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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
03-04-2023Las elecciones legislativas marcan una nueva decepción para la democracia en Kazajistán
El referéndum constitucional, la elección presidencial y las legislativas, tres votaciones en apenas 9 meses, muestran que la tendencia no apunta a la renovación sino a consolidar a un nueva variante de líder todopoderoso.Por Ignacio E. Hutin
Foto: Twitter @TokayevKZParecía que algo iba a cambiar en Kazajistán, el país más grande y la economía más fuerte de Asia Central. Había cierta esperanza de que un Estado con gigantescas reservas de petróleo y gas dejara de ser ese feudo en el que apenas 162 ciudadanos eran dueños del 55% de la riqueza nacional. Fue hace poco más de un año cuando, en enero de 2022, las manifestaciones a partir de la suba del precio del gas licuado se volvieron violentas muy rápidamente. Se tomaron edificios públicos, hubo saqueos, más de 200 muertos y una intervención internacional encabezada por Rusia y solicitada por las autoridades kazajas. Al menos seis personas murieron en centros de detención y se registraron al menos 234 casos de torturas.
Al final, renunció el Primer Ministro junto a todo su gobierno y se dio marcha atrás con los aumentos de precios. Pero lo más importante de aquellos días caóticos que hoy se ven tan lejanos fue la salida del alguna vez todopoderoso Nursultán Nazarbáiev, presidente entre 1991 y 2019, y, desde entonces, Presidente del Consejo de Seguridad Nacional de Kazajistán, una suerte de poder detrás del poder, además de cabeza del partido oficialista. Su histórica renuncia a la presidencia, cuando tenía 78 años, implicó la llegada de un nuevo líder, de un delegado, llamado Kasim-Yomart Tokáev. Y también implicó el comienzo de una disputa de poder entre ambos. Enero de 2022 fue el final de esa disputa: ganó el delegado.
Ya sin el ex mandamás a cargo, parecía que algo cambiaría en Kazajistán, que dejaría de ser el feudo de Nazarbáiev, en donde ninguna elección siquiera intenta aparentar competencia democrática y en donde los derechos civiles, según el último informe de Human Rights Watch, son limitados sistemáticamente, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica. Tokáev convocó a un referéndum en junio que le permitió reformar la Constitución: se eliminaron los privilegios de Nazarbáiev (entre ellos, el ser reconocido constitucionalmente como “elbasy”, “líder de la nación”), se robusteció el poder parlamentario y también el estatus del comisionado de derechos humanos, se prohibió que familiares del presidente en ejercicio ocuparan altos cargos gubernamentales y se estableció un tribunal constitucional.
En las elecciones presidenciales anticipadas de noviembre, Tokáev ganó con más del 80%. Para los visores de la OSCE, no hubo competencia real. Nada había cambiado demasiado: un líder todopoderoso había sido reemplazado por otro líder todopoderoso. La única diferencia era que el nuevo por lo menos se mostraba como reformador y aperturista.
En ese contexto, las elecciones legislativas del 19 de marzo constituían una buena prueba para saber qué tan reales eran las reformas en la práctica, qué tan distinto era Tokáev. Y es que no es lo mismo una elección presidencial, en la que el líder puede pretender aferrarse al poder en forma individual, que una legislativa, en la que se abarcan espacios más amplios, más personas y se busca la consolidación de un partido. De su partido. Más aun cuando la reforma constitucional otorga mayor poder al Parlamento.
El Mazhilís (“Asamblea”) es la Cámara Baja del Parlamento, la única cuyos miembros son elegidos en forma directa por los votantes, mientras que los representantes en el Senado son votados indirectamente, a través de legislaturas provinciales. A partir de las reformas de 2022, de los 98 miembros del Mazhilís, 69 serían elegidos en un distrito nacional único por representación proporcional y según la lista de los partidos, mientras que los otros 29, según un sistema mayoritario simple entre candidatos individuales. Entre los 7 partidos, se presentaron 90 nominaciones para cubrir las 69 bancas, pero para las 29 restantes hubo 359 nominaciones individuales, algunas de ellas pertenecientes a partidos políticos.
Este sistema mixto abrió la posibilidad de que activistas que no podían registrar sus partidos se postularan y probasen su popularidad. Una apertura a candidatos independientes y a que la Asamblea dejara de ser tan sólo una oficina burocrática del presidente. Pero al final, el cambio tan esperado quedó en la nada. El oficialista Amanat, ex Nur Otan, renombrado tras la salida de Nazarbáiev, obtuvo casi el 54% y se quedó con 62 de las 98 bancas en juego: 40 de las 69 posibles para listas partidarias y 22 de las 29 disponibles para candidatos individuales.
