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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
El avión secuestrado por Bielorrusia es un nuevo desafío para la Unión Europea
El domingo 23 de mayo el periodista Roman Protasevich viajó a Lituania desde Grecia, en donde había asistido a un evento con la opositora exiliada Svetlana Tijanovskaya. A pocos minutos de aterrizar en Vilnius, capital lituana, su vuelo fue desviado por las autoridades bielorrusas hacia Minsk bajo el pretexto de una supuesta amenaza de bomba ¿Por qué aterrizar en Minsk si el aeropuerto de destino era el más cercano? Según las autoridades lituanas, de los 126 pasajeros que abordaron en Atenas, 5 permanecieron en Minsk: Protasevich, su novia (de ciudadanía rusa) y tres hombres cuya identidad no trascendióPor Ignacio E. Hutin
Un joven de 26 años se puso muy nervioso cuando el avión comenzó a descender inesperadamente. “Me van a matar”, le dijo a una azafata que respondió con evasivas. El muchacho no gritó, pero podría haberlo hecho, sabía que al poner un pie en el aeropuerto de Minsk sería detenido por las autoridades bielorrusas, que podían esperarle 15 años de cárcel, aunque no era una posibilidad disparatada que se lo condenara a muerte. El periodista Roman Protasevich había abandonado su Bielorrusia natal en 2019 temiendo ser apresado por difundir información en contra del gobierno. Entonces se refugió en Lituania, desde donde continuó con su actividad a través de sitios web como Nexta. Pero las elecciones presidenciales de agosto pasado marcaron el inicio de una explosión social y de una cacería a modo de respuesta que ya no basta con estar fuera del país.
Aleksandr Lukashenko es presidente de Bielorrusia desde 1994 y ha ganado todas las elecciones con alrededor del 80% de los votos, al menos oficialmente. El año pasado por primera vez se presentó una candidata opositora con serias chances de disputarle el mando, aunque, nuevamente, apareció ese mágico 80% a favor del mandamás de Minsk. Hubo protestas masivas a lo largo del verano boreal que fueron duramente reprimidas, y los principales representantes de la oposición debieron exiliarse o terminaron presos junto a al menos 30 mil manifestantes. Como si fuera poco, siete personas fueron asesinadas y se registraron más de mil casos de tortura. En noviembre, las autoridades locales anunciaron que investigarían a Protasevich por cargos relativos a “organizar desórdenes masivos, alterar el orden público e incitar al odio social”. La agencia de seguridad nacional, más conocida como KGB, lo consideró implicado “en actividades terroristas”. Él era uno más entre los cientos de periodistas perseguidos.
El domingo 23 de mayo viajó a Lituania desde Grecia, en donde había asistido a un evento con la opositora exiliada Svetlana Tijanovskaya. A pocos minutos de aterrizar en Vilnius, capital lituana, su vuelo fue desviado por las autoridades bielorrusas hacia Minsk bajo el pretexto de una supuesta amenaza de bomba ¿Por qué aterrizar en Minsk si el aeropuerto de destino era el más cercano? En el primer comunicado oficial de la aerolínea Ryanair no hubo explicaciones, simplemente se refirió a la amenaza, informada desde Bielorrusia. Fue el mismo Lukashenko quien ordenó detener el avión civil y enviar una nave militar para que lo escoltara a tierra. “Debemos aterrizar, no tenemos alternativa”, le respondió la azafata a Protasevich. El avión civil, de una empresa privada irlandesa, había sido secuestrado, no por piratas o terroristas, sino por un Estado y bajo la orden directa de su presidente.
Siete horas más tarde, la nave finalmente despegó con destino a Vilnius. Según las autoridades lituanas, de los 126 pasajeros que abordaron en Atenas, 5 permanecieron en Minsk: Protasevich, su novia (de ciudadanía rusa) y tres hombres cuya identidad no trascendió. ¿Por qué decidirían interrumpir su viaje? El joven periodista bielorruso había advertido que alguien lo seguía en el aeropuerto griego e intentaba tomar fotos de su documentación. Michael O’Leary, CEO de Ryanair, habló de “piratería patrocinada por el Estado” y aseguró que había agentes de la KGB en el avión. Ahora Protasevich está detenido y se suma a los otros 29 periodistas presos en Bielorrusia.
