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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
Cuando el petróleo importa más que los derechos humanos: la situación de Guinea Ecuatorial
El 2019 marca el 40° aniversario de Teodoro Obiang Nguema, quien accedió al poder en 1979, tras un golpe de estado en contra de su tío. En 2016, «ganó» de nuevo las elecciones con el 93,53% de los votos. Con el acercamiento del tercer EPU de Guinea Ecuatorial sería deseable que la comunidad democrática internacional se exprese categóricamente sobre la situación de los derechos humanos en este país.Por CADAL
Si no se puede premiar a Guinea Ecuatorial por la calidad de su democracia, hay que reconocerle un récord: el del presidente con más tiempo en el poder en el mundo. El 2019 marca el 40° aniversario de Teodoro Obiang Nguema, quien accedió al poder en 1979, tras un golpe de estado en contra de su tío. En 2016, “ganó” de nuevo las elecciones con el 93,53% de los votos, en las cuales hubo siete candidatos oficialmente autorizados. Si, al parecer, Guinea Ecuatorial está organizando elecciones, pero no son para nada libres, el régimen es autocrático y dictatorial. Como en cualquiera dictadura, no existe alternancia política, la libertad de expresión está ausente y la oposición política es una fachada. El sistema lo manejan los familiares del dictador Teodoro Obiang Nguema, quienes controlan todos los espacios de poder.
Se puede agregar que, en Guinea Ecuatorial, la política no está para nada guiada por los derechos humanos, sino que por los intereses económicos. Los políticos actúan como verdaderos “hombres de negocios”. El país tiene una economía petrolera, entró en la OPEP en 2017, y el 99% de sus exportaciones son de hidrocarburos. Esta relación de dependencia con el petróleo y el gas puede parecer peligrosa para la economía general, por ejemplo, que sufre la baja de los precios del barril. Más allá, lleva a una complicidad por parte de la comunidad internacional en cuando a las situaciones de los derechos humanos. En efecto, Human Rights Watch relata que, en cuanto a Guinea Ecuatorial, la comunidad internacional aparece demasiado complaciente, lo que suele pasar cuando se trata de países con recursos energéticos. El informe de Human Rights Watch se refiere al hecho de que, en diciembre de 2017, la policía detuvo 147 miembros del partido político de la oposición, 28 de ellos fueron condenados a 30 años de cárcel, y el partido fue disuelto. Sus abogados afirmaron que las autoridades maltrataron y torturaron a los presos, provocando dos muertes. No hubo críticas por parte de la comunidad internacional relacionadas a estos eventos.
Sería deseable que el mundo abra los ojos sobre un país que trata de mostrarse con un aspecto democrático pero que todos los días viola los derechos humanos y comete injusticias. Además, es poco decir que la importante fuente financiera debido al petróleo sirve más para sostener la elite política que para invertir en políticas publicas relativas a la salud o a la educación. Entonces, no hay sorpresa en que el país esté viciado por la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos y el lavado de dinero. Sin embargo, el gobierno ratificó en mayo de 2017 la Convención de las Naciones unidades contra de la corrupción. Para llegar a este logro, el argumento del dinero fue el que funcionó. En efecto, el Fondo Monetario Internacional le obligó a ratificar la convención a cambio del otorgamiento de un crédito. Mientras esta ratificación puede parecer como un buen primer paso, el sistema ecuato-guineo sigue funcionando con grandes carencias en términos de transparencia y de competencia en el ámbito de los mercados públicos. En efecto, los contratos públicos permiten fácilmente al gobierno malversar los fondos de proyectos de infraestructuras para el enriquecimiento de la clase dirigente. Entre 2009 y 2013, el 80% de los gastos públicos fueron dedicados a proyectos de infraestructura que en su mayoría eran para construir una tercera ciudad capital en el país y solamente entre 2 y 3% fueron asignados a la salud y educación.
Siguiendo con el tema de la posición de la comunidad internacional -o más bien hipocresía de la misma- en 2018 Guinea Ecuatorial entró por dos años al Consejo de Seguridad de la ONU gracias a la campaña que hizo el país enfocándose sobre “desarrollo sostenible”. Cabe destacar que el país está en la posición n°141 sobre 189 países en el Indice de Desarrollo Humano.