La visión más optimista marca que este es un porcentaje menor al de los comicios legislativos previos, en 2021, cuando Nur Otan obtuvo más del 70% de los votos y se hizo con 76 de las entonces 107 bancas del Mazhilís. Pero, desde una perspectiva más pesimista, el gobierno se mantiene muy cerca de los 2/3 necesarios para, entre otros puntos, realizar cambios constitucionales a gusto y para que el Parlamento se mantenga en la práctica como un brazo más de la presidencia. Por otro lado, la participación fue de apenas el 54%, casi 10% menos que en las legislativas de 2021 y 15% menos que en las presidenciales de 2022. Como si un amplio sector de la población descreyera de las promesas de cambio.
A esto se le suma que las comisiones electorales, incluida la Comisión Electoral Central, todavía están formadas por personas que apoyan al gobierno, no por miembros independientes. Por otro lado, los candidatos de la oposición no tienen acceso a los medios de comunicación de todo el país.
El informe presentado por la OSCE tras los comicios destaca que las reformas implementadas acercan la posibilidad de que Kazajistán realice elecciones “en conformidad con las normas internacionales” y que se incrementaron las opciones para los votantes. Es decir, hay una mejora. Pero también señala que se mantienen los límites al ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución y se sigue impidiendo que algunos partidos políticos participen en las elecciones. Entre éstos aparece Alga (“Adelante”), sucesor de Opción Democrática de Kazajstán (KDT, por sus siglas en kazajo), que fuera disuelto por un tribunal bajo el cargo de “extremismo político” en 2005 y una vez más en 2018. En esta segunda ocasión, la Fiscalía General, argumento que KDT “incita a la enemistad social y a la discordia” y que su objetivo “es derrocar y tomar el poder”.
Tampoco se le permitió participar, una vez más, al Partido Demócrata. Su fundador y líder, el periodista y activista político Zhanbolat Mamai, fue detenido en 2012 acusado de “incitar a la discordia social”, una vez más en 2017 por supuesta malversación de fondos y tres veces en 2022: por participar de las protestas en enero, por “organizar una manifestación no autorizada” en febrero en memoria de las víctimas del mes anterior, y en marzo, por “insultar a un representante de las autoridades” y por “difusión de información falsa a sabiendas”. Desde noviembre pasado, se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio por “organizar disturbios masivos”, cargo que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.
Por otro lado, el informe de la OSCE apunta que “diversos obstáculos administrativos afectaron negativamente la igualdad de oportunidades de campaña para algunos candidatos autoproclamados”. También se mencionan la falta de información crítica que afecte al gobierno, la “autocensura generalizada” y que hubo “importantes irregularidades de procedimiento” que socavaron la transparencia del proceso electoral.
Yevgeniy Zhovtis, director de la Oficina Internacional de Derechos Humanos y Estado de Derecho de Kazajistán (KIBHR), opina que “no hubo cambios significativos en la competitividad y equidad de las elecciones.” Señala además que no se registró oficialmente ningún partido de oposición en los últimos 15 años pese a que al menos tres de ellos (Alga, el Partido Demócrata y El Tiregi, fundado en 2019) “se esforzaron mucho durante el último año”.
¿Pero qué pasa con los 37 escaños que no ganó Amanat? Ocho quedaron en manos de Auyl, autoproclamado socialdemócrata y, oficialmente, la principal oposición parlamentaria aunque respalde al presidente Tokáev. También sumaron bancas el Partido Democrático Aq Zhol, 6, y el Partido Popular de Kazajstán, 5, escisión del extinto Partido Comunista local. En 2022, estos dos espacios formaron parte de la oficialmente denominada “Coalición Popular de Partidos Políticos y Asociaciones Públicas por las Reformas de Tokáev”, que acompañó al presidente en los comicios de noviembre.
Respublica, que salió tercero y se quedó con 6 escaños, es un partido nuevo, registrado legalmente en enero pasado, el mismo día en que Tokáev anunció que se realizaría una elección legislativa dos meses más tarde. Es probable que acompañe al gobierno al menos en lo que respecta a cuestiones económicas. Finalmente, el Partido Socialdemócrata Nacional, que había boicoteado las elecciones de 2021, único partido en verdad opositor registrado legalmente y que nunca había superado el umbral mínimo para ingresar al Parlamento, esta vez obtuvo 4 bancas, en una de las pocas novedades a priori positivas.
