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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
El golpe permanente en Venezuela
Maduro movilizó su aparato represivo para neutralizar el último escollo que le faltaba para monopolizarlo todo, pero no lo logró. Igualmente habrá que ver cómo evoluciona esta dualidad de poderes legislativos, que por cierto se suma a la ya existente Asamblea constituyente y si le generará mayores desgastes a las fuerzas democráticas.Por CADAL
Al proceso de concentración de poder que emprendió el régimen de Nicolás Maduro le faltaba el último órgano público en manos de la oposición: la Asamblea Nacional. Sin incluir nada nuevo en el modus operandi de los autoritarismos, el pasado 6 de enero fue a por ella mediante el uso de la fuerza para impedir que legisladores opositores pudieran ingresar al parlamento y así participar en la votación de la nueva junta directiva a la que se le vencía el mandato. En el modelo de país que practica Maduro son las fuerzas represivas y no el pueblo los que eligen quien entra o no al Palacio Federal Legislativo.
Pero como la Asamblea consiste en sus diputados y reglamentos y no simplemente en un edificio, las fuerzas opositoras se convocaron en la sede del diario El Nacional. De forma abierta y con la presencia de medios de comunicación, que también habían sido impedidos de ingresar anteriormente, se cumplió con el requisito del quorum y con 100 votos que se compartieron públicamente se le renovó el mandato a Juan Guaidó.
Todo lo contrario fue el plan de Maduro para la designación del legislador Luis Parra como presidente del parlamento, la cual que se realizó en el edificio oficial pero sin respetar los reglamentos y con diputados imposibilitados por la Guardia Nacional Bolivariana de votar. Parra sostiene que obtuvo 81 votos y que con la presencia de 150 legisladores cumplía con comodidad el quorum, pero al momento no publicó ninguna lista de quiénes lo votaron y participaron de la sesión.
Las credenciales de Parra como miembro de la oposición son puestas seriamente en duda. Para empezar, es un político sin partido tras haber sido expulsado el mes pasado de Primero Justicia, conducido por Henrique Capriles, a raíz de supuestamente mediar ante autoridades extranjeras para que a ciertos empresarios con vínculos con el gobierno de Maduro se les levantaran las investigaciones sobre casos de corrupción. Por otro lado, también se lo acusa de formar parte de la “Operación Alacrán”, por la cual se habría sobornado a legisladores opositores para alejarse de Guaidó.
De una u otra forma, la reacción de la comunidad internacional para con Maduro fue más virulenta que de costumbre. Desde ya que Estados Unidos o los países del Grupo Lima iban a expresarse categóricamente, pero sorprendió la postura de gobiernos que en primera instancia podían parecer más cercanos al oficialismo como los de México y Argentina. En el primer caso la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó: “México hace votos para que la Asamblea Nacional de Venezuela pueda elegir democráticamente su Junta Directiva conforme al proceso establecido en la Constitución de ese país hermano. El legítimo funcionamiento del Poder Legislativo es pilar inviolable de las democracias”. Mientras que del lado argentino, si bien no adhirió a la declaración del Grupo de Lima, seguramente por utilizar la palabra “dictadura” como calificativo del gobierno de Maduro, el canciller Felipe Solá se pronunció con determinación al sostener que “Impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es condenarse al aislamiento internacional. Rechazamos esta acción e instamos al ejecutivo venezolano a aceptar que el camino es exactamente el opuesto. La Asamblea debe elegir su presidente con total legitimidad”.
En su afán por acumular poder, Maduro movilizó su aparato represivo para neutralizar el último escollo que le faltaba para monopolizarlo todo, pero no lo logró. Igualmente habrá que ver cómo evoluciona esta dualidad de poderes legislativos, que por cierto se suma a la ya existente Asamblea constituyente (hecha para inhabilitar a la Asamblea Nacional en manos de la oposición), y si le generará mayores desgastes a las fuerzas contrarias a Maduro, considerando que otras herramientas como la movilización popular se hacen cada vez más difíciles debido a la crisis humanitaria y las emigraciones.
Al proceso de concentración de poder que emprendió el régimen de Nicolás Maduro le faltaba el último órgano público en manos de la oposición: la Asamblea Nacional. Sin incluir nada nuevo en el modus operandi de los autoritarismos, el pasado 6 de enero fue a por ella mediante el uso de la fuerza para impedir que legisladores opositores pudieran ingresar al parlamento y así participar en la votación de la nueva junta directiva a la que se le vencía el mandato. En el modelo de país que practica Maduro son las fuerzas represivas y no el pueblo los que eligen quien entra o no al Palacio Federal Legislativo.
Pero como la Asamblea consiste en sus diputados y reglamentos y no simplemente en un edificio, las fuerzas opositoras se convocaron en la sede del diario El Nacional. De forma abierta y con la presencia de medios de comunicación, que también habían sido impedidos de ingresar anteriormente, se cumplió con el requisito del quorum y con 100 votos que se compartieron públicamente se le renovó el mandato a Juan Guaidó.
Todo lo contrario fue el plan de Maduro para la designación del legislador Luis Parra como presidente del parlamento, la cual que se realizó en el edificio oficial pero sin respetar los reglamentos y con diputados imposibilitados por la Guardia Nacional Bolivariana de votar. Parra sostiene que obtuvo 81 votos y que con la presencia de 150 legisladores cumplía con comodidad el quorum, pero al momento no publicó ninguna lista de quiénes lo votaron y participaron de la sesión.
Las credenciales de Parra como miembro de la oposición son puestas seriamente en duda. Para empezar, es un político sin partido tras haber sido expulsado el mes pasado de Primero Justicia, conducido por Henrique Capriles, a raíz de supuestamente mediar ante autoridades extranjeras para que a ciertos empresarios con vínculos con el gobierno de Maduro se les levantaran las investigaciones sobre casos de corrupción. Por otro lado, también se lo acusa de formar parte de la “Operación Alacrán”, por la cual se habría sobornado a legisladores opositores para alejarse de Guaidó.
De una u otra forma, la reacción de la comunidad internacional para con Maduro fue más virulenta que de costumbre. Desde ya que Estados Unidos o los países del Grupo Lima iban a expresarse categóricamente, pero sorprendió la postura de gobiernos que en primera instancia podían parecer más cercanos al oficialismo como los de México y Argentina. En el primer caso la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó: “México hace votos para que la Asamblea Nacional de Venezuela pueda elegir democráticamente su Junta Directiva conforme al proceso establecido en la Constitución de ese país hermano. El legítimo funcionamiento del Poder Legislativo es pilar inviolable de las democracias”. Mientras que del lado argentino, si bien no adhirió a la declaración del Grupo de Lima, seguramente por utilizar la palabra “dictadura” como calificativo del gobierno de Maduro, el canciller Felipe Solá se pronunció con determinación al sostener que “Impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es condenarse al aislamiento internacional. Rechazamos esta acción e instamos al ejecutivo venezolano a aceptar que el camino es exactamente el opuesto. La Asamblea debe elegir su presidente con total legitimidad”.
En su afán por acumular poder, Maduro movilizó su aparato represivo para neutralizar el último escollo que le faltaba para monopolizarlo todo, pero no lo logró. Igualmente habrá que ver cómo evoluciona esta dualidad de poderes legislativos, que por cierto se suma a la ya existente Asamblea constituyente (hecha para inhabilitar a la Asamblea Nacional en manos de la oposición), y si le generará mayores desgastes a las fuerzas contrarias a Maduro, considerando que otras herramientas como la movilización popular se hacen cada vez más difíciles debido a la crisis humanitaria y las emigraciones.