Así, Guinea Ecuatorial es un país al cual se le da legitimidad al nivel internacional, pero qué basa toda su política exterior sobre ilusiones, y apariencias falsamente democráticas.
Sin embargo, existen críticas por parte de la comunidad internacional. En 2017, se abrió un juicio en contra del hijo del presidente, el vice-presidente Teodorin Obiang, por desvío de fondos públicos, corrupción, y adquisición malversada de bienes. Terminó con una condena en suspenso de 3 años de cárcel, 30 millones de euros de multa y confiscación de los bienes que había “mal adquirido” en Francia, lo cual incluye entre-otros, un hotel donde está la actual embajada de Guinea Ecuatorial en París. Guinea ecuatorial recurrió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para apelar a la confiscación de los bienes. La CIJ debe tomar la decisión de reconocer, o no, el carácter diplomático del edificio, lo que no permitiría a Francia confiscarlo.
Si bien Guinea Ecuatorial considera este juicio como una injerencia en su política, la Corte Internacional subrayó el hecho de que se podía juzgar en Francia porque se trataba de dinero lavado en Francia.
La comunidad internacional podría reaccionar con mayor firmeza frente a las violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, como por ejemplo en los dos primeros exámenes periódicos universales que tuvieron lugar en 2009 y 2014. El 9 de diciembre de 2009, durante el primer examen periódico universal (EPU) de Guinea Ecuatorial, varios puntos fueron planteados por parte del grupo de trabajo de la ONU, entre los cuales dos parecieron más preocupantes.
Por un lado, existe un sistema judicial que fomenta las detenciones arbitrarias con un Código Penal que tiene varias disposiciones que son incompatibles con la constitución y el derecho internacional. Sigue existiendo un sistema jurídico con un derecho consuetudinario que acentúa a las discriminaciones y especialmente en contra de las mujeres y grupos étnicos como los Bubis. Se le recomendó a Guinea ecuatorial garantizar la igualdad a toda la población. Además del sistema jurídico, el grupo de trabajo de la ONU se enfocó sobre el sistema penitenciario. También se expresó preocupación por el uso casi sistemático de la tortura por parte de la policía para obtener informaciones.
Por otro lado, se cuestionaron las restricciones a la libertad de expresión. En el Consejo de los Derechos Humanos se subrayó el hecho de que Guinea Ecuatorial no cumple con sus obligaciones de presentar reportes y no respeta el Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos.
El tema de la libertad de expresión fue más bien desarrollado en el marco del segundo EPU que se hizo el 5 de mayo de 2014, sin abandonar el tema de las detenciones arbitrarias y de la tortura. La UNESCO observó que los medios de comunicación están totalmente controlados en el país donde se generalizó la censura. Además, se observa que es difícil para los periodistas extranjeros ingresar al país. Se recomendó entonces que el país adopte una ley sobre la libertad de información conforme a las normas internacionales y que se despenalice la difamación. La UNESCO insistió sobre el hecho de que Guinea Ecuatorial tendría que asegurarse que los periodistas puedan trabajar en libertad y seguridad. El ECOSOC (Consejo de los derechos económicos, sociales y culturales) se manifestó preocupado por la situación de los activistas de los derechos humanos quienes son víctimas de intimidación y presión.
Con respeto a la falta de libertad de expresión, no es sorprendente que la libertad artística también esté restringida. La UNESCO observó que, tanto a nivel nacional como local, las posibilidades de realizar actividades culturales parecen muy limitadas. Un ejemplo emblemático, es el de Ramón Nsé Esono Ebalé, caricaturista, quien fue encarcelado seis meses, acusado de falsificación de dólares – sin ninguna prueba. Este dibujante suele criticar el presidente como lo que hizo en su comic “Obi’s nightmare”.
