No más asesinatos a líderes sociales en Colombia

La lucha de los líderes sociales suele ir contra los espurios intereses de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC y agrupaciones paramilitares como el Clan del Golfo o las Águilas Negras.

Por CADAL

La gota rebalsó el vaso cuando María del Pilar Hurtado fue asesinada a tiros frente a sus dos hijos en el departamento de Córdoba en Colombia. La continua violencia y el desgarro de un niño gritando de impotencia frente al cuerpo de su madre hizo que miles de personas de todos los espectros políticos y organizaciones colmaran las calles bajo una única consigna: basta de asesinatos a líderes sociales.

Los líderes sociales en Colombia son figuras que en defensa del bienestar de sus comunidades emprenden el papel de David contra Goliat para oponerse a heterogéneas amenazas como el narcotráfico o la minería ilegal, buscan que se sustituyan los cultivos de uso ilícito y demandan la restitución a los campesinos de las tierras que les fueron desalojadas por grupos armados o narcotraficantes. Su procedencia también es muy variada, siendo en su mayoría representantes de agrupaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes o comunales. Las particularidades de cada caso está marcada por las propias características de la zona donde se desenvuelva.

Solo durante los primeros seis meses de este año según la fundación Ideas para la Paz fueron asesinados por lo menos 51 líderes sociales, lo que lo hace uno de los trabajos más peligrosos del país. Sin embargo, la violencia no se materializa únicamente en homicidios, sino que también son víctimas de amenazas, secuestros o robo de información.

La lista de los agresores es igual a las organizaciones que constituyen un obstáculo para la paz en Colombia. La lucha de los líderes sociales suele ir contra los espurios intereses de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC que no se plegaron al acuerdo, y agrupaciones paramilitares como el Clan del Golfo o las Águilas Negras. Todos actores que pocos obstáculos tienen a la hora de amedrentar a los líderes sociales y así tener un total control del territorio.

Desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en noviembre de 2016, a 223 líderes sociales les fue arrebatada la vida según datos brindados por Rutas del Conflicto. Pero no es que, como dicen algunos, el acuerdo de paz haya abierto la caja de pandora. Los asesinatos vienen de antes, aunque si es verdad que se han intensificado por la mayor visibilidad que adquirieron estos liderazgos a raíz de los espacios de participación que impulsa el acuerdo y las propias disputas entre grupos ilegales por los territorios antes ocupados por las FARC.

Para dar vuelta la situación, el presidente Iván Duque lanzó a fines del año pasado el Plan de Acción Oportuna (PAO) con la idea de aumentar esfuerzos en materia de prevención, protección y sanción. Desde el gobierno se jactan que gracias a las nuevas políticas se logró reducir los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en un 32%, algo cuestionado por Human Rights Watch al haber todavía muchas muertes sin verificar. Por otro lado, también se lo criticó por la tardanza con la que se reconoció el problema y se implementaron las medidas.

El fin del conflicto armado con las FARC está lejos de traer paz a Colombia. Sobran grupos armados que van contra los derechos humanos, pero tampoco falta gente que está dispuesta a defenderlos. Habrá paz cuando ya no tengan que morir para hacerlo.