Artículos
Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
La cobertura mediática de la visita de la CIDH en 1979
La cobertura en los medios estuvo ciertamente relacionada con el hecho de que la visita de la comisión fue vista de manera positiva por la junta militar: el gobierno confiaba que se impondría su versión, gracias al apoyo de los argentinos y que la Comisión no los responsabilizaría por las desapariciones.Por CADAL
Después del mundial de Fútbol en 1978, las violaciones de los derechos humanos cometidas por la junta militar en Argentina volvieron a ser una preocupación internacional con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la organización de Estados Americanos (OEA), invitada por el gobierno argentino entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Analizar la cobertura mediática de la visita de la CIDH en ese momento permite dar cuenta de toda la complejidad de tal acontecimiento y los desafíos que representó para el gobierno argentino. Aquí se analizan las notas aparecidas en diferentes diarios durante el periodo de las actividades de la CIDH en la Argentina en 1979 y en los días de la aparición del informe (20 de abril de 1980): Clarín, La Nación, Diario Popular y La Razón.
Entre el 6 y el 20 de septiembre 1979, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una extensa cobertura mediática diaria por parte de los periódicos nacionales argentinos. Informaron en la portada, en notas dentro del diario y en editoriales, acerca de las actividades desarrolladas por la comisión de la OEA.
La cobertura en los medios estuvo ciertamente relacionada con el hecho de que la visita de la comisión fue vista de manera positiva por la junta militar: el gobierno confiaba que se impondría su versión, gracias al apoyo de los argentinos y que la Comisión no los responsabilizaría por las desapariciones.
Y si bien hay pocos artículos de opinión, los editoriales de La Nación del 6 y del 19 de septiembre sostienen la idea que la visita de la CIDH es un hecho positivo porque representa una respuesta “a la campana deseada contra nuestro país en buena medida por personas o grupos terroristas culpables de las principales violaciones de los derechos humanos cometidas aquí. Es también, una forma responsable y seria de tratar el tema de los derechos humanos, que muestra una sincera preocupación por el cumplimiento de los mismos, frente a aquellos que los utilizan como un arma en la lucha política. Pero, sobre todo, la decisión del gobierno argentino de invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos importa reconocer la existencia de una comunidad internacional a la que el país pertenece y a cuyos convenios está comprometido”[1]. También los medios de comunicación negaron que sufrieron algún tipo de censura y la larga cobertura mediática de la visita de la CIDH daba la sensación que existía libertad de prensa en el país y que los periodistas contaban con independencia para realizar su trabajo.
De manera general, los artículos en La Nación, Clarín, Diario Popular y La Razón aparecen como neutros, describiendo las actividades de la comisión en el país y reflejando las opiniones de varios actores políticos y sociales. El esfuerzo de precisión sobre el tema llega hasta tal punto que parece exagerado. En La Nación, desde el 4 de septiembre, los artículos que tratan de la llegada de los miembros de la Comisión se focalizan en la hora de la llegada, el retraso de los vuelos, los horarios y la ubicación de los miembros de la OEA. Por ejemplo, se puede leer: “Los miembros de la CIDH subieron a sendos automóviles que habían quedado estacionados en la calle Salguero, casi esquina avenida del Libertador”[2]. Si bien las notas tienen un tono neutro, al mismo tiempo brindan informaciones sobre la importancia del trabajo de la comisión y las reacciones de la sociedad civil frente a tal acontecimiento: «a las 9:30 en que se inició la atención al público ya se podía calcular en 2000 las personas que estaban aguardando ser atendidas [...] Al mediodía, la «cola » alcanzaba a tres cuadras de extensión”[3].
Se observa también la presencia de elementos claves en los textos. Primero, los diarios publican notas en las cuales miembros de partidos políticos, sindicatos, iglesia, jueces, policías y miembros de la sociedad civil se expresan. Esta multiplicidad de voces refuerza la sensación de objetividad de los artículos. El ejemplo más destacable es seguramente la mediatización de la entrevista de la comisión de la CIDH con Isabel Perón. Segundo, se nota una aparición recurrente de términos claves como “detenidos desaparecidos” o “madres de la Plaza de Mayo”[4]. Son actores que empiezan a ocupar un espacio mediático, todavía mínimo, en los periódicos nacionales.