El año 2018 como relata Human Rights watch, en su informe anual, se caracteriza con un refuerzo del monopolio de Obiang sobre la vida política con la disolución del partido que contaba con la única silla de la oposición en el parlamento. Esta confiscación del poder se acompaña con violaciones de los derechos humanos y los casos de detenciones arbitrarias, que como el de Ramón Nsé Esono Ebalé son numerosos. En diciembre de 2017, la policía detuvo a Julián Abaga, un profesor que había enviado un mensaje de voz a un amigo viviendo en el extranjero, criticando al presidente. El gobierno parece cuidar mucho la imagen de su país y se permite detener a cualquier persona que le está criticando, tal como lo demuestra un informe hecho por Amnistía Internacional para el tercer EPU que se viene en mayo de 2019. El texto habla del caso de Joaquin Elo Ayeto, miembro de la Coordinación de la Plataforma Somos+ y de la Comisión Ejecutiva del partido político Convergencia Para la Democracia Social (CPDS), quien fue detenido varias veces. Cuando presentó una denuncia en contra de militares que le habían golpeado brutalmente, el juez le contesto que “sus artículos estaban dando al país una mala imagen”, y lo envió en prisión. Otro caso es el de Celestino Okenve, coordinador del Foro Solidario por Guinea Ecuatorial, quien fue detenido sin orden judicial en 2015 cuando distribuía octavillas en la ciudad de Bata. Este activista llamaba al boicot de la copa africana de Naciones, diciendo que el gobierno estaba sirviéndose de este evento para mejorar la imagen del país. A continuación, la policía detuvo también a Antonio Nguema, ex alumno de Okenve, cuando preguntó el motivo de la detención de éste.
Lamentablemente, la lista de activistas que sufrieron golpes, intimidación y detención arbitrarias y siguen siendo perseguidos por el gobierno es larga. Así, Enrique Asumu y Alfredo Okenve, presidente y vicepresidente del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID) son objetos de ataque desde 2017, con detención arbitraria, control de sus desplazamientos, suspensión de sus actividades. A fines de 2018, Alfredo Okenve fue golpeado brutalmente antes de ser abandonado en una zona afuera de la ciudad de Bata. Logró sobrevivir, pero no se hospitalizó a pesar de todas sus heridas, porque temió por su seguridad. Parece más que urgente que se llame una reforma del sistema juridicial que actualmente no permite a los “acusados” defenderse y donde los juicios no son equitativos.
Con el acercamiento del tercer EPU de Guinea Ecuatorial sería deseable que la comunidad democrática internacional, junto con las renovadas recomendaciones en derechos humanos que siguen incumpliéndose bajo el régimen del dictador más longevo del mundo, exprese señalamientos dirigidos a avergonzar a su gobierno por su perpetuación ilegítima en el poder y las violaciones a las libertades fundamentales.
Si no se puede premiar a Guinea Ecuatorial por la calidad de su democracia, hay que reconocerle un récord: el del presidente con más tiempo en el poder en el mundo. El 2019 marca el 40° aniversario de Teodoro Obiang Nguema, quien accedió al poder en 1979, tras un golpe de estado en contra de su tío. En 2016, “ganó” de nuevo las elecciones con el 93,53% de los votos, en las cuales hubo siete candidatos oficialmente autorizados. Si, al parecer, Guinea Ecuatorial está organizando elecciones, pero no son para nada libres, el régimen es autocrático y dictatorial. Como en cualquiera dictadura, no existe alternancia política, la libertad de expresión está ausente y la oposición política es una fachada. El sistema lo manejan los familiares del dictador Teodoro Obiang Nguema, quienes controlan todos los espacios de poder.
Se puede agregar que, en Guinea Ecuatorial, la política no está para nada guiada por los derechos humanos, sino que por los intereses económicos. Los políticos actúan como verdaderos “hombres de negocios”. El país tiene una economía petrolera, entró en la OPEP en 2017, y el 99% de sus exportaciones son de hidrocarburos. Esta relación de dependencia con el petróleo y el gas puede parecer peligrosa para la economía general, por ejemplo, que sufre la baja de los precios del barril. Más allá, lleva a una complicidad por parte de la comunidad internacional en cuando a las situaciones de los derechos humanos. En efecto, Human Rights Watch relata que, en cuanto a Guinea Ecuatorial, la comunidad internacional aparece demasiado complaciente, lo que suele pasar cuando se trata de países con recursos energéticos. El informe de Human Rights Watch se refiere al hecho de que, en diciembre de 2017, la policía detuvo 147 miembros del partido político de la oposición, 28 de ellos fueron condenados a 30 años de cárcel, y el partido fue disuelto. Sus abogados afirmaron que las autoridades maltrataron y torturaron a los presos, provocando dos muertes. No hubo críticas por parte de la comunidad internacional relacionadas a estos eventos.