Distintos gobiernos y organizaciones internacionales expresaron preocupación y condenaron las acciones de Lukashenko. Se anunciaron nuevas sanciones contra Bielorrusia y contra su aerolínea de bandera Belavia, además de restricciones y cambios de rutas para evitar sobrevolar espacio aéreo bielorruso, ahora considerado peligroso.
El secuestro del avión representa un precedente peligroso, pero también una prueba para la Unión Europea y para otros gobiernos occidentales que impulsan un cambio en Bielorrusia o, al menos, dejarle a Lukashenko en claro que sus acciones tienen consecuencias a nivel internacional. El desafío es afectar personalmente al presidente y no a los ciudadanos que ya deben lidiar con las persecuciones del gobierno. Imponer restricciones a los viajes no afecta a Lukashenko ni a su círculo íntimo, sino a los cientos de miles de bielorrusos con familiares en otros países europeos. Por otro lado, las sanciones comerciales pueden alejar a Minsk de la Unión Europea y acercarlo aún más a Moscú, su aliado tradicional, cosa que la Unión Europea prefiere evitar; aunque, sin dudas, el presidente ruso Vladimir Putin no estará conforme con la eventual necesidad de sostener económicamente a un líder que ni siquiera le simpatiza. Bielorrusia representa para Rusia una suerte de contención frente a los países miembros de la OTAN, pero es difícil creer que Putin apoyaría a Lukashenko en una maniobra tan descabellada y, sobre todo, tan evidente como es secuestrar un avión.
La influencia internacional puede llevar a algún avance, a algún acuerdo, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Poco ha cambiado desde las elecciones de agosto y el inicio de la represión, simplemente porque Bielorrusia se cierra cada vez más hacia el interior de sus fronteras y se limita a perseguir manifestantes o a acusar a periodistas de hacer “terrorismo”. Mientras tanto los representantes de la oposición y de la sociedad civil recorren el continente tratando de difundir información y de construir cierta solidaridad internacional. Quizás esa sea la única forma para que Bielorrusia deje de ser el estado paria en que lo ha convertido Lukashenko.
Ignacio E. HutinConsejero ConsultivoMagíster en Relaciones Internacionales (USAL, 2021), Licenciado en Periodismo (USAL, 2014) y especializado en Liderazgo en Emergencias Humanitarias (UNDEF, 2019). Es especialista en Europa Oriental, Eurasia post soviética y Balcanes y fotógrafo (ARGRA, 2009). Becado por el Estado finlandés para la realización de estudios relativos al Ártico en la Universidad de Laponia (2012). Es autor de los libros Saturno (2009), Deconstrucción: Crónicas y reflexiones desde la Europa Oriental poscomunista (2018), Ucrania/Donbass: una renovada guerra fría (2021) y Ucrania: crónica desde el frente (2021).
Un joven de 26 años se puso muy nervioso cuando el avión comenzó a descender inesperadamente. “Me van a matar”, le dijo a una azafata que respondió con evasivas. El muchacho no gritó, pero podría haberlo hecho, sabía que al poner un pie en el aeropuerto de Minsk sería detenido por las autoridades bielorrusas, que podían esperarle 15 años de cárcel, aunque no era una posibilidad disparatada que se lo condenara a muerte. El periodista Roman Protasevich había abandonado su Bielorrusia natal en 2019 temiendo ser apresado por difundir información en contra del gobierno. Entonces se refugió en Lituania, desde donde continuó con su actividad a través de sitios web como Nexta. Pero las elecciones presidenciales de agosto pasado marcaron el inicio de una explosión social y de una cacería a modo de respuesta que ya no basta con estar fuera del país.
Aleksandr Lukashenko es presidente de Bielorrusia desde 1994 y ha ganado todas las elecciones con alrededor del 80% de los votos, al menos oficialmente. El año pasado por primera vez se presentó una candidata opositora con serias chances de disputarle el mando, aunque, nuevamente, apareció ese mágico 80% a favor del mandamás de Minsk. Hubo protestas masivas a lo largo del verano boreal que fueron duramente reprimidas, y los principales representantes de la oposición debieron exiliarse o terminaron presos junto a al menos 30 mil manifestantes. Como si fuera poco, siete personas fueron asesinadas y se registraron más de mil casos de tortura. En noviembre, las autoridades locales anunciaron que investigarían a Protasevich por cargos relativos a “organizar desórdenes masivos, alterar el orden público e incitar al odio social”. La agencia de seguridad nacional, más conocida como KGB, lo consideró implicado “en actividades terroristas”. Él era uno más entre los cientos de periodistas perseguidos.