Sin embargo, estos datos no aparecen como sinónimos de una apertura mediática, ni democrática en este momento, sino una adaptación del régimen y de los medios de comunicación (muy asociados a los militares) frente al desafío de la visita de la CIDH. En este sentido, la situación en Argentina está descrita en los medios como tranquila, sin problemas mayores. Por ejemplo, se cita un testimonio de uno de los miembros de la comisión, como el doctor Monroy Caba: “Ante una pregunta acerca de cómo habían sido tratados en nuestro país, el doctor Monroy Caba expresó que ‘el trato había sido excelente’ y que consideraba el pueblo argentino como un pueblo culto”[5]. Es decir, no hay crítica directa hacia el Estado autoritario de los militares. Y el silencio sobre el accionar represivo de los militares es una clara toma de posición por parte de los periodistas.
Hablar de neutralidad respecto a la cobertura mediática de la llegada de la CIDH en Argentina es también falso porque la mayoría de los testimonios incriminan no al Estado argentino, sino a grupos terroristas subversivos. Por ejemplo “La corporación de abogados católicos señala en una declaración que ‘las organizaciones terroristas de inspiración marxista promovieron contra la Argentina una agresión subversiva integral’”[6]; o en La Razón que se habla de “delincuencia subversiva” y de “terrorismo”[7]. Por fin, la designación de “detenidos desaparecidos” está casi siempre adelantada de la palabra “presuntos” para subrayar el carácter incierto de este fenómeno: “desde las 9, comenzaron a recibir en la sede de la OEA las denuncias de familiares de detenidos y presuntamente desaparecidos”[8]. Así las violaciones a los derechos humanos en Argentina están presentadas por los medios de comunicación como casos de violencia aislados por parte de unos grupos terroristas. Al mismo tiempo, se deploraba el hecho de que la CIDH no investigó los actos de tales grupos. Así, el colegio de abogados de Buenos Aires crítica la parcialidad por parte de la CIDH por no estudiar la subversión porque los actos han “sido defensa y respuesta, a provocaciones y delitos perpetrados en una guerra revolucionaria sangrienta y atroz”[9].
Después del informe
Cabe destacar que después de la publicación del informe de la CIDH en abril de 1980, que hace una crítica bastante fuerte de la junta militar en Argentina y que denuncia la situación de los derechos humanos, el tono en los periódicos cambio. Primero, aparecieron más artículos de opinión en los periódicos en una semana (a partir del 19 de abril de 1980) que en todo el mes de septiembre de 1979. Si bien el informe de 294 páginas sufrió censura por parte del gobierno, algunas partes fueron comunicadas a los periódicos. Así, Clarín, La Nación, La Razón o Diario Popular en el mes de abril 1980, publicaron lo siguiente:
“A la luz de los antecedentes y consideraciones expuestos en el presente informe, la comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la república de Argentina, se cometieron graves violaciones de derechos humanos reconocidos en la declaración americana de derechos y deberes del Hombre. En particular, la comisión considera que esas violaciones han afectado:
a) Al derecho a la vida, en razón de que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención. Preocupa especialmente a la Comisión la situación de miles de detenidos desaparecidos, que por las razones expuestas en el informe se puede presumir fundadamente que han muerto.
b) Al derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a disposición del poder ejecutivo nacional a numerosas personas en forma indiscriminada y sin criterio de razonabilidad y al haberse prolongado sine die el arresto de estas personas, lo que constituye una verdadera pena; esta situación se ha visto agravada al restringirse y limitarse severamente el derecho de opción previsto en el artículo 23 de la Constitución, desvirtuando la verdadera finalidad de este derecho. Igualmente, la prolongada permanencia de los asilados configura un atentado a su libertad que constituye una verdadera pena.