Sería deseable que el mundo abra los ojos sobre un país que trata de mostrarse con un aspecto democrático pero que todos los días viola los derechos humanos y comete injusticias. Además, es poco decir que la importante fuente financiera debido al petróleo sirve más para sostener la elite política que para invertir en políticas publicas relativas a la salud o a la educación. Entonces, no hay sorpresa en que el país esté viciado por la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos y el lavado de dinero. Sin embargo, el gobierno ratificó en mayo de 2017 la Convención de las Naciones unidades contra de la corrupción. Para llegar a este logro, el argumento del dinero fue el que funcionó. En efecto, el Fondo Monetario Internacional le obligó a ratificar la convención a cambio del otorgamiento de un crédito. Mientras esta ratificación puede parecer como un buen primer paso, el sistema ecuato-guineo sigue funcionando con grandes carencias en términos de transparencia y de competencia en el ámbito de los mercados públicos. En efecto, los contratos públicos permiten fácilmente al gobierno malversar los fondos de proyectos de infraestructuras para el enriquecimiento de la clase dirigente. Entre 2009 y 2013, el 80% de los gastos públicos fueron dedicados a proyectos de infraestructura que en su mayoría eran para construir una tercera ciudad capital en el país y solamente entre 2 y 3% fueron asignados a la salud y educación.
Siguiendo con el tema de la posición de la comunidad internacional -o más bien hipocresía de la misma- en 2018 Guinea Ecuatorial entró por dos años al Consejo de Seguridad de la ONU gracias a la campaña que hizo el país enfocándose sobre “desarrollo sostenible”. Cabe destacar que el país está en la posición n°141 sobre 189 países en el Indice de Desarrollo Humano.
Así, Guinea Ecuatorial es un país al cual se le da legitimidad al nivel internacional, pero qué basa toda su política exterior sobre ilusiones, y apariencias falsamente democráticas.
Sin embargo, existen críticas por parte de la comunidad internacional. En 2017, se abrió un juicio en contra del hijo del presidente, el vice-presidente Teodorin Obiang, por desvío de fondos públicos, corrupción, y adquisición malversada de bienes. Terminó con una condena en suspenso de 3 años de cárcel, 30 millones de euros de multa y confiscación de los bienes que había “mal adquirido” en Francia, lo cual incluye entre-otros, un hotel donde está la actual embajada de Guinea Ecuatorial en París. Guinea ecuatorial recurrió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para apelar a la confiscación de los bienes. La CIJ debe tomar la decisión de reconocer, o no, el carácter diplomático del edificio, lo que no permitiría a Francia confiscarlo.
Si bien Guinea Ecuatorial considera este juicio como una injerencia en su política, la Corte Internacional subrayó el hecho de que se podía juzgar en Francia porque se trataba de dinero lavado en Francia.
La comunidad internacional podría reaccionar con mayor firmeza frente a las violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, como por ejemplo en los dos primeros exámenes periódicos universales que tuvieron lugar en 2009 y 2014. El 9 de diciembre de 2009, durante el primer examen periódico universal (EPU) de Guinea Ecuatorial, varios puntos fueron planteados por parte del grupo de trabajo de la ONU, entre los cuales dos parecieron más preocupantes.
Por un lado, existe un sistema judicial que fomenta las detenciones arbitrarias con un Código Penal que tiene varias disposiciones que son incompatibles con la constitución y el derecho internacional. Sigue existiendo un sistema jurídico con un derecho consuetudinario que acentúa a las discriminaciones y especialmente en contra de las mujeres y grupos étnicos como los Bubis. Se le recomendó a Guinea ecuatorial garantizar la igualdad a toda la población. Además del sistema jurídico, el grupo de trabajo de la ONU se enfocó sobre el sistema penitenciario. También se expresó preocupación por el uso casi sistemático de la tortura por parte de la policía para obtener informaciones.
Por otro lado, se cuestionaron las restricciones a la libertad de expresión. En el Consejo de los Derechos Humanos se subrayó el hecho de que Guinea Ecuatorial no cumple con sus obligaciones de presentar reportes y no respeta el Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos.
