venezuela es que parte de los ingresos del país por temas petroleros se gastan, pero no a través del presupuesto aprobado por nuestro parlamento. En Venezuela todo el gasto público no está en el presupuesto nacional. El ejecutivo de la república, presidente y los ministerios, tienen la posibilidad de utilizar un inmenso monto en dinero, equivalente al mismo presupuesto, que son utilizados no se sabe cómo, al parecer en programas sociales. En Venezuela la pobreza es terrible y estamos de acuerdo con los programas sociales, pero no sabemos quién, cuánto y cómo son firmadas las cuentas y cómo son esas inversiones en el sector de las necesidades sociales.
¿Son beneficiarios de las adjudicaciones directas personas cercanas al gobierno?
De todo tipo. El 97% de las contrataciones se hacen por adjudicaciones directas, entonces amigos de los alcaldes, de los funcionarios, los primos, familiares, las mismas empresas de los funcionarios públicos. En general, las empresas grandes y pequeñas, quién dice que no sea la mejor decisión y que se contrata la empresa “A” es la mejor empresa porque es la de mejor calidad al mejor precio. Pero no hay ningún sistema que nos garantice que esto sea así.
¿Cuáles son las características del presupuesto de Venezuela?
Es una doble dolencia. Por un lado, en la elaboración y aprobación del presupuesto tenemos un parlamento con una sola posición política, lo cual reduce las posibilidades de crítica y en los últimos años no hubo observaciones al presupuesto que envía el poder ejecutivo al parlamento. El ejecutivo elabora un borrador de presupuesto, el legislativo lo aprueba y el ejecutivo lo gasta. El presupuesto no está muy desagregado y el tema de presupuesto por proyecto es muy nuevo en Venezuela; empezó este año y no podemos evaluar si la ejecución del presupuesto por proyecto será más eficiente o no porque en un año eso no se puede decir. Otro problema que tenemos es que nuestro presupuesto se hace en base a los ingresos que vamos a tener y nuestros ingresos provienen principalmente del petróleo, con lo cual se estima un precio del barril del petróleo para la elaboración del presupuesto. Para el presupuesto del 2007 se consideró un precio del barril del petróleo a 20-26 dólares el barril, pero en realidad en lo que va del año el promedio del ingreso del petróleo fue superior al 55-70 dólares el barril. Según la ley de compensación macro económica se pretende recoger ese dinero que surge de la diferencia para no generar inflación, para proteger al país del uso desmedido de los gobiernos. Pero lo que está pasando en la realidad es que ese dinero desde hace varios años se va directamente desde PDVSA, aún sin pasar al Banco Central de Venezuela a dos instancias que se crearon para manejar recursos para programas sociales. Ese dinero no entra en el presupuesto, o sea, no está asignado a ninguna instancia pública por el presupuesto aprobado por el legislativo y no sabemos cuánto es. Los especialistas y economistas dicen que es equivalente al presupuesto mismo aprobado. Pero de ese presupuesto no tenemos información, más de la que da el presidente en su programa del domingo. No hay papeles, no hay auditorías, no se sabe en que bancos se encuentran, cuáles son los fideicomisos, en base a qué financiamiento se está trabajando. O sea, tenemos una gran caja negra en ese sentido.
Si ese dinero nunca aparece, ¿No sería malversación de fondos públicos?
Claro, pero esos fondos están amparados en el apoyo a los pobres, programas sociales e inmensas necesidades del país y también por la debilidad de los sistemas de control. No contamos con un parlamento que haga seguimiento rígido de evaluación de tanto recurso público, ni contamos con una contraloría general de la república que exija cuentas con regularidad y precisión. Estas debilidades ponen en riesgo todo el sistema político en Venezuela y que como país salgamos adelante.
¿Qué posibilidades tiene la prensa y la sociedad civil para controlar y auditar el gasto y la administración pública en Venezuela?