c) Al derecho de seguridad e integridad personal, mediante el empleo sistemática de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuya práctica ha revestido características alarmantes.
d) Al derecho de justicia y proceso regular, en razón de las limitaciones que encuentra el poder judicial para el ejercicio de sus funciones; de la falta de debidas garantías en los procesos ante los tribunales militares y de la ineficacia que, en la práctica y en general, ha demostrado tener en Argentina el recurso de habeas corpus, todo lo cual se ve agravado por las serias dificultades que encuentran, para ejercer su ministerio, los abogados defensores de los detenidos por razones de seguridad u orden público, algunos de los cuales han muerto, desaparecido o se encuentran encarcelados por haberse encargado de tales defensas”[10].
La Nación, en portada el 19 de abril, también habla del duro resultado del informe. Se puede leer sobre la existencia de un clima de incertidumbre y temor entre los responsables de los medios de comunicación, que los derechos laborales se han visto afectados, que los derechos políticos se encuentran suspendidos y que existen unas restricciones al derecho de ejercer su libertad religiosa.
Al parecer, no se pudo conservar las líneas editoriales que llevaron a cabo los periódicos durante la visita de la CIDH, es decir, una cobertura cómplice y falsamente neutral de las acciones del gobierno.
Sin embargo, cabe destacar que se visualizó sobre todo la respuesta del gobierno argentino con su informe Los derechos humanos en Argentina. En efecto, si en todos los periódicos hubo al menos un artículo que trata del resultado del informe, hubo el doble de notas tratando la reacción del gobierno que “rechaza categóricamente las conclusiones que dicho documento contiene”[11]. El documento producido por el gobierno y publicado masivamente por los periódicos está presentado así:
«La actitud (de rechazo) no puede ser otra frente a un documento que presenta muy graves defectos, que se han señalado a lo largo de estas páginas y que pueden sintetizarse como sigue:
a) El informe no es objetivo ni ecuánime, puesto que se caracteriza por una crítica constante e indiscriminada al gobierno, incluso al poder judicial. Los hechos positivos son sistemáticamente silenciados o minimizados y se acentúan en cambio todo elemento desfavorable. En algunos casos se llega a configurar una verdadera intromisión en los asuntos internos del estado, excediendo la competencia de la comisión.
b) El tono general del informe es incriminatorio, revistiendo las características del alegato de un fiscal cuando debería mantenerse el equilibrio propio de un documento producido por un órgano internacional. En el debió predominar el análisis imparcial de la realidad con un enfoque ajustado al cabal cumplimiento de su mandato y no una apreciación cargada de subjetividades de origen político y emotivo. (...) En resumen, el Informe no constituye un aporte constructivo”[12].
Así, con este informe, se desarrolló una ambigüedad en la prensa, que a la vez tuvo que relatar las conclusiones de la CIDH sin criticar demasiado al gobierno. A pesar del informe crítico, se prefirió más bien poner en duda la competencia de la CIDH que reconocer a este documento. Un buen ejemplo de este fenómeno fue el diario Clarín. En el artículo “Los derechos humanos y la OEA”[13] se evidencia la tensión que existe con respecto a la verdad de la situación argentina, y la dificultad de mantener un discurso que legitima totalmente las acciones del Estado, culpando solo al terrorismo subversivo. Así, se reconoce que hubo una “guerra sucia” en la cual el Estado tiene su responsabilidad. Sin embargo, siguen tratando de mantener un discurso que “excusa” al gobierno. Entonces, se reconoció que la situación no era tan limpia como la que se quería describir seis meses antes, pero Clarín elige enfocarse sobre la incompetencia de la CIDH: “los miembros de la OEA que visitaron Buenos Aires no lograron por lo visto comprender la necesidad de autodefensa”. No se niega más los hechos, sin embargo, están presentados de tal manera que no permiten culpar al Estado argentino.