Sin embargo, Zhovtis apunta que a este último partido se le "permitió" pasar el umbral del 5%. “Prácticamente no ha sido visible en la escena política durante los últimos 5, 7 años y no lo considero de oposición al menos en este momento”, dice el activista kazajo.
Entre los candidatos independientes, resultó muy difícil que los menos conocidos o los que no tuvieran ninguna conexión con el gobierno alcanzaran a difundir sus propuestas. Es que la campaña electoral duró tan sólo un mes: tiempo escaso para un país tan grande. Esto significa que, en la práctica, las 7 bancas independientes tienen poco y nada de independencia.
Finalmente, Zhovtis opina que “la era de Nazarbáiev han terminado, ya que el año pasado fue excluido de la Constitución y, a principios de este año, se derogó la Ley del Primer Presidente, que le otorgaba garantías adicionales. No creo que él o su círculo cercano vuelvan al poder. Su sobrino fue sentenciado a prisión el año pasado y algunos empresarios cercanos a él ahora enfrentan cargos criminales. Tokáev se volvió mucho más fuerte, pero no creo que intente construir el mismo tipo de poder. Mantendrá un régimen autoritario pero tratará de hacer que el sistema sea más efectivo y emprenderá algunos esfuerzos de modernización, pero con mucha cautela y manteniendo el control total.”
A partir de ahora existe la posibilidad de que Kazajistán implemente algunas de las reformas que, en forma quizás demasiado optimista, sugiere la OSCE de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales. Están planificadas para 2028 y 2029 respectivamente, con lo cual hay tiempo para encaminar el proceso de cambio. Pero, por otro lado, el referéndum constitucional, la elección presidencial y las legislativas, tres votaciones en apenas 9 meses, muestran que la tendencia no apunta a la renovación sino a consolidar a un nueva variante de líder todopoderoso. Y aquel posible cambio que se vislumbraba hace apenas poco más de un año, al menos hasta ahora, deriva en una nueva decepción.
Ignacio E. HutinConsejero ConsultivoMagíster en Relaciones Internacionales (USAL, 2021), Licenciado en Periodismo (USAL, 2014) y especializado en Liderazgo en Emergencias Humanitarias (UNDEF, 2019). Es especialista en Europa Oriental, Eurasia post soviética y Balcanes y fotógrafo (ARGRA, 2009). Becado por el Estado finlandés para la realización de estudios relativos al Ártico en la Universidad de Laponia (2012). Es autor de los libros Saturno (2009), Deconstrucción: Crónicas y reflexiones desde la Europa Oriental poscomunista (2018), Ucrania/Donbass: una renovada guerra fría (2021) y Ucrania: crónica desde el frente (2021).
Parecía que algo iba a cambiar en Kazajistán, el país más grande y la economía más fuerte de Asia Central. Había cierta esperanza de que un Estado con gigantescas reservas de petróleo y gas dejara de ser ese feudo en el que apenas 162 ciudadanos eran dueños del 55% de la riqueza nacional. Fue hace poco más de un año cuando, en enero de 2022, las manifestaciones a partir de la suba del precio del gas licuado se volvieron violentas muy rápidamente. Se tomaron edificios públicos, hubo saqueos, más de 200 muertos y una intervención internacional encabezada por Rusia y solicitada por las autoridades kazajas. Al menos seis personas murieron en centros de detención y se registraron al menos 234 casos de torturas.
Al final, renunció el Primer Ministro junto a todo su gobierno y se dio marcha atrás con los aumentos de precios. Pero lo más importante de aquellos días caóticos que hoy se ven tan lejanos fue la salida del alguna vez todopoderoso Nursultán Nazarbáiev, presidente entre 1991 y 2019, y, desde entonces, Presidente del Consejo de Seguridad Nacional de Kazajistán, una suerte de poder detrás del poder, además de cabeza del partido oficialista. Su histórica renuncia a la presidencia, cuando tenía 78 años, implicó la llegada de un nuevo líder, de un delegado, llamado Kasim-Yomart Tokáev. Y también implicó el comienzo de una disputa de poder entre ambos. Enero de 2022 fue el final de esa disputa: ganó el delegado.