El domingo 23 de mayo viajó a Lituania desde Grecia, en donde había asistido a un evento con la opositora exiliada Svetlana Tijanovskaya. A pocos minutos de aterrizar en Vilnius, capital lituana, su vuelo fue desviado por las autoridades bielorrusas hacia Minsk bajo el pretexto de una supuesta amenaza de bomba ¿Por qué aterrizar en Minsk si el aeropuerto de destino era el más cercano? En el primer comunicado oficial de la aerolínea Ryanair no hubo explicaciones, simplemente se refirió a la amenaza, informada desde Bielorrusia. Fue el mismo Lukashenko quien ordenó detener el avión civil y enviar una nave militar para que lo escoltara a tierra. “Debemos aterrizar, no tenemos alternativa”, le respondió la azafata a Protasevich. El avión civil, de una empresa privada irlandesa, había sido secuestrado, no por piratas o terroristas, sino por un Estado y bajo la orden directa de su presidente.
Siete horas más tarde, la nave finalmente despegó con destino a Vilnius. Según las autoridades lituanas, de los 126 pasajeros que abordaron en Atenas, 5 permanecieron en Minsk: Protasevich, su novia (de ciudadanía rusa) y tres hombres cuya identidad no trascendió. ¿Por qué decidirían interrumpir su viaje? El joven periodista bielorruso había advertido que alguien lo seguía en el aeropuerto griego e intentaba tomar fotos de su documentación. Michael O’Leary, CEO de Ryanair, habló de “piratería patrocinada por el Estado” y aseguró que había agentes de la KGB en el avión. Ahora Protasevich está detenido y se suma a los otros 29 periodistas presos en Bielorrusia.
Distintos gobiernos y organizaciones internacionales expresaron preocupación y condenaron las acciones de Lukashenko. Se anunciaron nuevas sanciones contra Bielorrusia y contra su aerolínea de bandera Belavia, además de restricciones y cambios de rutas para evitar sobrevolar espacio aéreo bielorruso, ahora considerado peligroso.
El secuestro del avión representa un precedente peligroso, pero también una prueba para la Unión Europea y para otros gobiernos occidentales que impulsan un cambio en Bielorrusia o, al menos, dejarle a Lukashenko en claro que sus acciones tienen consecuencias a nivel internacional. El desafío es afectar personalmente al presidente y no a los ciudadanos que ya deben lidiar con las persecuciones del gobierno. Imponer restricciones a los viajes no afecta a Lukashenko ni a su círculo íntimo, sino a los cientos de miles de bielorrusos con familiares en otros países europeos. Por otro lado, las sanciones comerciales pueden alejar a Minsk de la Unión Europea y acercarlo aún más a Moscú, su aliado tradicional, cosa que la Unión Europea prefiere evitar; aunque, sin dudas, el presidente ruso Vladimir Putin no estará conforme con la eventual necesidad de sostener económicamente a un líder que ni siquiera le simpatiza. Bielorrusia representa para Rusia una suerte de contención frente a los países miembros de la OTAN, pero es difícil creer que Putin apoyaría a Lukashenko en una maniobra tan descabellada y, sobre todo, tan evidente como es secuestrar un avión.
La influencia internacional puede llevar a algún avance, a algún acuerdo, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Poco ha cambiado desde las elecciones de agosto y el inicio de la represión, simplemente porque Bielorrusia se cierra cada vez más hacia el interior de sus fronteras y se limita a perseguir manifestantes o a acusar a periodistas de hacer “terrorismo”. Mientras tanto los representantes de la oposición y de la sociedad civil recorren el continente tratando de difundir información y de construir cierta solidaridad internacional. Quizás esa sea la única forma para que Bielorrusia deje de ser el estado paria en que lo ha convertido Lukashenko.