En esta misma línea, criticando a la CIDH, se desarrolló y se publicó otro argumento: la intromisión en los asuntos propios del estado. Si bien La Nación, en un editorial del 6 de septiembre 1979, acogió con satisfacción la visita de la CIDH a la Argentina, el 20 de abril de 1980, en la nota “Enérgico rechazo del informe de la CIDH”, se considera la visita como “una intromisión en los asuntos internos del estado”. En efecto, las indagaciones de la Comisión “causaron malestar en las esferas oficiales argentinas”[14]. El canciller, Carlos W. Pastor declaró el 15 de marzo: “no aceptaremos jamás que venga ninguna otra comisión a investigar nada, porque nada tienen que investigar aquí”. Si bien se publicaron los resultados de la investigación encabezada por la OEA, intentaron deslegitimar el informe con este tipo de argumento.
Con este informe los medios no tuvieron otra opción que reconocer la mala situación de los derechos humanos durante la visita de la CIDH. Sin embargo, es destacable que trataron también de brindar una sensación de mejoramiento de la situación. En efecto, en todos los medios analizados se pueden encontrar artículos que explican que desde la visita de la CIDH la violencia ha disminuido en Argentina. Así, en la prensa, por una parte, se aceptó que el gobierno actuó mal, pero por otra parte, se insistió sobre el hecho de que esta situación de violación de los derechos humanos en la cual el Estado estaba comprometido se resolvió: “Con posterioridad a su visita a la argentina, en el mes de septiembre de 1979, han disminuido las violaciones de los derechos a la vida a la libertad, a la seguridad e integridad personal y el derecho de justicia y proceso regular y que, particularmente, desde el mes de octubre de ese año, no ha registrado denuncias por desaparecidos”[15]. Se escribió también que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, William G. Bowdler, expresó “también hay indicios de que la argentina ha comenzado a recobrarse del agotador trauma nacional producido por el terrorismo y el colapso de su sistema político”[16].
El tema de los derechos humanos ocupó un espacio importante en los medios argentinos durante la visita de la CIDH. A partir de las actividades de la comisión tuvo lugar una pluralidad de voces en los diarios. Implícitamente diferentes actores y temáticas ingresaron al espacio mediático y afectaron poco a poco el discurso oficial de la junta militar.
Sin embargo, si bien se pudo evocar la responsabilidad del Estado argentino respeto a las violaciones de los derechos humanos, nunca dejaron de culpar al terrorismo subversivo o la institución misma que es la CIDH.
[1] La Nación: «La visita que comienza », Dr. Bartolomé Mitre, 6 de septiembre de 1979, p8.
[2] La Nación: “Trabajo de la CIDH”, 9 septiembre de 1979.
[3] La Nación: “Actividad de la comisión”, 7 de septiembre de 1979.
[4] Diario Popular: Madres de la plaza de mayo entregaron copias de una declaración a los periodistas para la comisión, “Hablaron Con Balbin, Lanusse y L Miguel”, 9 de septiembre de 1979.
[5] La Nación: “Miembros de la CIDH con el jefe de la policía”, 18 septiembre de 1979.
[6] La Nacion: “Otras declaraciones por la visita de la CIDH”, 16 septiembre de 1979.
[7] La Razón: “Llevan cubierto amplio espectro las consultas realizadas por la comisión”, 12 de septiembre de 1979.
[8] La Nación, Portada: “La junta militar recibió a la CIDH”, 8 de septiembre de 1979.
[9] La Nación, “Otras declaraciones por la visita al país de la CIDH”, 19 de septiembre 1979.
[10] Diario Popular: “El gobierno dio a conocer las conclusiones del informe de la CIDH”, 19 de abril de 1980.
[11] La Razón, Trascendió el informe de la CIDH sobre Argentina”, 17 de abril de 1980.
[12] La Razón: “Se Refutan los Cargos que se Dio a conocer”, 20 de abril de 1980.
[13] Clarín: 22 de abril de 1980.
[14] La Nación: “Fue analizado el informe sobre los derechos humanos”, 15 de abril de 1980.