Ya sin el ex mandamás a cargo, parecía que algo cambiaría en Kazajistán, que dejaría de ser el feudo de Nazarbáiev, en donde ninguna elección siquiera intenta aparentar competencia democrática y en donde los derechos civiles, según el último informe de Human Rights Watch, son limitados sistemáticamente, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica. Tokáev convocó a un referéndum en junio que le permitió reformar la Constitución: se eliminaron los privilegios de Nazarbáiev (entre ellos, el ser reconocido constitucionalmente como “elbasy”, “líder de la nación”), se robusteció el poder parlamentario y también el estatus del comisionado de derechos humanos, se prohibió que familiares del presidente en ejercicio ocuparan altos cargos gubernamentales y se estableció un tribunal constitucional.
En las elecciones presidenciales anticipadas de noviembre, Tokáev ganó con más del 80%. Para los visores de la OSCE, no hubo competencia real. Nada había cambiado demasiado: un líder todopoderoso había sido reemplazado por otro líder todopoderoso. La única diferencia era que el nuevo por lo menos se mostraba como reformador y aperturista.
En ese contexto, las elecciones legislativas del 19 de marzo constituían una buena prueba para saber qué tan reales eran las reformas en la práctica, qué tan distinto era Tokáev. Y es que no es lo mismo una elección presidencial, en la que el líder puede pretender aferrarse al poder en forma individual, que una legislativa, en la que se abarcan espacios más amplios, más personas y se busca la consolidación de un partido. De su partido. Más aun cuando la reforma constitucional otorga mayor poder al Parlamento.
El Mazhilís (“Asamblea”) es la Cámara Baja del Parlamento, la única cuyos miembros son elegidos en forma directa por los votantes, mientras que los representantes en el Senado son votados indirectamente, a través de legislaturas provinciales. A partir de las reformas de 2022, de los 98 miembros del Mazhilís, 69 serían elegidos en un distrito nacional único por representación proporcional y según la lista de los partidos, mientras que los otros 29, según un sistema mayoritario simple entre candidatos individuales. Entre los 7 partidos, se presentaron 90 nominaciones para cubrir las 69 bancas, pero para las 29 restantes hubo 359 nominaciones individuales, algunas de ellas pertenecientes a partidos políticos.
Este sistema mixto abrió la posibilidad de que activistas que no podían registrar sus partidos se postularan y probasen su popularidad. Una apertura a candidatos independientes y a que la Asamblea dejara de ser tan sólo una oficina burocrática del presidente. Pero al final, el cambio tan esperado quedó en la nada. El oficialista Amanat, ex Nur Otan, renombrado tras la salida de Nazarbáiev, obtuvo casi el 54% y se quedó con 62 de las 98 bancas en juego: 40 de las 69 posibles para listas partidarias y 22 de las 29 disponibles para candidatos individuales.
La visión más optimista marca que este es un porcentaje menor al de los comicios legislativos previos, en 2021, cuando Nur Otan obtuvo más del 70% de los votos y se hizo con 76 de las entonces 107 bancas del Mazhilís. Pero, desde una perspectiva más pesimista, el gobierno se mantiene muy cerca de los 2/3 necesarios para, entre otros puntos, realizar cambios constitucionales a gusto y para que el Parlamento se mantenga en la práctica como un brazo más de la presidencia. Por otro lado, la participación fue de apenas el 54%, casi 10% menos que en las legislativas de 2021 y 15% menos que en las presidenciales de 2022. Como si un amplio sector de la población descreyera de las promesas de cambio.
A esto se le suma que las comisiones electorales, incluida la Comisión Electoral Central, todavía están formadas por personas que apoyan al gobierno, no por miembros independientes. Por otro lado, los candidatos de la oposición no tienen acceso a los medios de comunicación de todo el país.
El informe presentado por la OSCE tras los comicios destaca que las reformas implementadas acercan la posibilidad de que Kazajistán realice elecciones “en conformidad con las normas internacionales” y que se incrementaron las opciones para los votantes. Es decir, hay una mejora. Pero también señala que se mantienen los límites al ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución y se sigue impidiendo que algunos partidos políticos participen en las elecciones. Entre éstos aparece Alga (“Adelante”), sucesor de Opción Democrática de Kazajstán (KDT, por sus siglas en kazajo), que fuera disuelto por un tribunal bajo el cargo de “extremismo político” en 2005 y una vez más en 2018. En esta segunda ocasión, la Fiscalía General, argumento que KDT “incita a la enemistad social y a la discordia” y que su objetivo “es derrocar y tomar el poder”.