El tema de la libertad de expresión fue más bien desarrollado en el marco del segundo EPU que se hizo el 5 de mayo de 2014, sin abandonar el tema de las detenciones arbitrarias y de la tortura. La UNESCO observó que los medios de comunicación están totalmente controlados en el país donde se generalizó la censura. Además, se observa que es difícil para los periodistas extranjeros ingresar al país. Se recomendó entonces que el país adopte una ley sobre la libertad de información conforme a las normas internacionales y que se despenalice la difamación. La UNESCO insistió sobre el hecho de que Guinea Ecuatorial tendría que asegurarse que los periodistas puedan trabajar en libertad y seguridad. El ECOSOC (Consejo de los derechos económicos, sociales y culturales) se manifestó preocupado por la situación de los activistas de los derechos humanos quienes son víctimas de intimidación y presión.
Con respeto a la falta de libertad de expresión, no es sorprendente que la libertad artística también esté restringida. La UNESCO observó que, tanto a nivel nacional como local, las posibilidades de realizar actividades culturales parecen muy limitadas. Un ejemplo emblemático, es el de Ramón Nsé Esono Ebalé, caricaturista, quien fue encarcelado seis meses, acusado de falsificación de dólares – sin ninguna prueba. Este dibujante suele criticar el presidente como lo que hizo en su comic “Obi’s nightmare”.
El año 2018 como relata Human Rights watch, en su informe anual, se caracteriza con un refuerzo del monopolio de Obiang sobre la vida política con la disolución del partido que contaba con la única silla de la oposición en el parlamento. Esta confiscación del poder se acompaña con violaciones de los derechos humanos y los casos de detenciones arbitrarias, que como el de Ramón Nsé Esono Ebalé son numerosos. En diciembre de 2017, la policía detuvo a Julián Abaga, un profesor que había enviado un mensaje de voz a un amigo viviendo en el extranjero, criticando al presidente. El gobierno parece cuidar mucho la imagen de su país y se permite detener a cualquier persona que le está criticando, tal como lo demuestra un informe hecho por Amnistía Internacional para el tercer EPU que se viene en mayo de 2019. El texto habla del caso de Joaquin Elo Ayeto, miembro de la Coordinación de la Plataforma Somos+ y de la Comisión Ejecutiva del partido político Convergencia Para la Democracia Social (CPDS), quien fue detenido varias veces. Cuando presentó una denuncia en contra de militares que le habían golpeado brutalmente, el juez le contesto que “sus artículos estaban dando al país una mala imagen”, y lo envió en prisión. Otro caso es el de Celestino Okenve, coordinador del Foro Solidario por Guinea Ecuatorial, quien fue detenido sin orden judicial en 2015 cuando distribuía octavillas en la ciudad de Bata. Este activista llamaba al boicot de la copa africana de Naciones, diciendo que el gobierno estaba sirviéndose de este evento para mejorar la imagen del país. A continuación, la policía detuvo también a Antonio Nguema, ex alumno de Okenve, cuando preguntó el motivo de la detención de éste.
Lamentablemente, la lista de activistas que sufrieron golpes, intimidación y detención arbitrarias y siguen siendo perseguidos por el gobierno es larga. Así, Enrique Asumu y Alfredo Okenve, presidente y vicepresidente del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID) son objetos de ataque desde 2017, con detención arbitraria, control de sus desplazamientos, suspensión de sus actividades. A fines de 2018, Alfredo Okenve fue golpeado brutalmente antes de ser abandonado en una zona afuera de la ciudad de Bata. Logró sobrevivir, pero no se hospitalizó a pesar de todas sus heridas, porque temió por su seguridad. Parece más que urgente que se llame una reforma del sistema juridicial que actualmente no permite a los “acusados” defenderse y donde los juicios no son equitativos.
Con el acercamiento del tercer EPU de Guinea Ecuatorial sería deseable que la comunidad democrática internacional, junto con las renovadas recomendaciones en derechos humanos que siguen incumpliéndose bajo el régimen del dictador más longevo del mundo, exprese señalamientos dirigidos a avergonzar a su gobierno por su perpetuación ilegítima en el poder y las violaciones a las libertades fundamentales.