[15] La Nación: “El informe de la CIDH divulgase”, 22 de abril de 1980.
[16] La Nación: “Compleja tarea para elaborar el texto”, 8 de abril de 1980.
Después del mundial de Fútbol en 1978, las violaciones de los derechos humanos cometidas por la junta militar en Argentina volvieron a ser una preocupación internacional con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la organización de Estados Americanos (OEA), invitada por el gobierno argentino entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Analizar la cobertura mediática de la visita de la CIDH en ese momento permite dar cuenta de toda la complejidad de tal acontecimiento y los desafíos que representó para el gobierno argentino. Aquí se analizan las notas aparecidas en diferentes diarios durante el periodo de las actividades de la CIDH en la Argentina en 1979 y en los días de la aparición del informe (20 de abril de 1980): Clarín, La Nación, Diario Popular y La Razón.
Entre el 6 y el 20 de septiembre 1979, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una extensa cobertura mediática diaria por parte de los periódicos nacionales argentinos. Informaron en la portada, en notas dentro del diario y en editoriales, acerca de las actividades desarrolladas por la comisión de la OEA.
La cobertura en los medios estuvo ciertamente relacionada con el hecho de que la visita de la comisión fue vista de manera positiva por la junta militar: el gobierno confiaba que se impondría su versión, gracias al apoyo de los argentinos y que la Comisión no los responsabilizaría por las desapariciones.
Y si bien hay pocos artículos de opinión, los editoriales de La Nación del 6 y del 19 de septiembre sostienen la idea que la visita de la CIDH es un hecho positivo porque representa una respuesta “a la campana deseada contra nuestro país en buena medida por personas o grupos terroristas culpables de las principales violaciones de los derechos humanos cometidas aquí. Es también, una forma responsable y seria de tratar el tema de los derechos humanos, que muestra una sincera preocupación por el cumplimiento de los mismos, frente a aquellos que los utilizan como un arma en la lucha política. Pero, sobre todo, la decisión del gobierno argentino de invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos importa reconocer la existencia de una comunidad internacional a la que el país pertenece y a cuyos convenios está comprometido”[1]. También los medios de comunicación negaron que sufrieron algún tipo de censura y la larga cobertura mediática de la visita de la CIDH daba la sensación que existía libertad de prensa en el país y que los periodistas contaban con independencia para realizar su trabajo.
De manera general, los artículos en La Nación, Clarín, Diario Popular y La Razón aparecen como neutros, describiendo las actividades de la comisión en el país y reflejando las opiniones de varios actores políticos y sociales. El esfuerzo de precisión sobre el tema llega hasta tal punto que parece exagerado. En La Nación, desde el 4 de septiembre, los artículos que tratan de la llegada de los miembros de la Comisión se focalizan en la hora de la llegada, el retraso de los vuelos, los horarios y la ubicación de los miembros de la OEA. Por ejemplo, se puede leer: “Los miembros de la CIDH subieron a sendos automóviles que habían quedado estacionados en la calle Salguero, casi esquina avenida del Libertador”[2]. Si bien las notas tienen un tono neutro, al mismo tiempo brindan informaciones sobre la importancia del trabajo de la comisión y las reacciones de la sociedad civil frente a tal acontecimiento: «a las 9:30 en que se inició la atención al público ya se podía calcular en 2000 las personas que estaban aguardando ser atendidas [...] Al mediodía, la «cola » alcanzaba a tres cuadras de extensión”[3].
Se observa también la presencia de elementos claves en los textos. Primero, los diarios publican notas en las cuales miembros de partidos políticos, sindicatos, iglesia, jueces, policías y miembros de la sociedad civil se expresan. Esta multiplicidad de voces refuerza la sensación de objetividad de los artículos. El ejemplo más destacable es seguramente la mediatización de la entrevista de la comisión de la CIDH con Isabel Perón. Segundo, se nota una aparición recurrente de términos claves como “detenidos desaparecidos” o “madres de la Plaza de Mayo”[4]. Son actores que empiezan a ocupar un espacio mediático, todavía mínimo, en los periódicos nacionales.