Tampoco se le permitió participar, una vez más, al Partido Demócrata. Su fundador y líder, el periodista y activista político Zhanbolat Mamai, fue detenido en 2012 acusado de “incitar a la discordia social”, una vez más en 2017 por supuesta malversación de fondos y tres veces en 2022: por participar de las protestas en enero, por “organizar una manifestación no autorizada” en febrero en memoria de las víctimas del mes anterior, y en marzo, por “insultar a un representante de las autoridades” y por “difusión de información falsa a sabiendas”. Desde noviembre pasado, se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio por “organizar disturbios masivos”, cargo que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.
Por otro lado, el informe de la OSCE apunta que “diversos obstáculos administrativos afectaron negativamente la igualdad de oportunidades de campaña para algunos candidatos autoproclamados”. También se mencionan la falta de información crítica que afecte al gobierno, la “autocensura generalizada” y que hubo “importantes irregularidades de procedimiento” que socavaron la transparencia del proceso electoral.
Yevgeniy Zhovtis, director de la Oficina Internacional de Derechos Humanos y Estado de Derecho de Kazajistán (KIBHR), opina que “no hubo cambios significativos en la competitividad y equidad de las elecciones.” Señala además que no se registró oficialmente ningún partido de oposición en los últimos 15 años pese a que al menos tres de ellos (Alga, el Partido Demócrata y El Tiregi, fundado en 2019) “se esforzaron mucho durante el último año”.
¿Pero qué pasa con los 37 escaños que no ganó Amanat? Ocho quedaron en manos de Auyl, autoproclamado socialdemócrata y, oficialmente, la principal oposición parlamentaria aunque respalde al presidente Tokáev. También sumaron bancas el Partido Democrático Aq Zhol, 6, y el Partido Popular de Kazajstán, 5, escisión del extinto Partido Comunista local. En 2022, estos dos espacios formaron parte de la oficialmente denominada “Coalición Popular de Partidos Políticos y Asociaciones Públicas por las Reformas de Tokáev”, que acompañó al presidente en los comicios de noviembre.
Respublica, que salió tercero y se quedó con 6 escaños, es un partido nuevo, registrado legalmente en enero pasado, el mismo día en que Tokáev anunció que se realizaría una elección legislativa dos meses más tarde. Es probable que acompañe al gobierno al menos en lo que respecta a cuestiones económicas. Finalmente, el Partido Socialdemócrata Nacional, que había boicoteado las elecciones de 2021, único partido en verdad opositor registrado legalmente y que nunca había superado el umbral mínimo para ingresar al Parlamento, esta vez obtuvo 4 bancas, en una de las pocas novedades a priori positivas.
Sin embargo, Zhovtis apunta que a este último partido se le "permitió" pasar el umbral del 5%. “Prácticamente no ha sido visible en la escena política durante los últimos 5, 7 años y no lo considero de oposición al menos en este momento”, dice el activista kazajo.
Entre los candidatos independientes, resultó muy difícil que los menos conocidos o los que no tuvieran ninguna conexión con el gobierno alcanzaran a difundir sus propuestas. Es que la campaña electoral duró tan sólo un mes: tiempo escaso para un país tan grande. Esto significa que, en la práctica, las 7 bancas independientes tienen poco y nada de independencia.
Finalmente, Zhovtis opina que “la era de Nazarbáiev han terminado, ya que el año pasado fue excluido de la Constitución y, a principios de este año, se derogó la Ley del Primer Presidente, que le otorgaba garantías adicionales. No creo que él o su círculo cercano vuelvan al poder. Su sobrino fue sentenciado a prisión el año pasado y algunos empresarios cercanos a él ahora enfrentan cargos criminales. Tokáev se volvió mucho más fuerte, pero no creo que intente construir el mismo tipo de poder. Mantendrá un régimen autoritario pero tratará de hacer que el sistema sea más efectivo y emprenderá algunos esfuerzos de modernización, pero con mucha cautela y manteniendo el control total.”
A partir de ahora existe la posibilidad de que Kazajistán implemente algunas de las reformas que, en forma quizás demasiado optimista, sugiere la OSCE de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales. Están planificadas para 2028 y 2029 respectivamente, con lo cual hay tiempo para encaminar el proceso de cambio. Pero, por otro lado, el referéndum constitucional, la elección presidencial y las legislativas, tres votaciones en apenas 9 meses, muestran que la tendencia no apunta a la renovación sino a consolidar a un nueva variante de líder todopoderoso. Y aquel posible cambio que se vislumbraba hace apenas poco más de un año, al menos hasta ahora, deriva en una nueva decepción.
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