Hay dos visiones para contar. Por un lado, tenemos una prensa muy fuerte en el tema de la crítica y hace un seguimiento a una cantidad de temas, pero son muchos temas a la vez. Pero por otro lado, no hay consecuencias. La prensa puede decir, presentar e informar, pero eso no se traduce en hechos, sanciones, ni investigaciones en muchos de los casos. Esto se relaciona con que el Estado se siente muy poderoso, hay demasiada complacencia entre unos y otros y se crean círculos viciosos muy peligrosos. Por ejemplo, nosotros hacemos estas denuncias y presentamos los resultados de nuestros estudios donde no es posible que teniendo una ley de licitaciones que obliga que las contrataciones se hagan de manera transparente un 97% se realicen a través de contrataciones de manera directa. Y no puede ser que nadie haga nada y ningún organismo público asuma esto. La diferencia es la impunidad y la inmensa característica de este proceso, que es un proceso de cambio y que se escuda en la necesidad que tenemos como país de cambiar y resumir más responsabilidades ante los más pobres, es que se asume como una excusa para no atender en poner orden en casa antes de atender a los demás.
¿Usted cree que el Presidente Chávez sabe realmente cómo son las cuentas?
Pareciera que sí, porque en el programa del domingo él pide cuentas y regaña a los ministros cuando no les presentan las cosas completas y la verdad es que es difícil pensar que en Venezuela pase algo sin que el presidente lo apruebe.
¿Qué efectos puede tener este proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia?
Al parecer no es muy positivo. Las cosas que esperábamos que incluyeran, que son temas pendientes en materia de transparencia, no sólo no se incluyeron, sino que se están borrando lo que ya tenemos. Hay un artículo que define que el Estado y su actuación tienen que ser “transparente, clara y oportuna”, y han borrado la palabra “transparencia en la reforma”. En cuanto al derecho de acceso a la información, si bien no tenemos una ley sobre este derecho tenemos algunos artículos que garantizan el derecho a estar informados sobre las decisiones sobre lo público, lo cual también está borrado en la reforma. El panorama no es alentador. Nosotros seguimos presentando propuestas porque creemos que no hay una razón lógica para desaparecer esos conceptos de nuestra Constitución.
Hay una iniciativa en Venezuela que pretende limitar el financiamiento de ONG como la suya: ¿de qué se trata y qué implicancia tendría para el trabajo de la sociedad civil?
Nosotros tenemos dos grandes limitaciones en Venezuela para la participación. Por un lado, según una sentencia de la Corte Suprema , las organizaciones de la sociedad civil son todas aquellas que no reciben fondos del exterior. Eso nos limita la posibilidad de participar; por ejemplo, como nos sucedió el mes pasado en la Convención Interamericana contra la corrupción de la OEA, porque la contraloría no nos aceptó, con la argumentación de que recibíamos fondos del exterior. La otra limitación es que el intento de una ley llamada de cooperación internacional pretende controlar la recepción de todos los fondos que reciba cualquier organización en Venezuela. Esos recursos deberían entrar a un fondo que estaría controlado por el Estado y en manos de alguien que no sabemos quién es, pero que sería del poder ejecutivo, y esa instancia sería la que decida sobre los destinos de esos fondos. Esto limita la posibilidad de que organizaciones como las nuestras puedan recibir fondos nacionales e internacionales, porque en Venezuela hay una gran autoexclusión, ya que hay empresas que no se meten en temas porque son políticamente complejos y por otro lado hay autocensura. Por ejemplo, en Transparencia Venezuela no estamos recibiendo fondos del gobierno norteamericano porque eso pone en gran riesgo nuestro trabajo en Venezuela. La reforma constitucional haría que la ley sea mucho más fácil de aprobar, pero crearían limitaciones anteriores a la posibilidad de una ley. Todas estas cosas al contarlas juntas me deprimen, pero es necesario hacerlo para saber para dónde tenemos que caminar en la defensa por los derechos a la participación, en un país donde las reglas del juego sean claras e iguales para todos.