Sin embargo, estos datos no aparecen como sinónimos de una apertura mediática, ni democrática en este momento, sino una adaptación del régimen y de los medios de comunicación (muy asociados a los militares) frente al desafío de la visita de la CIDH. En este sentido, la situación en Argentina está descrita en los medios como tranquila, sin problemas mayores. Por ejemplo, se cita un testimonio de uno de los miembros de la comisión, como el doctor Monroy Caba: “Ante una pregunta acerca de cómo habían sido tratados en nuestro país, el doctor Monroy Caba expresó que ‘el trato había sido excelente’ y que consideraba el pueblo argentino como un pueblo culto”[5]. Es decir, no hay crítica directa hacia el Estado autoritario de los militares. Y el silencio sobre el accionar represivo de los militares es una clara toma de posición por parte de los periodistas.
Hablar de neutralidad respecto a la cobertura mediática de la llegada de la CIDH en Argentina es también falso porque la mayoría de los testimonios incriminan no al Estado argentino, sino a grupos terroristas subversivos. Por ejemplo “La corporación de abogados católicos señala en una declaración que ‘las organizaciones terroristas de inspiración marxista promovieron contra la Argentina una agresión subversiva integral’”[6]; o en La Razón que se habla de “delincuencia subversiva” y de “terrorismo”[7]. Por fin, la designación de “detenidos desaparecidos” está casi siempre adelantada de la palabra “presuntos” para subrayar el carácter incierto de este fenómeno: “desde las 9, comenzaron a recibir en la sede de la OEA las denuncias de familiares de detenidos y presuntamente desaparecidos”[8]. Así las violaciones a los derechos humanos en Argentina están presentadas por los medios de comunicación como casos de violencia aislados por parte de unos grupos terroristas. Al mismo tiempo, se deploraba el hecho de que la CIDH no investigó los actos de tales grupos. Así, el colegio de abogados de Buenos Aires crítica la parcialidad por parte de la CIDH por no estudiar la subversión porque los actos han “sido defensa y respuesta, a provocaciones y delitos perpetrados en una guerra revolucionaria sangrienta y atroz”[9].
Después del informe
Cabe destacar que después de la publicación del informe de la CIDH en abril de 1980, que hace una crítica bastante fuerte de la junta militar en Argentina y que denuncia la situación de los derechos humanos, el tono en los periódicos cambio. Primero, aparecieron más artículos de opinión en los periódicos en una semana (a partir del 19 de abril de 1980) que en todo el mes de septiembre de 1979. Si bien el informe de 294 páginas sufrió censura por parte del gobierno, algunas partes fueron comunicadas a los periódicos. Así, Clarín, La Nación, La Razón o Diario Popular en el mes de abril 1980, publicaron lo siguiente:
“A la luz de los antecedentes y consideraciones expuestos en el presente informe, la comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la república de Argentina, se cometieron graves violaciones de derechos humanos reconocidos en la declaración americana de derechos y deberes del Hombre. En particular, la comisión considera que esas violaciones han afectado:
a) Al derecho a la vida, en razón de que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención. Preocupa especialmente a la Comisión la situación de miles de detenidos desaparecidos, que por las razones expuestas en el informe se puede presumir fundadamente que han muerto.
b) Al derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a disposición del poder ejecutivo nacional a numerosas personas en forma indiscriminada y sin criterio de razonabilidad y al haberse prolongado sine die el arresto de estas personas, lo que constituye una verdadera pena; esta situación se ha visto agravada al restringirse y limitarse severamente el derecho de opción previsto en el artículo 23 de la Constitución, desvirtuando la verdadera finalidad de este derecho. Igualmente, la prolongada permanencia de los asilados configura un atentado a su libertad que constituye una verdadera pena.
c) Al derecho de seguridad e integridad personal, mediante el empleo sistemática de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuya práctica ha revestido características alarmantes.
d) Al derecho de justicia y proceso regular, en razón de las limitaciones que encuentra el poder judicial para el ejercicio de sus funciones; de la falta de debidas garantías en los procesos ante los tribunales militares y de la ineficacia que, en la práctica y en general, ha demostrado tener en Argentina el recurso de habeas corpus, todo lo cual se ve agravado por las serias dificultades que encuentran, para ejercer su ministerio, los abogados defensores de los detenidos por razones de seguridad u orden público, algunos de los cuales han muerto, desaparecido o se encuentran encarcelados por haberse encargado de tales defensas”[10].
La Nación, en portada el 19 de abril, también habla del duro resultado del informe. Se puede leer sobre la existencia de un clima de incertidumbre y temor entre los responsables de los medios de comunicación, que los derechos laborales se han visto afectados, que los derechos políticos se encuentran suspendidos y que existen unas restricciones al derecho de ejercer su libertad religiosa.
Al parecer, no se pudo conservar las líneas editoriales que llevaron a cabo los periódicos durante la visita de la CIDH, es decir, una cobertura cómplice y falsamente neutral de las acciones del gobierno.
Sin embargo, cabe destacar que se visualizó sobre todo la respuesta del gobierno argentino con su informe Los derechos humanos en Argentina. En efecto, si en todos los periódicos hubo al menos un artículo que trata del resultado del informe, hubo el doble de notas tratando la reacción del gobierno que “rechaza categóricamente las conclusiones que dicho documento contiene”[11]. El documento producido por el gobierno y publicado masivamente por los periódicos está presentado así:
«La actitud (de rechazo) no puede ser otra frente a un documento que presenta muy graves defectos, que se han señalado a lo largo de estas páginas y que pueden sintetizarse como sigue:
a) El informe no es objetivo ni ecuánime, puesto que se caracteriza por una crítica constante e indiscriminada al gobierno, incluso al poder judicial. Los hechos positivos son sistemáticamente silenciados o minimizados y se acentúan en cambio todo elemento desfavorable. En algunos casos se llega a configurar una verdadera intromisión en los asuntos internos del estado, excediendo la competencia de la comisión.
b) El tono general del informe es incriminatorio, revistiendo las características del alegato de un fiscal cuando debería mantenerse el equilibrio propio de un documento producido por un órgano internacional. En el debió predominar el análisis imparcial de la realidad con un enfoque ajustado al cabal cumplimiento de su mandato y no una apreciación cargada de subjetividades de origen político y emotivo. (...) En resumen, el Informe no constituye un aporte constructivo”[12].
Así, con este informe, se desarrolló una ambigüedad en la prensa, que a la vez tuvo que relatar las conclusiones de la CIDH sin criticar demasiado al gobierno. A pesar del informe crítico, se prefirió más bien poner en duda la competencia de la CIDH que reconocer a este documento. Un buen ejemplo de este fenómeno fue el diario Clarín. En el artículo “Los derechos humanos y la OEA”[13] se evidencia la tensión que existe con respecto a la verdad de la situación argentina, y la dificultad de mantener un discurso que legitima totalmente las acciones del Estado, culpando solo al terrorismo subversivo. Así, se reconoce que hubo una “guerra sucia” en la cual el Estado tiene su responsabilidad. Sin embargo, siguen tratando de mantener un discurso que “excusa” al gobierno. Entonces, se reconoció que la situación no era tan limpia como la que se quería describir seis meses antes, pero Clarín elige enfocarse sobre la incompetencia de la CIDH: “los miembros de la OEA que visitaron Buenos Aires no lograron por lo visto comprender la necesidad de autodefensa”. No se niega más los hechos, sin embargo, están presentados de tal manera que no permiten culpar al Estado argentino.
En esta misma línea, criticando a la CIDH, se desarrolló y se publicó otro argumento: la intromisión en los asuntos propios del estado. Si bien La Nación, en un editorial del 6 de septiembre 1979, acogió con satisfacción la visita de la CIDH a la Argentina, el 20 de abril de 1980, en la nota “Enérgico rechazo del informe de la CIDH”, se considera la visita como “una intromisión en los asuntos internos del estado”. En efecto, las indagaciones de la Comisión “causaron malestar en las esferas oficiales argentinas”[14]. El canciller, Carlos W. Pastor declaró el 15 de marzo: “no aceptaremos jamás que venga ninguna otra comisión a investigar nada, porque nada tienen que investigar aquí”. Si bien se publicaron los resultados de la investigación encabezada por la OEA, intentaron deslegitimar el informe con este tipo de argumento.
Con este informe los medios no tuvieron otra opción que reconocer la mala situación de los derechos humanos durante la visita de la CIDH. Sin embargo, es destacable que trataron también de brindar una sensación de mejoramiento de la situación. En efecto, en todos los medios analizados se pueden encontrar artículos que explican que desde la visita de la CIDH la violencia ha disminuido en Argentina. Así, en la prensa, por una parte, se aceptó que el gobierno actuó mal, pero por otra parte, se insistió sobre el hecho de que esta situación de violación de los derechos humanos en la cual el Estado estaba comprometido se resolvió: “Con posterioridad a su visita a la argentina, en el mes de septiembre de 1979, han disminuido las violaciones de los derechos a la vida a la libertad, a la seguridad e integridad personal y el derecho de justicia y proceso regular y que, particularmente, desde el mes de octubre de ese año, no ha registrado denuncias por desaparecidos”[15]. Se escribió también que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, William G. Bowdler, expresó “también hay indicios de que la argentina ha comenzado a recobrarse del agotador trauma nacional producido por el terrorismo y el colapso de su sistema político”[16].
El tema de los derechos humanos ocupó un espacio importante en los medios argentinos durante la visita de la CIDH. A partir de las actividades de la comisión tuvo lugar una pluralidad de voces en los diarios. Implícitamente diferentes actores y temáticas ingresaron al espacio mediático y afectaron poco a poco el discurso oficial de la junta militar.
Sin embargo, si bien se pudo evocar la responsabilidad del Estado argentino respeto a las violaciones de los derechos humanos, nunca dejaron de culpar al terrorismo subversivo o la institución misma que es la CIDH.
[1] La Nación: «La visita que comienza », Dr. Bartolomé Mitre, 6 de septiembre de 1979, p8.
[2] La Nación: “Trabajo de la CIDH”, 9 septiembre de 1979.
[3] La Nación: “Actividad de la comisión”, 7 de septiembre de 1979.
[4] Diario Popular: Madres de la plaza de mayo entregaron copias de una declaración a los periodistas para la comisión, “Hablaron Con Balbin, Lanusse y L Miguel”, 9 de septiembre de 1979.
[5] La Nación: “Miembros de la CIDH con el jefe de la policía”, 18 septiembre de 1979.
[6] La Nacion: “Otras declaraciones por la visita de la CIDH”, 16 septiembre de 1979.
[7] La Razón: “Llevan cubierto amplio espectro las consultas realizadas por la comisión”, 12 de septiembre de 1979.
[8] La Nación, Portada: “La junta militar recibió a la CIDH”, 8 de septiembre de 1979.
[9] La Nación, “Otras declaraciones por la visita al país de la CIDH”, 19 de septiembre 1979.
[10] Diario Popular: “El gobierno dio a conocer las conclusiones del informe de la CIDH”, 19 de abril de 1980.
[11] La Razón, Trascendió el informe de la CIDH sobre Argentina”, 17 de abril de 1980.
[12] La Razón: “Se Refutan los Cargos que se Dio a conocer”, 20 de abril de 1980.
[13] Clarín: 22 de abril de 1980.
[14] La Nación: “Fue analizado el informe sobre los derechos humanos”, 15 de abril de 1980.
[15] La Nación: “El informe de la CIDH divulgase”, 22 de abril de 1980.
[16] La Nación: “Compleja tarea para elaborar el texto”, 8 de abril de 1980.
